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domingo, 23 de octubre de 2011

La violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano. Un caso de las mujeres rurales del Perú

Por: Mercedes A. Crisóstomo Meza [1]

Introducción                                                                                                                       

En este artículo presento una investigación sobre violencia sexual durante el contexto de conflicto armado interno.[2] Realice la investigación, conocida como “El Caso Manta” durante el 2002 en el contexto de cooperación entre la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales y la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR). Por la envergadura y relevancia del caso, fue asumido por la CVR y posteriormente sugerido para judicialización. En primera parte detallo la situación de Manta durante el conflicto armado interno y las formas en las que se sucedieron los hechos de violencia sexual contra las mujeres, así como las secuelas psicosociales que tienen. En la segunda, parte planteo las principales conclusiones de la CVR en relación a la violación sexual en el contexto de conflicto armado y la judicialización del caso Manta.

I. El conflicto armado interno en el Perú: El Caso Manta

El 17 de mayo de 1980, en la comunidad de Chuschi (Ayacucho), un grupo de jóvenes militantes del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) quemó las ánforas electorales que se iban a usar en las elecciones generales; hecho que se reivindicó como el inicio de su “guerra popular”. A partir de esa fecha, a nuestra historia, se le agregaron más hechos de exclusión, discriminación, muerte, injusticia, dolor e impunidad, tales como asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, violaciones a los derechos colectivos, entre otros. Los responsables fueron el PCP-SL, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), las Fuerzas Armadas y Policiales, los grupos paramilitares y algunas rondas campesinas. En base a las investigaciones realizadas a partir del proceso abierto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación se concluyó que el conflicto armado interno, no afectó a todos los peruanos por igual, pues esta se concentró en las zonas andinas, amazónicas y pobres del Perú. Asimismo, la violencia tampoco afectó a los hombres y mujeres de la misma forma; pues las cifras dicen que del total de asesinatos el 77% se realizaron en contra de los hombres y el 23% en contra de las mujeres, el 85% de personas desaparecidas fueron hombres y el 15% mujeres.

En este contexto en Manta también, [3] un distrito ubicado en la región andina de Huancavelica, [4] se produjeron graves violaciones a los derechos humanos por militantes del PCP-SL y del Ejército peruano.

Las entrevistas que realicé plantean que el PCP-SL llegó a la zona en 1983. Sus mandos políticos y militares realizaban trabajos de adoctrinamiento sobre el marxismo, leninismo y maoísmo y hacían “capacitaciones” en el manejo de armas. Las columnas senderistas se desplazaban por la zona generalmente, vestidos con poncho, sombrero, pasamontañas y armas de madera. En Manta, Sendero Luminoso amenazó, persiguió y asesinó a las autoridades locales y a partir de la ausencia y/ o eliminación de estos se establecieron los llamados “comités populares”. Esto con el objetivo de garantizar la presencia del PCP-SL en la zona, afianzando la sensación de que “el partido tiene mil ojos y mil oídos”. Pero al poco tiempo, Sendero Luminoso paso de la violencia selectiva contra “los gamonales” y representantes del Estado a la violencia generalizada contra los campesinos y campesinas discrepantes. “Sus” discursos de “igualdad” y “justicia social” se transformaron en prácticas de desprecio, intolerancia y racismo en contra de las poblaciones más pobres por quienes decían luchar.

Sin embargo, las mayores violaciones a los derechos humanos en Manta fueron responsabilidad de los integrantes del Ejército. Estos llegaron a Manta en marzo de 1984, su entrada al distrito se recuerda así:

“Si ese día no hubiera habido neblina, esto hubiese sido una matanza total, a todos nos hubiera matado, pero la neblina nos ha salvado, nosotros nos escapamos cuando alguien aviso “vienen los sinchis, vienen los sinchis·, alguien vino corriendo a avisar. La instrucción de la subversión era escapar cuando llega la represión, nadie debe de quedar en su casa, porque ellos sabían tarde o temprano que iban a llegar. Los que quedan se van a condenar, ha dicho, así que todos salimos corriendo y al que corría los soldados lo mataban” (Ex presidente de la comunidad en Manta).

Cuando los militares llegaron, todos los campesinos y campesinas empezaron a huir, pues como lo refiere el testimonio, el PCP-SL había dado la consigna “el que no escapa es un traidor y no merece vivir”. Y según los miembros del Ejército, los campesinos y campesinas que corrían atemorizados eran senderistas. Y en tal sentido, la orden militar fue disparar a todo aquel y aquella que veían huyendo.

