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miércoles, 18 de mayo de 2011

La lucha por la despenalización del aborto en Colombia. El derecho a decidir sobre el cuerpo y la libre opción a la maternidad (Primera Entrega)


Por: Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres

En la década de los 70 en Colombia se hicieron los primeros intentos por despenalizar el aborto y comenzó a posicionarse el discurso sobre la libertad para decidir sobre el cuerpo y la maternidad, una reivindicación principalmente feminista.

El Código Penal de 1936, vigente en Colombia hasta 1980, en su artículo 389 penalizaba el aborto bajo cualquier circunstancia, diferenciaba entre aborto con consentimiento de la mujer embarazada y aborto no consentido por ésta, siendo la pena en el primer caso de uno a cuatro años y de uno a seis años en el segundo. No obstante, reducía la pena cuando el aborto se realizaba “para salvar el honor propio o el de la madre, la mujer, descendiente, hija adoptiva, o hermana”.

En 1975, coincidiendo con el año de la Primera Conferencia de la Mujer organizada por las Naciones Unidas, se presentó el primer proyecto de ley tendiente a despenalizar el aborto. Tenía como fin reglamentar “la interrupción terapéutica del embarazo en Colombia”. Dicho proyecto, autoría de senador liberal Iván López Botero, buscaba reglamentar la interrupción terapéutica del embarazo en un tiempo límite de doce semanas. Proponía la interrupción quirúrgica para mujeres casadas o solteras realizada por la autoridad médica u hospital de su residencia cuando concurrieran las siguientes situaciones: se estableciera el peligro para la vida y la salud de la madre o la posibilidad “científicamente fundada” de que “el niño que está por nacer” tuviera una enfermedad o lesión genética reconocida como incurable al momento del diagnóstico, previo dictamen de dos médicos. Entre las exigencias incluía que uno de los médicos que diera la autorización trabajara en un hospital del sector oficial; que la mujer que lo solicitara fuera menor de 45 años y mayor de 15 y que no hubiera tenido una interrupción del embarazo en los últimos doce meses.

Es de destacar que este proyecto de ley proponía que en los casos en que la madre estuviera casada necesitaba la autorización del marido y, de ser soltera y menor de edad, debía presentar la autorización de quien ejercía la patria potestad. El proyecto también proponía que la interrupción del embarazo por fuera del marco establecido en el proyecto fuera sancionada según los artículos 386, 387, 388 y 389 del Código Penal. Por último, consideraba que la interrupción voluntaria del embarazo no debía constituirse en una práctica de regulación de los nacimientos o de control de la natalidad y enfatizaba la obligación de los centros de salud oficiales de informar, aconsejar y ayudar a la mujer que acudiera a solicitar la interrupción del embarazo.

El segundo proyecto de despenalización parcial del aborto se presentó en 1979 por parte de la representante del partido liberal Consuelo Lleras y apuntaba a proteger “la salud y la vida de las mujeres que habitan en Colombia”. Este proyecto señalaba las doce semanas de gestación como el tiempo límite para la interrupción y planteaba la despenalización en los casos en que el embarazo fuera consecuencia de acceso carnal violento o abusivo, presentara peligro para la vida de la mujer o para su salud física y mental o hubiere malformación o procesos patológicos en el feto. Establecía que la primera causal debía ser comprobada sumariamente ante el juez promiscuo o penal municipal de la residencia de la mujer y que para las dos otras causales bastaba el dictamen médico. Tal como el proyecto de ley de 1975, estipulaba que para la solicitud del procedimiento, en los casos en que la mujer estuviera casada, ésta debía hacerse conjuntamente con el marido y que, en los casos de mujeres menores de 16 años de edad, la solicitud la haría el representante legal. En ambos casos planteaba que de negarse el marido o el representante legal, el juez sería el encargado de resolver la situación. También señalaba que el procedimiento debía realizarse en hospitales oficiales o sitios autorizados. Igualmente, hacia énfasis en que no era un instrumento para el control de la natalidad. En la exposición de motivos, la autora señalaba el aborto como problema social que afecta a las mujeres más pobres y también los problemas asociados a la clandestinidad y el riesgo para la vida de las mujeres. Curiosamente, también mencionaba que, a diferencia de otras legislaciones que se estaban promulgando en el mundo, no dejaba la decisión sólo en la mujer y en su médico, y tampoco utilizaba los conceptos de la liberación femenina, sino que buscaba la modernización de la ley. En resumen, planteaba que su objetivo era garantizar que las “mujeres des-validas” tuvieran acceso a atención médica responsable en el caso de aborto. El proyecto de ley Consuelo Lleras fue respaldado por noventa parlamentarios, pero no fue aprobado.

