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martes, 4 de octubre de 2011

PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL TRIBUNAL SIMBÓLICO CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO

Durante el 26 de septiembre de 2011, cinco feministas internacionales en derecho internacional de los derechos humanos, derechos de las mujeres y litigio estratégico hemos conocido, en calidad de juezas, un conjunto de casos de violencia sexual en contra de mujeres de los que son responsables integrantes de todos los grupos armados registrados en el marco del conflicto armado colombiano.

El acercamiento a los casos presentados se ha dado a través de un proceso en el cual previamente tuvimos acceso a la información completa sobre los casos, sumado a un encuentro directo con víctimas y sobrevivientes, que nos ha permitido constatar la gravedad de los hechos registrados además de los complejos impactos derivados de estos hechos de violencia.

Con el propósito de no generar nuevos riesgos a las víctimas y a las organizaciones acompañantes, se diseñó una metodología que permitió escenificar la experiencia de un Tribunal Simbólico sin generar nuevos riesgos para las víctimas y las organizaciones participantes. Es por ello que hemos escuchado testimonios de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual bajo una protección de la información específica que protege la identidad y la ubicación de las víctimas, con el fin de evitar generar situaciones de riesgo que puedan afectar su vida e integridad.

De igual forma hemos tenido la oportunidad de presenciar la presentación de peritazgos realizados por profesionales que cuentan con amplios conocimientos y una reconocida trayectoria en derechos de las mujeres y acompañamiento a víctimas y sobrevivientes, y que han presentado sus dictámenes sobre obligaciones internacionales del Estado en materia de investigación y sanción de crímenes sexuales; documentación de hechos de violencia sexual desde la antropología forense; e impactos psicosociales derivados de hechos de violencia sexual registrados en el conflicto armado, los que han aportado de manera significativa en la comprensión de los principales retos que enfrentan las organizaciones sociales, la sociedad civil y el Estado en materia de documentación, garantía y reparación de los derechos de las víctimas de violencia sexual.

La información disponible, tanto la que se ha difundido públicamente como a la que se ha tenido acceso reservado, permite evidenciar la existencia de una práctica sistemática de violencia sexual registrada en el marco del conflicto armado colombiano, que se ha utilizado como un arma de guerra por todos los grupos armados (fuerza pública, grupos paramilitares y guerrillas) con el propósito de obtener réditos en el desarrollo de las hostilidades. Estos hechos incluyen casos de violación, desnudez forzada, anticoncepción forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado y todos aquellos crímenes de violencia sexual que se han registrado en concurso con otros crímenes como los de homicidio, desaparición forzada, secuestro y tortura.

A través del presente pronunciamiento quisiéramos reconocer la valentía de las mujeres que decididamente han rendido sus testimonios, quienes son las actoras fundamentales de este Tribunal, quienes con el convencimiento pleno de que con la participación en este escenario se pueden movilizar acciones orientadas a prevenir que otras mujeres puedan ser víctimas de los mismos hechos. Ellas que sin importar lo difícil que resulta recordar lo vivido, han querido compartir sus vivencias con nosotras con el afán de poder hacer que la sociedad se entere de lo sucedido y que el Estado se comprometa con la atención integral de las víctimas de violencia sexual.

A continuación, retomamos los elementos principales en relación con los hechos y la respuesta que las entidades estatales han suministrado a la víctimas de violencia sexual, con el propósito de formular un dictamen en relación con la responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en relación con la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, seguido de unas recomendaciones finales que esperamos puedan contribuir a la superación de la impunidad en que se encuentran estos crímenes.

Este Tribunal Simbólico Contra la Violencia Sexual Considera que:

1. El Estado colombiano ha suscrito una serie de obligaciones internacionales que le exigen prevenir, investigar, judicializar y sancionar la violencia sexual. Estas obligaciones emanan de diversos instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros.

2. Que en cumplimiento de dichas obligaciones el Estado Colombiano, debe responder al principio de debida diligencia reconocido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer por medio del cual se obliga a los Estados Partes a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Obligación que según la Relatora sobre la violencia contra la mujer, obliga a los Estados a “adoptar medidas positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de la violencia”1.

