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miércoles, 19 de octubre de 2011

Campo Algodonero: Definiciones y retos ante el feminicidio en México

Por: Andrea Medina Rosas*

Una de las causas principales que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia es la discriminación por género contra ellas. Así lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia de noviembre de 2009, González y otras vs. México, también conocida como Campo Algodonero. Coincide con ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas señala que los estereotipos de género y los prejuicios de inferioridad contra las mujeres –ambos, expresiones de la discriminación por género que ejercen quienes operan la justicia– obstaculizan de manera determinante su acceso a ésta. En años previos a la realización de dichos documentos, la teoría feminista latinoamericana ya tomaba a la impunidad como un eje central en su debate conceptual sobre el feminicidio.

En este texto comparto algunas reflexiones acerca del acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia de género, a través de dos procesos: uno, en torno a la definición de la violencia feminicida y del feminicidio; y otro, en el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero.

Violencia feminicida

La violencia feminicida es una modalidad de la violencia contra las mujeres definida en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La definición textual dice: “es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.1

La violencia feminicida conceptualmente surge en el debate sobre el feminicidio. Pero en los hechos, el feminicidio es una expresión concreta de la violencia feminicida. Ambos refieren al daño, o la posibilidad del daño, que atenta contra la vida de las mujeres. La violencia feminicida es una de las tipologías y modalidades con las cuales se ha detallado el concepto jurídico de violencia contra las mujeres. Se han especificado tipos de violencia de acuerdo con los daños que produce, como la violencia física o la violencia sexual; y modalidades basadas en los ámbitos de relación en que se realizan, como violencia familiar, violencia laboral o violencia institucional.

En el peritaje presentado por Marcela Lagarde ante la Corte idh en el caso Campo Algodonero, se señala que es en el transcurso de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México –realizada por la Cámara de Diputados en la lix Legislatura– cuando se desarrolla dicho concepto, al

correlacionar los homicidios dolosos y culposos con otras muertes violentas y muertes evitables: accidentes y suicidios, así como con muertes evitables producto de enfermedades: cáncer, vih/sida, las llamadas muertes maternas (por falta de salud y atención integral durante la gestación, el aborto, el parto, el puerperio). Desde luego, la violencia  los crímenes y las muertes violentas y evitables de mujeres fueron analizados en su compleja relación con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres no sólo [por] género, sino [también por] edad, clase, etnia, condición social territorial (regional y municipal). Y, de este conjunto de articulaciones, se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración. El conocimiento del problema que inició con homicidios de niñas y mujeres permitió correlacionar las muertes violentas con formas de violencia familiar, sexual, física, psicológica, patrimonial y económica y también con la violencia institucional. La ley recoge el conjunto de muertes violentas en la modalidad de violencia feminicida (2009:11).

A la par de estos avances y discusiones legislativas en México,2 de manera cada vez más popular se comienza a nombrar a los homicidios contra mujeres como feminicidios. En esta manera cada homicidio constituye un feminicidio por el hecho principal de que el sujeto afectado es una mujer. Así, un conjunto de homicidios de mujeres simplemente se nombra en plural: feminicidios. Por su parte, la Corte idh decide, en la sentencia del caso Campo Algodonero, utilizar la expresión “‘homicidio de mujer por razones de género’, también conocido como feminicidio”.3

Sin embargo, en el ámbito teórico, el término que se utiliza es en singular: el feminicidio. Éste refiere al conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos y otras formas de muerte violenta, incluso en suicidios. Es decir, no es sólo el daño de muerte –el homicidio– sino todo el conjunto y proceso que construye esa muerte lo que se nombra como feminicidio. De esta manera, no son hechos aislados que puedan ser investigados sólo desde su propia referencia, sino que requieren ser analizados en su contexto.

En los tres usos –feminicidios, feminicidio y violencia feminicida– el referente conceptual jurídico es la violencia contra las mujeres, definida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). Esta Convención afirma que la violencia contra las mujeres es una expresión de la discriminación por género contra éstas. La discriminación, si bien se expresa de manera directa en individuos y hechos concretos, tiene su origen y causa en construcciones sociales y del Estado sobre las relaciones de poder, en este caso, entre mujeres y hombres.

Es en ese elemento estructural de la discriminación que la impunidad tiene un papel relevante en la explicación de estos conceptos. En la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se señala como un posible –pero no necesario– elemento de la violencia feminicida, la existencia de impunidad, tanto social como del Estado. La impunidad, de manera sencilla, es lo que se deja sin sanción. Ya sea porque no se reconoce como una conducta sancionable en el derecho o porque, a pesar de ser reconocida como una conducta no permitida, ya sea en delito o de otra forma, no se sanciona ni se repara.