En los años 70 Colombia vivió un nuevo despertar feminista luego de haberse agotado una primera etapa, caracterizada por la lucha por el derecho al voto para las mujeres. Con más fuerza en las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá, en los 70 se conformaron grupos de mujeres en torno a la autoconciencia y las reflexiones sobre el cuerpo. Este despertar de los grupos feministas coincidió a nivel mundial con la segunda ola del feminismo que se inició a partir de 1968 y que, a diferencia de la primera ola, ya no expresaba solamente ideales de igualdad con respecto a los hombres sino que incorporaba también el concepto de la diferencia, el cual supone el reconocimiento de las diferencias con respecto a los hombres pero reclama la igualdad de oportunidades.

En esa época el feminismo no se definía como un movimiento social sino que sus actividades giraban en torno a la autoconciencia. “No había redes, sólo grupos de amigas que hablábamos del cuerpo, de la discriminación…” (Entrevista a Beatriz Quintero, 2008).

El hecho de que gran parte de las feministas tuviera su origen político en la izquierda sumado a las luchas contra las dictaduras militares en el cono sur y a la represión del gobierno de Turbay Ayala en Colombia (1978 a 1982) fomentó entre las mujeres un pensamiento antiestatal, crítico de la institucionalidad y fuertemente contestatario. Esta situación tendría repercusiones en el accionar posterior y en las decisiones sobre la incidencia en el Estado y la búsqueda de alianzas para la despenalización del aborto, especialmente durante la Asamblea Constituyente. Fue justamente al inició del gobierno de Turbay Ayala que el movimiento feminista adhirió a la Campaña de la Internacional Socialista “Por el derecho al aborto, a la contracepción y contra las esterilizaciones forzadas: las mujeres deciden”. En el marco de esta campaña se realizaron una serie de eventos públicos para discutir el tema y una marcha por el derecho al aborto. La adhesión a esta campaña es un ejemplo del vínculo del movimiento feminista con los partidos de izquierda.

En el libro Soñé que soñaba, su autora, María Cristina Suaza, incluye un testimonio de Eulalia Carrizosa quien afirma lo siguiente: “De esas primeras reuniones, no recuerdo bien cómo, salió la idea de acompañar una iniciativa para reglamentar el aborto que iba a presentar ante el Congreso Iván López Botero y que luego retomó Consuelo Lleras. Decidimos, entonces, hacer una investigación sobre el aborto, para realizar un audiovisual que presentaríamos ante el Congreso para apoyar la discusión del proyecto de ley… Luego fue la convocatoria del Bloque Socialista a las mujeres para discutir temas como la sexualidad y el aborto…”.

El documental se realizó con posterioridad a la discusión del proyecto de ley. Entre el 9 y el 10 de diciembre de 1978 se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el Primer Encuentro Nacional de Mujeres convocado por el Bloque Socialista. En este encuentro participaron diversos grupos de mujeres y no sólo los vinculados a ese partido. Uno de los temas que se discutió en esta ocasión fue la participación de Colombia en la campaña por el derecho al aborto, que culminaría con una manifestación masiva a nivel mundial el 31 de marzo de 1979. “Se distribuyeron los documentos de la campaña por el aborto y ejemplares de los principales órganos de difusión como Las Mujeres, Cuéntame tu Vida, Mi cuerpo es Mío y La Picadura.

