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lunes, 9 de mayo de 2011

DERECHOS DE LAS MUJERES INDIGENAS EN COLOMBIA (Primera Entrega)


Gloria Amparo Rodríguez*

Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios, hemos luchado activamente con el fin de defender nuestros derechos a la libre determinación y a nuestros territorios que han sido invadidos y colonizados por naciones e intereses poderosos (Declaración de Beijing de Mujeres Indígenas – 1995).

Podríamos señalar que este es un tema de poca relevancia dado que los temas de género se refieren a una categoría “occidental” escasamente manejado por los pueblos indígenas para quienes es fundamental el reconocimiento y la defensa general de sus derechos. Algunos consideran que en este sentido estamos en el lugar equivocado y que este es un asunto de no mucha trascendencia porque lo fundamental se refiere a la defensa de las culturas y de los territorios de estos pueblos.

Sin embargo, debemos destacar que el tema de los derechos, especialmente de los derechos humanos, hace muy poco tiempo ha sido mirado desde la óptica de las mujeres y escasamente abordado en relación con las mujeres indígenas. Los derechos de las mujeres indígenas deben constituirse en un desafío para los estudiosos e investigadores para que a través de su ejercicio se logre garantizar la equidad y el respeto de los derechos humanos.

La lucha por los derechos de las mujeres ha sido ardua y ha implicado muchas batallas. Sin embargo, la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas en particular, es reciente en el ámbito internacional y apenas empieza a discutirse en el ámbito nacional. Esta lucha obedece a la situación de marginalidad que viven las mujeres en Colombia y que se agrava en el caso de las mujeres indígenas.

¿POR QUÉ DERECHOS ESPECIFICOS PARA LAS MUJERES INDIGENAS?
Los derechos específicos para las mujeres indígenas se constituyen en un elemento fundamental para contrarrestar las profundas formas de exclusión a las que han sido sometidas a través de la historia. Si bien es cierto que toda persona tiene el derecho a gozar de los derechos fundamentales, económicos, culturales y de los derechos colectivos, histórica y culturalmente, la mujer se ha desarrollado en condiciones diferentes respecto de los hombres y éstas deben afrontar situaciones en que tales derechos no son siempre respectados.

En el caso de las mujeres indígenas se presenta un grave proceso de marginación a pesar del gran aporte que ellas realizan en su importante rol de la reproducción cultural. Lo anterior ha conllevado a generar una situación de desigualdad y discriminación que deben enfrentar las mujeres indígenas en aspectos tales como la educación, la salud, la seguridad social, entre otros. A esto le agregamos la invisibilidad en que ha vivido la mujer indígena por tanto tiempo.

No obstante, no es viable desconocer que la mujer indígena se constituye en la principal depositaria, preservadora y transmisora de la herencia ancestral como ellas mismas lo plantean. Es la encargada de trasmitir las costumbres y los conocimientos tradicionales a través de la palabra y en sus labores cotidianas. Por esa razón en todas las actividades de las comunidades se evidencia la influencia de la mujer indígena Infortunadamente, está muy lejos de entenderse la importancia que tiene para toda la sociedad los temas relacionados con los derechos de las mujeres indígenas, a pesar de que ellas han trasmitido sus idiomas, artes, artesanías, filosofía, cosmovisión, religión y medicina.

DISCRIMINACION DENTRO DE LAS MISMAS ORGANIZACIONES
Las mujeres de los pueblos originarios plantean que incluso hay discriminación dentro de las mismas organizaciones indígenas ya que nunca se les ha reconocido el aporte cultural, organizativo y en especial, en lo económico a pesar de su trabajo en el hogar, en las actividades agrícolas, en la educación, etc.

A pesar de la existencia de algunas líderes indígenas importantes, ellas tienen poca injerencia en el manejo de los recursos económicos y es escasa su participación en los proyectos financiados por el Estado o por las organizaciones no gubernamentales.

En las instancias que toman decisiones se encuentra que las mujeres indígenas tienen escasa o nula participación aunque asumen muchas responsabilidades que tienen que ver con actividades relacionadas con la salud, la educación o la organización de actividades de las organizaciones indígenas.

A pesar de este preocupante panorama, las mujeres indígenas tienen derechos que además cobijan a sus pueblos. El Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991) sobre los pueblos indígenas que establece que se los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, establece que las disposiciones allí contenidas se aplican sin discriminación a los hombres y mujeres de los pueblos indígenas. Sobre este marco, a continuación realizaremos una breve descripción de los derechos de las mujeres indígenas que se aplican en Colombia.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE
COLOMBIA
Los pueblos indígenas gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados en Colombia. En busca de proteger sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el Estado debe asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, que además incluya medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los derechos y oportunidades que se otorga al resto de la población. También el Estado debe promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos y que se logren eliminar las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES
.. “Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos los usos y costumbres (Esther - Indígena EZLN)

Los derechos sociales y culturales fueron consagrados como un gran avance por la Constitución Nacional y los mismos tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad.

La diversidad étnica y cultural es entendida por la Corte Constitucional como
"la diversidad de formas de vida y concepciones del mundo, no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo en un mismo territorio"

La identidad cultural se forma a través de los vínculos históricos que los integrantes de cada comunidad entablan entre sí, “ello significa que sólo gracias a las diferencias que se suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales4. En Colombia, como un Estado democrático que es, pueden existir diversas formas de vida en forma equitativa y en condiciones necesarias para el respeto de las diferencias culturales y “el pluralismo constituye una condición imprescindible para acoger las diferentes culturas”5.

