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martes, 8 de noviembre de 2011

LISTA DE SEIS PUNTOS SOBRE LA JUSTICIA RESPECTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Por Amnistía Internacional


Los actos de violencia sexual y de género son siempre un delito y una violación fundamental de los derechos humanos. Por desgracia, la violencia es una realidad diaria para muchas mujeres en todos los países del mundo. Las normas internacionales de derechos humanos obligan a los Estados a tipificar como delito la violación y otras formas de violencia sexual y de género y a abordar estos delitos. Los Estados no pueden escudarse en que la legislación nacional no refleja la realidad de la violencia sexual ni el derecho de las mujeres a la reparación para no adoptar medidas destinadas a prevenir la violencia, investigar sus causas, procesar a los presuntos autores y otorgar reparación a las mujeres.

En el caso de la violencia perpetrada por agentes estatales, como la policía o las fuerzas armadas, o mientras la víctima está bajo custodia, la violación y otros actos de violencia sexual constituyen tortura. En el caso de otros autores de actos de violencia que ocupan una posición de confianza, como maestros, líderes religiosos o médicos, la violencia sexual constituye no sólo un delito, sino también un incumplimiento de su deber de cuidar de las mujeres.

La campaña de Amnistía Internacional “No más violencia contra las mujeres” [1] pretende ampliar sus éxitos anteriores, que han contribuido a lograr cambios positivos en leyes, políticas y prácticas que abordan la violencia sexual y de género en los niveles regional, nacional e internacional. Esto incluye leyes que criminalizan la violencia sexual –incluida en el contexto de conflictos armados–, leyes que abordan la violación y otras formas de violencia en el seno del matrimonio, y leyes sobre pruebas y normas de procedimiento que eliminan prácticas anteriores discriminatorias que impedían la igualdad de las mujeres ante la ley.

No obstante, pese a lo que suponen, Amnistía Internacional es plenamente consciente de la escasa diferencia que han supuesto estos éxitos en la vida de las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de violencia sexual y de género. (Amnistía Internacional reconoce que los hombres y los niños también sufren violencia sexual y de género y pueden encontrarse con obstáculos similares a la hora de buscar justicia.)

Esta lista de control tiene como finalidad ayudar a quienes hacen activismo a identificar:

- leyes, políticas y prácticas que aún necesitan ser reformadas; y
- obstáculos a la aplicación con éxito de leyes y políticas.

La lista se basa en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Está organizada de acuerdo con los pasos que las víctimas deben dar para denunciar un delito y pedir reparación, mediante el sistema de justicia penal, por la violencia sexual y de género.

En cada contexto nacional, es importante formular seis preguntas principales:

1. ¿Son adecuadas las leyes existentes?
2. ¿Es seguro para una víctima denunciar un delito de violencia sexual o de género?
3. ¿Son apropiadas y adecuadas la recopilación de pruebas forenses y la prestación de atención médica?
4. ¿Existen obstáculos específicos que impiden a las víctimas acceder a servicios adecuados de manera oportuna?
5. ¿Es eficiente y exhaustiva la investigación de delitos?
6. ¿Son los juicios justos, competentes y eficientes?

Las seis preguntas clave que forman la base de esta lista están interrelacionadas. La lista ayudará a los activistas a identificar qué cambios se necesitan, en la ley o en la práctica, para garantizar que las víctimas y supervivientes de violencia sexual o de género tienen un acceso significativo a servicios y justicia. No obstante, dependiendo de la jurisdicción, es probable que los activistas identifiquen distintos obstáculos dentro de los diferentes elementos de la lista.

¿SON ADECUADAS LAS LEYES EXISTENTES?

La violencia sexual y de género debe estar tipificada como delito.

- La violación y otras formas de violencia sexual deben definirse como una conducta sexual en la que la víctima se ha visto coaccionada –por medios violentos o no violentos–, por lo que su consentimiento a mantener relaciones sexuales no ha sido real y libre. No debe existir, ni en la ley ni en la práctica, suposición alguna de que una víctima da su consentimiento porque no ha opuesto resistencia física a la conducta sexual no deseada, independientemente de que su agresor haya amenazado con utilizar o haya utilizado la violencia física.