Además, se presentaron videos sobre el aborto y la doble jornada y se anunció la formación del grupo Cine Mujer”. En el encuentro de Medellín se evidenciaron algunos nudos del movimiento relacionados con la militancia política y el feminismo que ya se venían dando desde el comienzo de la década, las apuestas revolucionarias y el feminismo, el lesbianismo y el feminismo y el reconocimiento de los problemas derivados de la dicotomía público-privado que enfrentaban las mujeres. Este encuentro formuló en sus conclusiones “la necesidad de una amplia educación sexual para la mujer colombiana, el cual le dará derecho a escoger el tipo de contracepción que desee, el número de hijos y el momento de tenerlos”. “Se exigía el aborto libre y gratuito y sin intervención del Estado, una exigencia como abstracta… No cabía en la cabeza negociar con un ministro.” (Entrevista a Beatriz Quintero, 2008). En el encuentro se ratificó la propuesta de participar en la campaña. Cada ciudad realizó sus propias actividades y sólo tendrían en común la conmemoración del 31 de marzo de 1979, que se indicaba como el día internacional por el derecho al aborto.

En Bogotá participaron “el Colectivo de Mujeres de Bogotá, la Comisión de Mujeres del Partido Socialista de los Trabajadores, la Comisión de Mujeres del Partido Socialista Revolucionario, la publicación Mi cuerpo es Mío, el Frente Amplio de Mujeres, el Círculo de Mujeres, el Movimiento Firmes, la Unión de Mujeres Demócratas de Colombia (UMDC), FENALTRASE, CSTC, la Liga Comunista Revolucionaria, el Instituto Sindical María Cano y decenas de mujeres y hombres independientes, como se llamaban a sí mismas y a sí mismos”. “En Bogotá decidimos hacer un audiovisual sobre el aborto, teniendo en cuenta que ya Sara y Eulalia habían hecho uno y habían levantado estadísticas, y que Consuelo Lleras estaba presentando unapropuesta de ley de aborto” (…) “Fue un sonoviso que tenía 93 diapositivas y un casete. Lo titulamos “¿Cuál es la vida que deciden defender?”.

Las actividades en Bogotá se complementaron con diversas jornadas en el Parque Nacional y una publicación llamada Ser Mujer que tenía tres capítulos: reproducción humana y anticoncepción, aborto y control de población y esterilizaciones forzadas. Así mismo, se realizaron otras actividades como un evento en el Planetario Distrital el 8 de abril de 1979, debates públicos para apoyar el proyecto de ley de Consuelo Lleras y una ponencia en el Foro Nacional sobre Derechos Humanos realizado el 30 de marzo de 1979. De igual modo, el 23 de noviembre hubo una concentración por el aborto libre y gratuito en la Plaza de las Nieves que fue reprimida por la fuerza pública, y en la marcha se utilizaron consignas como “anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir” y “luchamos por mejores condiciones de existencia, nuestra lucha es por la vida.” La prestación de servicios seguros.

La década del 80 se inició con un nuevo Código Penal. En el capítulo III de este código, en el marco de los delitos contra la vida y la integridad personal, se penalizaba el aborto. En los artículos 343, 344 y 345 se diferenciaba entre aborto consentido y no consentido con penas de uno a tres años en el primer caso y de tres a seis años en el segundo y, además, se incorporaban circunstancias específicas como resultado de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con penas de cuatro meses a un año.

En julio de 1987 se presentó un nuevo proyecto de ley para la despenalización del aborto por parte del senador liberal Eduardo Romo Rosero. El proyecto buscaba la legalización parcial del aborto en casos de peligro para la vida y la salud física y psíquica de la mujer; cuando el embarazo fuera fruto de violación, acceso carnal violento o inseminación artificial no consentida, por taras o defectos físicos o psíquicos del feto y cuando la mujer fuera drogadicta con problemas físicos.

Más tarde, en 1989, otro senador liberal, Emilio Urrea, presentó un nuevo proyecto para la legalización del aborto con un término máximo de noventa días en los casos de “serio peligro para la salud física y psíquica [de la mujer], en relación con su estado de salud o sus condiciones económicas o sociales o familiares, o las circunstancias en que se produjo la concepción, o a previsiones de anomalías o a deformaciones del concebido”. Para la realización del aborto, la mujer requería una consulta médica del sector oficial o privado. El médico debía expedir un documento en el que señalara el estado de gravidez y la solicitud de interrupción firmada también por la mujer. En dicho documento se invitaría a la mujer a desistir de su propósito por siete días. Después de transcurrido este tiempo, podría hacerse el procedimiento. Adicionalmente, el proyecto contemplaba la reorganización del sistema de salud para poder coordinar la realización de los procedimientos y consolidar los sistemas de información. Este proyecto de ley estaba basado en las altas cifras de aborto en el país y la afectación de éste mayoritaria en mujeres pobres. La justificación de la discriminalización en todos los casos se hacía desde el derecho de las mujeres a tomar la decisión. Esto significaba un cambio con respecto a los proyectos de ley de los 70 en los cuales se sostenía que la decisión sobre el aborto involucraba a la pareja.

