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martes, 14 de junio de 2011

El aborto en Colombia: El estigma no desaparece…


La práctica de abortos en Colombia es reconocida como un problema de salud pública sin embargo, no se cuenta con una base de datos que permita evidenciar la magnitud del problema que conduzca a la puesta en marcha de una política de derechos sexuales y reproductivos que no vea a la educación sexual solo como un requisito sino que lo haga conscientemente y que realice un monitoreo y seguimiento a los logros e impactos obtenidos. Cinco años después de la despenalización del aborto en Colombia, la mirada contra las mujeres que recurren a este derecho es implacable.

Por: Nelly Valbuena Bedoya

El mes pasado, el 10 de mayo de 2006,  la Corte Constitucional falló la demanda de constitucionalidad presentada por la abogada Mónica Roa, quien solicitaba la liberalización del aborto en Colombia. Con la sentencia C-355/06, la Corte reconoció que las mujeres tenemos derecho a optar por un aborto cuando el feto tiene graves malformaciones incompatibles con la vida, cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando está en riesgo la vida o la salud física y mental de la madre.

En cinco años, el máximo Tribunal ha fallado cinco tutelas y varios autos en relación con el tema y ha llamado al Estado para que cumpla con la sentencia y para que busque los mecanismos que hagan efectivo el derecho al aborto en las circunstancias establecidas.

Desde el año 2006 el aborto, entonces, entró a hacer parte de agenda pública y mediática ya no solamente para señalar los casos en los que las mujeres eran penalizadas por practicarse un aborto sino para  conocer más sobre la sentencia y en otros para apoyar, especialmente a aquellas niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que recurrían por primera vez a este derecho.

Atrás habían quedado preocupaciones como la de Marianne Møllmann, investigadora de derechos de las mujeres en Human Rights Watch, quien se había mostrado preocupada porque en Colombia las mujeres debíamos pagar con prisión hasta con cuatro años y medio, por practicarnos un aborto, en situaciones de violación o de peligro de la vida. “Las mujeres no deberían ir a la cárcel por tener abortos. Las leyes restrictivas colombianas sobre el aborto violan los derechos más básicos de las mujeres y deberían ser derogadas”, dijo en junio de 2005.

“Pero lo que no esperábamos era que este logro tuviera tantos detractores que quieren hacernos retroceder y que la pelea esté anclada en marcos culturales y religiosos que parecen inamovibles” afirma con tristeza Mariana, una mujer de 37 años quien alegó ante un ginecólogo su derecho a practicarse un aborto, porque había sido víctima de violación por parte de su esposo. Nadie me creyó. Hasta la enfermera que lo asistía me miró con ojos de reproche y me insinuó que yo era una criminal por querer quitarle la vida a un inocente. Pero la cosa no paró ahí; con sorna mientras me preparaba bruscamente para el tacto vaginal, se echaba la bendición y decía en voz baja – ¿dónde se ha visto que a uno lo viole el marido?”.
       
El camino recorrido parece corto pero los logros han sido muchos, aunque a veces, como Mariana, quisiéramos que fueran más y lo mejor, más rápido. En algunos casos se ha logrado trascender la mirada moralista y desde luego se avanza lentamente en la desestigmatización de aquellas mujeres que optan por el aborto logrando con ello salvar sus vidas y reducir las cifras de quienes mueren por tener que recurrir a abortos mal practicados.
Sin embargo, y por encima del fallo de la Corte el tema sigue siendo un tabú y no se desliga aún de los juicios moralistas y religiosos como le ocurrió a Mariana quien, con cinco meses de embarazo se decidió a denunciar a su pareja por abuso y maltrato. Los exámenes de Medicina Legal determinaron que efectivamente la mujer había sufrido no solo violencia física sino sexual.

Cinco años parecen nada…
Algunos operadores y operadoras de justicia insisten en desconocer la sentencia y en actuar conforme a sus criterios personales. Un ejemplo claro de ello es el propio Procurador General de la Nación. El señor parece no recordar que la Procuraduría General de Colombia es una Entidad que representa a la ciudadanía ante el Estado. Su principal función, por lo tanto, es velar por el cumplimiento de las funciones impuestas por la Constitución y la Ley. (Artículos 275 a 278 de la Constitución Política de Colombia).

Pese a esto el procurador no desaprovecha espacio alguno para dejar ver y sentir sus opiniones personales en temas como el aborto, la familia y la diversidad sexual. El caso más reciente se presentó el pasado 12 de mayo cuando durante el Congreso Internacional de los 20 años de la Constitución Política de Colombia, criticó el fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto. Dijo además que “desear practicarse un aborto debería llamarse deseo de destruir la vida humana” y aseguró que en Colombia “se está dejando el Estado Social de Derecho para pasar al Estado social de los deseos”.[Cfr: http://www.caracol.com.co/llevar.aspx?id=1470620]

Estas palabras del  Procurador Ordoñez hacen pensar que no solo tiene problemas de memoria sino que desconoce que las Sentencias de la Corte no son producto del Estado de los deseos sino del Estado Social de Derecho y que por lo tanto son para cumplirlas, por encima de sus prejuicios y creencias. Como si fuera poco olvida que en diciembre de 2010 la Corte Constitucional le llamó la atención a él y a la Superintendencia de Salud, a través del auto 327, frente al cumplimiento de la cátedra que debe impartirse sobre el aborto. Le dice a demás que él como Jefe del Ministerio Público no debe “obstaculizar la función Pública, sino manifestar y fundamentar su objeción de conciencia y apartarse para que el cumplimiento de la misma sea hecho por otro funcionario”.