- El derecho penal debe identificar la violación y otros actos de violencia sexual como delitos contra la integridad física y mental de la víctima, más que como un delito contra la moralidad o el honor. La ley que tipifique como delito esa conducta debe ser neutral en cuanto al género.

- El derecho penal debe permitir el procesamiento efectivo de cualquier autor de actos de violencia sexual, y no debe haber exenciones para determinados autores (como en el caso de la violación conyugal, que supone que las mujeres casadas dan automáticamente su consentimiento al contacto sexual con sus esposos).

- Los delitos de violencia sexual y de género en situaciones de conflicto armado deben investigarse y enjuiciarse basándose en el supuesto de que los actos de violencia sexual y de género en el contexto de conflictos son crímenes de guerra. Además, la obediencia de órdenes superiores no constituye una defensa, y la cuestión de la responsabilidad de la cadena de mando debe investigarse. Cuando la violencia sea generalizada o sistemática, debe investigarse como un posible crimen de lesa humanidad.

- Los autores de violencia sexual o de género no deben poder utilizar como defensa argumentos discriminatorios basados en el “honor”, la “pasión” o la “provocación” que puedan limitar la responsabilidad penal por los actos de violencia sexual.

- La violencia de género –por ejemplo, la violencia en una relación íntima– debe tipificarse como delito y tratarse, dentro del sistema de justicia penal, con la seriedad con que se tratan actos comparables de violencia entre personas que no son miembros de la misma familia. No debe suponerse que una pareja, un padre, un cónyuge, un hermano o un hijo tiene derecho a “castigar” a una mujer o una niña mediante la amenaza o el uso de violencia física. El marco jurídico no debe discriminar a las mujeres o niñas que buscan justicia y no debe conducir a violaciones adicionales de sus derechos.

- Todas las víctimas deben gozar de igual protección de la ley frente a la violencia, sin discriminación por razón de edad, raza, origen étnico, religión, estado civil, posición social, casta o ascendencia, condición migratoria, empleo (incluido el sexo como profesión), prácticas sexuales, orientación sexual (por ejemplo, lesbianas), identidad de género (por ejemplo, mujeres transgénero) o apariencia (por ejemplo, la forma de vestir de una mujer).

- Una víctima que denuncie violencia sexual o de género no debe correr el riesgo de ser acusada de un delito como adulterio, prostitución, fornicación, homosexualidad, estancia irregular en el país, etc. Tampoco debe correr el riesgo de perder la custodia de sus hijos (por ejemplo, en los casos de violación conyugal).

- No debe haber disposiciones legales que socaven o devalúen el testimonio de las mujeres o niñas, siempre que esté claro que éstas están capacitadas para testificar. En particular: no debe existir el requisito de que el testimonio de la víctima sea corroborado por otras pruebas o testimonios; no debe utilizarse la “norma cautelar” (que establece que un juez debe advertir al jurado de que las demandantes pueden tener motivos para mentir sobre el caso o ser proclives a fantasear, y que su testimonio puede por ello ser poco fiable); no debe inferirse que una mujer o niña que estuviera bajo la influencia del alcohol o las drogas (aunque sea en una cantidad mínima) en el momento de ser víctima del delito es responsable del acto de violencia; no debe inferirse que una mujer o una niña son culpables por su forma de vestir, ni por hallarse en un lugar determinado. Las mujeres que trabajan como profesionales del sexo o en el sector del espectáculo no deben sufrir un trato diferente a causa de su profesión. Además, debe haber una firme noción de que en el juicio no deben presentarse pruebas o testimonios sobre el historial sexual de la víctima, para evitar conclusiones discriminatorias sobre la credibilidad de la demandante, su carácter o su predisposición a la disponibilidad sexual.

2. ¿ES SEGURO PARA UNA VÍCTIMA DENUNCIAR UN DELITO DE VIOLENCIA SEXUAL O DE GÉNERO?

El Estado debe garantizar que las víctimas y supervivientes de la violencia sexual u otras formas de violencia de género tienen acceso a vías seguras y oportunas para denunciar el delito.

