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viernes, 30 de septiembre de 2011

Defendiendo a Defensoras de los Derechos Humanos en Zimbabue: Un Examen de las Complejidades

Por: Amanda Shaw 

Las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue son arrestadas en forma rutinaria, detenidas ilegalmente y sometidas a malos tratos mientras están en prisión, todo por participar en protestas pacíficas. AWID intenta dilucidar las complejidades del contexto en que ellas trabajan para comprender cómo les afectan la violencia por motivos políticos, el proceso de reforma agraria y la pandemia del VIH y sida.

El pasado 28 de junio, la Fundación Internacional para la Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Front Line) llamó a una acción urgente relacionada con la sospecha de que integrantes de la organización Mujeres de Zimbabue ¡Levantémonos! (WOZA) habían sido envenenadas. Ocho de ellas tuvieron que ser hospitalizadas después de haber visitado una propiedad de WOZA usada para reuniones, donde percibieron fuertes olores de productos químicos. Cuando llegaron al lugar, que había estado ocupado durante doce días por la Policía de la República de Zimbabue, notaron objetos sospechosos, daños a las instalaciones y artículos faltantes. WOZA, que defiende los derechos de las mujeres y tiene más de 75,000 integrantes en todo Zimbabue, ha sido blanco de represión en el pasado por este trabajo. 

El caso de WOZA es apenas uno relacionado con defensoras de los derechos humanos en Zimbabue sobre el cual AWID ha actuado recientemente. Además de la alerta de Front Line, en marzo de 2011 Amnistía Internacional manifestó preocupaciones por la generalizada represión del disenso en este país y reportó que la represión contra defensores de los derechos humanos está intensificándose. Al mismo tiempo, las defensoras zimbabuenses también han estado siendo reconocidas por su labor, como en el caso de Nyaradzayi Gumbonzvanda, quien este año obtuvo el Premio a Defensoras de los Derechos Humanos otorgado por la Asociación de Abogadas de Zimbabue (ZWLA). En esta edición de Notas de los Viernes, AWID examina el caso de las defensoras zimbabuenses e intenta dilucidar algunas complejidades del contexto en el que trabajan. 

Antecedentes 

El partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) del Presidente Robert Mugabe ha gobernado el país desde que éste se independizó de Gran Bretaña en 1980. Después de la independencia, los enfrentamientos entre el gobierno de Mugabe y la disidente Unión Popular Africana de Zimbabue (ZAPU) condujeron a una campaña de “pacificación” conocida como Gukurahundi en la que se asesinó por lo menos a 20,000 civiles. La ZANU-PF y sus aliados políticos han usado frecuentemente la violencia como herramienta política, y la lucha suele extenderse a zimbabuenses comunes, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos (incluidas las defensoras).[1] En gran medida los perpetradores – sobre todo simpatizantes de la ZANU-PF, los llamados “veteranos de guerra”, jóvenes milicianos y fuerzas de seguridad estatales[2] – quedan sin castigo por esta violencia, que incluye asesinatos, torturas y malos tratos ilegales.[3] 

Históricamente, la violencia política se ha intensificado en torno a las elecciones y ha incluido violencia por motivos de género contra defensoras de los derechos humanos y mujeres que participan activamente (o se sospecha que lo hacen) en el principal partido de oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). El MDC ha compartido el poder con la ZANU-PF desde las elecciones en 2008 y se rehusó a participar en el reciente llamado a elecciones por parte de Mugabe. Ellas mencionan el temor a violencia contra simpatizantes como una preocupación fundamental e instan a que se adopten reformas electorales y al sector de seguridad, además de una nueva Constitución, como prerrequisitos para las elecciones nacionales. 

Otra fuente de tensión política es el controversial Programa de Reforma  Agraria Acelerada, cuyo objetivo es una rápida redistribución de la tierra para afrontar la disparidad de la propiedad y uso de este recurso entre gente blanca y negra en el país. Un informe de Human Rights Watch describe las violaciones a los derechos humanos asociadas al carácter acelerado del proceso de reforma agraria, las cuales incluyen: violencia durante las operaciones agrarias, ataques contra agricultores blancos, ataques contra trabajadoras agrícolas negras (incluyendo violación), uso de granjas como bases para hostigar a simpatizantes de la oposición, fallas en el debido proceso y la protección policial, discriminación en la distribución de la tierra, desplazamiento y marginación de trabajadores agrícolas y alteración de las actividades de organizaciones rurales. Los desalojos forzados asociados al programa han afectado particularmente a las mujeres, que representan el 70 por ciento de trabajadores de granjas y la mayoría de pequeños comerciantes en áreas rurales, restringiendo su acceso a ingresos, alimentos, salud, educación y vivienda.[4] 