3. Que estas obligaciones no han sido cumplidas por el Estado colombiano, lo que se evidencia en las múltiples recomendaciones formuladas por diversos mecanismos de seguimiento a la situación de derechos de las mujeres, quienes han manifestado su preocupación por la ausencia de medidas de protección efectiva contra la violencia sexual y la falta de investigación, judicialización y sanción de estos crímenes.

4. Que la Relatora sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la Sra. Radhika Coomaraswamy, en 2001, manifestó su preocupación por el reducido número de condenas por hechos de violencia por motivo de género, que se hace menor en los casos de violencia sexual registrados en el marco del conflicto armado. Según la Relatora, “el hecho de que no se investiga, enjuicia y castiga a los responsables de violaciones y otras formas de violencia basada en el género ha contribuido a un entorno de impunidad que perpetúa la violencia contra la mujer”2.

5. Que en el 2007, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado de Colombia adoptar “todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u organización” e instó al Estado a que “haga frente a las causas subyacentes de la violencia contra la mujer y a que mejore el acceso de las víctimas a la justicia y los programas de protección”3.

6. Que en el 2009, el Comité Contra la Tortura manifestó su preocupación por la alta incidencia de la violencia sexual en el Estado Parte, la ausencia de información relacionada con la investigación de los casos referidos en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional y la falta de identificación de los responsables de casos de violencia sexual en los que la responsabilidad se atribuye a la fuerza pública. Además llamó la atención por “la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual en los mecanismos establecidos por la Ley 975 de 2005 y que en los informes forenses, a pesar de las instrucciones que han sido adoptadas, no siempre se documentan las señales de tortura o violencia sexual”4.

7. Que en el 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado de Colombia “tomar medidas eficaces para investigar todos los casos de violencia sexual remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación”, y garantizar que “todos los casos de violencia sexual atribuidos a la fuerza pública sean investigados, enjuiciados y sancionados”. Así mismo, manifestó su preocupación por “la invisibilidad de los crímenes de violencia sexual en los mecanismos establecidos por la Ley 975 de 2005”5.

8. Teniendo en cuenta además, que de la normatividad internacional ya mencionada, resulta determinante insistir en la adopción de las directrices establecidas en las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres y su relación con los temas de paz y seguridad, que al ser declaraciones formales adoptadas por organismos de la ONU, tienen el carácter de obligatorias, como las Resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889. Señalamos que el Estado colombiano no ha asumido el carácter obligatorio de estas resoluciones, lo que se constata en la inexistencia de una coordinación institucional que permita la realización de acciones concretas y encaminadas a la implementación de estas resoluciones.

9. Por último, considerando que en su informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia de 2010, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General de la Nación “adoptar una política sistemática de investigación de casos de violencia sexual y avanzar rápidamente en las investigaciones sobre las denuncias presentadas”6.

Pasamos a analizar los siguientes hechos:

- Los casos de violencia sexual sobre los cuales hemos tenido conocimiento, develan una práctica sistemática y generalizada por parte de todos los grupos que participan en el conflicto armado. Este grupo colegiado de juezas ha conocido hechos atribuidos a la fuerza pública, a los grupos paramilitares y a la guerrilla, los que se han registrado en varios departamentos del país y en diferentes períodos.

- En los casos que hemos tenido conocimiento, los perfiles de las víctimas son variados, se incluyen niñas, jóvenes, mujeres adultas, indígenas, afrocolombianas, líderes, desplazadas, entre otras. La violencia sexual se registra, tanto en zonas rurales como urbanas, y en contextos diversos en los que los grupos armados aprovecharon su dominio para cometer con total libertad los hechos y con el propósito de obtener ventaja o ejercicio del poder que detentaban.
- En los casos en los que las víctimas acudieron a entidades estatales luego de registrados los hechos, manifestaron que las autoridades públicas a las que habían acudido luego de los hechos de violencia sexual, habían asumido actitudes negligentes al no haber dado crédito a sus testimonios, obstaculizado la realización de las denuncias o de los exámenes pertinentes.

- En muchas oportunidades la investigación de los hechos de violencia sexual se subsume en la comisión de otros crímenes como homicidio o desaparición forzada, por lo que se ignora la existencia del crimen. En ninguno de los casos se conoce que se ha indagado sobre la responsabilidad de los comandantes o los superiores jerárquicos.