- Los Estados deben garantizar que la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no intimidan, amenazan o humillan en forma alguna a las víctimas de violencia sexual o de género, ni al presentar su denuncia ni durante la investigación subsiguiente. La policía debe valorar de inmediato si la denunciante corre peligro de sufrir nueva violencia y, de ser así, garantizar que recibe protección adecuada.

- Deben existir códigos de conducta de obligado cumplimiento que garanticen que los agentes de policía trabajan de manera profesional con las víctimas de violencia sexual o de género. Esto debe incluir la prohibición de las actitudes despectivas, discriminatorias, agresivas, indebidamente escépticas o poco profesionales. Los códigos de conducta deben incluir disposiciones para hacer que los agentes rindan cuentas en los casos en los que las supervivientes no reciben un trato adecuado.

- Debe permitirse a las víctimas acudir con un abogado a todas las entrevistas con la policía u otros investigadores.

- Los agentes de policía deben recibir formación (como parte de su formación básica y su formación profesional continua) sobre los métodos más adecuados para entrevistar y apoyar a las víctimas de violencia sexual.

- Las víctimas deben ser entrevistadas en un entorno seguro y privado. Los policías deben, por sistema, evaluar la seguridad de la denunciante y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la víctima durante la investigación que se lleve a cabo (por ejemplo, haciendo cumplir, si existe, una orden judicial que prohíba al agresor acercarse a la denunciante). Una denunciante no debe en ningún caso ser puesta bajo “custodia de protección”.

- Todos los casos deben incluirse inmediatamente en los registros, y tanto a la denunciante como al abogado de la víctima deben proporcionárseles información completa sobre el progreso del caso y actualizaciones periódicas. La policía debe emitir un número único para todo el caso, que facilite el seguimiento.

- Las víctimas que están bajo alguna forma de custodia del Estado o en algún otro tipo de institución deben contar con un medio seguro para presentar una denuncia ante una entidad adecuada ajena a la institución. La investigación no debe en ningún caso ser interna. Por ejemplo, los funcionarios de prisiones no deben investigar denuncias de abusos a manos del personal penitenciario, sino que deben remitir el caso a la policía especializada en la investigación de la violencia sexual y de género.

3. ¿SON APROPIADAS Y ADECUADAS LA RECOPILACIÓN DE PRUEBAS FORENSES Y LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA?

La recopilación y el procesamiento de las pruebas forenses deben ser efectivos, no deben excluir a las víctimas por razón de coste o ubicación y no deben traumatizar aún más a la víctima.

- Los profesionales de la medicina deben recibir formación respecto al protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativo a la recopilación de pruebas forenses en casos de violencia sexual y de género. Deben tomar notas y recoger muestras de manera tal que se garantice que las pruebas pueden utilizarse en juicios penales, por ejemplo protegiendo la cadena de custodia de las pruebas.

- Los profesionales de la medicina deben recibir formación respecto a la manera de citar los datos pertinentes en el informe médico forense, en un formato que pueda ser utilizado por la policía y la fiscalía a la hora de emprender acciones contra los autores de los actos de violencia. Los expertos en medicina forense no deben nunca extraer conclusiones jurídicas.

- Los profesionales de la medicina deben remitir a las supervivientes a los servicios de apoyo adecuados.

- El sistema de justicia penal no debe exigir que las víctimas que denuncien violación o violencia sexual sean sometidas a un examen médico forense aparte. Separar el tratamiento de la recogida de pruebas viola el derecho a la salud y plantea serias cuestiones éticas. El examen inicial en cualquier servicio de salud debe llevarse a cabo de manera que garantice que las pruebas forenses que pudieran utilizarse para la investigación y el juicio se recogen en ese momento.

- Si se necesita un examen médico forense aparte, los profesionales de la medicina encargados de realizarlo deben recibir formación respecto al protocolo de la OMS para la recogida de pruebas forenses en casos de violencia sexual y de género.