La pandemia del VIH y sida también afecta a las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue al negárseles medicamentos antirretrovirales mientras están detenidas, cuando quedan expuestas al riesgo de adquirir el VIH como resultado de violencia sexual y/o porque a menudo deben cuidar a sus dependientes además de desempeñar su trabajo de derechos humanos. Esto se aplica especialmente a Zimbabue, donde se encuentra una de las tasas más altas de infección por VIH y sida a nivel mundial (aproximadamente una de cada diez personas tiene el VIH), y al mismo tiempo es escaso el acceso al tratamiento antirretroviral y en general apenas funciona el sector de salud en el país. Las mujeres que denuncian violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad o facciones políticas también han reportado que son rechazadas por personal médico que aduce temer represalias de los perpetradores si brinda tratamiento a las mujeres, lo cual conduce a más violaciones a sus derechos. [5] 

Las defensoras de los derechos humanos en Zimbabue 

Las mujeres en Zimbabue tienen una sólida historia de movilización contra las injusticias, habiendo cabildeado desde la independencia por la adopción de leyes y políticas que promuevan y protejan sus derechos. Han luchado por la reforma a la ley del matrimonio y leyes discriminatorias sobre la herencia, además de haber logrado el reconocimiento de la mayoría de edad legal de las mujeres y la aprobación de la Ley sobre Violencia Doméstica por parte de la Cámara Baja.[6] También ha sido en parte mediante la lucha por sus derechos a alimentos, vivienda y saludo[7] que las mujeres en Zimbabue a menudo se han convertido en defensoras de los derechos humanos. 

WOZA surgió en 2003 como un movimiento por la justicia social al que le preocupaba el desproporcionado impacto del declive económico del país sobre el acceso de las mujeres a bienes y servicios básicos tales como alimentos, agua, cuidados de salud, electricidad y educación. Alentando a las mujeres a defender sus derechos y libertades, WOZA las apoya cuando se pronuncian en torno a asuntos que las afectan y las ayuda a adquirir confianza para asumir liderazgo en las decisiones comunitarias. Como resultado de su promoción y defensa y protestas pacíficas contra las acciones de funcionarios gubernamentales, proveedores de servicios y la policía, en repetidas ocasiones las integrantes de WOZA han sido arrestadas, detenidas (algunas veces mientras están embarazadas o con niñas y niños pequeños)[8] y acusadas de conformidad con leyes represivas. También se les ha negado acceso maíz subsidiado en áreas rurales para castigarlas por su activismo. 

Desde 2003, centenares de defensoras de los derechos humanos en Zimbabue han sido detenidas o arrestadas arbitrariamente por organizar marchas, reuniones u otras manifestaciones pacíficas, [9] y organizaciones que defienden los derechos humanos suelen ser objeto de vigilancia e interferencia estatales injustificadas. Leyes represivas como la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley sobre Infracciones Misceláneas son usadas por la policía con el fin de negar a defensoras y defensores de los derechos humanos el permiso para realizar manifestaciones pacíficas o arrestarles o detenerles arbitrariamente. Estas leyes violan los derechos de las defensoras de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, además de socavar su trabajo legítimo en materia de derechos humanos. 

Defensoras de los derechos humanos en Zimbabue han denunciado que durante el arresto, detención u hostigamiento arbitrario sufrieron ataques verbales sexistas, humillación, tortura psicológica y física, así como trato inhumano o degradante, incluyendo alojamiento en condiciones deplorables y negación de alimentos y de acceso a asesoría legal y atención médica o medicamentos.[10] 

Las diferencias entre defensoras de los derechos humanos en Zimbabue, tales como raza, clase, etnia, condición de veteranas y región, entre otras, también afectan la manera en que son tratadas y se violan sus derechos humanos. Por ejemplo, mujeres rurales reportaron destrucción de su propiedad, desplazamiento, violación sexual y tortura más frecuentemente que mujeres urbanas, quienes reportaron una mayor cantidad de ataques, detenciones ilegales y amenazas de muerte.[11] Las defensoras también tienen más probabilidades de sufrir violencia a manos de fuerzas estatales, mientras que mujeres políticamente activas suelen ser puestas en la mira de miembros de partidos políticos opuestos.[12] 

La labor de las defensoras de los derechos humanos es protegida por la ‘Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos’. Sin embargo, en este contexto de altos niveles de violencia política y de género, no es fácil distinguir entre las violaciones a los derechos humanos de estas defensoras y la violencia por motivos políticos (que a menudo conduce a violaciones de derechos humanos). En Zimbabue, las defensoras de los derechos humanos defienden los derechos de las mujeres y trabajan para resaltar el impacto que sobre las mujeres tiene el deterioro de la situación económica, política y social. Cuando se pronuncian por sus derechos, las defensoras zimbabuenses suelen verse envueltas en violencia política que afecta a actores partidistas. Aunque sufren tipos de violaciones a los derechos humanos similares a los que afectan a los defensores, sus experiencias y el impacto de estas violaciones son específicos a su sexo. 

En medio de la incertidumbre respecto a las nuevas elecciones, será importante monitorizar la situación de las defensoras de los derechos humanos en el terreno y seguir prestando atención a su trabajo. En el caso de organizaciones como WOZA, continuar su labor en materia de derechos humanos requiere reformas que pongan fin a la impunidad de violadores de los derechos humanos y la promulgación de políticas que promuevan, entre otros, los derechos humanos de las mujeres a alimentos, seguridad, salud y educación. 

