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domingo, 24 de julio de 2011

¿Tipificar el Femicidio?

Por: Patsilí Toledo Vásquez*

1. Femicidio, violencia contra las mujeres, violencia de género

En los últimos años, junto con la mayor sensibilidad de la opinión pública frente a la violencia contra las mujeres –en particular la que se produce al interior de relaciones de pareja, actuales o pasadas– y la reacción del sistema judicial frente a ella, se ha debatido con mayor intensidad en torno a la revisión del marco jurídico-penal aplicable a la sanción de estas conductas en nuestro país. Durante el año 2007, dentro de las diversas propuestas presentadas a tramitación legislativa frente a esta problemática, una de las más controvertidas en el plano político y jurídico ha sido la que prevé la creación de un tipo penal especial para la sanción del femicidio1, concepto bajo el cual se comprenden los homicidios de mujeres cometidos por sus parejas actuales o pasadas.

El concepto de femicidio o feminicidio, sin embargo, ha sido ampliamente utilizado en la literatura feminista2 y en el movimiento de mujeres por más de una década, para aludir a –e inicialmente, hacer públicamente visibles– los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que, por tanto, favorece y las expone a múltiples formas de violencia. De hecho, el reciente debate mediático y político nacional tiende a restringir el concepto al llamado femicidio íntimo, que comprende el cometido por el hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia o afín; la noción política de femicidio ha tenido y tiene un alcance mucho mayor.

Así, figuras como el femicidio sexual, en que –sin existir aquellos vínculos– el elemento común a los homicidios de mujeres es la violencia sexual ejercida contra las víctimas, como ocurre en los masivos y conocidos casos de México –Ciudad Juárez– y Guatemala, en los que se suma la impunidad de facto que los rodea, como consecuencia de las graves deficiencias o negligencias de la actividad estatal. En todo caso, esta figura también es extensiva, en general, a los homicidios precedidos de violación u otras formas de violencia sexual3, incluyendo los que se producen en tiempos de conflicto armado, los homicidios de trabajadoras sexuales, etc.

La noción de femicidio incluye, entonces, tanto los crímenes cometidos dentro de la llamada esfera ‘privada’ como ‘pública’, tal como lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En su artículo 1°, la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (destacado nuestro).

El concepto dado por la Convención de Belém do Pará incorpora la expresión género y, en efecto, esta Convención fue el primer tratado internacional de derechos humanos en utilizar este término –en el sentido que venía utilizándose en las ciencias sociales desde la década de 1970–, aunque sin dotarlo de una definición. En el sistema universal, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incorpora la voz género y la define, indicando que “se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”4. Si bien esta limitada definición ha sido criticada desde diversas perspectivas5, en ella se enfatiza el elemento común a las diversas elaboraciones teóricas sobre el concepto de género: la construcción social que subyace al entendimiento de la feminidad y la masculinidad en un contexto dado.

Por ello la violencia de género, basada en el género o por razones de género es una categoría que comprende la violencia contra las mujeres – la forma más masiva y persistente de violencia de género– pero que no se limita a ella6. Comprende también aquella dirigida, de la misma manera por razones de género, a quienes poseen orientación o identidades de género distintas a las dominantes en nuestras sociedades, como ocurre con lesbianas, homosexuales, personas intersex, trangénero o transexuales, así como ciertas formas de violencia que incluso pueden afectar a hombres que siguen o deben seguir los patrones de género dominantes (como en casos de reclutamiento de niños en Fuerzas Armadas).

En cualquier caso, la violencia de género, en sus diversas manifestaciones, incluida la sexual, afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por ello el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que la violencia contra las mujeres –en la medida que se dirige a ellas por el hecho de ser tales o porque las afecta en forma desproporcionada– es también una forma de discriminación contra la mujer7.

2. La ‘sexualización de la respuesta punitiva’8 frente a la violencia de género

La obligación general de garantizar los derechos humanos que emana de los tratados internacionales sobre la materia incluye la obligación de adoptar las medidas legislativas que tiendan a asegurar su goce. Éstas se concretan a través de la adopción de nuevas leyes, así como la derogación o reforma de las normas existentes que resulten incompatibles con el tratado. Estas medidas legislativas, en particular cuando se trata de los derechos a la vida y a la integridad física
y psíquica de las personas, incluyen también las normas penales destinadas a sancionar los actos que constituyen atentados contra estos derechos.