- El examen médico forense debe ser accesible para las supervivientes, tanto física como geográficamente. Debe existir ayuda económica disponible para los costes del viaje, y los exámenes médicos deben ser gratuitos. En ningún caso debe la imposibilidad de la víctima de pagar los costes impedir que ésta obtenga un examen médico y atención médica adecuada.

- El examen debe llevarse a cabo lo antes posible, ya que algunos tipos de prueba deben recogerse en un plazo de horas. Si una víctima no puede acceder a un especialista forense con rapidez, ese hecho no debe utilizarse en modo alguno para socavar la credibilidad de la denuncia.

- No debe cobrarse a las víctimas por la recogida de muestras (por ejemplo, el coste de los “kits de violación”) o por la documentación de los resultados de los análisis en un informe médico.

4. ¿EXISTEN OBSTÁCULOS ESPECÍFICOS QUE IMPIDAN A UNA VÍCTIMA ACCEDER CON RAPIDEZ A SERVICIOS ADECUADOS?

Las víctimas de violencia sexual u otro tipo de violencia de género deben tener acceso inmediato a servicios de salud adecuados.

- Debe haber servicios de salud disponibles y accesibles, física y geográficamente, para todas las víctimas de violencia sexual o de género. A la paciente deben reembolsársele los gastos del viaje si no puede hacerles frente. Si el centro médico cobra por su servicio, la imposibilidad de pagarlo no debe impedir el acceso al tratamiento. Debe suprimirse el cobro a aquellas víctimas que, de otra manera, no podrían acceder a los servicios.

- Las víctimas que busquen servicio médico tras haber sufrido un acto de violencia sexual o de género deben poder acudir a un profesional de la medicina de su elección (mujer u hombre).

- Los servicios de salud deben proporcionar a las mujeres o niñas que hayan sido violadas atención médica adecuada, que incluya contracepción de emergencia, profilaxis posterior a la exposición al VIH, atención ginecológica para las lesiones sufridas en la agresión, atención médica general para otras lesiones que haya podido sufrir, y apoyo psicológico inicial.

- Los profesionales de la medicina que atienden a supervivientes inmediatamente después de un acto de violencia sexual o de género deben recibir formación para atender las necesidades de esas supervivientes de manera profesional y brindándoles apoyo, y deben tratarlas de forma confidencial y sin discriminación. El personal de salud debe poder remitir a las pacientes a otros servicios adecuados, como atención psicológica y asesoramiento jurídico.

- Debe haber servicios accesibles y adecuados, incluido el aborto, para las mujeres y niñas que quedan embarazadas a consecuencia de violación o incesto.

5. ¿ES EFICIENTE Y EXHAUSTIVA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS?

La investigación debe llevarse a cabo sin demora, y debe explorar todas las pruebas pertinentes para respaldar un enjuiciamiento adecuado.

- Las autoridades responsables de la investigación deben proteger la identidad de la superviviente, si ésta así lo desea.

- La policía no debe prejuzgar las pruebas y testimonios antes de que la investigación haya comenzado siquiera (por ejemplo, rechazando la credibilidad de la versión de la denunciante o alentando informalmente a ésta a retirar la denuncia “por su propio bien”).

- Debe haber unos criterios claros que definan cuándo la policía debe remitir un caso a la fiscalía. Cuando la policía no emprenda acciones ulteriores sobre un caso, debe dejar constancia de las razones e informar a la denunciante. Sus razones y decisiones deben poder ser recurridas ante la fiscalía.

- La policía no debe actuar como mediadora para alcanzar acuerdos entre los autores de la violencia y las víctimas, no debe facilitar el pago informal de indemnizaciones y no debe fomentar la resolución a través de un sistema judicial paralelo como, por ejemplo, los tribunales tribales.

- Las estadísticas sobre la resolución de las investigaciones deben recopilarse y publicarse. En ellas debe facilitarse información sobre los casos desglosada según factores como el sexo, la raza y la edad de la víctima. La fiscalía debe iniciar procedimientos penales contra los sospechosos cuando exista causa probable.

