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martes, 31 de mayo de 2011

IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL (Primera Entrega)


Equality and Discrimination Under International Law), Clarendon Press, New York: 1983
(Introducción pag. 1-13).

WARWICK McKEAN

INTRODUCCIÓN
Uno de los temas constantes que constituye la base de las grandes luchas históricas por la justicia social es la demanda de igualdad. Maine señaló que el derecho antiguo era básicamente una jurisprudencia de desigualdades personales en las cuales cada persona poseía una posición social impuesta independientemente de su voluntad, producto de circunstancias que escapaban a su control, de modo que su situación legal dependía de si era hombre libre o esclavo, noble o plebeyo, nacional o extranjero, hombre o mujer. La mayor parte de las diferencias de posición se debían a “desigualdades naturales” en el sentido de que dependían de circunstancias ocasionadas por el origen por nacimiento y a otros hechos inmodificables.1 La posición era la pertenencia a una clase social a la que el derecho asignaba ciertas capacidades o incapacidades legales.

La desigualdad existe en forma extrema en sociedades estructuradas conforme a graduaciones jerárquicas de rangos y privilegios, como sucede en el sistema feudal, el régimen de castas de la India y el apartheid en Sudáfrica.2

La generalización de la esclavitud en muchas sociedades permitió que existiera una clase dedicada al ocio y, bajo el derecho romano, un esclavo no podía tener bienes ni suscribir contratos.3 En la mayoría de los primeros sistemas legales, el matrimonio era una relación en la que el marido poseía los bienes de forma que la mujer no pudiera enajenarlo inter vivos o por testamento ni pudiera ejecutar contratos actuando a su propio nombre.

Diversas leyes prohibían a los judíos ser propietarios de bienes mientras que los hijos ilegítimos eran objeto de graves incapacidades en relación con la herencia. Maine demostró que la mayoría de los tipos más antiguos de desigualdades personales se estaban eliminando en las “sociedades progresistas” en las que ya no se consideraban justificables debido a las condiciones económicas y al avance del conocimiento científico y la comprensión humana. Los plebeyos romanos se levantaron contra la autoridad exclusiva de los patricios basándose en el hecho de que las desigualdades políticas existentes no tenían fundamento alguno en la realidad social mientras que la Revolución francesa y la Revolución rusa fueron producto, principalmente, de la discriminación de los nobles contra la clase media y los trabajadores en tanto que la Revolución estadounidense fue el resultado del trato injusto por parte de Gran Bretaña. De igual manera, los Cartistas buscaron obtener el derecho a voto para la clase obrera porque, desde el decenio de 1830 se consideraba inadmisible basar el derecho a voto exclusivamente en requisitos relacionados con la propiedad de bienes. Nada contribuye más a la causa de un grupo objetivo que demostrar que no existe base razonable para el trato desigual. Paine opinaba que “la desigualdad de derechos ha sido la causa de todos los disturbios, insurrecciones y guerras civiles que han ocurrido”.4

Wollheim estima que la igualdad puede ser considerada el principio fundamental del liberalismo5 y que es un principio profundamente arraigado en el pensamiento humano que, a menos que exista una razón válida que sea reconocida como suficiente por algún criterio identificable, una persona no debería ser preferida por sobre otra.6 Cahn pensaba que el sentido de injusticia se rebela contra todo aquello que es desigual por capricho 7 o, como dice Brecht “es injusto discriminar arbitrariamente en casos iguales”.8 Se ha demostrado que los niños se rebelan contra la discriminación plenamente arbitraria y caprichosa9 y que en la sociedad la cooperación es promovida por la imparcialidad e impedida por la discriminación.10

A pesar de que la importancia del principio de igualdad como ideal es evidente, el contenido de dicho principio no es, ni con mucho, irrefutable. Según James Fitzgerald Stephen,11 la “igualdad” es un término ta n amplio y tan vago que, por si sola, casi carece de sentido. La esencia de la “igualdad” como componente de la “justicia” ha sido buscada por muchos. Aristóteles creía en una forma de justicia distributiva o proporcional en la que debe darse lo mismo a personas iguales y no se debe dar lo mismo a quienes no son iguales o bien, como señala Ulpiano iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi12 Esta formulación de suum cuique no contiene una referencia explícita al concepto de igualdad pero reconoce implícitamente que personas de posiciones similares no debieran ser tratadas de manera desigual.

Evidentemente, la debilidad de esta doctrina es que no hace el más mínimo esfuerzo por responder a la pregunta “¿Cuáles diferencias son pertinentes y cuáles no lo son para determinar si las personas son iguales o no?”. El hecho es que el concepto de “igualdad" es un término que se emplea de muchas maneras diferentes13 y esta diversidad en su uso ha sido una constante fuente de confusión. ¿Significa, simplemente, “equivalencia” o bien “identidad”? ¿Cuál es su relación con otros principios de justicia social? ¿Es un principio puramente formal o tiene algún contenido? Y, en tal caso, ¿cómo ha de descubrirse?

