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lunes, 13 de junio de 2011

Colombia, Un crimen de lesa humanidad invisibilizado


*Maureén Maya Sierra

“Cada hora, seis mujeres son objeto de algún tipo de agresión”

El debate de control político sobre violencia sexual contra la mujer en el contexto del conflicto armado colombiano, citado por los representantes Iván Cepeda Castro del PDA y Ángela María Robledo del Partido Verde, el pasado miércoles 8 de junio, apunta justo al epicentro de un tema, que aún cuando refleja uno de los aspectos más oscuros e invisibilizados del conflicto que padece el pueblo colombiano, no ha sido tratado de acuerdo a su gravedad.

Con cifras alarmantes sobre la magnitud de este delito y el nivel de impunidad que existe al respecto, pese a la múltiples quejas interpuestas ante los organismos gubernamentales y organizaciones internacionales, y al trabajo que desde hace varios años lideran importantes y reconocidas organizaciones de mujeres en el país, como: Sisma Mujer, La casa de la Mujer, La Ruta Pacífica de Mujeres, entre otras, los representantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional, para que de inmediato adopte medidas efectivas que logren además de prevenir este crimen de lesa humanidad y proteger a las mujeres, identificar, juzgar y sancionar a sus directos responsables.

Según el informe presentado por los representantes Cepeda y Robledo, cada hora seis mujeres son objeto de algún tipo de abuso, agresión o violencia sexual en zonas de conflicto. La cifra es escandalosa, y más aún si se considera que existe un subregistro importante porque muchas mujeres no denuncian el hecho ante las autoridades por múltiples y compresibles razones, entre ellas a causa del miedo a sufrir represalias o a ser estigmatizadas, y otras víctimas de estas agresiones, son luego asesinadas y desaparecidas.

El representante Iván Cepeda declaró que “No hay cifras, no hay responsables, no hay una política de Estado frente a un fenómeno tan grave como el que estamos nosotros detectando. Que cada hora seis mujeres sean objeto de alguna agresión, debería encender las alarmas, debería llevar a que los más altos responsables de la política de gobierno se concentren en una situación tan grave; pero lo que vemos es todo lo contrario; un silencio, una invisibilidad, una total indiferencia frente a uno de los crímenes de lesa humanidad más frecuentes y más crueles que se están presentando en medio del conflicto armado. El objetivo de este debate que hemos convocado con la representante Ángela María Robledo del Partido Verde es suscitar la atención del Congreso y llamar a control político a los ministros, a los responsables del Estado frente a esta situación” Cepeda también afirmó que La impunidad es total, no alta, sino total.[1]

La violencia sexual se ha convertido en Colombia en un arma de guerra que ha sido -y sigue- siendo empleada por los distintos actores del conflicto armado sin que, pese a dimensión del problema, se hayan emprendido las debidas acciones para contrarrestar este grave delito, proteger a las mujeres y sancionar a sus responsables. Mujeres y niñas han sido convertidas en botines de guerra ante la mirada indiferente tanto de autoridades como de la misma sociedad. El tema no es nuevo por supuesto, ni es exclusivo de Colombia. Que las mujeres sean víctimas de violencias sexuales cometidas durante los conflictos armados no es ninguna novedad para nadie, menos aún para los poderes estatales y los organismos encargados de impartir justicia. “Sea religiosa, civil o mundial, la guerra ha cobrado siempre víctimas inocentes, en primer término los niños, las personas de edad y las mujeres. A lo largo de la historia los soldados han utilizado la violación para intimidar a la población civil”[2] La falta de justicia, el negacionismo frente a este crimen y la intencional invisibilización del mismo, han llevado a que se siga perpetuando y a que cada vez se ejecute de manera más frecuente.

