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jueves, 19 de mayo de 2011

La lucha por la despenalización del aborto en Colombia. El derecho a decidir sobre el cuerpo y la libre opción a la maternidad (Segunda Entrega)


Por: Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres

El discurso de los derechos humanos

En Colombia, el llamado a ser parte de la Asamblea Constituyente en 1991 fue para el movimiento social de mujeres y para algunas feministas una oportunidad única para incluir la perspectiva de género en los asuntos del Estado al exigir que los principios de la CEDAW obtuvieran categoría constitucional. “Las mujeres querían que la nueva Constitución no sólo incorporara las prohibiciones de la Convención sino que también adoptara conceptos como los contenidos en artículo 4 (1) de la Convención de la Mujer, en el que se dice expresamente que los Estados parte deben generar mecanismos para promover la equidad de facto entre hombres y mujeres”.

Para las feministas, la década del 90 se inició como una época de posibilidades de grandes cambios. La participación de los diferentes grupos en los procesos de la Asamblea Constituyente da fe de esto, ya que se realizaron múltiples acciones y se establecieron diversas alianzas. Las propuestas de las mujeres estaban vinculadas a problemáticas como la eliminación de todas las formas de discriminación, la abolición del concordato con la iglesia, el reconocimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y la despenalización del aborto, entre otras.

No obstante, la vieja tensión ocasionada por la doble militancia estuvo presente también en el proceso de la Asamblea Constituyente y por ello, en el movimiento de mujeres se discutía si se debía apoyar o no a una candidata mujer que representara los intereses de las mujeres en la Asamblea. “Las militantes de los partidos optan por apoyar las candidaturas de sus partidos, lo que cierra las posibilidades de llevar una candidata propia.” (Entrevista a Beatriz Quintero, 2008).

La participación del movimiento de mujeres en el proceso que condujo a la aprobación de la Constitución del 91 se remonta a 1987, momento en el cual el presidente Virgilio Barco realizó un llamado a presentar iniciativas de reforma a la Constitución de 1986 ante la Comisión de Reforma Institucional. En forma conjunta, 17 organizaciones de mujeres de Bogotá presentaron un proyecto de modificaciones y adiciones a la Constitución de 1986, bases fundamentales de la reforma constitucional. También y paralelamente al proceso de Bogotá, los grupos de mujeres de Cali implementaron una iniciativa en el mismo sentido.

La propuesta de Bogotá contemplaba diversas temáticas, entre ellas la incorporación del tema de los derechos reproductivos, pero, lo hacía desde la lógica de la pareja y no como un derecho individual de la mujer, pese a que la Conferencia Mundial de Población realizada en Bucarest en 1974 ya lo había reconocido. No obstante, la propuesta de Cali sí proponía reconocer el derecho a la reproducción como derecho individual. Más tarde, en el proceso de la Constituyente, en mayo de 1990, se conformó la Red Mujer y Constituyente integrada por diez organizaciones de seis ciudades del país, con el propósito de presentar las demandas de las mujeres. 15 Plata, María Isabel. “Derechos reproductivos como derechos humanos: el caso colombiano”.

Las 17 organizaciones eran de diversa procedencia y aglutinaban mujeres feministas de diversos partidos políticos y organizaciones populares y sindicales. Las 17 organizaciones fueron: Unión de Ciudadanas de Colombia, Asociación Colombiana de Voluntariados (ACOVOL)-, Coordinación Colombiana de Trabajo Voluntario (CCTV), Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas (ANMUCIC), Organización Femenina del Nuevo Liberalismo, Asociación Nacional que debían integrarse al nuevo texto constitucional.