Si se toma la aseveración de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de que “…sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales” en forma textual, claramente carece de sentido. Dado que la naturaleza entrega sus dones de manera caprichosa, toda persona es diferente en lo que se refiere a cada característica física, intelectual y moral que se pueda enumerar.14 Nietzsche resumió su crítica de esta máxima señalando que “La igualdad de los hombres es la mayor mentira que se ha contado”.15 Sin embargo, esta aseveración no pretendía ser tomada en el sentido de que los hombres nacen con las mismas aptitudes y capacidades16 sino más bien en el sentido de una “igualdad artificial”, que se debe intentar lograr como objeto deliberado de la política social17 es decir, al diferenciar a los seres humanos en tanto miembros de una sociedad, las distinciones tales como género, raza, color de la piel, religión e idioma no debieran tomarse en cuenta en casos que no sean estrictamente pertinentes al objetivo de la clasificación específica.

En su excelente ensayo “Equality as an Ideal” Berlin respalda el principio de que los seres humanos debieran ser tratados en todo sentido de manera uniforme e idéntica salvo cuando existen razones suficientes para hacer lo contrario.18 De allí surge la pregunta: “¿Cuáles razones son suficientes y por qué? y ¿Cuáles atributos son pertinentes y por qué?” Para responder estas preguntas evidentemente es necesario tomar en cuenta otros valores que no tienen relación con la igualdad. Habitualmente, se objetan las diferencias basadas en desigualdades naturales, tales como las derivadas del nacimiento19 mientras que otras, provenientes de los méritos o la eficiencia, generalmente no son objeto de rechazo. El tema de qué constituye una distinción razonable y pertinente debe ser determinado haciendo referencia a otros valores sociales que pueden cambiar con el tiempo.

Kelsen interpreta el significado del principio de igualdad en el sentido de que solamente los iguales deben ser tratados de igual manera. Afirma que la cuestión decisiva “¿Qué es igual?” no puede ser respondida por el principio y que, en consecuencia, un orden jurídico positivo puede hacer que cualquier diferencia entre los seres humanos constituya la base de un tratamiento diferente para sus súbditos sin entrar en conflicto con el principio de igualdad, el cual es demasiado vacío como para tener consecuencias prácticas.20 Este enfoque puramente formal de la igualdad es inadecuado dado que el principio, como se lo entiende por lo general, posee un “contenido mínimo” de “equidad” o de “justicia” que se deriva de las normas comunitarias vigentes. Exige que cualquier clasificación de las personas sea “razonable” y “no arbitraria”. Como señaló Castberg, “En cualquier parte, una ley que imponga impuestos especiales a personas con brazos largos o piernas cortas, a colorines u orejones, sería considerada injusta e injustificable, independientemente de si la ley se aplica correctamente conforme a su contenido.21 La igualdad no se limita al principio normal de que las personas clasificadas de una forma particular, independientemente de cuán irracional o arbitraria la catalogación, deban ser tratados de la misma forma inter se.

Los filósofos concuerdan de manera bastante generalizada que hay una presunción a favor de la igualdad “matemática”, es decir, que la gente debiera ser tratada esencialmente de forma uniforme a menos que existan razones “comprensibles” o “pertinentes” que justifiquen un trato diferente.22 Aristóteles fue uno de los primeros en sugerir que las desigualdades sociales, y no las igualdades, requieren cierto grado de justificación y que las desigualdades sociales respecto de las cuales no se pueda proporcionar una razón, no se justifican. Se ha dicho que “los hombres no debieran ser tratados en forma desigual o diferente en ningún sentido excepto con justificación, es decir, hasta que se demuestren razones válidas para la discriminación”.23 “Siempre debieran existir razones suficientes para cualquier diferencia en el trato de nuestros congéneres”.24 “por cada diferencia en la forma de trato de los hombres, deberá darse una razón: Cuando además se requiere que las razones sean relevantes y socialmente efectivas, esto es verdaderamente significativo”.25

Frecuentemente, quienes ejercen la discriminación basada en el color de la piel conceden que hay necesidad de dar razones aceptables para el trato diferencial. Podrían llegar a aceptar que las personas tienen derecho a ser tratadas de la misma manera a menos que exista un principio general y pertinente de diferenciación, afirmando sin embargo que dicho principio existe, es decir, que algunos son negros y otros no lo son. No argumentarían que la diferencia de color de piel en sí constituye una razón apropiada sino que tiene relación con otras características y actitudes que son relevantes como por ejemplo la falta de sensibilidad, la estupidez, la imposibilidad de aprender, la irresponsabilidad, u otras. Las supuestas características que determinan las diferencias generalmente se basan en generalizaciones incorrectas, en argumentos engañosos o anticientíficos o simplemente en la falta de información.26