Debido a esta traumática incursión, los pobladores de Manta optaron por escapar de sus casas y refugiarse en los cerros y cuevas; después de algunos días regresaron portando banderas blancas. Lo que encontraron, es una imagen, que hasta en la actualidad persiste en sus sueños y memorias pues al llegar vieron a muchos de sus familiares muertos en los caminos, sus casas bombardeadas, quemadas y saqueadas, asimismo, percibieron el olor a pólvora que hasta ahora los intimida. En tal sentido, en Manta recuerdan que desde el primer día, los militares bombardearon, quemaron y saquearon las viviendas, asesinaron a hombres y mujeres, desaparecieron a jóvenes y violaron sexualmente a las mujeres.

Pero a Manta los militares llegaron para quedarse, instalaron una Base Militar que inicialmente ocupó las instalaciones de la escuela, posteriormente, los militares ordenaron cercar y construir ambientes en el estadio, para en 1986 obligar a los pobladores, mediante el sistema de turnos y trabajos forzados a construir la llamada Base Contrasubversiva Nº 42 denominada Pircahuasi [5] (casa de piedra) la que permaneció activa durante catorce años.

A estos hechos iniciales le sucedieron una prolongada y cotidiana vulneración de los derechos humanos de hombres y mujeres. Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, daños en contra de la propiedad privada y comunal, la vulneración de los derechos y costumbres colectivas de las comunidades fueron sucediendo día a día durante catorce años en Manta. Y respecto a las mujeres, el crimen específico en su contra fue la violencia sexual. En el contexto de guerra interna, estas violaciones a los derechos humanos son catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Una de sus características centrales es su ejecución desde el poder o con la complacencia del mismo. Por lo que resulta común, en estos casos, que se asegure la impunidad de los autores de tales hechos a través de la utilización perversa de las instituciones y de los poderes públicos e incluso a través de la propaganda estatal que busca legitimar estas conductas. [6]

En este contexto en el país y en Manta en particular los militares (oficiales, sub oficiales y soldados) no usaban sus nombres y apellidos para identificarse; para ello se valían de apodos o seudónimos con los que lograron perennizarse en el recuerdo de la población y con los que han garantizado la impunidad. Constatamos con esto que el poder masculino y militar en el ámbito público (con sus rituales y prácticas de representación repetitiva en uniformes, desfiles, exhibición de armas) se acompaña de performances que se concretan en cuerpos y prácticas específicas de represión y en lugares concretos de tortura (Franco, 1992). [7] Por ende, la masculinidad de los militares-torturadores se afirma en su poder absoluto para producir, temor, dolor y sufrimiento. El uso de apodos, usualmente de animales hacían que el militar-torturador se sintiera como Dios, con capacidad y poder para reducir al otro y a la otra a ser su víctima o a decidir sobre su cuerpo y su vida.

Los militares y la violencia sexual en Manta [8]

Las Bases Militares representaron y en algunos casos aún representan espacios de violencia, tortura y muerte. El sólo hecho de acudir a indagar sobre algún familiar detenido implicaba temor y angustia. Las mujeres calumniadas y acusadas de pertenecer a Sendero Luminoso eran las más vulnerables a ser detenidas. [9] Asimismo, ante la ausencia, asesinato y/ o desaparición del padre, esposo o hermano algunas eran buscadas y recluidas. Esto implicó estar bajo el control militar en cada faceta de su existencia —su futuro socioeconómico, su vida familiar, su sexualidad, sus sentimientos, el sentido de sí misma, su vida en comunidad (Bunster, 1991). En tal sentido, la mujer detenida era considerada como un objeto al cual se puede golpear, insultar y —por su naturaleza— poseer.

De otro lado, cuando se vinculaba a la mujer —a través del padre, esposo o hermano — con Sendero Luminoso, esta era sometida a tratos crueles y humillantes, que por lo general terminaban en violencia sexual por uno o varios militares. Una de las entrevistadas me narró este episodio:

“Acá está una de los tucos” dijo. Me agarraron, sacó una relación de nombres “¿Conoces a éste?”. Yo no los conozco, dije yo. “¡Ah, no conoces!, te haces a la cojuda, para otra cosa sí eres buena. Vamos al corralón”, dijo. Me metieron adentro y empezó a soltar humo de su arma que me maree. Me seguían interrogando, me jalaban, me golpearon. Dijo “Ya que no quiere hablar haremos lo que es de costumbre”. Me ha empezado a violar, seis eran, el teniente era Sierra. “Habla, si sabes habla y te vamos a dejar y si no seguiremos”, decía y toditos me han pasado los seis. Yo no podía reclamarles nada. Seguro era por lo que mi hermanito […] ha andado con Sendero”.