En menos de dos semanas, noventa grupos de mujeres adhirieron a la Red. La consigna de la Red fue “Sin los derechos de las mujeres, la democracia no va”. Entre los artículos que se propusieron se redactó uno sobre “la autonomía de la mujer para decidir sobre su maternidad junto con la garantía de seguridad social, derechos, estos últimos, orientados a que el Estado provea y garantice los derechos relacionados con la salud reproductiva y la sexualidad… Ante la falta de claridad sobre los diversos contenidos de los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de transmitir mensajes que no centraran el debate en el tema del aborto, se publicó un documento en el que se precisaban contenidos tales como: i) promoción de ambientes de trabajo y de vida que no lesionen la fertilidad humana y prevención de riesgos; ii) información, educación y orientación para el ejercicio de una sexualidad libre y responsable; iii) garantía de que los procesos de fertilidad humana originados en los avances tecnológicos y científicos no vulneren los principios universales de igualdad , respeto y libre determinación de las personas; iv) la no discriminación en razón de la maternidad o el estado civil.”

La Red Nacional Mujer y Constituyente realizó actividades de incidencia en las Comisiones Primera y Quinta de la Asamblea. Por un lado, los esfuerzos se centraron en que en la Comisión Primera no se consagrara el derecho a la vida desde el momento de la concepción y, por otro, en que la Comisión Quinta consagrara el derecho a la libre opción a la maternidad. Mientras que el primer objetivo se alcanzó evitando que se discutiera sobre cuando se es persona, el segundo objetivo se perdió debido a que la Comisión Quinta lo eliminó de la discusión argumentando que había estudiado el tema y que el debate se haría en el Congreso de la República. Dada esta situación, el constituyente Iván Marulanda, en acuerdo con la Red, volvió a plantear la discusión en el momento de la votación del actual artículo 43 de la Constitución mediante una propuesta de adición.

Es de señalar que en el proceso de la Constituyente varias asambleístas presentaron propuestas en materia de derechos reproductivos. “Iván Marulanda, Antonio Navarro y Augusto Ramírez Ocampo lo propusieron como derecho de la pareja; Aída Abella, Alfredo Vásquez Carrizosa y Carlos Lleras de la Fuente como derecho individual. Sobre este asunto el movimiento, en tanto no poseía la claridad suficiente, no adelantó acciones que permitieran incidir en el debate.”

Finalmente, la Constitución de 1991 garantizó importantes derechos para las mujeres al consagrar el principio de igualdad y no discriminación. El artículo 43 señala que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.

La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

Este artículo ha permitido desarrollos posteriores como la ley 581 del 2000 conocida como Ley de Cuotas. La Constitución del 91 también introdujo en su artículo 93 lo que se conoce como bloque de constitucionalidad al señalar lo siguiente: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Este avance será de especial significación en la reivindicación del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y en especial para la despenalización parcial del aborto puesto que, con base en esta disposición, se concluye el carácter imperativo de la Convención sobre Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como dos ejemplos de convenciones internacionales que reconocen explícitamente los derechos de las mujeres.

Paralelamente, las feministas latinoamericanas y del Caribe habían propuesto el 28 de septiembre como día de la despenalización del aborto en homenaje al 28 de septiembre de 1888, día en el que el Emperador Pedro de Brasil decretó la libertad de vientres, es decir, que todos los hijos e hijas nacidas de madres esclavas serían libres en adelante. Esta fecha fue escogida por un comité internacional multidisciplinario de mujeres que se reunieron en Nueva York en 1990 para lanzar la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Su objetivo era lograr la humanización de los servicios de atención en salud sexual y reproductiva; disminuir la morbilidad y la mortalidad materna; que se diera cumplimiento a las leyes que permitían el aborto y la liberalización de las leyes que lo penalizaban.

La campaña por la despenalización del aborto anudó los esfuerzos en materia de salud sexual reproductiva, la prestación de servicios y la autonomía del cuerpo al discurso de los derechos sexuales y reproductivos por medio de la enunciación del aborto como un derecho humano. El marco en el que se inscribió la campaña, y por ende su objetivo, fue el de las conferencias internacionales realizadas en la década del 90 que condujeron al reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, como la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en 1993 y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), en la cual se señaló que la mujer tiene derecho “a tener control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia”.