Laski ha señalado que “es coherente con el principio de igualdad que los hombres sean tratados de manera diferente siempre y cuando las diferencias sirvan al bien común”.27 Es importante destacar que este autor no sostiene que es coherente con el principio de igualdad que algunos seres humanos sean tratados de manera desigual. Por el contrario, Laski afirma que el principio de igualdad abarca la posibilidad de trato diferencial; no requiere que se trate a las personas de forma idéntica. Algunos incluso se aventurarían más allá aseverando que cuanto más se esfuerce una sociedad para lograr la igualdad en la consideración de todos sus miembros, tanto mayor será la diferencia de trato.28

Si la igualdad normativa (la justicia social) permite y, en ocasiones requiere ciertas excepciones en cuanto a la igualdad numérica o identidad de tratamiento ¿cómo debe decidirse cuáles diferencias son permisibles? El enfoque utilitario de “la mayor felicidad del mayor número de personas” plantea dificultades de cuantificación y podría dar origen al desprecio por los intereses de la minoría. Por otra parte, Rawls arguye a favor de un modelo contractual de igualdad normativa en el sentido de que las disposiciones sociales equitativas son las que resultan de una mutua aceptación del principio básico por parte de una comunidad de egoístas racionales que intentan organizar una nueva sociedad pero que desconocen su posición al interior de la misma. Los dos principios resultantes son: (1) cada persona tendrá el mismo derecho a la más amplia libertad compatible con idéntica libertad para todos y (2) el único trato diferencial permitido en la esfera económica y social será el diseñado para el mayor beneficio de los menos aventajados o aquel asignado a determinadas agencias y situaciones igualmente accesibles a todos.29 Los criterios que de ahí emanan como razones adecuadas para el trato diferencial incluyen la necesidad, el merecimiento o mérito y la compensación, pero cómo se han de clasificar depende de la naturaleza y la magnitud de la reivindicación
específica.30

Evidentemente, una dificultad primordial que presenta el término “igualdad” es que se utiliza tanto en su acepción amplia como reducida. En primer lugar, se puede emplear en el sentido de una igualdad “matemática”, “exacta”, “estricta” o “numérica” que incluye las ideas de “identidad o “uniformidad”. Alternativamente, se emplea en el sentido de una igualdad “verdadera” “eficaz”, “real”, “auténtica” “normativa”. Esta segúnda opción implica un estándar que se debe alcanzar y contempla la posibilidad de “medidas especiales” o diferencias de trato establecidas con el fin de elevar a las personas a un nivel determinado. Así, entregar el mismo monto de dinero a los jubilados constituye un ejemplo de igualdad numérica o igualdad formal de trato. Entregarles cantidades diferentes para que sus ingresos alcancen una cifra establecida sería equivalente a aplicar el principio de la igualdad real o auténtica (normativa). En consecuencia, esta última idea implica la noción de trato compensatorio o justicia distributiva. Se entrega un estímulo a ciertas personas o grupos desfavorecidos con el fin de colocarlos al mismo nivel básico que los demás, empleando la analogía del sistema de handicap que se utiliza en muchos deportes.31