Incluso, después de grandes guerras, el tema ha sido negado en los procesos judiciales o de reconstrucción de la memoria acerca del horror padecido. La jurista canadiense, Valerie Osterveld, afirma que según las circunstancias que rodean la violencia sexual puede considerarse también un crimen contra la humanidad, del mismo modo que el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura o la persecución. “Pero en la práctica rara vez se la ha juzgado con su verdadero nombre. Con una excepción: el proceso de Tokio, en 1946, durante el cual varios oficiales japoneses fueron acusados y considerados responsables de la violación de veinte mil mujeres durante el saqueo de Nankín (China) en 1937. En el proceso contra los principales criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, la violación no figuraba en la lista de crímenes contra la humanidad. Pero fue admitida en el curso de los procesos nacionales instruidos posteriormente y hoy en día los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda la incluyen expresamente en la categoría de crímenes contra la humanidad”[3].

En efecto, mientras en el pasado las guerras se desarrollaban esencialmente entre militares, hoy día el objetivo principal es, a menudo, dar muerte o aterrorizar a los civiles. “Los soldados cometen todo tipo de agresiones sexuales con ocasión del saqueo y demás atropellos perpetrados durante las invasiones, practican violaciones en público, secuestran a las mujeres en campos especiales o en prostíbulos para torturarlas, violarlas y dejarlas embarazadas”[4]. Las agresiones que más se registran en Colombia contra las mujeres tienen que ver con maltrato físico o sicológico, tortura, violencia sexual, mutilación genital, acoso, reclutamiento forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, entre otras.

Actores armados deben confesar delitos sexuales y ser condenados

El representante a la Cámara Iván Cepeda solicitó que las denuncias presentadas por las víctimas contra paramilitares desmovilizados, sean incluidas en los procesos que se les siguen por múltiples delitos, como en el caso del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien ha sido señalado de abusar de decenas de niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en varios municipios del departamento del Magdalena, cuando actuaba como jefe del frente Resistencia Tayrona de las AUC.

 “Los paramilitares desmovilizados deben confesar todos los crímenes, incluidos los sexuales cometidos por ellos y por sus subalternos.  La violación de mujeres y niñas es el crimen de lesa humanidad más invisibilizado por la justicia, y representa una ignominia y una vergüenza para el país”, sostuvo Cepeda.

Según afirmó en el mismo debate, en Colombia existen los instrumentos para proteger a las mujeres, pero no han sido ejecutados. Por esta razón, instó al Gobierno Nacional para que aplique el artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo que obliga a la reglamentación de la Ley 1257 de 2008, que contempla mecanismos para proteger y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y dicta medidas para la sensibilización y la prevención de este delito por parte todos los entes gubernamentales. Además de la reglamentación de la Ley, el congresista exigió que se destinen los recursos necesarios para su puesta en marcha y la reformulación urgente del programa de protección a mujeres líderes que pueden ser víctimas de agresión.

También llamó la atención sobre el hecho, que a nueve meses de haber asumido la jefatura del Estado, el presidente Santos no ha hecho el nombramiento de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer ni ha dado muestras claras de voluntad para poner en marcha la elaboración e implementación de una política pública nacional contra la violencia hacia las mujeres.

Cepeda hizo un llamado para que el poder judicial, ejecutivo, legislativo, los medios de comunicación y la sociedad en general se movilicen de inmediato, procurando acciones efectivas que contribuyan a poner fin a esta grave y vergonzosa realidad.

Las Fuerzas Militares, responsables de la mayoría agresiones sexuales

La representante Ángela María Robledo aseguró que efectivos de las FFMM serían responsables del 83% de los casos de violaciones denunciados, las guerrilla del 9% y los paramilitares del 7%. Asimismo, el representante Cepeda, declaró que es un imperativo que las Fuerzas Armadas definan y desarrollen una política institucional que logre acabar con los casos de integrantes de la fuerza pública implicados en agresiones sexuales contra mujeres.

"Estamos ante un crimen de lesa humanidad, uno de los más invisibles, el que más se niega. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y desterrar la violencia contra quienes dan la vida y eso tiene que empezar con una verdadera política de cero tolerancia frente a cualquier agresión", sostuvo Iván Cepeda.

Según la Encuesta de prevalencia realizada por la organización internacional Oxfam en el 2010, durante los últimos 10 años se presentaron en Colombia más de 389 mil casos de agresiones sexuales contra mujeres por parte de todos los actores armados del conflicto. Medicina Legal sólo registró un aproximado de 600 casos.