Notas: 

1. Human Rights Watch, ‘“Bullets for Each of You”. State-Sponsored Violence since Zimbabwe’s March 29 Elections’, [“Balas para cada uno de ustedes”. Violencia patrocinada por el Estado desde las elecciones del 29 de marzo en Zimbabue], 9 de junio de 2008, pág. 10.
2. Ibíd. Ver también: Human Rights Watch, ‘Zimbabue: No hay justicia para la creciente ola de asesinatos y torturas’, 8 de marzo de 2011.
3. Research and Advocacy Unit, ‘Politically Motivated Violence against Women in Zimbabwe, 2000-2010. A review of the public domain literature’ [Violencia por motivos políticos contra las mujeres en Zimbabue, 2000-2010. Un examen de la literatura de dominio público], agosto de 2011, págs. 19-20. Ver también: Amnistía Internacional, ‘Las mujeres al frente de las protestas contra la política del gobierno se enfrentan a una represión cada vez mayor’, 25 de julio de 2007.
4. Amnistía Internacional, ‘Zimbabwe: Between a Rock and a Hard place – Women Human Rights Defenders at Risk’, [Zimbabue: Entre la espada y la pared – Defensoras de los derechos humanos en riesgo], 25 de julio de 2007, págs. 2-3. Ver también: Amnistía Internacional, ‘Activistas detenidas en Zimbabue’, 22 de septiembre de 2011; Ridderbos, Katinka, ‘La apatridia entre los antiguos trabajadores agrícolas de Zimbabue’, Revista Migraciones Forzadas No. 32, junio de 2009; Elich, Gregory, ‘Las distorsiones occidentales sobre la reforma agraria en Zimbabue puestas en tela de juicio’, Global Research, 3 de marzo de 2011.
5. Ibíd., nota 3, pág. 18.
6. Amnistía Internacional, ‘Zimbabwe: Between a Rock and a Hard place – Women Human Rights Defenders at Risk’, [Zimbabue: Entre la espada y la pared – Defensoras de los derechos humanos en riesgo], 25 de julio de 2007, pág. 10.
7. Ibíd., pág. 3.
8. Amnistía Internacional, ‘Zimbabwe: Continued Clamp Down on Dissent’ [Zimbabue: Fuertes medidas continuas contra el disenso], Presentación de Amnistía Internacional al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas en marzo de 2011, 31 de julio de 2011, pág. 4.
9. Ibíd., págs. 2-3.
10. Ibíd., pág. 4. Ver también: Amnistía Internacional, ‘Zimbabue debe permitir debate sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado’, 31 de marzo de 2010.
11. Research and Advocacy Unit, ‘National Constitutional Assembly. Fighting for a New Constitution: Human Rights Violations experienced by Female Members of the National Constitutional Assembly’ [Asamblea Nacional Constituyente. Luchando por una nueva Constitución: Violaciones a los derechos humanos sufridas por mujeres integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente], diciembre de 2009, pág. 3.
12. Ibíd, pág. 5.

Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 30 de septiembre de 2011. Traducción del inglés: Laura E. Asturias. Título original: ‘Defending Women’s Human Rights in Zimbabwe – Examining the Complexities’.

Licencia del artículo: Creative Commons - Titular de la Licencia de artículo: AWID

Tomado de: http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/Defendiendo-a-defensoras-de-los-derechos-humanos-en-Zimbabue-un-examen-de-las-complejidades

Repudio A La Violación De Los Derechos De Los Pueblos Indígenas

Por: CLADEM

CLADEM  articulación dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer, agrupa a organizaciones no gubernamentales en 14 países de la región, con Status Consultivo en la OEA y categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como también ante la UNESCO, ante todos los acontecimientos suscitados el día 25 de septiembre del 2011 en el sector de San Lorenzo,   condenan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sumados a la violenta intervención y represión por parte de las fuerzas de seguridad.

DENUNCIAMOS que estos hechos han violentado el soporte jurídico, político y filosófico de nuestra constitución a través de la vulneración de los derechos reconocidos  de la autonomía indígena, el derecho al medio ambiente, al control social, a la no discriminación y a los derechos específicos de las mujeres,  niños y niñas  jóvenes y personas de la tercera edad,  también los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos Indígenas.

EXIGIMOS que se investigue y se castigue a los responsables de estos atentados y a los autores intelectuales y materiales como lo señala el artículo 110 de la CPE en sus Inc. 1,2 y 3.

URGIMOS como defensoras de los derechos humanos de las mujeres,  la inmediata atención de todos y todas las marchitas, así como también  la inmediata restitución de las garantías democráticas.

REPUDIAMOS el oportunismo de la derecha neoliberal que ambiciosamente pretende aprovechar la coyuntura y hacer suyas las luchas de los pueblos, que históricamente han negado y desconocido los derechos de los sectores más desventajados.

NOS SOLIDARIZAMOS con nuestras hermanas indígenas quienes salieron en defensa de sus derechos mostrando una vez más su valentía frente al poder patriarcal, y afirmando su protagonismo en la conquista de los derechos fundamentales.