Referencias
- 1 T. E. Holland, en su Jurisprudence (Clarendon Press, Oxford, XIII edición, 1924). 261 identificó 16 variedades de posiciones, a saber: género, minoría, patria potestas y manus; estado de una mujer casada; celibato; defectos mentales; defectos corporales; rango; casta y posición oficial; raza y color de la piel; esclavitud; profesión; muerte civil; ilegitimidad; herejía; nacionalidad extranjera; y nacionalidad hostil. C. K. Allen en su ensayo “Status and Capacita”, 46 LQR (1930), 277, 284 agregó la criminalidad y la quiebra. Véase, asimismo, R. H. Graveson, Status in the Common Law (Athlone Press, Londres 1953).
- 2 Véase, en general, Bodenheimer, Jurisprudence, the Philosophy and Method of the Law (Harvard University Press, (Cambridge, Mass., 1962), 179 y siguientes, para un completo análisis del tema.
- 3 Institutes i. 144.
- 4 Thomas Paine Works, Ed. J. P. Mendun (1878), i. 454-5; Bodenheimer, op. cit.
- 5 R. Wollheim, “Equality and Equal Rights”, en F. A. Olafson, Ed., “Justice and Social Policy (Prentice- Hall, Englewood Cliffs N. J., 1961), 127.
- 6 Sir Isaiah Berlin, “Equality as an Ideal”, 56 Proceedings of Aristotelian Society (1955-6). 301, reimpreso en Olafson, 128, 149.
- 7 E. N. Cahn, The Sense of Injustice, An Anthropocentric View of Law (New York University Press, 1949), y The Predicament of Democratic Man (/Macmillan, Nueva York, 1961).
- 8 6 Social Research (1939), 58, 76.
- 9 Jean Piaget, The Moral Judgment of the Child, traducción M. Gabin (1932).
- 10 R. F. Bienenfeld, Rediscovery of Justice (Allen and Unwin, Londres, 1947), 19-27.
- 11 J. F. Stephen, Liberty, Equality, Fraternity (Cambridge University Press, 1873). 201.
- 12 Digest, I, 1, 10 (Véase, además, Marco Tulio Cicerón, De Finibus Bonorum et Malorum, Libro V).
- 13 R. H. Tawney, Equality (Allen and Unwin, Londres, 1952), 35.
- 14 Frankel, “The New Egalitarianism and the Old”, Commentary (septiembre de 1973), 58; J. Rawls, A Theory of Justice, (Oxford University Press, 1971); G. Evans, “Benign Discrimination and the Right to Equality”, 6 Fed. L., Rev. (1974), 26.
- 15 Véase Gesammelte Schriften (Edición Musarion), XV, 488, XVI, 200.
- 16 Aunque no deja de ser verdad, en cierta medida. En su contenido mínimo necesario para un sistema jurídico de derecho natural, Hart incluye la noción de “igualdad aproximada”. Véase H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford University Press, 1961), 190-1. Véase, asimismo, B. Williams, “The Idea of Equality” en Laslett y Runciman, Eds., Philosophy, Politics and Society, 2nd. Ser., (Basil Blackwell, Oxford, 1962) 110-31.
- 17 Véase, por ejemplo, Lester Ward, Applied Sociology, 22.
- 18 Berlin, 128 (cursiva agregada); cf. M. Ginsberg, On Justice in Society, (Penguin, Harmondsworth, Middlesex, 1965), 11, 42.
- 19 Véase, por ejemplo, H. Spiegelberg, “A Defense of Human Equality”. 43. The Philosophical Review (1944), 101. (Aristóteles estaba dispuesto, sin embargo a aceptar ciertas desigualdades naturales. “Es evidente que por naturaleza unos hombres son libres y los otros esclavos y a estos les conviene más la esclavitud y es justo que la ejerzan. Asimismo como el macho, comparado con la hembra, es por naturaleza el más principal, y ella inferior; y él es el que manda y ella la que obedece”. (Politics, 1255a, 1254b, 1252b). Véase también R. Dahrendorf, “On the Origins of Social Inequality” en Olafson, op. cit., 88.
- 20 Hans Kelsen, “What is Justice?”, Collected Essays (University of California Press, Berkeley, Califor., 1957), 15.
- 21 Frede Castberg, “·Natural Law and Human Rights” en 1 Les droits de l’homme: Revue de droit
international et comparé, 15, 20.
- 22 Una jerarquía de normas aparece en Geoffrey Marshall “Notes on the Rule of Equal Law”, en J. R. Pennock y J. W. Chapman, Eds., Nomos IX (1967), 261.
- 23 W. von Leyden, “On Justifying Inequalities”, 11 Political Studies (1963), 56, 67, (Véase, asimismo, S. I. Benn y R. S. Peters, Social Principles and the Democratic State) (Allen and Unwin, Londres, 1959).
- 24 Leslie Stephens, “Social Equality” en Ethics (1897).
- 25 Williams, en Laslett and Runciman, 110, 123.
- 26 Ibid. 113, y Richard Wasserstrom, “Rights, Human Rights and Racial Discrimination”, 61 Journal of Philosophy (1964) 628, 638-9.
- 27 H. J. Laski, “A Plea for Equality” en The Dangers of Obedience (1930), 232. Cf. W. K. Frankena, “The Concept of Social Justice”, en R. B. Brandt, Ed., Social Justice (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1962).
- 28 Véase, por ejemplo, R. H. Tawney, op. cit., 39; J. Stone, Human Law and Human Justice (Stevens, Londres, 1965). 334.
- 29 Rawls, 302. Véase R. Nozick, Anarchy, State and Utopia (Basil Blackwell, Oxford, 1974) y V. Haksar, Equality, Liberty and Perfectionism (1979) publicaciones en las que aparece una crítica de la teoría de Rawls.
- 30 Véase Evans, op. cit.
- 31 Véase Equality (1965), colección de ensayos de R. L. Charter, D. Kenyon, P. Marcuse, L. Miller, 91-2; asimismo, Stanley I. Benn, “Egalitarianism and the Equal Consideration of Interests”, Nomos IX, 63, 75.

lunes, 30 de mayo de 2011

El derecho a la salud es un derecho humano y de ciudadanía

Este derecho debe ser concebido, al mismo tiempo, como un derecho de ciudadanía de mujeres y hombres, quienes deben poder ejercerlo en plenitud y sin restricciones
  
Por: Adriana Gómez*, Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual

El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o malestar (OMS). Es un concepto amplio, integrador, holístico, que da cuenta de la capacidad de las personas de sentir bien-estar en todos los ámbitos de su vida a partir del goce de una serie de condiciones favorables que trascienden lo meramente biológico. Condiciones que incluyen tener una vida digna y libre de violencias, un trabajo decente, una vivienda, alimentación suficiente, educación, descanso y acceso a la cultura.