Pero el señor Procurador insiste en sus desacertados comentarios. Para la muestra he aquí unos botones:

El martes 11 de mayo de 2010 organizaciones sociales de mujeres y de Derechos Humanos se reunieron en las afueras de la Catedral Primada de Colombia para manifestarse en contra del  “tedeum” o misa católica, convocada por la Procuraduría para celebrar sus 180 años de vida constitucional.[Cfr: http://www.youtube.com/watch?v=G9pd38ZEhM&feature=player_embedded]

Unos meses atrás, el 18 de marzo, la organización Women´s Link Worldwide había presentado una queja disciplinaria contra el Procurador argumentando que el funcionario incumplía con sus obligaciones constitucionales y abusaba de su función pública.

Para esta organización, el procurador no reconoce como parte de los derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos, desconoce el marco constitucional que define los parámetros de protección del feto, e ignora la sentencia del Consejo de Estado que en 2008 indicó que la anticoncepción de emergencia es anticonceptiva y no abortiva. [http://www.youtube.com/watch?v=ml7KJ3N94mI&feature=player_embedded]

¿Y, a las empresas prestadoras de salud quién las ronda?
Esta es una instancia con la que el Estado tiene una responsabilidad inminente pues no hay que olvidar que muchas de las personas que atienden a las mujeres en casos de abortos son incapaces de despojarse de sus creencias religiosas y por lo tanto, no solo las siguen juzgando bajo estas premisas sino que se les niega el acceso a este derecho. Son muchas las mujeres que alegan que en casos como violación se les lleva a extremos en preguntas y se les señala haciéndolas sentir culpables de la decisión tomada.

“Vivía en Suba Rincón, uno de los barrios de Bogotá donde más violencia sexual contra las mujeres he visto y viví en carne propia. En diciembre de 2010, cuando regresaba a mi casa, como  a eso de las ocho de la noche, dos hombres me abordaron preguntándome por una dirección. Algo en mí me decía que no estaría bien. Me angustié mucho al ver que a mi alrededor no había nadie. Intenté correr pero entre los dos me cerraron el paso. No quiero recordar lo que viví. Quedé en embarazo y cada vez que debía contar lo ocurrido ante los jueces para que me fuera permitido abortar, me hacían sentir no como víctima sino como culpable de lo que me había pasado”.

La práctica de abortos en Colombia es reconocida como un problema de salud pública sin embargo, no se cuenta con una base de datos que permita evidenciar la magnitud del problema que conduzca a la puesta en marcha de una política de derechos sexuales y reproductivos que no vea a la educación sexual solo como un requisito sino que lo haga conscientemente y que realice un monitoreo y seguimiento a los logros e impactos obtenidos pues, de lo contrario las campañas y estrategias de educación sexual, anticoncepción, derecho al aborto y la opción de una maternidad segura pasarán desapercibidas y engrosaran la lista de los inventarios de las buenas intenciones.

Es importante, necesario e inminente que el Estado, la sociedad y los medios de comunicación se responsabilicen de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente sus embarazos, con el propósito de asegurarles unas condiciones óptimas y en las que sus vidas sea la única prioridad.

Cumplir con el mandato de la Corte Constitucional es una tarea conjunta y el Estado debe asumirla proporcionado las garantías y contribuyendo a generar una cultura de educación que desmitifique el tema, que eduque a quienes administran la justicia y a las personas que hacen parte del sistema de salud para que se sobrepongan a sus posturas personales y religiosas. En otras palabras para que puedan prestar la atención que las mujeres requerimos de manera equitativa e imparcial y sobretodo respetando el derecho que ya se ha ganado en todo el país. 

La amenaza persiste…
Las mujeres en Colombia, tenemos la obligación de informarnos para hacer que se nos reconozcan nuestros derechos sexuales y reproductivos pero también para ser guardianas de sus avances pues cada día aparecen más interesados en echar para atrás los derechos conquistados como es el caso del senador José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, quién a través de un proyecto de ley busca prohibir la práctica del aborto, incluso en los tres casos señalados.

La iniciativa reformaría el artículo 11 de la Constitución el cual pasaría a decir: “El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural”. Con este cambio se eliminaría constitucionalmente el derecho a que las mujeres en Colombia nos practiquemos un aborto en cualquiera de los tres casos señalados.

