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miércoles, 15 de junio de 2011

¿QUÉ HA PASADO CON LA PROPUESTA DEL FEMINICIDIO?


Marcela Lagarde y de los Ríos

En realidad el feminicidio ha continuado en nuestro país y, de manera emblemática, en Ciudad Juárez donde el nuevo gobierno estatal ha acumulado 8 asesinatos de mujeres en unos cuantos meses que se suman a las más de cuatrocientas de 1993 a la fecha.

Se trata del asesinato de niñas y mujeres inermes acontecidos en una entidad, en la cual se prolongan factores de ingobernabilidad relativos al feminicidio como la inseguridad de las mujeres en sus casas y en espacios públicos y la violencia contra las mujeres perpetrada por hombres, parientes, allegados y desconocidos.

Se mantiene la impunidad que involucra a los asesinos y a quienes debiendo evitar este conjunto de problemas y procurar justicia, no lo han hecho. No cesan los homicidios de niñas y mujeres en el contexto de la violencia mafiosa y delictiva entre hombres y la imposición del poder paralelo de los carteles de la droga. En Ciudad Juárez, prevalece la ilegalidad en un sin fin de prácticas sociales y en las instituciones del Estado: la vida social está marcada por el abuso. Todo ello conduce a un gran desaliento y desamparo social.

Ciudad Juárez es un territorio desbordado demográficamente con un crecimiento económico, comercial y urbano sin desarrollo social y con enormes desigualdades, predominan actividades económicas informales y una industrialización maquiladora con un régimen laboral al margen de la ley definido por diversas formas de explotación. Ciudad frontera, Juárez se caracteriza por el tránsito y el tráfico ilegal de personas y de migrantes, incluso de mujeres con fines de prostitución y pornografía, así como de drogas, armas y dinero. En ella es notaria la insuficiencia de instituciones educativas y culturales, así como de organizaciones sindicales y civiles de defensa y promoción de derechos económicos, sociales, educativos y culturales. Gobiernos de distinto signo partidista se han sucedido durante más de una década de vigencia del feminicidio y los gobernantes van de la negación a la ineficiencia y el cinismo, de tal manera que el problema persiste. A pesar de la actuación de organizaciones civiles promotoras de la justicia, es evidente la ausencia de un compromiso gubernamental con la sociedad civil capaz de procurar la legalidad, la vigencia del estado de derecho y la justicia.

Las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres han recibido una respuesta gobernante tardía y desarticulada, caracterizada por medidas parciales y débiles que no atinan a desmontar las causas de la violencia criminal contra las mujeres, solucionar los casos y llegar a la verdad y la justicia ni a desarticular los procesos que colocan en vulnerabilidad y riesgo vital a las mujeres y han llevado a la muerte violenta a un número intolerable. Y digo intolerable porque no se trata de eventuales homicidios de personas, lo cual sería grave, sino de una situación de insoportable desventaja social de las mujeres y la normalización de la violencia de género que conduce a la privación de la vida a centenas de mujeres. Se suma a esta forma de violencia, la falta de esclarecimiento y de justicia.

Así la impunidad es una violencia adicional sobre las víctimas, sus familiares y allegados y sobre el resto de las mujeres quienes están virtualmente amenazadas y ante el peligro de ser víctimas debido a esta situación. La impunidad es el fenómeno que complementa los asesinatos de niñas y mujeres. En conjunto, la violencia, los asesinatos y la impunidad conforman lo que llamamos feminicidio. La omisión del Estado en torno a la seguridad y la justicia, así como la negligencia y la corrupción, permiten la perpetuación de las condiciones que hacen posible los atentados contra la seguridad, la integridad, la libertad y la vida de las mujeres.

Por eso, el camino que hemos impulsado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados ha sido, entre otros, responsabilizar a los máximos representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, y hacerlos comparecer ante la Cámara; es decir, ante otro poder del Estado que representa a la ciudadanía. En las comparecencias hemos buscado la rendición de cuentas con transparencia para proponer a los comparecientes acciones conjuntas y una corresponsabilidad pública. En su mayoría responden con demagogia, cinismo, ignorancia y falta de profesionalismo. De hecho, realizan acciones fragmentadas e ineficientes para cubrir el expediente. Incluso han mostrado incomodidad ante la solicitud de información sobre las acciones realizadas y sus planes para enfrentar los diversos ángulos del feminicidio. En otros casos sucede lo mismo, pero con buena voluntad y poca incidencia. La simulación se enseñorea en este gravísimo problema nacional.