Este derecho debe ser concebido, al mismo tiempo, como un derecho de ciudadanía de mujeres y hombres, quienes deben poder ejercerlo en plenitud y sin restricciones a lo largo de toda su existencia. La ciudadanía, sin embargo, muchas veces no pasa de ser una palabra vacía, sin mucho significado, una abstracción. A lo más es vinculada con el hecho de ir a emitir un voto en algún proceso eleccionario, acto que demostraría que somos ciudadanxs cabales una vez que colocamos la papeleta en la urna. Pero la ciudadanía sin duda es mucho más que eso.  Alude, más bien, a la titularidad y al ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, los derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, y todos aquellos que han ido validándose en las épocas recientes, como los derechos sexuales y reproductivos. La ciudadanía es el derecho a tener derechos.

Este ejercicio de derechos de ciudadanía debe poder ser realizado en total libertad y autonomía, sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencia de parte del Estado u otras entidades, personas o grupos. Y para ello se debe contar con el respaldo de un gobierno y de unas instituciones públicas plenamente respetuosas de la sociedad civil a la que representan y que les ha elegido. No obstante, la realidad nos demuestra que la ciudadanía de las mujeres no ha sido reconocida en su justa dimensión, de allí que se dice que aún somos ciudadanas de segunda o tercera categoría en comparación con los hombres. Pues sin desconocer los avances para convertirnos en sujetas plenas de derecho, los obstáculos que todavía existen son enormes, derivados de la desigualdad de poder entre mujeres y hombres y de la discriminación que enfrentamos en el acceso a recursos, educación, salud, trabajo, participación política y social, etc.

Para las mujeres es especialmente difícil que se nos reconozca el derecho a la salud, en especial en esta época en que la globalización de la economía con un sesgo neoliberal ha deteriorado profundamente los sistemas e instituciones nacionales y el papel del Estado, el cual abandona progresivamente el rol social que debería ejercer para garantizarnos el acceso a los derechos más básicos. Los sistemas públicos de salud se abaten con el avance de estos modelos de desarrollo mientras que los ímpetus privatizadores han hecho de la salud una verdadera mercancía, un lujo. En los sistemas cuyo fin es el lucro, las mujeres somos consideradas "un riesgo", y los embarazos y partos, “un siniestro”, y todos los planes de salud que se ofrecen son más caros, mientras que los servicios públicos, sin recursos y en crisis, no responden con calidad y oportunidad. Y los procesos de reforma del sector salud, en la mayoría de los casos, se han desvinculado de la búsqueda de la equidad, en especial la equidad de género, con la consiguiente falla en promover y satisfacer las necesidades de las personas, y de las mujeres en particular.

Por otra parte, y como fenómenos que subyacen a estos modelos de desarrollo profundamente excluyentes, se advierte cómo las violencias, en sus distintas expresiones, se instalan en la sociedad como una forma “normal” de relacionamiento entre las personas. Y por supuesto la violencia sexista también va creciendo, potenciándose y formando alianza con las fuerzas fundamentalistas, con el fanatismo religioso, con el militarismo, etc.  

Es así como  estas tendencias claramente son enemigas del reconocimiento de derechos, especialmente, los derechos de las mujeres, de adolescentes y jóvenes, de la diversidad sexual, o de cualquier colectivo social que se oponga a ser coaccionado. De allí que en el contexto actual las mujeres no hemos logrado que se respeten:
•   el acceso universal, en todas las etapas de vida, a la información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de óptima calidad, •    el derecho a ejercer una salud sexual y reproductiva sana, libres de violencias y coerción, •    el derecho a conocer y respetar nuestro cuerpo, •    el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables o inoportunas, •    el derecho a relacionarnos sexualmente con quien deseemos sin ser presionadas ni violentadas, en el momento que elijamos, •    el derecho a buscar y sentir el placer sin culpas, •    el derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener, cuándo tenerlos, o bien a no tenerlos, •    el derecho a estar informadas para regular nuestra fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles, o a que nuestra pareja los utilice, •    el derecho a recibir una atención de salud de la más alta calidad en el embarazo, parto y en todos los otros momentos de nuestra vida sexual y reproductiva, •    el derecho a compartir las responsabilidades de la sexualidad y la reproducción con la pareja, •    el derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, en especial cuando se trata de mujeres adolescentes y niñas, •    el derecho a una participación igualitaria de las mujeres en las instancias de decisión del área de la salud.