HACEMOS UN LLAMADO a todas las Organizaciones de Mujeres en Bolivia y a nivel Latinoamericano; así como también a los Organismos Internacionales a pronunciarse ante las violaciones acontecidas (pidiendo) exigiendo  que se restablezcan las condiciones para el diálogo con los pueblos indígenas afectados, que se investigue la violencia institucional, que se repare los daños ocasionados y que se ofrezcan garantías para la movilización indígena.

27 de setiembre, 2011
CLADEM

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: CLADEM

Tomado de: http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Temas-y-Analisis/Repudio-a-la-violacion-de-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas

Más Mujeres Defensoras


Por: Leticia Burgos Ochoa*   

"Hace 10 años existe una serie de compromisos relacionados con la defensa de los derechos humanos que México firmó a nivel internacional y los gobiernos de los tres órdenes federal, estatal y municipal están obligados a promover y garantizar a quienes defienden los derechos humanos de ellos y los demás en la sociedad."

Hace 10 años existe una serie de compromisos relacionados con la defensa de los derechos humanos que México firmó a nivel internacional y los gobiernos de los tres órdenes federal, estatal y municipal están obligados a promover y garantizar a quienes defienden los derechos humanos de ellos y los demás en la sociedad.  El documento se le llama “Declaración defensores de derechos humanos en las Américas. Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas”, 8 de marzo de 1999, OEA.

Pues bien, cuando concluimos su lectura, me preguntaba y me contestaba a la vez, las mujeres en realidad asumimos esa tarea de manera organizada o no organizada, en cada paso por la vida.

Solo recordemos a nuestras abuelas, a nuestras madres siempre de mano a la escuela, en espera de nuestra salida, en no menos ocasiones en el recreo por el cerco. Siempre alertas, pendientes, asistentes, cuidadoras y protectoras de nuestra vida y de los demás. Pero, ¿qué distinto es ahora?

No creo que mucho, las mujeres hemos sido las eternas defensoras de los derechos humanos de los demás, y ¿de nuestros derechos cuándo?

Es alentador saber que se están haciendo esfuerzos extraordinarios a nivel nacional y regional desde la propia comunidad de defensoras, desde abajo –desde lo local, el barrio, la localidad, la cuadra-, para que estos compromisos de defender a las defensoras de derechos humanos sea una realidad y no queden los compromisos y obligaciones de los gobiernos en letra muerta.

En Sonora como en el resto del país, es histórica la participación de las mujeres en la defensa de los derechos humanos, la paz y la seguridad. Desde diversos espacios y recién formada la Red Feminista Sonorense en el 2006, promovemos la Red de Promotoras-defensoras de  una Vida Libre de Violencia y los derechos humanos de las mujeres y las niñas en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades y tecnológicos.

La tarea como siempre, no resulta nada fácil, sin embargo mientras nuestras abuelas y madres no contaban con un marco de normas y compromisos que los gobiernos tuvieran que cumplir, ahora sí.

Todas las mujeres defensoras de los derechos de los demás, podemos ser protegidas por defender nuestros propios derechos, y eso es una buena noticia, en tiempos de nubarrones de violencia feminicida, de violencia hacia las mujeres “por el hecho de ser mujeres”, ánima y alerta.

Los derechos que se hacen referencia en esa declaración son los consagrados como derechos humanos, recientemente incorporados en nuestra Constitución Política – son todos los derechos que nos permitan vivir con dignidad-. Que incluye desde luego, la protección que la autoridad está obligado a brindar por nuestra labor.

Todas las medidas de protección y de seguridad que se requiera para que nuestra labor, la más sencilla hasta la más compleja sea protegida y garantizada. Empezando por nuestra propia protección y cuidado en la actividad que realizamos a favor de los derechos humanos, sean profesionista, dedicada a alguna profesión en riesgo como la de una periodista, o no, solo por el hecho de ser defensoras de los derechos humanos, la autoridad está obligada a proveer todos los medios para su propia seguridad.

La necesidad y la creatividad es basta entre las defensoras, se cuenta con un protocolo para hacer cumplir la protección y seguridad de parte de las autoridades, y vamos un poco más allá de lo logrado. Se busca llamar la atención hacia una capacitación continua del cuidado de nosotras mismas, es decir, del “auto-cuidado”.

Entendido el auto-cuidado como medio y fin en si mismo, es decir, saber y aprender de nosotras mismas y al calor del batallar del día encontrar la luz al final del túnel hacia una salud integral física, mental, emocional y espiritual que permita enaltecer nuestro amor propio y el de los demás. Así, de seguro habrá más mujeres defensoras, para rato.

