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miércoles, 29 de febrero de 2012

“EL FEMINISMO ESTÁ VIVO Y EN PERMANENTE MOVIMIENTO EN AMÉRICA LATINA”


Por: Carmen Guerra Ariza – Feminicidio.net – 29/02/2012

Feminista de origen francés, recientemente nacionalizada colombiana, Florence Thomas es un referente de las nuevas generaciones del movimiento feminista y una pionera en America Latina en la articulación de redes de mujeres. Su trabajo como Coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad en Colombia ha significado la apertura de debates que, desde diversos enfoques, han reivindicado a las mujeres como sujetas de derechos. Fue una de las organizadoras del 12 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en noviembre pasado, en el que 1.200 mujeres dialogaron durante cuatro días en torno a “provocaciones” que buscaban, evocando a la chilena Julieta Kirkwood, “desatar, desnudar y reanudar”. Thomas recibió a Feminicidio.net en su casa, en Bogotá. 

DE LOS ENCUENTROS, EL FEMINISMO Y LOS ESTADOS 

- ¿En estos 30 años cómo percibe la evolución del feminismo en América Latina?

- Muy activo, incluso a veces creo que más que en Europa. El feminismo en América Latina está absolutamente vivo, por supuesto, porque tenemos todavía una cultura patriarcal realmente impresionante y si bien se ha logrado agrietar ese patriarcado y empezar a derrumbar algunos aspectos del mismo, todavía hay grandes resistencias.

En la región, aparte de Cuba y Ciudad de México, el aborto no es legal; en Colombia estamos lejos de lograrlo. “Mi cuerpo es mío” es una frase absolutamente actual, viva, intensa; yo lo grité en París en los años 60 detrás de Simone de Beauvoir: hoy “mi cuerpo es mío” y el Procurador General de la Nación de Colombia nos manda a los infiernos. Cada vez que se toca el cuerpo de las mujeres y nuestra autonomía sobre ellos es un escándalo: en Chile -potencia económica- no se puede hablar de la píldora del día después; en Nicaragua -con un presidente que viene de la revolución sandinista- se suprime la única excepción que existía para el aborto… Y esto hablando solamente de Derechos Sexuales y Reproductivos, si hablamos de mujeres en la política, de la brecha salarial o de la famosa revolución educativa, creo que en América Latina el feminismo cada vez es más pertinente.

Estamos marchando a pesar de la fragilidad de los movimientos sociales de mujeres, a veces muy fragmentados. El feminismo es un movimiento político complicado, donde por supuesto todas no estamos de acuerdo sobre todos los temas que tratamos, lo acabamos de ver con el ELCAP [2]. El feminismo es un movimiento, no es estático, por eso las críticas me parecen positivas, son parte de la riqueza del movimiento.

- ¿Cuáles son los puntos de confluencia y divergencia entre el feminismo de su generación y las nuevas generaciones?

- Las nuevas generaciones están avanzando. De alguna manera han recibido una herencia de sus madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas… Algunas son muy jóvenes, están abriendo nuevos caminos de reflexión (los neo-feminismos, los ciber-feminismos), a veces incluso con algunos retrocesos, con un lenguaje que retoma muchas cosas de los años 60. Pero creo que por supuesto las nuevas generaciones están ahí, trabajando mucho las intersecciones: ya no se habla tanto de lo que significa construirse como mujer, sino de lo que significa deconstruirse, como decía Simone de Beauvoir: “Uno no nace mujer, se hace mujer”.

- ¿Cómo percibe la crisis económica mundial y cómo podemos las mujeres generar resistencias para evitar retrocesos en el trabajo que venimos realizando?

- Es una cuestión difícil, las agencias internacionales están cada vez más duras con los proyectos en relación a las mujeres, sobre todo para un país tan particular como Colombia, que pese a los aportes extranjeros aún mantiene un 46% de pobreza. La situación es dramática, se está retirando mucha financiación Es necesario presentar buenos proyectos para evitar una situación de retroceso.

SOBRE EL FEMINICIDIO

- ¿Femicidio o feminicidio?

- Yo hablo de feminicidio, en Colombia se usa más este término.

- Haciendo una intersección entre feminicidio y conflicto armado, ¿qué factores deberían tenerse en cuenta en Colombia para una posible tipificación del mismo?

- En Colombia hay múltiples investigaciones sobre las víctimas de la guerra, pero no tanto sobre el feminicidio como resultado de la guerra. Si bien hombres y mujeres son víctimas del conflicto, los traumas son diferentes evidentemente. El tema que más hemos trabajado son las violaciones, puesto que el conflicto armado vulnera todos los derechos sexuales y reproductivos.

Sin embargo considero que es muy difícil la tipificación del feminicidio analizado desde el conflicto armado, porque si hay algo que provoca el conflicto armado son las muertes de los hombres: los hombres mueren en el conflicto armado y las mujeres se quedan con todo el peso de lo que significa que sus hombres ya no estén, que sus hijos se hayan ido a la guerra, que estén solas.

- ¿Considera que el feminicidio se ha incrementado en Colombia? De ser así, ¿a qué se debe el recrudecimiento del mismo?

- Yo creo dos cosas: primero que las mujeres hemos aprendido a denunciar y segundo que los medios se han abierto a esta situación. Hemos trabajado mucho con los medios para que se denuncie apropiadamente, porque en la mayoría de las oportunidades terminaban justificando el hecho.

No creo que haya más violencia intrafamiliar, ni más violencia en general. Debido al conflicto armado, Colombia tiene una particularidad en relación a otros países de América Latina. Considero que en el tiempo de nuestras abuelas había igual violencia intrafamiliar que hoy en día, pero las mujeres no denunciaban. Cuando llegué a este país hace 44 años la expresión violencia contra las mujeres no existía, no había una sola estadística. Nos salvó uno de los primeros grandes enunciados del feminismo: “Lo privado también es político”. Esta frase es fundamental porque con ella empezamos a abrir la casa a la calle y a mirar lo que pasaba adentro.