En las Bases Militares quien tomaba la decisión de violar a una mujer era el jefe o autoridad superior, después, este ordenaba e incentiva a sus subalternos a también hacerlo. Este testimonio así lo indica:

“Me han maltratado, me tiraban con el arma en el cuello, en la barriga, en la espalda, me agarraban a patadas. Me decían “ya terruca conchatumadre, habla, ¿dónde están las armas y los explosivos?”, me pegaban, me insultaban. Me han abusado varias veces, primero el capitán y luego pasaba su tropa, esa vez el capitán Papilón y el suboficial Rutti”.

Por tales prácticas, en un contexto de conflicto armado interno la violencia sexual contra las mujeres es considerado como un tipo de tortura. [10] Durante, la violencia sexual se formulaban preguntas y amenazas; dependiendo del perfil de la mujer esta era interrogada acerca del paradero de su esposo, padre, hermano; o algún supuesto jefe senderista. Sin embargo, si la mujer alegaba conocimiento o desconocimiento, igualmente, era violada.

Las mujeres en Manta no sólo fueron violentadas sexualmente en la Base Militar, también, fueron víctimas de violencia sexual por parte de los militares en lo que es considerado como “sus espacios naturales”: la casa, la chacra, las estancias. Los soldados estudiaban y vigilaban a sus víctimas, cuidaron bien de que no existiesen testigos, sabían en qué momento, cuándo y por dónde ellas transitaban. La proliferación de armas y de actores armados sitúa a las mujeres en circunstancias de gran vulnerabilidad, que les resta capacidad para defenderse de las agresiones. En tiempos de conflicto, los roles atribuidos a cada sexo se polarizan, la masculinidad tradicional alienta los comportamientos violentos, mientras que la mujer portadora real y simbólica de una identidad social y cultural se convierte en territorio de conquista.

También, puedo concluir, en base al testigo delegativo que sugiere Primo Levi [11], que las mujeres que pertenecieron a Sendero Luminoso o cuyos hijos, hermanos, padres o esposos estaban directamente relaciones con el PCP-SL fueron torturadas, violadas sexualmente, ejecutadas extrajudicialmente y posteriormente desaparecidas. [12] Estas mujeres fueron detenidas en enfrentamientos, luego eran interrogadas mediante torturas sobre el paradero de mandos senderistas. Las mujeres sufren la detención como rehenes de los conflictos armados y son salvajemente torturadas, violadas y desaparecidas para desquitarse de “sus” hombres: subversivos enemigos del régimen.

Las respuestas frente a la violencia sexual

Las mujeres víctimas de violación sexual y/o violencia sexual —en compañía de un familiar cercano— sólo acudían a la Base Militar a denunciar la violación si el resultado de esta era el embarazo. Al hacer de conocimiento la violación sexual e intentar averiguar la identidad del victimario —para efectos del apellido del niño o niña— los superiores mandaban decir que el soldado en cuestión había sido trasladado de Base, dado de baja o simplemente se negaba su presencia. [13] Al “denunciar”, las mujeres estaban expuestas a ser ofendidas, humilladas y tildadas de mentirosas, motivo por el muchas dejaron de contar lo que les sucedió. Con ello, el Ejército se eximía de responsabilidades individuales e institucionales.

De otro lado, los pobladores de Manta destacan que han sido víctimas de la violencia política y que sus derechos humanos han sido vulnerados. Sin embargo, en esta consideración no incluyen a las mujeres que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado. Consideran que la violación sexual no es parte de las violaciones a los derechos humanos, manifiestan especial énfasis en los hombres que han sido torturados, asesinados o desaparecidos, mientras, que las mujeres no son consideradas como víctimas. La invisibilización de las mujeres en el ámbito público y en cuestiones políticas, incluso se da en situaciones límites de violencia.

En este contexto, las mujeres optan por el silencio, pues en las comunidades campesinas —por tratarse de sociedades patriarcales con roles muy definidos— a la agresión física se une la humillación y el desprecio de la comunidad. Por lo mismo, resulta difícil y a su vez contradictorio que las mujeres acepten hablar de la violencia sexual pues no suelen encontrar una respuesta adecuada.

Las respuestas de la familia frente a la violencia sexual han estado condicionadas. Si la víctima era casada la reacción del esposo es contraproducente para la mujer, pues este le atribuye una serie de maltratos que van desde el verbal, hasta el psicológico y físico. Este relato narra esta vivencia:

“Después de eso mi esposo me despreciaba, me insultaba, me decía: “Te despreció, eres cualquier cosa”. Mi esposo me maltrataba, me decía: “Cómo era, qué te decía, qué te hacía”. Cuando se mareaba me insultaba, decía: “¡Ah, ellos eran mejores que yo pues!”.