Las organizaciones de mujeres de Colombia se adhirieron a la campaña en 1996 y conformaron la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Rederdex), la cual promovía la despenalización total del aborto. Según Judith Botero, la campaña y la consolidación de la Red no “sólo significaba que la mujer pudiera decidir sobre la maternidad, sino que el aborto era un derecho en todo el sentido de la palabra y no una simple posibilidad”. (Entrevista a Judith Botero, 2008).

Desde esta lógica, argumentar sobre la necesidad de la despenalización del aborto en Colombia implica reconocer la penalización del aborto como un problema de vulneración de los derechos de las mujeres, especialmente del derecho a la libertad de decisión y a la igualdad a partir del reconocimiento de las diferencias de género, así como desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación.
Las conferencias internacionales

“El tema de la despenalización no tuvo madurez sino hasta que apareció el discurso de los derechos sexuales y reproductivos” (Entrevista a Cristina Villarreal, 2008).

Internacionalmente, la década del 90 ofreció un rico panorama en materia de reconocimiento de derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas realizó importantes conferencias internacionales que trataron la problemática de los derechos sexuales y reproductivos. Estas conferencias ratificaron lo establecido en Conferencia de Derechos Humanos realizada en Viena (1993), en la cual se reconoció por primera vez que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que el Estado debe garantizarlos.

Colombia adhirió a los compromisos de la Tercera Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994 y a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, con especial énfasis en la temática de derechos sexuales y reproductivos, donde uno de los puntos fue considerar el aborto como un problema de salud pública. El plan de acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994, señalaba que el cuidado de la salud reproductiva se definía como la constelación de métodos, técnicas y servicios que contribuyan al bienestar en esta área y a prevenir y resolver problemas de salud reproductiva. Consideraba la salud sexual como un propósito para el mejoramiento de la vida y las relaciones personales y no solamente como la consejería y el cuidado relacionados con la reproducción y las infecciones de transmisión sexual.

El plan de acción mundial adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, entendía los derechos sexuales como “el derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia (...).”

Estos dos planes de acción señalan que entre las medidas que deben adoptar los Estados se encuentran las de considerar el aborto como un problema de salud pública que en ningún caso es un método de planificación familiar, proporcionar orientación y trato humanitario a las mujeres que tienen que recurrir a él; considerar la posibilidad de revisar las leyes que penalizan a las mujeres que se han practicado un aborto, comprometerse con reducir las estadísticas de aborto, ofreciendo mejores servicios de planificación familiar, atender los efectos que tiene sobre la salud de la mujer el aborto realizado en condiciones inadecuadas, brindar servicios para atender complicaciones derivadas del aborto y promover investigaciones sobre los factores determinantes y las consecuencias del aborto inducido, sus efectos sobre la fecundidad ulterior, la salud reproductiva y mental y las prácticas anticonceptivas, el tratamiento de las complicaciones del aborto y el cuidado posterior, teniendo presente que el aborto en malas condiciones es una importante amenaza para la salud y la vida de las mujeres. En resumen, se posicionó el concepto de salud sexual y reproductiva como un asunto de derechos humanos.

Concomitante a esta situación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW recibió con preocupación los informes alternos presentados por Colombia sobre el alto número de abortos inducidos y la mortalidad materna derivada de ellos. Esto hizo pensar al Comité en la conveniencia de modificar la legislación vigente y en la necesidad de seguir avanzando en la difusión de la planificación familiar sobre todo en las zonas rurales.

En el examen a Colombia, en febrero de 1999, sobre el cuarto informe periódico, el Comité de la CEDAW observó que el aborto era la segunda causa de mortalidad materna en Colombia, era sancionado como conducta ilegal y no se permitía excepción en esta prohibición ni para salvar la vida de la madre, su salud física y mental o en casos de violación o peligro de muerte. El Comité consideró que la ley colombiana, al penalizar tanto a la mujer que recurre al aborto ilegal como al médico que la atiende, era una violación de los derechos de la mujer a la salud y la vida, en especial al artículo 12 de la Convención, y solicitó al gobierno de Colombia que evaluara la posibilidad de tomar medidas, de manera inmediata, para derogar esa ley.