Frente a la violencia contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones, dado su relativamente reciente reconocimiento como forma grave de violación de derechos humanos, las medidas legislativas se encuentran aún en plena evolución. Éstas, en lo penal, abarcan desde la derogación de disposiciones penales de contenido discriminatorio –lo que ha ocurrido en especial en materia de delitos sexuales así como en figuras que exculpaban parcialmente ciertas formas de violencia contra las mujeres9–, a la sanción específica de conductas de violencia al interior de relaciones de familia (como actos de ‘violencia intrafamiliar’ en nuestro país y otras legislaciones) y también en la comunidad, como ha ocurrido con figuras como la trata de personas y el acoso sexual10.

La mayor parte de estas nuevas leyes penales son neutras en cuanto a género, es decir, a pesar que abordan formas de violencia que afectan principalmente a mujeres, las conductas se tipifican de modo tal que tanto el sujeto activo como pasivo del delito puedan ser mujeres u hombres. En el caso de los delitos sexuales, por ejemplo, y aunque las cifras evidencian que las principales víctimas son mujeres y niñas, los tipos penales no exigen que los sujetos pasivos lo sean.

Sin embargo, en los últimos años, algunas legislaciones comienzan a plantear alternativas que abandonan la tradicional neutralidad de género de los tipos penales, en relación a la violencia contra las mujeres, especialmente respecto de la violencia en el espacio privado, doméstico o intrafamiliar, dada la magnitud y gravedad de este tipo de violencia y sus consecuencias.

Dentro de estos modelos normativos, la opción seguida por el Código Penal sueco, ya desde 1998, fue la incorporación de un tipo penal denominado “grave violación de la integridad de la mujer”, en el Capítulo 4, relativo a los “Delitos contra la libertad y la paz” en los siguientes términos:

Sección 4 a
Una persona que cometa alguno de los actos criminales definidos en los Capítulos 3 (Delitos Contra la vida y la Salud), 4 (Delitos contra la Libertad y la Paz) o 6 (Delitos Sexuales) en contra de otra persona que tenga, o haya tenido, una relación cercana con el perpetrador y si el acto forma parte o es un elemento de una violación sistemática de la integridad de esa persona y constituye un severo daño psicológico para su autoestima, será sentenciada por grave violación de la integridad a presidio por no menos de seis meses y hasta un máximo de 6 años.
Si los hechos descritos en el primer párrafo son cometidos por un hombre contra una mujer con quien está, o ha estado casado o con quien está, o ha estado conviviendo bajo circunstancias comparables con el matrimonio, será sentenciado por grave violación de la integridad de la mujer, al mismo castigo (Ley 1998:393)11.

La opción planteada por el legislador sueco prevé un tipo penal especial para abordar únicamente la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales, sin alterar la penalización, que es idéntica para cualquier otro caso de violencia ejercida dentro de relaciones ‘cercanas’ actuales o pasadas. Esta alternativa privilegia, por un lado, el efecto simbólico de la ley penal, haciendo visible la particular violencia que afecta a las mujeres en relaciones heterosexuales –dada su masividad, severidad e impacto social– y la importancia de la reacción penal frente a ella. Y por otro lado, también permite lograr efectos de carácter más bien práctico pero no por ello menores, ya que al existir una disposición ‘especial’ se simplifica la generación de información estadística desagregada, junto con facilitarse el seguimiento de la acción del aparato de justicia y de la jurisprudencia frente a esta forma de violencia contra las mujeres. Estos aspectos ‘prácticos’ resultan fundamentales considerando que la información estadística es imprescindible para la elaboración de políticas de prevención adecuadas frente a la violencia contra las mujeres, incluyendo determinación de factores de riesgo vital, entre otros12, a lo que se suma la cada vez más reconocida relevancia del derecho procesal penal y de la aplicación del derecho penal sustantivo en la efectiva y adecuada persecución y sanción de los delitos de violencia contra las mujeres.

Más recientemente, destaca en cambio la opción seguida por la normativa española a partir de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 200413. Esta ley –que comprende medidas de carácter laboral, educativo, sanitario y publicitario, entre otras–, en lo referido al ámbito penal, ha incorporado al Código Penal disposiciones que prevén una penalización agravada en ciertos actos de violencia cuando han sido cometidos por un hombre contra “su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”14, en lo que se ha llamado una ‘sexualización de la respuesta punitiva’.