Esta iniciativa fue presentada en Medellín, en el mes de abril, justo este año 2011, a pocos días de cumplirse los cinco años de la despenalización del aborto. Aunque parece que el senador no logró mayor apoyo con su propuesta él insiste en que el próximo 20 de julio radicará el proyecto de ley ante el Congreso pues alega que los magistrados que tomaron la decisión de despenalizar el aborto “consagraron la pena de muerte para los niños que están en el vientre de la madre" y dijeron "que no se sabía cuándo empezaba la vida, y para cualquier mortal la vida empieza en la fecundación, porque si no hay esa semilla, no se puede desarrollar". Agregó además que la Corte "le torció el cuello a la Constitución” cuando despenalizó el aborto.

El senador Salazar, llama de manera airada e irresponsable para que se convenza a las personas de que la vida empieza con la fecundación y que “esos tres esperpentos que se han consagrado no se combaten con el aborto” pues según él “la violación que es un delito, no se combate con otro delito”. En otras palabras desconoce el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y nos llama delincuentes al ejercerlo en las tres instancias ya reconocidas por la Corte.

“Una reforma constitucional que diga proteger la vida desde la concepción con la intención de penalizar totalmente el aborto es contraria a las obligaciones internacionales del Estado de proteger la vida y la salud de las mujeres colombianas”, aseguró Mónica Roa, directora de programas de Women's Link Worldwide a propósito de la iniciativa del senador Salazar.

Con iniciativas como esta las mujeres en Colombia no solo volveríamos al año 2005 o más atrás, sino que estaríamos en riesgo, de tener que pagar quién sabe cuántos años de cárcel. Desde luego esta idea es apoyada por la iglesia quien inició una colecta de firmas para apoyar lo que llaman “la defensa a la vida” por encima de los derechos de las mujeres y del riesgo que nuestra vida pueda correr. Como bien sabemos este discurso no es solamente en Colombia. Justo el 7 de junio, en su audiencia tradicional de los miércoles el papa Benedicto XVI, condenó una vez más el aborto ante cerca de treinta mil personas.     

Mientras el tema esté determinado por concepciones moralistas no es posible avanzar en términos de salud pública, prevenir los embarazos no deseados ni mucho menos, respetar los derechos que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo.

“El médico me dijo, a las 18 semanas que mi bebé presentaba un  Onfalocele enorme, es decir, el hígado y los intestinos estaban por fuera del abdomen contenidos en un saco que le salía del ombligo y además presentaba un problema cardiaco por lo tanto, debía decidir si interrumpía el embarazo. Me puse muy triste y le pedí orientación al médico pues soy madre soltera. Él me miró y me dijo, - usted es la que decide señora. Sentí en sus palabras no la orientación científica de un profesional de la salud sino las de alguien que quiere lavarse las manos”. 

La posición religiosa o moral de algunas personas que operan justicia y que atienen a las mujeres en los centros de salud, clínicas y hospitales las llevan a no cumplir con la sentencia de  la Corte generando con ello desconfianza y temor entre las mujeres que prefieren no recurrir a la interrupción del embarazo para evitarse situaciones incómodas o que se las juzgue. Muchas prefieren callar malos tratos antes que denunciar y otras recurren a lugares no apropiados en donde se someten a prácticas no seguras poniendo en riesgo su vida.

“Tengo 17 años y en una rumba con mis compañeros del colegio fui víctima de violencia sexual. Eso es más usual de lo que todo el mundo cree. Yo no dije nada pero como no me llegaba el periodo una amiga me recomendó un lugar para abortar. Fui con ella y allá me aplicaron una inyección y me dieron unas pastillas para tomarme luego. Regresé a la casa y esa noche me empezaron unos cólicos terribles y me vino una hemorragia que no me paraba. Mi mamá me encontró desmayada al otro día”…

Ante estas situaciones no queda más, que seguir trabajando en la promoción de nuestros derechos sexuales y reproductivos y en la educación del sector salud y de los operadores y operadoras de justicia, para ello ahora contamos, en Bogotá, con la oficina regional del Centro de Derechos Reproductivos (CDR) para América Latina y el Caribe.

Ésta es, una organización global que ha trabajado durante casi dos décadas en más de 50 países, en la promoción del acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva, a través de estrategias legales y la promoción de reformas de las políticas.

Tomado de: http://www.indepaz.org.co/

1 comentario:

Anónimo dijo...

Cordial Saludo

Con entusiasmo se está trabajando una red de apoyo mutuo entre grupos, organizaciones y redes de adolescentes y jóvenes para la promoción de derechos sexuales reproductivos (DSR) y prevención de embarazo adolescente (PEA) llamada por ahora “SexualizaTIC”, como parte de las acciones del Plan Nacional de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA.
Esta es una red que aunque comenzó hace poco, cuenta con más de 105 miembros entre los cuales se encuentran lideres juveniles, psicólogos, docentes, médicos, comunicadores, etc.
Lo invitamos a ser parte de esta red y dar a conocer sus comentarios sobre el nombre y la imagen de la página, los temas que puedan ser de interés a desarrollar, los eventos, los tutoriales y los contenidos como videos, fotos, que puedan compartir a nuestra comunidad y que esta pueda seguir consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias.
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