*Red Defensoras de los Derechos Humanos de Mesoamérica, Red Feminista Sonorense. 8 de septiembre de 2011

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: Leticia Burgos Ochoa

Tomado de: http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Temas-y-Analisis/Mas-mujeres-defensoras

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Murió Wangari Maathai, Premio Nobel De La Paz 2004

Por Charo Nogueira 

La concesión del Premio Nobel de la Paz la cogió trabajando. Era un día de octubre de 2004 y para celebrarlo hizo lo que llevaba años alentando -y realizando-: plantó un árbol. Otro más. Anteayer, al despedirse del mundo en un hospital de Nairobi, quedaban más de 47 millones de árboles plantados gracias a su impulso. Su herencia incluye también una lección: la lucha por el medio ambiente es una suma de luchas. Ha muerto Wangari Maathai, la bióloga keniana que aunó bajo el mismo paraguas el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

La lucha de la bióloga keniana aunó medio ambiente, feminismo y derechos humanos

"La paz en la Tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Maathai se sitúa al frente de la lucha en la promoción del desarrollo económico, cultural y ecológicamente viable en Kenia y en África". Así argumentó el comité del Nobel de la Paz la concesión, la primera a una africana. Al recibirlo en Oslo, la que algunos bautizaron como la mujer árbol lanzó un alegato: "La industria y las instituciones internacionales deben comprender que la justicia económica, la equidad y la integridad ecológica valen más que los beneficios a toda costa".

Wangari Maathai (Ihithe, Kenia, 1940) tuvo una vida muy poco común para una africana de su generación. Aunque como casi todas las niñas iba a por agua -"muy limpia, no contaminada"-, ella logró estudiar. Primero con las monjas. Luego, gracias a una beca, se licenció en Biología en Estados Unidos. Volvió a Kenia con la independencia recién estrenada e inició una carrera docente que la conduciría por los peldaños del activismo.

La primera doctora universitaria en África del Este -en 1971- comenzó por dar la batalla en defensa de la libertad de cátedra en un país que se encaminaba hacia el autoritarismo y la corrupción. Recaló en la Asociación de Mujeres Universitarias, donde amplió su lucha y se lanzó en contra de la discriminación salarial de las profesoras frente a sus colegas masculinos. En el escalón del feminismo entró en contacto con las mujeres del campo, cada vez más deforestado. "Hablaban de cosas que vi relacionadas: inseguridad alimentaria, malnutrición; falta de agua, de leña y de ingresos", explicó a EL PAÍS en 2004. "Yo les dije: 'Si no tenéis leña, plantad árboles". Corría el año 1977 y surgía el Movimiento Cinturón Verde (GBM, en sus siglas en inglés). Las mujeres empezaron a gestionar semillas y a plantarlas. Primero en sus parcelas, luego en los terrenos públicos con el apoyo -y un pequeño pago si el árbol sobrevivía- del GBM. Cuando Wangari recibió el Nobel su movimiento tenía organizados 3.000 viveros, atendidos por 35.000 mujeres.

La imagen de aquel arroyo limpio de la infancia siguió siempre en la mente de la bióloga. Ya no estaba limpio. Las batallas llevaron varias veces a la cárcel a esta activista cuya lucha -y la de sus miles de seguidores- evitaron que se construyera un rascacielos en el mayor parque de Nairobi o que se privatizara un espacio natural de la capital keniana para construir chalés. El presidente Daniel Arap Moi llegó a calificar a Maathai como una "amenaza para la seguridad del Estado". Pero el mandatario cayó por fin y en 2002, Maathai fue nombrada viceministra de Medio Ambiente. Era el momento de pasar al otro lado para esta luchadora que se convirtió en diputada. Sus consejos volaron a España. En el programa electoral del PSOE en 2008 se incluyó su propuesta de plantar árboles -uno por cada ciudadano-. Unos meses después, el Partido Popular prometió que multiplicaría esa cifra por 10, hasta llegar a la utópica cifra de 500 millones de árboles.

Un cáncer de ovarios ha arrebatado la vida a la premio Nobel. Una mujer que tuvo que soportar que en su sentencia de divorcio el juez la calificara de "cabezota, triunfadora, con mucho nivel educativo, demasiado fuerte y muy difícil de controlar". Ella, que nunca se rindió ante los abusos, lo dejó dicho: "La experiencia me ha enseñado que servir a los otros tiene sus recompensas. Los seres humanos pasamos tanto tiempo acumulando, pisoteando, negando a otras personas. Y sin embargo, ¿quiénes son los que nos inspiran incluso después de muertos? Quienes sirvieron a otros que no eran ellos". Como ella.

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: Diario El País

Tomado de: http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Los-Derechos-de-las-Mujeres-en-las-Noticias2/Murio-Wangari-Maathai-premio-Nobel-de-la-Paz-2004

Imagen tomada de: http://occhiditerra.files.wordpress.com/2011/05/wangari_maathai_c_courtesy_of_the_author_3.jpg

martes, 27 de septiembre de 2011

Llamado a la Acción - 28 de septiembre 2011

La Coordinación Regional del 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, ha lanzado su Llamado a la Acción 2011, Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir.

El documento analiza un contexto regional en el cual las tasas de aborto son altas, y donde las leyes son mayoritariamente restrictivas, lo que implica una grave violación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial de las más pobres, las jóvenes, las mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas, que confrontar mayores riesgos cuando deciden interrumpir un embarazo. Existen, sin embargo, algunos avances que aluden, sobre todo, a decisiones de organismos de derechos humanos que han dictado resoluciones favorables.