En Chile, siendo el país más avanzado de la región en la implementación de estos modelos de desarrollo y en la reestructuración y adaptación del Estado bajo los esquemas neoliberales, estamos  experimentando día a día ataques en contra del derecho de las mujeres a estar sanas y felices. Es por ello que para el próximo 28 de mayo las mujeres chilenas saldremos a las calles a defender la salud como un derecho humano, como un bien social y como un eje central de nuestra ciudadanía plena.

* La autora pertenece a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Articulación Feminista por la Libertad de DecidirRed de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y Articulación Feminista por la Libertad de Decidir

Tomado de: http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/index.php/noticias-mainmenu-2/18-noticias/4402-el-derecho-a-la-salud-es-un-derecho-humano-y-de-ciudadania

La violencia contra las mujeres no es únicamente un problema de mujeres

Programa Integral contra Violencias de Género
Naciones Unidas - Colombia
Adital - 28 de octubre de 2009

Promover y conocer buenas prácticas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En la mañana del 21 de octubre de 2009, en el Salón Santa Fe del Hotel Bogotá Plaza se realizó el Primer Seminario Internacional de Buenas Prácticas contra la Violencia de Género. En este evento se presentaron las estrategias, procesos e iniciativas más prometedoras en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres.

¿Por qué la violencia contra las mujeres requiere de estrategias innovadoras?
- La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos, que pasó del plano de lo privado al dominio público y al ámbito de responsabilidad del Estado.

- La violencia contra la mujer no resulta de la falta de ética personal u ocasional, sino que está arraigada en los patrones culturales que sustentan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. "La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres. Por consiguiente, sólo se puede eliminar tratando de eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujeres y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer" (1)

- La violencia contra la mujer no se limita a una cultura, región o país en particular, ni a grupos específicos de mujeres dentro de una sociedad, se presenta en muy diversos contextos, incluida la familia, la comunidad y la custodia del Estado.

- La violencia es una constante en la vida de las mujeres y afecta a todos los sectores tanto público como privado. Existen varias cifras que demuestran que la violencia contra las mujeres es grave y está generalizada: "en 71 países se ha llevado a cabo al menos un estudio sobre la violencia contra la mujer. Sin embargo, todavía existe la necesidad urgente de fortalecer la base de conocimientos para documentar la formulación de políticas y estrategias"(2)

Qué son las Violencias Basadas en el Género:
Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Violencias contra las mujeres
A pesar de que la violencia es un fenómeno que afecta a todas las personas y a la comunidad en general, las mujeres, las jóvenes y las niñas son más vulnerables y están más expuestas a la violencia debido a la existencia de normar, creencias y prejuicios que imperan en la sociedad y tienden a subordinarlas y discriminarlas.

Tipos de violencias
Violencia de pareja (física, psicológica y sexual)
Violencia Sexual (Acoso sexual)
Violencia producida por actores armados ilegales
Maltrato físico
Tortura física y psicológica
Trata de mujeres
Prostitución forzada
Desplazamiento forzado

Situación de la VBG en Colombia en Cifras
Los datos disponibles, dan cuenta de la magnitud de las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el país y muestran cómo la histórica desigualdad, discriminación y violencias sufridas por las mujeres en el espacio público y privado se ve agravada por el conflicto con los grupos armados al margen de la ley y los altos índices de inequidad y pobreza:

Violencia Intrafamiliar
Entre el 2000 y el 2008 el Instituto de Medicina Legal conoció 630.000 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 62% corresponden a violencia de pareja, o sea 390.600 casos. En promedio el 85% de estos casos se cometen contra mujeres, lo que significa un total de 332.010 casos denunciados por mujeres agredidas por sus parejas o ex parejas.

En 2008 en Colombia según Medicina Legal:

Violencia de Pareja
La violencia de pareja constituye el 67% de los casos de agresiones al interior del hogar, en los que el 89% de las veces, las víctimas son mujeres entre los 18 y 44 años.
Por cada 100 mil mujeres, 290 fueron víctimas de violencia de pareja, es decir aproximadamente 3 de cada mil mujeres.
En el periodo de Enero a Julio de 2009, Medicina legal reporta 27.130 dictámenes de mujeres por maltrato de pareja.
En el 2008 perdieron la vida de manera violenta 1.139 mujeres, lo que representa un poco más de 3 mujeres cada día. (Fuente Forensis 2008)
El subregistro es muy grande sin embargo, como sucede marcadamente por ejemplo en el rango etáreo de mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, donde el subregistro de casos de violencia intrafamiliar alcanza el 84% pues solo el 16% de estas jóvenes ha buscado algún tipo de ayuda por la violencia padecida. ¿Qué revela un dato como estos respecto a la conciencia de derechos de las jóvenes del país y en particular sobre su grado de conciencia respecto a su derecho a una vida libre de violencia? (Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, 2005).
El grado de impunidad en casos de violencia intrafamiliar en el país es sorprendentemente alto: Solo terminan en formulación de acusación contra el agresor el 1.93% de los casos que se procesan. (Fuente: Boletín Procurando la Equidad No. 4).