La impunidad es en sí misma una grave violación a los derechos humanos, pues sostiene la continuidad de hechos semejantes a los que no investiga ni sanciona, y profundiza el daño al dejar sin reparación a las víctimas y a la sociedad. En muchos de los casos también propicia nuevas violaciones a derechos, pues construye riesgos contra quienes exigen justicia.

La impunidad refuerza la discriminación. Un Estado y una sociedad que buscan erradicar la discriminación, la sancionan para decir en acciones que ésa es una conducta que se reprueba, y construyen alternativas igualitarias de relación para que no se repita. En México, en los casos de violencia contra las mujeres, la impunidad es una característica constante que prácticamente lleva de la mano los actos de violencia prevenibles al extremo de atentar contra la vida y causar muertes. Así, señalar la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres es central para evidenciar quién es responsable de esos actos, y dejar el prejuicio discriminatorio de responsabilizar a las mujeres de la violencia que sufren.

Sentencia del caso Campo Algodonero

Seis de las ocho declaraciones de violaciones a derechos humanos que la Corte idh hace en el caso Campo Algodonero corresponden al incumplimiento por parte del Estado en el deber de investigación y a sus deberes en torno al acceso a la justicia. La Corte idh afirmó que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general; asimismo, envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, violando así el deber que tiene de investigar y de no discriminar.

En el caso Campo Algodonero, 11 disposiciones corresponden a acciones para garantizar el acceso a la justicia, a la debida investigación de los hechos, y a su sanción y reparación. Estas medidas tienen una condición común: deben transformar la cultura de discriminación vigente en México. A diferencia de los criterios tradicionales de reparación en los que se deben restituir las condiciones de manera semejante a como se encontraban antes de las violaciones a derechos humanos, en los casos de discriminación no se puede regresar sino que se deben transformar las condiciones previas, pues son éstas en sí mismas las que han generado las violaciones a derechos humanos. El primer informe de avance en el cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero fue presentado por México a la Corte idh el pasado 10 de diciembre de 2010. En las declaraciones que emitió –pues no ha hecho público el informe– ha señalado que está cumpliendo. Sin embargo, las únicas acciones que se han realizado a cabalidad son la publicación de la sentencia, la aprobación por parte del Congreso de una partida presupuestal para el pago de las indemnizaciones y, supuestamente, el haber creado una página de internet para la búsqueda de mujeres desaparecidas en el estado de Chihuahua desde 1993. Esta página, creada en mayo de 2010, no ha actualizado su información desde entonces, a diferencia de los datos sobre autos robados que sí se actualizan día a día, incumpliendo así la disposición de la Corte idh.

Después de 17 años de documentación del feminicidio en Ciudad Juárez, el Estado mexicano –tanto en el ámbito local como en el federal– mantiene en la impunidad los casos de violencia contra las mujeres. La Corte idh, que lo condena por dichas acciones y omisiones, no tiene más que la exigencia moral de la ciudadanía mexicana y de la comunidad internacional –Estados y ciudadanía– para que México cumpla con las disposiciones que le impone y con ello comience a erradicar la discriminación contra las mujeres por la cual ha sido condenado.

Del Estado al sujeto

Señalar la impunidad sistemática en la violencia contra las mujeres nos permite vislumbrar que, si bien es un paso fundamental la creación de nuevas leyes y la definición de nuevos tipos penales, esto no será ni siquiera un mínimo suficiente para erradicarla. Si no se avanza en la revisión integral de la normatividad actual, si no se transforma la interpretación jurídica desde la perspectiva de género feminista, si no se eliminan los estereotipos de género con los que actúan quienes operan la justicia y si no se acompañan las acciones institucionales de procesos sociales para erradicar la discriminación por género, la violencia contra las mujeres continuará y el principal responsable de que exista la violencia feminicida seguirá siendo el Estado.

Sin embargo, el Estado no es un ente ajeno a su población ni disociado de la cultura creada por su sociedad. Con los avances teóricos, legislativos y de interpretación judicial aquí señalados, tendremos, como ciudadanía, herramientas suficientes para entender y demandar las transformaciones necesarias que pongan fin al feminicidio. Los cambios en la sociedad comienzan y se sustentan desde la transformación de cada una de las personas que la integran. Si la violencia feminicida se constituye por un conjunto de actos que en su forma extrema llegan al homicidio doloso, ¿un chiste misógino es parte de ese conjunto? ¿Podemos comenzar a detener la impunidad desde nuestra vida cotidiana?

* Abogada feminista, consultora independiente y enlace en la ciudad de México de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Forma parte del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc) y de iniciativas para la protección de defensoras de derechos humanos. Articula su trabajo desde la educación somática.

Notas
1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011, artículo 21.
2 En otros países como Costa Rica, Argentina o en la ley guatemalteca, se nombra como femicidio.

Bibliografía: 
Medina, Andrea. Campo Algodonero: Definiciones y retos ante el feminicidio en México. En: Revista de Derechos Humanos - dfensor. Sección: Opinión y Debate. Año de publicación desconocido.

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