El llamado señala:

Los temas referidos a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos siguen ganando espacio en las agendas de discusión de nuestra región y, al igual que las políticas públicas en este sentido, parecen ir mostrando más avances que retrocesos. Es así que al pasar balance de la situación continental en ocasión de este 28 de Septiembre encontramos que, si bien persisten condiciones muy graves de negación de derechos humanos de las mujeres, con su secuela de sufrimientos terribles e innecesarios, también divisamos elementos esperanzadores que podrán nutrir nuestros esfuerzos a lo largo del próximo año.

Por sus implicaciones políticas y estratégicas para el quehacer de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, cabe primero destacar los avances en materia de jurisprudencia internacional obtenidos en el último año, en particular:

El otorgamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una Audiencia Temática Regional sobre Derechos Reproductivos de las Mujeres de ALC, solicitada por 12 organizaciones feministas de la región. En su declaración posterior la CIDH afirmó la necesidad de que se despenalice el acceso a los servicios de salud materna que limitan la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, declarando explícitamente que la prohibición del aborto terapéutico “atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres”[1].

El dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso de la joven argentina LMR, a quien se negó el derecho a interrumpir un embarazo que le correspondía de acuerdo a las leyes de su país. El CDH sentó así jurisprudencia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación a los casos de aborto no punible[2].

Las recomendaciones hechas a Nicaragua por el Comité de Derechos del Niño y la Niña en cuanto a la necesidad de despenalizar el aborto en los casos de embarazo resultante de incesto y de abuso sexual a niñas[3].

Las recomendaciones hechas a El Salvador por el Comité de Derechos Humanos en cuanto a la necesidad de “revisar su legislación sobre aborto, tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el delito de aborto, así como suspender la incriminación en contra de mujeres por el delito de aborto”[4].

La histórica decisión de la CEDAW en un caso de mortalidad materna en Brasil, donde el Comité estableció la obligación de los Estados de garantizar a todas las mujeres acceso a servicios oportunos, no discriminatorios y adecuados de salud materna[5]. Este es el primer caso sobre mortalidad materna decidido en instancias internacionales.

Estos logros en materia de jurisprudencia internacional -que nos recuerdan la importancia de seguir haciendo uso de los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos humanos- tienen implicaciones importantes en varios sentidos. En términos políticos, son un avance importante en el proceso de desplazar la discusión sobre aborto desde el ámbito de la moral sexual al ámbito de los derechos humanos, lo que a su vez es condición imprescindible para laicizar las legislaciones sobre aborto de la región, históricamente sustentadas en premisas de carácter religioso.

En términos estratégicos estos avances constituyen un recurso valioso para sustentar nuestras exigencias y demandas frente a los Estados, empezando por aquellos países de la región (Chile, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador) donde la prohibición legal no admite siquiera el aborto terapéutico. Pero las graves irresponsabilidades en las que incurren los Estados en materia de salud y derechos reproductivos no se limitan a los países con las legislaciones más punitivas. También en aquellos lugares donde el aborto está despenalizado (Puerto Rico, el D.F. mexicano), así como en el resto de países de la región donde está permitido por causales, los Estados faltan sistemáticamente a su obligación de proveer servicios oportunos y de calidad, apelando a tácticas dilatorias (como la exigencia de certificaciones o las demoras en la expedición de documentos), promoviendo la objeción de conciencia por parte del personal de salud, restringiendo los presupuestos para los servicios de aborto y post-aborto, y denegando a las mujeres información oportuna sobre los servicios a los que están facultadas por las leyes del país.

La jurisprudencia internacional sobre derechos reproductivos en general, y aborto en particular, fortalece nuestra posición a la hora de presionar a los gobiernos para que den cumplimiento a los compromisos internacionales sobre la materia contraídos en Beijing, Cairo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyos plazos se encuentran en cuenta regresiva sin que en la mayoría de los países se vislumbre la necesaria responsabilidad gubernamental en materia de políticas públicas para su cumplimiento.

Por último, esta jurisprudencia puede ser utilizadas para reforzar nuestras denuncias ante las agresiones que sufren las defensoras de derechos humanos de nuestra región, las cuales van desde las amenazas telefónicas y el sabotaje sistemático de nuestras páginas de Internet, hasta las presiones a empleadores, la difamación pública y el asesinato. En efecto, para nuestro movimiento es una prioridad estratégica denunciar las agresiones llevadas a cabo por grupos ultraconservadores en toda la región, ante la indiferencia cuando no la complicidad directa de los gobiernos, con frecuencia azuzados por la retórica irresponsable de las iglesias que nos estigmatizan y nos difaman tachándonos públicamente de asesinas.