En esta normativa, entonces, no sólo se caracteriza por la especificación del género de sujeto activo y pasivo –como en el modelo sueco–, sino que además sanciona más severamente la conducta violenta cometida por un hombre en contra de una mujer de quien es o ha sido pareja o cónyuge, que la misma conducta cometida por una mujer en contra del hombre del que es o ha sido pareja, o los casos en que esta conducta se produzca al interior de una pareja o matrimonio de homosexuales o lesbianas15. En efecto, estos casos no quedan comprendidos en la ley, por lo que sólo se les aplicará, cuando corresponda, la legislación penal común. Respecto de la justificación de esta medida la Exposición de Motivos señala que “[p]ara la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar firmeza plasmándolas en tipos penales específicos”16. Por cierto, la ley no sólo crea tipos penales específicos –como también lo hace el legislador sueco– sino que además impone penas diferenciadas en base únicamente al género del sujeto activo y pasivo, lo que ha dado origen a un debate sobre la constitucionalidad de sus disposiciones17.

El proyecto de ley en tramitación en Chile para penalizar el femicidio, en cambio, parece responder a un criterio similar al seguido por la legislación, ya que sólo escinde del tipo penal de parricidio la figura de femicidio, aplicándose la misma pena en ambos casos18, con lo cual se evita la discusión sobre la constitucionalidad de una penalización diferenciada, manteniendo los efectos simbólicos y formales deseados por quienes promueven la normativa. En ello, es también similar a la forma en que se ha tipificado el femicidio en Costa Rica –hasta ahora, el único país que ha penalizado expresamente esta figura– en que, a pesar de contemplarse el tipo en una ley especial19, se sanciona este nuevo delito con la misma pena que el Código Penal costarricense prevé para el homicidio calificado por razón de parentesco o concubinato20, operando sólo una extensión en lo que dice relación con las uniones de hecho o convivencia.

3. Protección específica: ¿protección excluyente?

Las opciones legislativas señaladas precedentemente coinciden en la inclusión de delitos específicos para sancionar la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja heterosexuales, abandonando el modelo tradicional, formalmente neutro, de la formulación de los tipos penales. La justificación de todos estos tipos de legislación especial –ya sea a través de leyes especiales, como en España y Costa Rica, o de tipos penales específicos incorporados al Código Penal, como en Suecia y el proyecto chileno– se encuentra por cierto en la magnitud, severidad y gravedad de las consecuencias de esta particular manifestación de la violencia de género contra las mujeres. La necesidad de una reacción penal específica, dadas estas consideraciones, no parece presentar mayores inconvenientes a menos que se prevea una penalidad diferenciada, como es la controversial situación del modelo español.

Pero en el caso del feminicidio o femicidio es relevante considerar, además, otro factor en el análisis jurídico y político: la conveniencia o no de legalizar estos conceptos y los efectos de esta legalización en el uso político de los mismos. Esto, especialmente considerando que ciertas definiciones legales apuntarán a fenómenos diferentes. En este sentido, por ejemplo, tanto la ley costarricense como el proyecto de ley en Chile solo abordan –parcialmente– lo que se ha denominado femicidio íntimo, excluyendo de la denominación tanto las muertes causadas por otras personas del entorno cercano a la mujer, como las ocurridas en otros contextos. Esta noción de femicidio es distinta, en efecto, del fenómeno ya referido en México y otros países centroamericanos –femicidio sexual–, cuya expresa penalización también se pretende, desde hace algunos años21. En el caso de México, además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado acelerar la aprobación de la enmienda al Código Penal que tipifica el feminicidio como delito22.

No cabe duda que la obligación de cada Estado de actuar con la debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres, comprende la adopción de todas las medidas adecuadas para hacer frente a esta violencia, teniendo en consideración las particularidades que se presente en el país de que se trate. Es evidente, entonces, que frente a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en Guatemala, caracterizados tanto por la excepcional brutalidad con que han sido cometidos, así como por la impunidad de hecho que rodea a los responsables, se exijan de los Estados involucrados respuestas adecuadas a esa realidad, incluyendo el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y los procesos judiciales para la investigación y sanción de los crímenes; del mismo modo que en otros contextos –como en Chile o Costa Rica– las prioridades pueden apuntar a otros grupos de casos.