Cuadro No. 1 Registro de dictámenes médicos legales según tipo de violencia e incidencia en mujeres 2007/2008

Tipo Violencia
Total Casos
Incidencia en mujeres

2007    
2008    
2007
2008
Violencia de pareja
46.315
53.533
79,2%
89,1
Violencia contra niños, niñas y adolescentes
13.913
13.523
42,9%
52,7%
Violencia otros familiares
17.510
16.572
54,1%
65,0%
Violencia sexual
20.232
21.202
74,4%
84,4%
Homicidio
14.751
14.038
8,2%
8,1%
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forencis 2007 /2008

Violencia Sexual
En 2008 en Colombia según Medicina Legal:

Entre el 2000 y el 2008 Medicina Legal conoció 152.156 casos de violencia sexual, con una incidencia porcentual contra las mujeres de un promedio de 83.6, lo que significa 104.630 casos en este período de tiempo. Se debe tener en cuenta sin embargo que en el caso de la violencia sexual el subregistro es todavía mayor comparado con el de la violencia intrafamiliar.
El 84% de los registros de delitos sexuales corresponden a mujeres, en su mayoría entre los 5 y 14 años.
Del total de posibles delitos sexuales según escenarios del hecho el 62% se dieron en la vivienda de la víctima. Es importante señalar que adicional a ello, el posible agresor fue en un 74% conocido por la víctima, bien porque fuera un familiar (41%) o un conocido (33%)
De los casos registrados de delitos sexuales contra mujeres en los que se conoce la circunstancia del hecho, 22 se dieron en el marco de enfrentamientos armados, 8 en acciones guerrilleras, 4 en acciones militares y 3 en acciones paramilitares. Las mujeres representan así mismo, el 56% de las víctimas de delitos sexuales cuando el presunto agresor son las fuerzas militares (9 casos), el 100% cuando son paramilitares - autodefensas (5 casos) y el 100% cuando son guerrillas (15 casos).
El 6% de las mujeres en el país han sido violadas en algún momento de su vida, la mitad de ellas antes de los 15 años. En el 76% de los casos el agresor es un familiar, amigo, vecino o persona conocida. (Profamilia. Violencia sexual en Colombia, 2007)
Según Medicina Legal en el año 2000 se reportaron 12.732 casos de violencia sexual, para el 2008 aumentaron a 21.202
Particularmente en el año 2008 el Instituto de Medicina Legal conoció 18.879 casos de violencia sexual, 15.894 contra mujeres, lo que significa un promedio mensual de 1.325 casos de violencia sexual contra mujeres o diario de 44 casos, casi dos por hora.

Cuadro No. 2 Comportamiento histórico del registro de dictámenes sexológicos en Colombia 2000/2008

Año
Violencia sexual

Total casos             
Incidencia en mujeres
2000    
12.732
91,4%
2001
13.352
86,2%
2002
14.421
84,0%
2003
14.239
84,4%
2004
17.912
80,2%
2005
18.474
84,2%
2006
19.592
83,6%
2007
20.232
74,4%
2008
21.202
84,1%
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forencis 2000, 2001, 2002, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

En 2008 en Colombia según Medicina Legal:

Lesiones personales
El 56% de las víctimas de lesiones personales son mujeres. Las mujeres representan así mismo, el 11,6% de las víctimas de lesiones personales cuando el presunto agresor son las fuerzas militares, el 40,5% cuando son servicios de inteligencia, el 12,7% cuando son paramilitares - autodefensas y el 13,4% cuando son guerrillas.

Homicidios
Si bien en la mayoría de los casos de homicidio contra mujeres se desconocen las circunstancias de los hechos (70,7%), éstas representan el 7,6% de las víctimas de homicidios asociados a violencia sociopolítica, el 63,8% de los asociados a violencia intrafamiliar, el 72,8% de los asociados a delitos sexuales.
Desde el punto de vista de los homicidios según grupo vulnerable, las mujeres representan el 11,6% de las víctimas de homicidio pertenecientes a grupos étnicos; el 15% de las personas en situación de desplazamiento forzado; y el 95% de las-os trabajadores sexuales víctimas de este delito.
Del total de los casos en los que se conoce el presunto agresor (289 casos) éste en el 33,5% de ellos, tenía un vínculo o antecedente de vínculo afectivo con la víctima (compañero permanente, esposo, novio, amante, ex novio, ex amante).