En varios países (incluyendo Brasil y República Dominicana) la Iglesia católica ha hecho campaña política abierta contra parlamentarias/os que se han mostrado a favor de la despenalización del aborto; asimismo han instigado a los gobiernos para que inicien persecuciones judiciales y hostiguen de diversas formas a los/as proveedores de servicios de aborto. Una de las manifestaciones más odiosas de la pusilanimidad de los gobiernos –cuando no de su complicidad directa- frente a estos sectores ultraconservadores se observa actualmente en El Salvador, donde en lugar de aplicar las penas de 2-8 años de prisión establecidas en el Código Penal para los casos de aborto, las autoridades judiciales con frecuencia tipifican el hecho como “homicidio agravado por parentesco”, a fin de lograr penas de hasta 30 años de prisión para las mujeres (casi todas muy pobres) acusadas de interrumpir sus embarazos.

Debemos evidenciar y denunciar los comportamientos vergonzosos y antidemocráticos de instituciones religiosas que se autoproclaman defensoras de la vida y paladines de la moral, al tiempo que promueven acciones encaminadas a aumentar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de mujeres y niñas de todas las clases sociales, pero sobre todo de las más pobres, que son siempre las principales víctimas de la denegación de derechos sexuales y derechos reproductivos. En este sentido es oportuno saludar los esfuerzos del número cada vez mayor de organizaciones que promocionan el uso correcto del misoprostol como método abortivo que reduce los riesgos de salud asociados a la clandestinidad. Visto el éxito de estas campañas de información, la reducción comprobada de la morbi-mortalidad asociada al método y el empoderamiento personal de las mujeres que el mismo promueve, es de esperarse una ofensiva a corto plazo por parte de las iglesias, ante la cual debemos estar en guardia.

Debemos por último saludar los avances observados en el último año en materia de investigación científica y registro de evidencias en la región. Los observatorios de mortalidad materna y los de políticas públicas, el registro de negligencia y/o abusos en la provisión de servicios de salud, los estudios cualitativos y las encuestas, etc., son materia prima indispensable para la construcción de las zapatas analíticas que subyacen las mejores estrategias políticas. A manera de ilustración, consideremos que varios estudios recientes han documentado la complejidad de los vínculos entre aborto y pobreza, ya no solo en lo que respecta a la mayor vulnerabilidad de las mujeres pobres frente a la ilegalidad, sino en relación al rol de la pobreza y los bajos niveles educativos como predictores de actitudes más conservadoras hacia al aborto[6]. La constatación de que los sectores pobres y menos instruidos son los más opuestos a la despenalización debe llevar al desarrollo de análisis más depurados y consecuentemente al planteamiento de estrategias políticas más efectivas.

La lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos sigue enfrentando grandes retos en nuestra región, como atestiguan las estadísticas de muerte materna, morbi-mortalidad por aborto, embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual y otros. Muchos de los retos planteados en los Llamados a la Acción de años anteriores siguen teniendo plena vigencia (como son los referidos al fortalecimiento de redes/alianzas y a los problemas de financiamiento), y seguimos viviendo bajo la amenaza del fanatismo religioso que infecta cada vez más las instituciones políticas y sociales de la democracia. Pero como evidencia este Llamado a la Acción, también tenemos razones para la esperanza, para confiar en que nuestro compromiso con los derechos, el bienestar y la felicidad de las mujeres de nuestro continente pueda dar los frutos por los que luchamos y seguiremos luchando.

Tomado de: http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=301




Notas:
[1] Tanto el documento presentado por las organizaciones en la audiencia temática como la declaración final de la CIDH pueden obtenerse en el sitio web de la RSMLAC, http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=243
[2] Ver “Argentina: Histórico Dictamen Comité de Derechos Humanos de la ONU- CASO LMR”, http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=258
[3] Ver “Comité de Derechos del Niño y la Niña manifiesta preocupación por  penalización total del aborto en Nicaragua”, http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1772120041/Boletina%20setiembre-octubre2_1245745251.html
[4] Ver “Comité de Derechos Humanos recomienda a El Salvador revisar situaciones de violencia contra las mujeres,  penalización del aborto y discriminación contra las mujeres”, http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1772120041/Boletina%20setiembre-octubre2_1245745251.html
[5] Ver “Decisión Del Comité CEDAW De Naciones Unidas: Brasil Viola Los Derechos Humanos De Una Mujer En Caso De Mortalidad Materna”, http://www.awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Temas-y-Analisis/Decision-del-Comite-CEDAW-de-Naciones-Unidas-Brasil-viola-los-derechos-humanos-de-una-mujer-en-caso-de-mortalidad-materna
[6] En este sentido ver: Claudia Dides C. et al. 2011. Estudio de opinión pública sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos en Brasil, Chile, México y Nicaragua. FLACSO, Santiago de Chile; y Encuesta LAPOP, Cultura política de la democracia, 2010: Informe de las Americas, Vanderbilt University (http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2010.php)

lunes, 26 de septiembre de 2011

México refuerza militarización y vulnera DH femeninos: activistas

Por: Anayeli García Martínez/Cimac


México va a contracorriente de otros países de América Latina (AL) en materia de protección de los Derechos Humanos (DH)

México va a contracorriente de otros países de América Latina (AL) en materia de protección de los Derechos Humanos (DH), toda vez que en lugar de poner límites a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública refuerza la militarización, y con ello genera las condiciones para que se vulneren las garantías de la población civil, en particular de las mujeres.
  