Sin embargo, el riesgo de una tipificación que busque establecer una penalización especial de sólo ciertas formas de violencia contra las mujeres, sin que exista una disposición que –en términos más generales– sancione la misma conducta dirigida a otros sujetos, puede eventualmente dar lugar a restricciones o exclusiones de difícil justificación. Así, por ejemplo, en el caso de la legislación española, que restringe la “violencia de género” a aquella que tiene lugar dentro de una relación de pareja heterosexual, actual o pasada, por el hombre en contra de la mujer, la violencia que ocurre al interior de parejas de homosexuales y lesbianas –que además en España pueden estar casadas– no se sanciona de la misma manera, a pesar de tratarse también de relaciones de pareja y de formas de violencia en la esfera íntima. En este sentido, resulta atractiva la propuesta del Código Penal sueco, que contiene ambas disposiciones en un mismo artículo, dotando de visibilidad especial la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales, pero sin excluir de la misma protección penal otras formas de violencia en esta esfera.

El mismo riesgo conllevan los tipos penales sobre femicidio íntimo ya señalados –de Costa Rica y el proyecto de ley chileno–, en términos que pueden dar lugar a la exclusión de protección respecto de otras relaciones de pareja y de familia. En particular, en el caso de Chile, nos encontraríamos con una legislación relativa a actos de ‘violencia intrafamiliar’ cuyo alcance comprende también, por ejemplo, relaciones homosexuales23, mientras que el tipo penal encargado de sancionar la forma más extrema de esta violencia excluiría a las parejas de este carácter. De igual modo, las propuestas legislativas que pretenden la sanción del feminicidio sexual contienen la misma restricción, con lo cual los asesinatos de travestis, por ejemplo, quedarían excluidos de esta normativa, debiendo ser juzgados como delitos comunes, a pesar de tratarse de una forma clara de violencia de género.

Estas consideraciones revisten una importancia sustantiva, y debieran dar lugar a formulaciones penales que –junto con reconocer la necesidad de legislar ‘sexualizando la respuesta punitiva’ para efectos simbólico-penales y la mejor actuación y supervisión del funcionamiento del aparato de justicia en estos casos– contengan de manera comprensiva los supuestos de violencia de género que se busca sancionar. En la medida que se reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación, la legislación que busca sancionarla es legislación antidiscriminatoria, por lo cual debe extremarse el cuidado en su elaboración, a fin de evitar que estas normas, llamadas a contribuir a superar la discriminación en contra de las mujeres, puedan a su vez reproducir nuevas formas de discriminación, también por razones de género, esta vez en contra de colectivos más reducidos: contra quienes poseen una orientación o identidad sexual, simplemente, disidente.