La pareja y/o esposo, usualmente, olvida y no percibe el dolor y sufrimiento que la mujer atraviesa. Por el contrario, destaca su “honor de hombre” que “ha sido mancillado” porque otro hombre tuvo lo que a él le pertenece “su mujer”. Para algunas mujeres, esta actitud es más dramática que el mismo hecho de la violación sexual. En suma, no sólo la relación entre esposo y esposa se desarticula y desestabiliza, sino la familia en general, donde los hijos e hijas son testigos mudos de la incomprensión del padre y del sufrimiento de la madre. Esta situación se agrava cuando junto a la familia vive la niña o niño producto de la violación sexual.
Respecto a las mujeres solteras la situación es dramática cuando el resultado de la violación sexual es el nacimiento de un niño o niña. Las reacciones de los padres son diversas, unos optan por apoyarla y otros prefieren no creerle y darle a entender que si ella está embarazada es porque “se lo buscó”. La mujer que fue violada y no engendró no contó a nadie lo que le sucedió, hasta el momento de contraer matrimonio, si ese fuera el caso. [14]

De otro lado, las mujeres violentadas sexualmente en un contexto de violencia política no se perciben a sí misma como víctimas o afectadas. Una posible explicación se centra en la subvaloración de la mujer, efecto de la interiorización del mal trato a la que es sometida social y culturalmente. A las mujeres les es muy difícil verbalizar y explicitar el impacto que ha tenido la violencia política en ellas; recuerdan y narran con mucha facilidad cómo la violencia afectó a su familia y a su comunidad, pero no encuentran palabras para expresar cómo las afectó de manera directa. La identidad, y como aquí se sugiere las sensaciones y percepciones de las mujeres son dependientes de las relaciones en que nos coloca la sociedad: somos “en cuanto” esposas, madres, hijas, hermanas (Valdez, 1988). Esta postergación propia e involuntaria que se hacen las mujeres y sobre todo las mujeres que han sido desde pequeñas víctimas de violencia familiar, tienen que ver con los patrones sociales en los que se ha ubicado a las mujeres por lo tanto a sus subjetividades. Esto hace que ellas no se perciban en un rol que no sea el de esposa, el de madre o el de hija, dejando de lado sus vivencias, sus necesidades personales y hasta su dolor.

Las secuelas que produce que una mujer sea violada en un contexto de guerra interna por un agente del Estado son traumáticas, en tal sentido, las consecuencias se evidencian a nivel personal, familiar y comunal. Sin embargo, es relevante destacar que las mujeres han elaborado e interiorizado de diversas formas la violación de la que fueron víctimas. A nivel personal se distinguen las consecuencias físicas, psicológicas y “morales”. La mayor parte de ellas refieren haber tenido hemorragias, dolores e infecciones; [15] las que incluso las angustian hasta la actualidad. De otro lado, su autoestima ha sido destruida, por la misma violación sexual, así como por la constante violencia, desprecio y humillación que recibe de sus familiares y de otros hombres y mujeres de la comunidad. En las circunstancias antes reseñadas, las mujeres víctimas de violación sexual desarrollaron características psicológicas específicas, en las que el miedo, la desconfianza, la inseguridad, la desesperanza “crónica” y la inestabilidad están siempre presentes. Los sentimientos hacia el perpetrador son de ira, odio y resentimiento. Además, sufren más las consecuencias cuando el resultado ha sido el embarazo. Por su parte, los niños y niñas son las víctimas receptivas, silenciosas y pasivas. Ellos escuchan la historia de su nacimiento y callan; sin embargo, son conscientes de su realidad y no se abstienen de formar opiniones:

“Sí, podría tener algún castigo por abandonarnos, dejarnos, saben en su conciencia que nosotros somos sus hijas, saben que estamos aquí y nunca son capaces de buscarnos. Están tranquilos por esa parte, no luchan nada, porque un papá siempre se sacrifica por sus hijos, pero ellos esas cosas no hacen por nosotras. Qué podría pasarme al encontrarme con mi papá, ni un castigo merecería ya, mandarlo matar por último. Bueno cuando hay momentos que puedo hablar de eso..., me llega..., me llega un ardor al corazón. Yo no sé por qué me ha dejao”.

A nivel familiar, estas experiencias inmovilizaban a los familiares de las víctimas, pues los soldados los chantajean y amenazan de muerte o destrucción de sus bienes, en caso denuncien el hecho ante sus superiores. Otras familias, sin embargo, se dividen y desarticulan, sobre todo a causa de la violencia y agresiones que la mujer sufre por parte de su esposo.