Para los representantes, también es preocupante la falta de un registro serio y detallado sobre la realidad de las denuncias por agresiones sexuales contra las mujeres cometidas por efectivos de las fuerzas militares. Las cifras presentadas por el Ministerio de la Defensa no concuerdan con las registradas por organismos no gubernamentales ni con las presentadas en diversos informes por organizaciones internacionales.

Mientras la violencia sexual era debatida en el Congreso de la República, ante la ONU una víctima colombiana rendía testimonio sobre su dolorosa realidad

Una víctima de violencia sexual en el conflicto colombiano testifica ante la ONU.
Ante la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, una colombiana denunció haber sido víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y presentó, bajo reserva de identidad, su escalofriante testimonio.

"Dos mujeres fuimos violentadas sexualmente, nos dejaron muy claro que era por nuestra labor como lideresas y nos dijeron que si no dejábamos este trabajo le iban a hacer lo mismo a nuestras hijas e hijos y a otras compañeras de la población desplazada", afirmó la víctima, de origen afrocolombiano, miembro de la ONG Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado.

Según esta víctima, que participará el próximo viernes en un debate sobre la mujer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "se documentaron los casos y pidieron medidas cautelares pero quedaron en el papel, nos han vuelto a amenazar". "Somos abogadas empíricas para defender los derechos de nuestras comunidades, no tenemos el apoyo del Estado colombiano, nos han dejado solas", añadió[5].

Luego de su declaración, en la que además señaló ser objeto de reiteradas amenazas en las que la sindican de ser colaboradora de la guerrilla, cuando en realidad, según sus propias palabras, sólo es una campesina, madre y cabeza de familia, invitó a la relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Rashida Manjoo, para que visite Colombia y constate la grave realidad que enfrentan las mujeres en el contexto del conflicto armado; víctimas“ de una violencia sistemática y generalizada donde la violación sexual es un arma de guerra y de control sobre la población", explicó otra de las integrantes de la Mesa de Trabajo: Mujer y Conflicto Armado[6].

Según los datos entregados por esta organización a la ONU, entre julio de 2001 y junio de 2009, por lo menos 2013 mujeres fueron víctimas de violaciones del derecho a la vida, 200 sufrieron tortura y 111 padecieron violencia sexual, en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en Colombia, hechos que se encuentran mayoritariamente en la impunidad.

"La violencia sexual está siendo usada para silenciar mujeres que están liderando procesos de reclamación de tierras y derechos. […] Hay violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad, se siguen registrando asesinatos contra las mujeres, desapariciones forzadas y violencia sexual, que se agudiza por el conflicto interno, en el que participan todos los grupos armados", incluyendo a las guerrillas de las FARC y el ELN, agregó la víctima que declaró ante la ONU.[7]

Informe OXFAM
En enero del 2010 la organización europea Intermón Oxfam presentó un detallado informe en el que, avalando las denuncias presentadas por otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, concluía que: “Todos los grupos armados en Colombia, fuerzas de seguridad del Estado, paramilitares o grupos guerrilleros, usan la violencia sexual como arma de guerra, hasta el punto que forma parte integral del conflicto"[8]

El informe "La violencia sexual en Colombia: un arma de guerra" viene a dar renovada proyección a lo que en las últimas dos décadas reiteran organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de negritudes, de campesinas y de parlamentarias, sin despertar la sensibilidad esperable en los órganos decisorios del Estado, del gobierno y en la sociedad”. [9]

De los más 4 millones de víctimas de desplazamiento forzado y destierro, que según CODHES, existen en promedio en el país, el 60% son mujeres y de ellas, dos de cada diez se desplazan huyendo de la violencia sexual[10].

La periodista Helda Martínez, corresponsal de la agencia internacional de noticias IPS, entrevistó a una líder social que hace parte de un colectivo de mujeres que trabajan por visibilizar la dramática situación que enfrentan decenas de niñas y mujeres en el departamento del Chocó. María, como pidió ser identificada, le habló de las marcas imborrables que la violencia sexual deja en la mujer.