- Aunque en algunas casos se ha accedido a medidas de reparación de carácter administrativo, que se reducen al ámbito indemnizatorio, desatendiendo los demás componentes de la reparación integral, estas han generado nuevos daños psicosociales al no estar acompañado de un proceso preparatorio que permita asumir la entrega como parte del proceso de reparación al que tienen derecho las víctimas y sobrevivientes.

- Varias de las mujeres que han emprendido acciones judiciales en contra de los responsables, han enfrentado situaciones de riesgo que no han sido atendidas por las autoridades públicas al considerar que no existe un riesgo inminente.

- Alarma a este Tribunal la violación a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, fundamentalmente la violación a los derechos de las mujeres, para las que sus territorios y recursos naturales, así como la forma en que viven en sus comunidades, constituyen un elemento fundamental para preservar su cultura y supervivencia.

- Se registra con preocupación por este Tribunal, la ocupación de territorios de pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes por parte de todos grupos armados, lo que podría ser constitutivo de persecución. Esta práctica debe suprimirse en aras de garantizar los derechos sobre el territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores y los hechos analizados, este Tribunal Simbólico en contra de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado se permite expresar las siguientes conclusiones:

1. La violencia sexual es un problema estructural del conflicto armado colombiano, pues no solo permite la cohesión de los actores, sino que garantiza el hilo conductor de todas las violencias contra las mujeres. Consideramos que la única manera que haya garantías de no repetición, es que se ponga un alto urgente al conflicto armado colombiano ya que la violencia sexual garantiza el contínuum de violencias y su persistencia genera un daño transgeneralizacional.

2. Rechazamos la persistencia del conflicto armado en Colombia que es generador, no solo de violencia contra las mujeres, sino de violaciones a los derechos humanos al total de la población. La salida negociada al conflicto armado se constituye en una medida de no repetición de los crímenes ocurridos en Colombia.

3. Los grupos armados, legales e ilegales, son responsables de una práctica sistemática y generalizada de violencia sexual que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, y de tortura.

4. Condenamos la negligencia y tolerancia con la cual ha actuado el Estado de Colombia, para responder en los casos de violencia sexual ya que estos hechos permanecen en la impunidad en incumplimiento de la obligación nacional e internacional de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

5. Instamos a las autoridades judiciales colombianas que no han actuado con la debida diligencia en la investigación y judicialización de la violencia sexual, para que empleen todas las herramientas que permitan reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos, recabar todos los elementos probatorios orientados a demostrar la responsabilidad de los perpetradores y a restablecer la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, para que no se perpetúe el daño y el dolor de las víctimas.

6. Manifiesta nuestra preocupación por las alarmantes cifras de desaparición forzada y la ausencia de investigación y judicialización de estos crímenes, lo que se evidencia en las cifras de casos registrados y los incipientes casos que están siendo investigados.

7. Reconocemos y respaldamos las iniciativas de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que promueven procesos de escucha y reconstrucción de lo vivido desde su experiencia.

Este Tribunal Simbólico hace las siguientes recomendaciones:

1. El Gobierno ha privilegiado la concesión de indemnizaciones económicas sobre la garantía de las demás medidas que componen la reparación integral, lo que no logra el restablecimiento de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Por ello hacemos un llamado al Estado Colombiano, para que avance en medidas de reparación integral para las víctimas y sobrevivientes que deben incluir, la creación y consolidación de una política pública de atención médica y psicosocial a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que este orientada al restablecimiento de su salud física y mental.

2. En materia de reparación integral con un enfoque diferencial cultural, solicitamos al Estado Colombiano tener en cuenta el nivel espiritual, la diversidad étnica y de género, para que los procesos de reparación en comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes, sean efectivos e incluyan, procesos enfocados a sanar las heridas de las personas y las comunidades como elementos central de la reparación.

3. Recomendamos que las políticas estatales en materia de acceso a la justicia para mujeres víctimas y sobrevivientes, cuenten con una respuesta oportuna y eficaz que permita identificar a los responsables de los hechos, imponer sancionar y otorgar medidas de reparación judicial para las víctimas y sobrevivientes.

4. Respaldamos a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de acciones de reparación de víctimas sobrevivientes de violencia sexual y por razones de género.