A nivel comunal, las mujeres que fueron violadas sexualmente son estigmatizadas y humilladas. Hay una subvaloración hacia las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte de aquellas que no lo fueron. Gonzáles Bustelo argumenta que la presión de la guerra genera sociedades fracturadas a lo largo de las líneas étnicas, raciales, religiosas o de partido, donde se rompe la solidaridad comunitaria y se incrementa la violencia de todo tipo, incluso se rompe la solidaridad entre las propias mujeres.

La violencia contra la mujer y sobre todo contra la mujer campesina, nativa y/o indígena es parte de un proceso histórico que se sustenta en un antiguo y rígido modelo de las relaciones de dominación. Siempre un poder dominador controló y excluyó a quienes consideraba “no iguales” y sólo fue sustituido por otro poder del mismo signo. Siempre hubieron conquistadores y conquistados; siempre se alimentaron las diferencias entre razas, sexos y clases sociales. En estas relaciones jerárquicas las mujeres han asumido el encargo de llevar la parte más pesada. Según las entrevistadas y entrevistados, las mujeres campesinas han sido “siempre” sometida a la decisión de los hombres; primero el padre, luego el esposo y durante la guerra interna “los militares”.

Las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres a partir de estos supuestos, inevitablemente, incluyen relaciones de violencia. La violencia hacia la mujer, básicamente, está centrada en “cuestiones domésticas” y en el dominio de su sexualidad. La fuerza, poder y dominio masculino son canalizados para poseer el cuerpo de la mujer, para hacer de ella un objeto al que hay que acceder cuando se sienta la necesidad de hacerlo. En suma, la violencia sexual contra las mujeres campesinas también forma parte de “las otras violencias” que ellas viven. Por lo mismo, se afirma que la violencia sexual en las zonas rurales es un hecho que ya existía; durante la violencia política, sólo cambio el agresor. [16]

II. El Caso Manta post Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

El caso antes detallado fue asumido por el área jurídica de la CVR y sugerido como parte de uno de los 47 casos judicializables ante el Ministerio Público y Poder Judicial. “La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que la violencia sexual en general y, en particular, la violación sexual de una mujer, constituye una violación de derechos fundamentales e inderogables de la persona humana, esto es, una forma de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, aunque esta deplorable práctica delictiva no ha sido expresamente mencionada en su mandato, ella se encuentra incluida entre los hechos que, de acuerdo con el mismo, deben necesariamente ser investigados por la Comisión” (CVR, 2003, Tomo VI: 263). A partir de las investigaciones realizadas la CVR concluyó que en el Perú la violación sexual constituyó un crimen de lesa humanidad por su carácter sistemático y/o generalizado, este se ha concentrado en las mujeres, pero sobre todo, en aquellas de raíces andinas y amazónicas. Los agentes del Estado fueron responsables del 83% de casos de violación sexual y los grupos subversivos del 11%. [17]

De acuerdo a las conclusiones de la CVR la proporción de denuncia de este crimen de guerra, a través de una instancia oficial y/o pública, así como en forma de testimonios asciende sólo al 7%. No obstante, hay que considerar que la violación sexual es un acto límite que intimida y enmudece por temor y vergüenza, y en tal sentido; silencia. Según cifras planteadas por la CVR el 16.54% de víctimas de violencia sexual fueron hombres y el 83.46% fueron mujeres. También, plantea que la violación sexual representa aproximadamente el 1.53% de la totalidad de casos reportadas a la CVR, por ello se concluye que existe una sub-representación de este crimen. La CVR plantea que existe una invisibilización de los casos de violación sexual, las mujeres guardaron silencio por temor y vergüenza, otras prefirieron narrar otras violaciones a los derechos humanos de ellas y/o de sus familiares.

A su vez, la CVR sugiere un perfil de las víctimas de violación sexual: el 75% eran quechuahablantes, el 83% era de origen rural, el 36% se dedicaban a actividades agrarias, el 30% eran amas de casa. La mayor parte de ellas eran jóvenes, sus edades oscilaban entre los 10 y 29 años. Asimismo, la CVR indica que las violaciones sexuales en el contexto de conflicto armando interno se produjeron en 15 de las 25 regiones del país, Ayacucho concentra 230 casos, Huancavelica 62 y Apurimac 52.