"Antes de que llegara el conflicto, vivíamos tranquilos a la orilla del río Atrato. Eso fue hasta 1988, más o menos, cuando empezó la guerra más cruel. Escuchábamos un motor y quedábamos paralizados. […]A la gente la sacaban a media noche de su cama, mataban a los hombres y abusaban a las mujeres", continuó María [11] con un dejo de voz que mezclaba rabia e impotencia. María conoció a una mujer violada por varios guerrilleros, pero también fue testigo de la crueldad de los paramilitares y supo de hechos cometidos por soldados en contra de otras pobladoras de la zona. "Ese es un trauma que nunca se le quita a la persona por más que se hable de reparación. Porque eso lo siente la mujer carnalmente, y aunque sea una señora mayor, lo que una mujer no quiere permitir en su cuerpo no debería suceder".

Más que legislación, se necesita un cambio de mentalidad
La Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008, mediante la cual se dictan normas de prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres; define lo que es la violencia contra la mujer, el concepto de daño y elabora un marco de principios que deben contribuir al pleno reconocimiento de sus derechos, también reconoce el valor y vigencia de los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing sobre las distintas formas de violencia y exclusión que se cometen contra la mujer. Sin embargo, pese a su amplio contenido, a haber servido de marco normativo para la creación de la Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante el decreto 164 del 25 de enero de 2010, (Mesa que además ha sido objeto de enorme controversia por parte de algunas organizaciones de mujeres que señalan que se le asigna mayor preponderancia al tema de seguridad del Estado que al de la mujer) lo cierto es que esta Ley que ni siquiera ha sido reglamentada, o la realización de múltiples talleres regionales de planeación estratégica y de seguimiento a la norma, no han logrado incidir mayormente en la realidad que enfrentan las mujeres en el país; no sólo en zonas de conflicto armado sino en todos los ámbitos de la vida social, pública o también privada en los que se desenvuelve la mujer.

Alexandra Quintero, coordinadora del área de investigaciones de la no gubernamental corporación Sisma-Mujer, en la entrevista realizada por Helda Martínez para la agencia IPS, afirma que "los avances legislativos parecen no tener efecto en la realidad". Más adelante en el mismo reportaje, se afirma que la modernización de la legislación no ha cambiado la esencia cultural y de agresiones que "se producen en un país particularmente machista y patriarcal", según Paula San Pedro, responsable del informe de Intermón Oxfam.

En este mismo informe se estima que, "entre 60 y 70 % de las mujeres colombianas ha sufrido alguna modalidad de violencia sexual, física, psíquica o política”; estadística que desborda el conflicto y que ha aumentado en los últimos años. “El número de violaciones a los derechos humanos en general, cometidos por miembros de la fuerza pública en particular, se ha triplicado desde 2006”. Fuentes consultadas por IPS coinciden en afirmar que la política de seguridad democrática impuesta durante el gobierno de Álvaro Uribe incidió en el aumento de la violencia contra las mujeres.

"Esa política ha representado mayor inseguridad para las mujeres, porque la mal llamada desmovilización de grupos paramilitares, que siguen con el control en muchas regiones, afecta en especial a mujeres, niñas y adolescentes. […] El conflicto armado exacerba las violencias que históricamente han vivido las mujeres", declaró María Eugenia Ramírez, de la Mesa de Trabajo del Instituto Latinoamericano de Derechos Alternativos”.[12]

Las cifras son alarmantes
Según el representante Cepeda, durante la última década se registran 484 mil casos de mujeres objeto de algún tipo de violencia sexual. Un estudio realizado por la CCJ, indica que entre enero 2002 y junio 2006, una mujer murió al día, en promedio, en forma violenta".

La Escuela Nacional Sindical por su parte afirma que en el 2005, "Las mujeres sindicalizadas sufrieron quince feminicidios[13], 102 amenazas de muerte; diez detenciones arbitrarias, quince hostigamientos y persecuciones por su actividad sindical; dos atentados de muerte, siete desplazamientos forzados y un secuestro"[14].