De lo anterior se infiere que, en nuestra Constitución de 1991 y en un amplio marco normativo se dio un reconocimiento especial a las diversas culturas de la nación colombiana. No obstante “las reglas legales alcanzarán efectividad en cuanto los agentes socioculturales hagan valer a través de ellas su derecho a la diferencia y las utilicen para colaborar desde su respectiva forma de vida en la construcción de la cultura democrática”7.

Sobre este marco, se constituye en un deber del Estado Colombiano, adoptar medidas especiales para salvaguardas las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos, teniendo en cuenta sus deseos expresados en forma libre. Además, deben reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales; respetarse sus instituciones y permitirse su participación y cooperación en las medidas que se adopten para resolver sus dificultades.

En cuanto a la autonomía, esta debe entenderse como la capacidad y el derecho que tienen los pueblos para decidir por sí mismos los asuntos de su interés. Plantean los miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC "seremos autónomos en la medida en que seamos los constructores de nuestra propia historia... La autonomía también es la posibilidad de relacionarnos e intercambiar con otros, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica"8.

El Convenio 169 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultura.

Se entiende entonces que el reconocimiento de la autonomía es necesario para decidir el presente y el futuro. La autonomía está basada en lo territorial, lo identitario y lo propio. La exigencia del respeto a la autonomía conlleva además el reconocimiento de los sistemas de autoridad y gobierno de esos pueblos, de sus procesos mediante los cuales se toman decisiones y así lo plantea el Convenio 169 al consagrar que se deben reconocer las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

Adicionalmente, estos pueblos cuentan con el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo económico, social y cultural y en este sentido el Estado Colombiano debe velar porque se efectúen estudios con su cooperación, a fin de evaluar la incidencia que en lo social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente tienen las actividades de desarrollo, para que de manera aunada con los pueblos indígenas, protejan y preserven el medio ambiente de los territorios que habitan estas comunidades.
DERECHOS TERRITORIALES
Derecho a que se respeten la tierra y el uso adecuado que especialmente las mujeres indígenas han hecho de ella Colombia, como una nación multiétnica y pluricultural ha establecido que las comunidades indígenas tienen el derecho a decidir sobre sus territorios. Para ello es fundamental el reconocimiento de sus derechos territoriales, tal y como lo señala la Corte Constitucional “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales"9.

El derecho al territorio debe ser respetado aunque no se encuentre titulado el territorio por el derecho estatal. En el país, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas no se puede vender, no puede ser sometida a gravámenes, no es expropiable por el Estado y no puede ser sometido a limitaciones de dominio10. Según la Constitución y las normas, los resguardos son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Sin embargo, ese reconocimiento al derecho de propiedad colectiva de las comunidades, se otorga previo cumplimiento de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y a la cual como tal, le es inherente una función ecológica11.

En relación con el territorio, es deber del Estado respetar la importancia que para las culturas y valores espirituales reviste la relación con las tierras o territorios que éstas comunidades ocupan o utilizan de cualquier forma y, en especial, los aspectos colectivos que en esa relación con el territorio representa la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.

Es así como el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan estos pueblos implican además el deber de tomar medidas para salvaguardar el derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.

Adicionalmente, respetar las modalidades de transmisión de los derechos de propiedad sobre la tierra que han sido establecidas por dichos pueblos.

En este sentido, el Estado debe tomar las medidas necesarias para determinar las tierras ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Además, deben establecerse procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por estos pueblos12. Además, mediante los programas agrarios se deben garantizar condiciones para la asignación de tierras tradicionales, cuando las tierras de que dispongan estos pueblos sean insuficientes para garantizarles los elementos de su existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.

Finalmente, consagra el Convenio 169 que, a pesar de estar establecido que los pueblos interesados no deberán ser traslados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. En todo caso, estos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Si esto no fuere posible, tienen derecho a recibir indemnización por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

*Directora línea de investigación en Derecho Ambiental y Grupos Ètnicos.
Facultad de Jurisprudencia. Universidad del Rosario

3 Sentencia T-605/92 y T-308/93 de la Corte Constitucional.
4 Ibid, p. 14- 41.
5 TOVAR GONZALEZ, Leonardo. ¿Es posible una democracia intercultural en Colombia? Ministerio de
Cultura, 2000, p. 14.
7 TOVAR GONZALEZ, Leonardo. Op. Cit., p. 55.
8 Ibid, p. 8.
9 Sentencia T-188/93 de la Corte Constitucional.
10 ONIC. Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas. Op. Cit., p. 19.
11 Para mayor ilustración en el tema véase: “Función Ecológica de la propiedad en los resguardos indígenas de Colombia”. Universidad del Rosario. 2004.
12 Al respecto en Colombia se han expedido las siguientes normas: Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994, Decreto 2664 de 1994 y 2164 de 1995.

BIBLIOGRAFÍA
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- Universidad del Rosario, MAVDT, Varios Autores. Marco Conceptual y Metodológico para la certificación de la Función Ecológica de la Propiedad en resguardos indígenas. Octubre de 2004.

2 comentarios:

Efren Diego dijo...

Me parece un blog impresionante, contiene buena informacion sobre los derechos humanos de la mujer. Me gusta mas el trabajo sobre los derechos humanos de la mujer indigena. Yo no conocía a Alicia Guevarra. Sigan adelante con el blog, aporta mucho al conocimiento.
Suerte

Alicia Guevara dijo...

Mil gracias Efren, tus palabras son absolutamente alentadoras, espero sigas visitando el blog, aportando con tus comentarios, sugerencias y opiniones, Abrazos sororos.

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