5. Hacemos un llamado especial al poder judicial, para que adopte medidas concretas, que permitan la superación de la situación de impunidad en que se encuentran los casos de violencia sexual, partiendo de asumir la responsabilidad de investigar de oficio los hechos sobre los cuales tenga conocimiento, sin delegar a la víctima toda la iniciativa en la apertura y gestión del proceso jurídico. Que las investigaciones judiciales involucren a todos los responsables de los hechos, incluyendo tanto a los responsables directos de de los mismos como a los dirigentes que tengan responsabilidad por línea de mando.

6. Recomendamos también al poder judicial que al momento de recopilar y analizar las pruebas, las autoridades competentes, realicen un estudio integral, en el que todos los elementos probatorios puedan ser analizados y tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión. Que aunque la prueba sexológica pueda ser uno de los elementos primordiales para el estudio de algunos casos, no sea el único, ni el primordial para todos los casos.

7. Convocamos a las entidades de Gobierno competentes para que en el marco de aplicación de la Ley 975 de 2005, se incrementen los esfuerzos para investigar y judicializar los crímenes sexuales atribuidos a los integrantes de los grupos armados que se encuentran postulados a recibir los beneficios de este marco jurídico. Se debe promover que los fiscales realicen indagaciones orientadas a establecer la comisión de violencia sexual, más allá de la denuncia que puede realizar la víctima y que profundicen en el análisis de la violencia sexual como un crimen de sistema.

8. Instamos al Estado a fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres que estén interesadas en participar en procesos judiciales sobre hechos de violencia sexual. Las autoridades públicas, que incluyen a la Fiscalía General de la Nación y a los Ministerios del Interior y de Justicia, deben contemplar la adopción de nuevas medidas de seguridad en las que se tenga en cuenta la condición social, étnica y económica de las mujeres.

9. Recomendamos a los organizamos internacionales que tienen como mandato la supervisión de los derechos humanos en Colombia, realizar un trabajo más concentrado en el seguimiento y denuncia de los hechos de violencia sexual, que permita evidenciar la gravedad de esta problemática ante la comunidad internacional, presionando así la adopción de medidas internas.

10. Hacemos un llamado urgente al Estado Colombiano para que ratifique la Convención sobre desaparición forzada, y redunde esfuerzos en materia de investigación y sanción de la desaparición forzada.

11. Proponemos la creación de una comisión de la verdad que incluya dentro de los procesos de reconstrucción de memoria histórica los hechos de violencia sexual, trascendiendo los esfuerzos que se ha hecho en América Latina, desde el concepto de verdad, justicia y reparación integral.

12. Recomendamos además el Estado Colombiano pueda implementar garantías de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, líderes comunales y representantes de organizaciones sociales, con el propósito de facilitar la promoción y denuncia de estos casos.

13. Instamos al Estado Colombia a que en virtud del derecho a la salud, se reconozca el máximo nivel de bienestar físico, mental y social de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluidos el acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto.

14. Exigimos al Estado que despliegue el máximo de esfuerzos para modificar los patrones socioculturales que reproducen la discriminación hacia las mujeres. En este sentido el Estado debe diseñar, implementar y evaluar procesos de capacitación que tengan por objeto modificar las conductas de los funcionarios públicos de cara a la situación de discriminación que viven las mujeres.

Si las historias se nombran y se escriben no mueren…

El porvenir empieza ahora, en este Tribunal.

El presente pronunciamiento es suscrito y difundido públicamente el 26 de septiembre de 2011, en la ciudad de Bogotá.


Notas

1 Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Informe presentado por la Sra. Yakin Ertürk, Informe sobre la norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, E/CN.4/2006/61, 20 de enero de 2006, pág. 2.
2 Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: Misión a Colombia (1-7 de noviembre de 2001), E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo de 2002, párr. 103.
3 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Colombia, CEDAW/C/COL/CO/6, 2 de febrero de 2007.
4 Comité contra la Tortura, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia, 19 de noviembre de 2009, CAT/C/COL/CO/4, párr. 27.
5 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia, CCPR/C/COL/CO/6, 4 de agosto de 2010, párr. 18.
6 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011, párr. 109.

Tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/41-violencia-contra-mujeres/3571-el-fallo-simbolico-de-la-violencia-sexual-en-el-conflicto  

Imagen tomada de: http://www.corresponsaldepaz.org/news/2009/09/09/0002

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