"No hay un espacio geográfico en el país en el que las mujeres puedan sentirse seguras", denunció Paula San Pedro, antes de subrayar que "las mujeres afrocolombianas y las indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual, dada la triple discriminación que sufren a causa de su género, su etnia y su pobreza".[15]

La cifra más escandalosa de esta realidad de violencia, es la impunidad. Para Cisma Mujer, esta es del 97%. Cepeda advirtió que la impunidad más que alta es total. Según informó, en la Fiscalía General, durante ese mismo periodo, de diez años, sólo se han abierto 206 investigaciones y proferido 6 autos condenatorios.

Las acciones que emprendan el gobierno, sus organismos e instituciones o la misma sociedad, a fin de prevenir las múltiples violencias que se cometen contra las mujeres, además de requerir de la aplicación de un concepto diferencial en su tratamiento, más aún en el marco del conflicto armado, debe partir del reconocimiento de que buena parte de los abusos cometidos, son expresiones de poder que se ejercen contra personas o grupos vulnerables. El desafío en consecuencia es múltiple; no sólo se trata de acabar con el poder que ejercen los actores armados, en especial los miembros de la fuerza pública, y sancionar ejemplarmente a los directos responsables de estos crímenes, sino también se trata revelar las identidades de esos otros gestores de violencia sexual contra la mujer que pasan aún más desapercibidos, es decir, los dueños del poder político, económico y empresarial del país, que casi nunca son mencionados y que también deben ser sancionados. El otro gran reto consiste en empoderar a la mujer, en otorgarle los debidos instrumentos para que pueda protegerse y denunciar sin temor a sufrir nuevas represalias o a ser estigmatizada.

La violencia contra la mujer, abarca muchas otras expresiones. No sólo se refiere a la acción criminal de los violentos, de quienes detentan el poder, sino también se refiere a ausencia de garantías para la protección de sus derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales. La precarización en el empleo de las mujeres, la inequidad en el pago salarial, la falta de adecuada atención médica, la desprotección del Estado y el abandono social, son también otras formas de violencia que han sido toleradas históricamente y que deben ser erradicadas. La deuda moral con las mujeres, las últimas esclavas en “ser liberadas” sigue sin ser cancelada.

*Maureén Maya Sierra es Investigadora social y periodista
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 258, Semana del 10 al 16 de Junio de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.

Notas
[1] El Tiempo; “Congresistas dicen que Fuerza Pública es principal agresor de mujeres”. Bogotá, Junio 9 de 2011
[2] Unesco; “Las mujeres, botín de guerra”. Por ValerieOosterveld, Jurista. Canadá, 2008.
[3]Ídem
[4]Ídem
[5] Agencia AFP; Una víctima de violencia sexual en el conflicto colombiano testifica ante la ONU”. Por José Luis Fraga. Suiza; junio 8 de 2011.
[6] Ídem
[7] Agencia AFP; Una víctima de violencia sexual en el conflicto colombiano testifica ante la ONU”. Por José Luis Fraga. Suiza; junio 8 de 2011.
[8] Martínez, Helda; “Violencia sexual, un arma de guerra” Declaración rendida por Paula San Pedro durante el lanzamiento simultáneo del estudio en Bogotá y Madrid. 2010. IPS
[9] Martínez Helda; “Violencia sexual, un arma de guerra” Marcas Imborrables, 2010. IPS
[10] ídem
[11] Nombre ficticio
[12] Martínez Helda; Op, Cit
[13] Enciclopedia de la Web: Feminicidio o femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide y se refiere al homicidio evitable de mujeres por razones de género. El feminicidio pretende, dentro de la esfera de la violencia contra la mujer, ir más allá del concepto tradicional de las acciones violentas contra las mujeres para englobar otras conductas que habitualmente no son tenidas en cuenta como, por ejemplo, la falta de atención médica a problemas sanitarios femeninos (en campos como la ginecología y la tocología) que deriven en un aumento de la mortalidad femenina. Habitualmente el término no es realmente entendido y se utiliza como la feminización del homicidio.
[14] Martínez; Ibid,
[15]Ídem

Tomado de: http://alainet.org/active/47280

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