El Informe Final de la CVR asumen que la violencia sexual incluye: la prostitución forzada, unión forzada, esclavitud sexual, abortos forzados, embarazos forzados y violación sexual. En base al Estatuto de Roma, la CVR entiende la violación sexual como “una forma de violencia sexual, que se produce cuando el autor ha invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Dicha invasión debió darse por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, que se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento (CVR, 2003, Tomo VI: 265). La Comisión de la Verdad y Reconciliación asumió que la violación sexual en un contexto de guerra implica la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la trasgresión grave del Derecho Internacional Humanitario y la catalogo como crimen de lesa humanidad en base al estatuto y la jurisprudencia derivada del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

La judicialización del caso Manta

La judicialización del caso Manta fue una recomendación de la CVR, en tal sentido tres organizaciones no gubernamentales: Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Red para la Infancia y la Familia (REDINFA) asumieron las recomendaciones de la CVR y en esta perspectiva han planteado propuestas y programas de trabajo en Manta, fundamentalmente centradas en el patrocinio jurídico de las mujeres cuyos casos están propuestos para ser judicializados.

En esta ocasión sólo detallaré el patrocinio jurídico del Instituto de Defensa Legal18 a algunos de los casos de violencia sexual de Manta. El IDL brinda defensa legal a un grupo de mujeres de Manta que decidieron judicializar los actos de violación sexual del que fueron víctimas durante el conflicto armado interno.

En un primer momento, esta ONG estableció un acercamiento con las mujeres en Manta, en base a un trabajo de seguimiento y acompañamiento lograron establecer relaciones de confianza. Para ello fue fundamental la alianza con REDINFA para establecer una intervención psico-jurídico que buscaba sostener a las víctimas en el tiempo y en sus problemas comunales y personales. En base a esta intervención de abogadas y psicólogas se logró consolidar la decisión de las mujeres para comenzar la denuncia ante la Fiscalía. En un primer momento hubo dificultades para identificar a los perpetradores debido a que el Ministerio de Defensa no entregó información que pudiera ayudar a identificar a los militares que sirvieron en la Base Militar de Manta.

En base a las investigaciones que aportó el IDL y la Fiscalia de Huancavelica sólo se ha podido identificar fehacientemente a los perpetradores de siete de las trece mujeres cuyos casos fueron sugeridos para judicialización por la CVR. Eso porque las violaciones fueron de distinta naturaleza, algunos militares estuvieron encapuchados cuando violentaron sexualmente a las mujeres y muchos de ellos sólo usaron seudónimos. Este proceso de investigación duro cinco años (2004 – 2009). Los profesionales del IDL destacan la voluntad de la Fiscalia Provincial de Huancavelica que contribuyó a cruzar información y obtener datos e información de los perpetradores.

En este proceso, el IDL cumplió el rol de defensa de las víctimas cuando estas declaraban, llevaron adelante los peritajes psicológicos como medios de prueba en la investigación, aportaron con información necesaria para que se pueda identificar a los perpetradores y colaboraron brindando jurisprudencia necesaria para concretar la denuncia.

El resultado es que actualmente existe un “auto de apertura de instrucción”, resolución que abre proceso penal formal contra siete ex militares identificados como perpetradores en agravio de siete mujeres de Manta. El fiscal luego de seis años de investigación estableció que sí hay un hecho relevante y pide al juez que aperture proceso penal.

Inicialmente, las organizaciones de derechos humanos involucradas en este caso tenían el objetivo de que el caso Manta se judicialice como tortura, eso no ha sido posible porque el principio de legalidad que rige todo el sistema de justicia, establece que no se le puede imputar a alguien un delito que para el momento de su comisión no esté previsto por ley. Para el caso Manta, se concluyo que en los hechos califica como tortura pero cuando los delitos se cometieron la violencia sexual como tortura no estaba contemplada en la legislación peruana por lo tanto se le está procesando como violación sexual. Sin embargo, está considerado como crimen de lesa humanidad debido al contexto de violación sistemática de los derechos humanos en el que sucedieron los hechos. Respecto a ello el equipo del IDL plantea que “la estrategia era buscar una fórmula legal para consolidar el caso”. El caso ya terminó la etapa de instrucción y se encuentra en etapa de acusación, con la que se iniciaría el juicio público.

El IDL en base a esta experiencia de trabajo ha planteado un protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno.19 A su vez, ha planteado algunas conclusiones y/o trabas a las que se tuvo que enfrentar, como son la falta de confianza de las víctimas en el sistema de justicia, el hecho que los agresores fueran agentes estatales cuya función era garantizar la seguridad de la ciudadanía, configuró un escenario de absoluta indefensión, en el cual las agraviadas sabían que no existía autoridad alguna que pudiera garantizar su seguridad (IDL: 2010). Esta actitud y consecuente impunidad ha hecho que las mujeres pierdan la confianza en las instituciones, se suma a eso las secuelas psicosociales que sufren como consecuencia de la vulneración de sus derechos en el contexto de guerra interna.