Violencia contra las mujeres producida por actores armados ilegales.
El 80% de la población desplazada corresponde a mujeres, niños, niñas ya adolescentes.
Hay un mayor índice de jefatura femenina de hogar y un alto riesgo de sufrir violencias.
El desplazamiento afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y a la población afrocolombianas. Según ACNUR, la población indígena representa el 2% de la población del país y alcanza a ser el 8% de la población en situación de desplazamiento. A su vez, la población afrocolombiana representa el 8% de la población total nacional, pero llega al 11% de la población en situación de desplazamiento. (Sistema Operacional de las Naciones Unidas en Colombia. Evaluación Conjunta del País. 2007)
De acuerdo a diversos informes citados por el Defensor del Pueblo, entre julio de 2006 y junio de 2007, por lo menos 127 mujeres han muerto o desaparecido a causa de la violencia, es decir, una mujer cada tres días. De ellas, 98 han sido asesinadas o desaparecidas en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo. (Defensoría del Pueblo. Comunicado de prensa "En el Día Internacional de la Mujer, el Defensor del Pueblo recuerda la necesidad de hacer efectivos los derechos de las mujeres", 8 de marzo de 2008)
Según el Banco de Datos del CINEP durante el 2008(3), del total de casos registrados de violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social en donde se conoce el sexo de la firma, las mujeres representan el 20% de las víctimas de amenazas, el 18% de las víctimas de detenciones arbitrarias; el 10% de las víctimas de tortura y el 75% de las víctimas de violencia sexual.

Igualmente, del total de casos registrados de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario en donde se conoce el sexo de la víctima, las mujeres representan el 20% de las víctimas de amenaza; el 33% de civiles heridos en acciones bélicas, el 33% de civiles que han resultado heridos por métodos y medios ilícitos, el 8% de las víctimas de homicidio en persona protegida, el 12% de las víctimas de tortura y el 67% de las víctimas de violencia sexual.

Trata de personas:
Según datos del Centro Operativo Anti Trata - COAT, sobre Trata de Personas a nivel nacional, la problemática en Colombia se presenta los siguientes datos estadísticos.

Fecha de corte el 15 de Agosto del 2009
 
      2008      
2009 (Agosto 15)
   TOTAL     
Trata Interna      
19
19
38
Trata Externa
38
83
121
Sin Identificar
-
4
4
TOTAL
57
106
163

Avances significativos en Colombia en materia de Violencias Basadas en Género
Reconocimiento de la violencia contra las mujeres como expresión de vulneración de derechos humanos, aunque no todavía en la proporción debida.
Conciencia creciente sobre la inestabilidad política y social que se deriva de la transmisión de la violencia contra las mujeres de una generación a otra, sobre los costos económicos y sociales de estas violencias y sobre el peso de este factor en el empobrecimiento particular de las mujeres y de sus familias.
Existencia de un marco normativo nacional e internacional que favorece la lucha contra la violencia de género como parte de la agenda de construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres en todos los espacios y llamado en particular al gobierno colombiano a que cumpla las recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW en el 2007, con relación a la violencia de género, problemática que como se ha documentado ampliamente en el mundo, tiende a exacerbarse en contextos de violencia socio-política.
Compromiso del gobierno colombiano y del Sistema de Naciones Unidas con la eliminación de la Violencia basada en el Género, plasmado en el documento UNDAF (1) (4) aprobado en julio del 2007. Específicamente, el eje "Estado social de derecho y gobernabilidad" tiene como Resultado: "Las instituciones del Estado a nivel nacional y territorial registran un fortalecimiento de su funcionamiento efectivo y democrático, y de acuerdo con las normas y principios de derechos humanos, con enfoque diferencial y de género". A su vez, el eje "Paz, seguridad y reconciliación" plantea como Resultado: "Se han fortalecido las capacidades nacionales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la construcción de la paz, la promoción de convivencia, el desarrollo humano y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, con enfoque diferencial y de reconciliación".(1)(5)
Trabajo persistente de las organizaciones de mujeres para que se incorporen y permanezcan vigentes en las agendas públicas nacionales y locales, temas y problemáticas de interés crucial para el desarrollo de las mujeres, incluida la violencia basada en el género.
Aparición en el escenario público de nuevos aliadas/os y actores clave, tales como la bancada de mujeres del Congreso de la República.
Compromiso general de la Cooperación Internacional con apoyar iniciativas públicas y privadas orientadas a la erradicación de la violencia basada en el género.

Notas:
[1] Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas "Únete para poner FIN a la Violencia contra las Mujeres". (http://www.un.org/spanish/women/endviolence/)
[2] Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas "Únete para poner FIN a la Violencia contra las Mujeres". (http://www.un.org/spanish/women/endviolence/)
[3] CINEP. Cifras de la violencia política ene-dic 2008. Noche y Niebla No. 38. En: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/38/03CIFRAS38.pdf
[4] United Nations development assistance framework
[5] Documento Marco del Programa Integral contra Violencias de Género, página 5.

Tomado de: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=42397
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