Con respecto a los centros que garantizaban un aborto seguro y humanizado, hay indicios de que éstos comenzaron a fundarse en el país en la década de los 70 por iniciativas del sector médico, basados en una preocupación por la morbilidad y la mortalidad materna por aborto desde la perspectiva de la salud pública. En 1989, inspirados en esa propuesta pionera, surgieron los servicios de aborto prestados por las feministas. Estos centros se crearon en diversas partes del país. Por su carácter de ilegalidad, en algunos casos no asumieron una defensa abierta de la despenalización del aborto, sino que centraron sus esfuerzos en la formación de las mujeres, especialmente alrededor de la autonomía y el derecho a decidir sobre el cuerpo.

En los 80, la problemática del aborto comenzó a abordarse como un problema de salud pública y como una amenaza para la vida de las mujeres más pobres. En diversas ciudades del país se apoyó la creación de centros donde se practicaban abortos seguros. En Medellín, “en esa época el sacerdote López Trujillo perseguía a los médicos que realizaban abortos e incluso hubo detenciones, algunos pagaron cárcel y a otros tocó sacarlos del país.” (Entrevista a Beatriz Quintero, 2008).

Luego de un proceso largo y discutido de los diversos grupos feministas del país se realizó en julio de 1981 en la ciudad de Bogotá el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, organizado por los grupos feministas. “En Colombia el terreno ya estaba abonado para hacer un encuentro, si no hubiera sido por la campaña del aborto, no hubiera germinado la idea del Encuentro Feminista...” Con la participación de 300 mujeres de diversos lugares del continente, en este encuentro se discutió sobre la sexualidad, el aborto y la opción sexual por un lado, y por otro sobre la doble militancia y la lucha de clases, los dos ejes temáticos que habían marcado la década de los 80. Además, se definió 14 Ibídem, pág 91.

El 25 de noviembre como día de la no violencia contra la mujer y se avanzó en la decisión de seguir con esos espacios de reflexión en el continente. En el período preencuentro y postencuentro se crearon las primeras ONG’s de mujeres con servicios de información y atención en temas relacionados con los derechos de la mujer, incluidos algunos centros prestadores de servicios en salud sexual y reproductiva. (Entrevista a Judith Botero, 2008). La década de los 80 le permitió al movimiento de las mujeres volver políticos los temas que tradicionalmente se consideraban privados. La problemática de la violencia contra la mujer comenzó a centrar el accionar del movimiento y el lema de las feministas chilenas “democracia en el país y en la casa” se reprodujo en diferentes contextos latinoamericanos. Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), bajo la ley 051 del 81, incorporando así a su legislación interna el principal instrumento internacional de derechos de las mujeres.

Las reivindicaciones del derecho a decidir sobre el cuerpo por parte de las agrupaciones de mujeres abordaron temáticas como la despenalización del aborto. El control de la natalidad, el placer sexual y las libertades asociadas a los derechos civiles y políticos también se siguieron exigiendo. No obstante, en la década de los 80, los grupos comenzaron a especializarse en diferentes temas y se dio una fragmentación en el movimiento de mujeres que también tuvo lugar en otros países del continente. Se hicieron evidentes las dificultades para generar propuestas conjuntas de incidencia en el Estado debido a las tensiones de la doble militancia, a las situaciones de política interna y al hecho de que para un grupo importante de feministas, el Estado, al reproducir el sistema patriarcal, no debía intervenirse ya que su transformación no era posible. Debía lograrse una transformación cultural total. A estas tensiones se sumaron las discusiones asociadas a la representación en escenarios políticos. Todos estos asuntos sumados a la preeminencia de la problemática de la violencia y la especialización de las ONG de mujeres hicieron que la demanda por la despenalización del aborto siguiera enfocada en la reforma legal.

Tomado de: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/La-lucha-por-la-despenalizacion

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