A pesar de la riqueza de posibilidades que presentaron los primeros años de los 90 para los derechos de las mujeres tanto en el plano de políticas públicas como en el de las normas, las demandas de las mujeres en Colombia se centraron en las problemáticas de la violencia y la participación política, quedando en segundo plano las reivindicaciones en torno a la despenalización del aborto. La incidencia política que comenzó a hacerse hacia el Estado en materia de políticas públicas, se volvió central y si bien las reivindicaciones asociadas a la despenalización siguieron estando presentes en el discurso ideológico, las acciones que se realizaron no contemplaron una estrategia integral para la despenalización del aborto.

En este campo, las acciones se focalizaron en la reflexión académica. Ejemplos de esto son el Foro organizado por la Universidad Externado de Colombia y luego el Encuentro de Parlamentarios de América Latina en el cual comenzó a hacerse público el trabajo de La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres que se analizará más adelante. No obstante, se presentaron nuevos proyecto de ley de reforma del Código Penal.

En 1993 la representante Ana García de Pechtalt radicó un proyecto de ley en el Congreso en el cual se “definían y protegían los derechos de la mujer y se despenaliza la interrupción voluntaria del período de gestación”. Este proyecto estipulaba un plazo de noventa días para garantizar el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente la gestación, en los casos de peligro para la salud física o psíquica de la mujer, por condiciones socioeconómicas de la mujer, o en las circunstancias de ataque a la libertad sexual, inseminación artificial no consentida, conocimiento de anomalías, malformaciones o enfermedades como el SIDA en el concebido. El proyecto se apoyaba en los datos de mortalidad materna del país, las condiciones del aborto clandestino y hacía referencia al concepto de salud pública así como al concepto de vida humana y calidad de vida.

En ese mismo año, la senadora Vera Grave de la Alianza Democrática M-19 presentó otra iniciativa: el proyecto de ley “por la cual se desarrollan los derechos 26 Proyecto de ley por el cual se definían y protegían los derechos de la mujer y se despenaliza la interrupción voluntaria del período de gestación (1993) constitucionales a la protección y libre opción de la maternidad y la protección al niño menor de un año”. Este proyecto planteaba que en ejercicio del derecho a decidir el número de hijos que se desee procrear, la mujer podía optar por la interrupción voluntaria del período de gestación hasta los primeros noventa días de la misma, cuando la concepción fuera consecuencia del delito de violación o inseminación artificial no consentida. En el primer caso debía haberse denunciado el delito. También contemplaba como causales el grave peligro para la vida o salud de la embarazada y las graves malformaciones físicas o psíquicas para las cuales se requería dictamen médico. El procedimiento estaría a cargo de centros de salud públicos y privados. El Ministerio de Salud sería responsable de habilitar los centros y de dar capacitación al personal de salud así como de difundir la información pertinente, ya que en la exposición de motivos del proyecto el aborto se planteaba como un asunto de salud pública, en cuanto las condiciones de clandestinidad ponen en riesgo la vida de la mujer.

En 1995, la senadora Piedad Córdoba presentó el proyecto de ley 43/95 “por medio del la cual se dictan normas sobre salud reproductiva”. En este proyecto si bien se desarrollaban las temáticas de la realización plena de la vida sexual y reproductiva, la libre opción a la maternidad/paternidad y la planificación voluntaria y responsable, no se incorporaba un artículo que directamente buscara despenalizar el aborto. Más tarde, en el proyecto de ley de 1997, nuevamente la senadora Córdoba planteó la despenalización del aborto por causas específicas como el acceso carnal violento, la inseminación no consentida o por peligro de la vida de la madre.

Tomado de: http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/La-lucha-por-la-despenalizacion

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