Así lo señalaron integrantes de organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de los DH al clausurar el foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos contra México”, organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El jurista franco-colombiano Federico Andreu Guzmán criticó la militarización como una medida ineficaz para garantizar la seguridad de un país. En su intervención mencionó que es fundamental que los Estados cumplan las recomendaciones de la CoIDH para no dejar en la indefensión a su ciudadanía.

El especialista, quien ha trabajado en misiones de paz de Naciones Unidas en Ruanda y Haití, afirmó que el tema de la jurisdicción militar no es nuevo y advirtió que mientras en el continente americano se busca fortalecer los controles civiles sobre las fuerzas armadas, en México no sucede así.

Consideró que México cuenta con cuatro sentencias que recomiendan modificar el sistema penal castrense, toda vez que no es la mejor forma de garantizar justicia para las víctimas de violaciones a DH, enfatizó.

Cabe recordar que el Estado mexicano ha sido condenado por la CoIDH por violar los DH en casos como el de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002, y por la desaparición y asesinato de tres mujeres en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.       

Al respecto, feministas como Alda Facio, Imelda Marrulfo y Rosalva Aída Hernández Castillo criticaron que el Estado olvide los DH de las mujeres, y señalaron que las sentencias por el caso Inés y Valentina y el feminicidio en Juárez, son un referente para incluir el género en el sistema de justicia penal en México.

TRIBUNALES NACIONALES ATENTAN CONTRA DH

César Landa Arroyo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que los países que han tenido regímenes dictatoriales se han esforzado por acercarse al Sistema Interamericano de DH, lo que ha provocado que en esa nación sudamericana se discuta el orden jurídico actual y la mejor forma de acatar las resoluciones internacionales.

Explicó que la CoIDH permite desarrollar instituciones apegadas a los DH de las personas, sin embargo lamentó que algunos tribunales nacionales utilicen las normas en la materia para hacer interpretaciones que atentan contra esos derechos o que impiden su plena vigencia.

Durante el foro, las y los defensores expusieron que los principales retos que enfrenta nuestro país ante el Sistema Interamericano es que reconozca que ha violado los DH de la población.

Alejandra Nuño, directora para México y Centroamérica de Cejil, apuntó que no hay que tener expectativas excesivas al respecto, ya que el cumplimiento de los fallos es un proceso progresivo.

Cristina Hardeaga, del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización que defendió a las indígenas tlapanecas ante la CoIDH–, apuntó que es necesario continuar con el análisis de las resoluciones del alto tribunal interamericano, entrar a una discusión abierta y encontrar responsabilidades para los actores políticos y sociales.

Las y los ponentes coincidieron en la importancia de cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales de justicia como una forma de construir un Estado democrático de Derecho y una sociedad más incluyente e igualitaria.

Tomado de: http://www.cimacnoticias.com.mx/site/11092306-mexico-refuerza-mil.47967.0.html

Citado en: http://www.kaosenlared.net/noticia/183862/mexico-refuerza-militarizacion-vulnera-dh-femeninos-activistas

viernes, 23 de septiembre de 2011

"En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra''

Por María del Pilar Camargo

Así lo asegura Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, organización que, en su informe sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, asegura que las autoridades "siguen negando el derecho a la justicia".

El informe de Amnistía Internacional "Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, difunde historias y cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están relacionados con el conflicto armado.

Según la organización, en el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea inferior al de los casos reales.

Y es que el informe precisa que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.

Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron.

A su vez, según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión.

En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas.

El informe expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para “explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios”.

Se recuerda entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor.

El ente acusador agrega que además de esos casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.

En el informe también se explica que las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.

Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.

Justicia ausente, autoridades ineficientes

Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que impiden el ejercicio de la justicia: “la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional”.

Tras su estudio de casos y su diálogo con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que las autoridades “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado” y que aún les niegan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“En Colombia, las mujeres y las niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. 

Agrega que a pesar de la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los derechos humanos, “aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia sexual contra mujeres”. Lee añade que se debe combatir la discriminación de mujeres y niñas.

El movimiento global critica además que la “inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes” dificultan evaluar el alcance real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima denuncia, la investigación no es “efectiva”.

La organización pide a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice “prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas”.

El informe subraya además que muchos de los casos de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.

Testimonio

Para su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su seguridad.

Carolina era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a las autoridades.

Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.

En junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.

El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.

En septiembre del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.

En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina hace poco.

Tras difundir historias de víctimas como la de Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las cifras más destacadas.

Conflicto armado

- Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto en Colombia.

- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.

- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior.

- Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren particularmente los abusos.

Actores del conflicto

- Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

- El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Cauca.

- A los grupos paramilitares, responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa también de liderar operaciones de “limpieza social” en barrios pobres urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas.

Proceso de Justicia y Paz

- De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados.

- Cerca del 90 por ciento de las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.

- A finales de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes de violencia sexual.

Tomado de: http://www.semana.com/nacion/colombia-mujeres-ninas-menudo-tratadas-como-trofeos-guerra/164482-3.aspx 
Imágen: Archivo SEMANA
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