Las concepciones tradicionales del cuerpo y como se reconocen las mujeres andinas en la familia y en la comunidad ha sido una traba central en la investigación. La comunidad incluso las ha llegado a estigmatizar y agredir. Las mujeres denunciantes han podido superar estas dificultades gracias al apoyo psicológico. [20]

En Manta ni cerca de Manta hay instancias de administración de justicia, no hay abogados de oficio para las víctimas de violencia que no tienen recursos económicos, se suma a esto que la mayor parte de mujeres víctimas son quechuablantes, esto muchas veces significa que no pueden acceder plenamente a las instancias administradoras de justicia. “La mujeres víctimas son en gran número iletradas, lo que las ubica en una situación de mayor vulnerabilidad y con menos recursos para realizar trámites, reclamar sus derechos, leer documentos que pudieron comprometerlas y negarse a firmarlos” (IDL: 2010: 79). Para superar esto se tuvo que hacer traducciones del castellano al quechua e invertir tiempo en la explicación de los aspectos jurídicos. Asimismo, lo que dificultó y retrasó la investigación es que el Ministerio de Defensa no ha proporcionado la información necesaria en relación a la identidad real de los militares que sirvieron en la Base Militar de Manta. Un tema complejo en este caso de violación sexual es, también, la actividad probatoria. “El irremediable transcurso del tiempo, la falta de atención a este tipo de casos y las diferentes estrategias de ocultamiento o encubrimiento de los hechos y de los perpetradores terminan siendo elementos que afectan seriamente la posibilidad de desarrollar investigaciones eficaces y en corto tiempo” (IDL: 2010: 85).”

En conclusión, la judicialización del caso Manta es el primer caso de violencia sexual cometido en un contexto de conflicto armado interno que se lleva a juicio en la región. Ha sido un proceso complejo a nivel institucional (Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio de Defensa, ONGs) y sobre todo a nivel comunal y personal. Como se comentó en la primera parte de esta ponencia la comunidad no percibió que las violaciones sexuales a las mujeres por parte de los militares hayan sido violaciones a los derechos humanos. De otro lado, las mujeres que están llevando adelante los juicios contra los militares sobre todo lo hacen pensando en una reparación que alivie la situación económica de los hijos que tuvieron como resultado de las violaciones sexuales. Pero por otro lado, los pobladores hombres y mujeres de Manta cuestionan el hecho de las mujeres víctimas de violencia sexual enjuicien a los militares. Esto debido a que en una convivencia de catorce años entre los pobladores de Manta y los efectivos de la Base Militar se produjeron distintos intercambios e interrelaciones. La pregunta es ¿dónde queda el derecho de las mujeres a pedir justicia ante las violaciones de sus derechos humanos?

Finalmente, destaco las palabras de Hercovich cuando menciona que con relación a lo vivido durante la violencia sexual tanto la palabra como el silencio son, al menos en algún sentido, intrínseca e inevitablemente injustos: si “el que calla, otorga, el que habla, fatalmente vuelve razonable lo irrazonable, justifica lo injustificable. No hay caminos mejores que otros y todas las elecciones, —sea el silencio, la denuncia, o incluso las ansias de justicia a través de la judicialización, — merecen igual consideración, pero sobre todo igual respeto.