- Si la fiscalía toma la decisión de no seguir adelante con un caso, debe dejar constancia de las razones e informar sin demora a la denunciante. La fiscalía no debe utilizar su facultad de tomar decisiones para rechazar casos en los que existan pruebas suficientes para entablar un procesamiento y si la denunciante desea seguir adelante.

- La investigación y el enjuiciamiento deben llevarse a cabo de acuerdo con los principios de la diligencia debida.

- La fiscalía debe publicar de manera sistemática las estadísticas sobre la resolución de casos remitidos a su oficina. Debe facilitar información sobre los casos desglosada según factores como el sexo, la raza y la edad de la víctima, y sobre los casos que no se han enjuiciado.

- Los abogados e investigadores de la fiscalía deben recibir formación respecto al trato a las víctimas de violencia sexual o de género, especialmente respecto al uso adecuado de las pruebas médicas y el uso de pruebas de expertos, como informes psicológicos o psiquiátricos.

- La fiscalía debe garantizar que las personas que testifiquen gozan de protección adecuada frente a la violencia mediante programas de protección de testigos, independientemente de que la amenaza proceda del presunto autor de la violencia o de otras personas, incluidos familiares de la denunciante que pueden actuar en nombre del “honor” de la familia. La protección no debe en ninguna circunstancia adoptar la forma de “custodia de protección” en una cárcel o prisión.

- La fiscalía debe preservar la dignidad de víctimas y testigos en las vistas judiciales garantizando que los abogados defensores contrainterrogan a los testigos con profesionalidad y sin utilizar tácticas de acoso para minar su credibilidad, y asegurándose de que testigos y víctimas pueden utilizar sistemas como cámaras de circuito cerrado para prestar su testimonio, o pueden testificar a puerta cerrada.

- El trabajo de la fiscalía debe someterse a una supervisión independiente para evaluar cómo se gestionan los casos relativos a violencia sexual o de género.

6. ¿SON LOS JUICIOS JUSTOS, COMPETENTES Y EFICIENTES?

Los juicios deben ser justos y no discriminatorios, y deben protegerse los derechos tanto de la víctima como del acusado.

- Los jueces son responsables de mantener la confidencialidad de la identidad de la víctima si ésta así lo desea.

- Los jueces y abogados deben recibir formación para comprender los delitos de violencia sexual y de género.

- Los jueces deben recibir formación para presidir casos de violencia sexual y de género. Deben ser responsables de mantener un entorno seguro y respetuoso en la sala de juicio, y especialmente de garantizar que las personas que testifican están protegidas frente a un trato abusivo o despreciativo por parte de la defensa. Los jueces deben impartir a los miembros del jurado instrucciones claras respecto a la ley.

- Los jueces no deben permitir que se expongan en un tribunal pruebas o testimonios sobre el historial sexual previo de una denunciante, salvo en circunstancias excepcionales en las que esas pruebas o testimonios sean necesarios para evitar un fallo injusto, por ejemplo si una denunciante dice que no conocía al acusado cuando en realidad habían vivido juntos.

- Si se utilizan habitualmente juicios con jurado en casos de violencia sexual, la selección de los miembros del jurado debe buscar que éstos no tengan prejuicios contra las mujeres o contra las víctimas de violencia de género. Las personas que compongan el jurado deben proceder de diversos entornos, deben jurar mantener la confidencialidad de los datos del caso y deben recibir una orientación adecuada respecto a la ley por parte del juez.

- Las condenas dictadas contra los acusados declarados culpables de violación y violencia sexual deben ser proporcionales al delito. En ningún caso es adecuada ni aceptable la imposición de la pena de muerte.

- Debe informarse a las supervivientes cuando sus agresores vayan a ser excarcelados o puestos en libertad condicional; debe llevarse a cabo una nueva evaluación sobre la seguridad.

- Los condenados por delitos de violencia sexual o de género deben tener acceso a programas de rehabilitación adecuados, cuya efectividad debe estudiarse cuidadosamente.

Notas
[1] Lista de control de Amnistía Internacional para identificar obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Bibliografía
Amnistía Internacional. Lista de Seis Puntos Sobre la Justicia Respecto a la Violencia Contra las Mujeres. 2010.

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: Amnistía Internacional

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