La Comisión Especial de la Cámara impulsa, con otras comisiones del Congreso, propuestas para elaborar una ley integral para enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. Esperamos discutirla y aprobarla en este periodo de sesiones.

Hasta la fecha, el Estado de Chihuahua no cuenta ni con un diagnóstico de la violencia contra las mujeres ni sobre el feminicidio. Tampoco se ha elaborado y mucho menos se ha puesto en práctica un programa integral de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y no se han realizado acciones para prevenir y evitar los asesinatos de niñas y mujeres. No se han resuelto los casos y no se conoce la verdad. No se ha castigado a los responsables y en las pésimas investigaciones se ha recurrido en varios casos a la tortura y a la detención de hombres que, por ese antecedente, aparecen como culpables fabricados. No se ha hecho justicia ni se ha reparado el daño a familiares de las víctimas.

Incluso el señalamiento que ha hecho la Fiscalía Especial a funcionarias y funcionarios de faltas o delitos es demagógica en tanto no se avanza en su castigo ni en la renovación de policías, ministerios públicos, jueces y funcionarios con personal calificado y probo. En la atención de familiares perviven prácticas clientelares y de manipulación, apoyos dudosos y paternalistas, acarreos políticos, acoso y descrédito. En el Estado de Chihuahua, el feminicidio se ha partidizado y se da una confrontación entre organizaciones y redes civiles que buscan la solución del problema con grupos empresariales y civiles y con funcionarios que buscan eludir su responsabilidad, minimizar el problema y reducen su atención a medidas de fuerza, tecnocráticas criminalísticas y culpabilizan a las víctimas, como si ellas hubiesen propiciado la violencia y su asesinato. Diversos gobernantes disminuyen el problema y, para variar, dicen que el problema es un asunto del pasado. No sólo eso, argumentan que en todas las ciudades hay asesinatos de mujeres.

Así, se ahonda el descrédito gubernamental y se mantiene la exigencia de solución con verdad y justicia realizada por familiares y organizaciones civiles de mujeres, feministas y de defensa de los derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Congreso de la Unión, a través de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y del Senado, y de organismos internacionales tan importantes como la ONU. El último informe presentado el 27 de enero de 2005 por las expertas María Yolanda Ferrer Gómez y María Regina Tavares de Silva del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) de la ONU, reafirma un diagnóstico negativo sobre la intervención gubernamental, denuncia la corrupción y la impunidad y exige al gobierno de México la debida atención.

La continuación de los asesinatos de mujeres es un lastre y un descrédito internacional para los gobiernos federal, estatal y municipal. México es conocido en países distantes por el horror de lo que acontece en Juárez con las mujeres y con los responsables gubernamentales incapaces de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres, hecho intolerable en cualquier circunstancia y en mayor medida en un país supuestamente democrático y formalmente en paz. Un país en el que no está institucionalizado el derecho a la violencia contra las mujeres ni el derecho a privarlas de la vida. Pareciera que en México la normatividad patriarcal y misógina fuera ley, que viviéramos bajo una dictadura y en estado de guerra, condiciones que, de acuerdo con especialistas, permitirían explicar la pervivencia del feminicidio.

De hecho, la sociedad mexicana en su conjunto está sujeta a escrutinio. Mientras persista el feminicidio, no es posible asegurar que vivimos en democracia, con desarrollo social, equidad y paz, como aseguran quienes nos gobiernan. La exigencia es cada vez mayor: México necesita una política de Estado capaz de enfrentar la inseguridad, la violencia y el asesinato de mujeres. La solución de este gravísimo problema requiere del reconocimiento de su magnitud e importancia y de algo más que voluntad política: un compromiso del Estado y de la sociedad con la vida y la libertad de las mujeres.

Tomado de: http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/comision/propuesta.pdf

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