Notas

1. Pontificia Universidad Católica de Perú.
2. La investigación inicial comprendió el estudio de dos comunidades de Huancavelica: Manta y Vilca. Pero la atención post Comisión de la Verdad y Reconciliación se ha centrado en Manta debido a que allí se registraron más casos de violencia sexual contra las mujeres.
3. Aquí, en su mayor parte, remitimos al informe de Mercedes Crisóstomo Meza “Mujeres y Fuerzas Armadas en un contexto de Violencia Política, Casos Manta y Vilca en Huancavelica” (Inédito).
4. Huancavelica se ubica en el centro sur de la sierra del país. La mayor parte de su población es rural es hace varios años es considerado como la región de mayor pobreza en el Perú.
5. La BCS Nº 42 de acuerdo al acta de entrega tiene un perímetro de 2 800 metros cuadrados, cuenta con veinte ambientes. Pertenecía a la Región Los Libertadores Huari y tenía como emblema “Hasta quemar el último cartucho”. En la actualidad el juzgado de paz y la gobernación de Manta ocupan sus instalaciones.
6. Véase el Informe Nº 57 de Defensoría del Pueblo “Amnistía vs. Derechos Humanos”.
7. Citado en Jelin, 2002.
8. La violencia sexual es un crimen específico, del que las mujeres son víctimas tanto en conflictos armados internos como internacionales. En este artículo asumo el concepto de Agnes Callamard quien señala que la violencia sexual por parte de miembros del estado es un crimen de violencia contra la mujer y es una forma de agresión y de dominación. La sexualidad se utiliza como un medio para ejercer poder sobre la víctima. El agresor se propone someter, degradar y humillar a las víctimas. La violación consiste en penetrar el cuerpo de una persona, por la fuerza o sin su consentimiento con el pene o con un objeto.
9. La mayor parte de las mujeres de Manta tienen como lengua materna el quechua. En su mayoría no han concluido sus estudios primarios y/o secundarios y en promedio tienen cinco hijos. Mayoritariamente se dedican a las labores domésticas, además de realizar actividades agrícolas y dedicarse eventualmente al pequeño comercio en las ferias.
10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende la tortura como la práctica o la instigación por medios en los que el dolor físico o mental o el sufrimiento se inflingen en forma intencionada sobre una persona —habiendo tenido en consideración la edad, sexo o la condición de la misma— con el propósito de intimidarla o para obtener una confesión de ella o para castigar a la persona por algún acto cometido o que se sospecha que ha cometido.
11. El testigo tiene dos sentidos. Es testigo participe es quien vivió una experiencia y puede, en un momento posterior, narrarla, 2dar testimonio”. El testigo delegativo alude a un observador, a quien presenció o escuchó sobre un acontecimiento, quien vio algo aunque no tuvo participación directa.
12. La desaparición forzada de personas es entendida como la privación de la libertad de una persona, cualquiera fuera su motivación causada por agentes del Estado, por personas o grupos de personas que actúen con la autorización o la aquiescencia del mismo, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de negación de información o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida. Vulnera el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal y a un recurso efectivo ante los tribunales. Para mayores referencias véase El Proyecto del Convenio sobre la protección de las personas contra la desaparición forzada.
13. La denuncia muchas veces implicaba hacer un recorrido entre las Bases Militares de Manta, Vilca, Pampas en Huancavelica y finalmente, “Cabitos” en Ayacucho.
14. A partir de la investigación, también, se concluye que las relaciones sentimentales y/ o matrimonios con los soldados fueron parte de las estrategias de sobrevivencia de las mujeres y de sus familiares. Esta “alianza” evitaba que ellas puedan ser violadas o que sus familiares vayan a ser detenidos o asesinados. No obstante, producto de algunas de estas relaciones, así como producto de las mismas violaciones sexuales hay muchos hijos e hijas que han sido registrados y registradas sólo con los apellidos maternos o con apellidos que los soldados les refirieron y que terminaron siendo falsos. En la actualidad estos hijos e hijas han sido “abandonados” o dejados al cuidado de los abuelos; tienen dificultades con el registro de sus apellidos y sobre todo son maltratados, estigmatizados y discriminados por miembros de la comunidad y por sus familiares que se ven obligados a responsabilizarse por ellos.
15. También se conoce que muchas mujeres interrumpían su ciclo menstrual y que algunas abortaban, ambos hechos por el impacto que les produjo haber presenciado asesinatos, haber sido víctimas de torturas físicas y psicologías. O por solo hecho de vivir a diario entre el miedo y la tensión.
16. En el 2004 regresé a Manta junto a un equipo interdisciplinario de investigadores de la ONG feminista DEMUS, el objetivo era hacer una línea de base sobre la comunidad, en el proceso de investigación se detalló que antes de 1980 el hacendado Pacheco era quien violaba sexualmente a las mujeres.
17. La CVR señala que los grupos subversivos fueron responsables de otros tipos de violencia sexual, fundamentalmente de abortos forzados, unión forzada y servidumbre sexual.
18. El Instituto de Defensa Legal (IDL) es una organización no gubernamental de derechos humanos que se fundó en el Perú en 1985 durante los años de conflicto armado interno, es integrante y fundador de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y tiene por finalidad “la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en Perú y en América Latina”. Para mayores referencias véase www.idl.org.pe
19. Este explicita la complejidad de judicializar las violaciones sexuales cometidas en contextos de guerra interna. Entre otras sugiere desarrollar una intervención multidisciplinaria, crear fiscalías especializadas, identificación con las víctimas, definición de un ámbito de coordinación con el Ministerio Público, identificación de presuntos perpetradores, identificación de los elementos de contexto social y político del lugar de los hechos, desarrollar la estrategia de acompañamiento psicológico para las víctimas y sus familiares, desarrollar medidas de confianza en los operadores del sistema de justicia, entre otros.
20. Hay que precisar que muchas de las mujeres cuyos casos están siendo judicializados ya no vivían en Manta cuando la investigación social y jurídica fue realizada, ellas migraron a ciudades cercanas para salvaguardar sus vidas.

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