Notas

* Abogada. Investigadora invitada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Actualmente es alumna de Doctorado en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona.
1 El proyecto de ley que “Modifica el Código Penal y el Decreto Ley N.° 321, de 1925, para sancionar el ‘femicidio’, y aumentar las penas aplicables a este delito” (Boletín: 4937-18) fue presentado a tramitación legislativa en abril de 2007. En este artículo sólo abordaremos lo referido a la tipificación del femicidio, sin examinar otros aspectos del proyecto de ley.
2 El uso generalizado de este neologismo se produce especialmente a partir del libro Femicide: The Politics of Woman killing, de Jill RADFORD y Diana RUSSELL (Twayne Publishers, Nueva York, 1992). Hacia el final de este artículo, utilizamos especialmente la expresión femicidio (contenida en el proyecto de ley que motiva este comentario) equivalente a la inglesa femicide, a pesar que en diversos países latinoamericanos se prefiere la palabra feminicidio. En países de la región existe debate a nivel teórico sobre la pertinencia del uso de la expresión femicidio en relación a estos crímenes, ya que para ciertas autoras esta palabra sólo aludiría al acto de dar muerte una mujer (equivalente a homicidio), en tanto la expresión feminicidio permitiría incluir la motivación basada en el género o misoginia. Otras autoras agregan como elemento del feminicidio la impunidad (de hecho) o inacción estatal frente a los crímenes, enfatizando la responsabilidad del Estado en ellos, o extienden su uso a agresiones que no necesariamente provocan la muerte de las víctimas. Sobre las diversas posturas al respecto, ver: CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS. I Informe regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2006. pp. 33 a 41.
3 En este sentido, cabe recordar los femicidios ocurridos en Chile en Alto Hospicio, Iquique, entre 1999 y 2000, en que también la reacción policial y judicial inicial frente al caso fue fuertemente cuestionada. Al respecto, ver SILVA, Jimena. Ángeles del Desierto. Implicancias de los contratos sociales-sexuales en los crímenes de la comunidad Alto Hospicio, Iquique, Chile. Universidad José Santos Ossa. Antofagasta. 2003.
4 Art. 7.3 del Estatuto.
5 Al respecto ver OOSTERVELD, Valerie, The Definition of “Gender” in the Rome Statute of the International Criminal Court: A Step Forward or Back for International Criminal Justice?. Harvard Human Rights Journal, Volume 18, Spring 2005.
6 Un concepto restringido es el que contiene, por ejemplo, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de España, de 28 de diciembre de 2004. En Art. 1.1 señala: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Esta normativa se limita, entonces, a la violencia de género contra las mujeres, en ciertas relaciones precisas y determinadas.
7 Recomendación General N.° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
8 En términos de María ACALE SÁNCHEZ, en su libro “La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código Penal”. Editorial Reus. Madrid, 2006. p. 11.
9 Tales como tipos penales de acuerdo a la buena o mala ‘fama’ de la mujer víctima, los efectos penales del matrimonio posterior del ofensor con la ofendida, la sanción del delito de adulterio de la mujer, etc.
10 Aunque no tipificado como delito en Chile, sí lo ha sido en países tales como España, México, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Venezuela y Brasil.
11 Traducción libre. Versión en inglés del Código Penal sueco disponible en http://www.legislationline.org/upload/legislations/59/94/4c405aed10fb48cc256dd3732d76.pdf
12 Sin embargo, éste es un déficit en la mayor parte de los países latinoamericanos, incluido Chile.
13 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
14 En los delitos de lesiones agravadas (Art. 148), malos tratos (Art. 153), amenazas de un mal no constitutivo de delito (Art. 171) y coacciones (Art. 172).
15 En este punto resulta interesante constatar que en nuestro país, la actual legislación penal sobre violencia intrafamiliar no sólo no plantea una penalización diferente, sino que tampoco existe restricción respecto de los sujetos activo y pasivo, por lo cual esta legislación también ha sido aplicada a relaciones de convivencia de parejas homosexuales. En este sentido, la sentencia de 8 de enero de 2007 de la Corte de Apelaciones de La Serena al rechazar un recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia condenatoria por el delito de maltrato habitual, dictada por el Juzgado de Garantía de Combarbalá en contra de un sujeto por agresiones a su pareja homosexual y al hijo discapacitado de éste (RUC 060028438-K).
16 Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004. III parte.
17 Respecto de cuya constitucionalidad deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional español, dados los múltiples requerimientos de inconstitucionalidad planteados hasta la fecha. En todo caso, es previsible que este pronunciamiento pueda tardar un par de años más.
18 El proyecto propone el reemplazo del actual Art. 390 del Código Penal, por el siguiente: “El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o la que dé muerte al varón con que esté o haya estado ligada como cónyuge, conviviente o a través de otra relación afectiva, incurrirá en el delito de parricidio y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Asimismo, con la misma pena será sancionado, como femicida, el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a la mujer con la que esté o haya estado ligado como cónyuge, conviviente o a través de cualquiera otra relación afectiva”.
19 En el Art. 21 de la Ley N.° 8589, de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (2007).
20 El Art. 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres señala: “Femicidio. Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.” El Código Penal, en tanto, señala en su Art. 112: “Homicidio calificado. Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate: 1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su manceba o concubinado si han procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración del hecho. [...]” (destacado nuestro).
21 En México, la iniciativa de Decreto ‘que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, “De los Delitos de Género”, y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y adiciona un numeral 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada’ fue presentada el 7 de diciembre de 2004 y aprobada (sin votos en contra) por la Cámara de Diputados en abril de 2006. La tipificación del feminicidio se encontraba también en la iniciativa de ‘Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’, sin embargo, esta norma finalmente fue aprobada (en febrero de 2007) habiéndose eliminado la penalización especial del feminicidio, y conteniendo, en cambio, otras medidas frente a la ‘violencia feminicida’.
22 El Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales al 6° Informe Periódico de México, señaló: “15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto de Ley general para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia (...)”.
23 Ver nota 15.

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