- Amor/feminicidio, ¿cómo es posible que se mate por amor?

- Creo que hay que repensar el amor, nuevas éticas del amor, nuevas dinámicas del amor. Entender que nadie puede poseer a nadie por amor es todo un nuevo aprendizaje, debería enseñarse en el colegio. En Colombia hay una educación sexual lamentable centrada en la genitalidad; no hay educación sexual en torno al deseo, a la palabra. En este país del amor se habla con aguardiente a las cuatro de la mañana, cantando boleros y en las telenovelas, con el mismo guión que hace 40 años. Hay que repensar el amor, porque las mujeres han cambiado: antes había un sujeto amoroso con su objeto de amor, ahora hay dos sujetos frente a frente con los mismos derechos.

Notas:
[1] Metodología, provocaciones y demás detalles del EFLAC ver:http://www.12encuentrofeminista.org/     
[2] Para mayor información, ver entrevista de Feminicidio.net al respecto.  


Imagen tomada de: http://www.feminicidio.net/images/IMAGENES/FlorenceThomas/florence_thomasff2.png

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lunes, 27 de febrero de 2012

GUATEMALA: ENTRE LA IMPUNIDAD Y EL FEMINICIDIO


Por: Texto: Noemí García Cabezas / Edición: Graciela Atencio / Vídeo: Francisco Gatica / Fotografías: Francisco Gatica y Asociación Mujeres de Guatemala / Producción y Cobertura: Elena Laporta y Charo Marcos –Feminicidio.net –

La mesa redonda “Feminicidio y conflictos armados: verdad, justicia y reparación contra la impunidad” celebrada ayer en La Casa Encendida ha cerrado las jornadas que desde el lunes han estado dedicadas a tratar desde una perspectiva interdisciplinaria el feminicidio en Guatemala.

Antes de entrar a la última sesión del curso, en la que el ponente era el Fiscal Carlos Castresana, hemos tenido la oportunidad de hablar con Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala y coordinadora del evento.

DENUNCIA INTERNACIONAL DEL FEMINICIDIO

“Decidí convertir nuestra lucha de vida en la denuncia internacional de las personas que perpetraron delitos contra las mujeres en Guatemala durante los años de la guerra”. Con su trabajo al frente de esta asociación intenta “generar una corriente de opinión y visibilizar que estos delitos por razones de género han permanecido en el olvido y siguen en la impunidad”.

La Asociación Mujeres de Guatemala denuncia que los delitos por razones de género tienen detrás una historia de un consumo que se realiza en una parte del mundo: “hay tráfico de muchos activos ilegales en el tercio rico del mundo que dejan atrás un camino de sangre, generalmente de mujeres, que están en esa línea de flotación y de conflicto armado por su condición de mujeres”.

Después de la conversación con Mercedes pudimos asistir a la última jornada del curso, en la que Carlos Castresana trató el tema de la verdad, la justicia y la reparación a nivel internacional, centrándolo en la situación guatemalteca. Castresana es Fiscal del Tribunal Supremo de España. Fue Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) desde 2007 a 2010, entre otros cargos internacionales, lo que le hace gran conocedor de la realidad guatemalteca en cuanto a la impunidad judicial que se da en el país centroamericano.

“NI EN GUATEMALA NI EN ESPAÑA EL ESTADO HA REPARADO A LAS VÍCTIMAS”

Castresana comienza su ponencia haciendo una distinción fundamental: “no es lo mismo hacer la paz que construir la paz”, y el problema en Guatemala consistió en que no se dotó al país de instrumentos adecuados para construir esa paz. Según el Fiscal, la reforma constitucional falló por dos causas principales: “por la existencia de estructuras clandestinas y porque no se ahondó ni en las causas ni en las consecuencias del conflicto”, aseguró.

No olvidó Castresana señalar el racismo como una de las causas del conflicto armado que vivió Guatemala durante tres décadas, y que aún hoy vive el país: “el 70% de la población es maya, pero su representación pública es ínfima: no hay ministros mayas, ni jueces mayas, ni fiscales mayas…apenas cuatro o cinco diputados”. Y es que puede ser cierto aquello de que un país que olvida su historia está condenado a revivirla. “Actualmente mueren violentamente por año más del doble de personas de las que morían durante los años de la guerra”. Esto lleva a la conclusión, coincidiendo con lo que ya decía Rita Laura Segato en la entrevista del pasado lunes, de que existen ahora guerras no formales tal como lo entienden las Convenciones Internacionales, pero guerras al fin y al cabo.

Al hilo de la teoría de Segato sobre el femigenocidio, Castresana afirmó que “no sería difícil tipificarlo internacionalmente”; sin embargo el problema sería demostrar que realmente existen delitos de género con perspectiva de destrucción del grupo, que es lo que diferencia el genocidio de otros crímenes (actualmente el genocidio se contempla como eliminación de grupo por motivos nacionales, étnicos, raciales, religioso y por discapacidad). Así mismo, “sí se podría contemplar como crimen contra la humanidad, aunque debería considerarse por ataque generalizado o sistemático (por parte del Estado u otra organización)”.

Al referirse a la impunidad de estos crímenes que se dieron durante el conflicto armado y que aún hoy siguen dándose, Castresana cree que es un problema de aplicación: “hay normas pero no se aplican, el problema es la falta de respuesta del Estado”.

Al finalizar su ponencia, Carlos Castresana no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un paralelismo entre la situación que se vive en Guatemala y la que ocurre en España. Ante las resoluciones de la ONU en 1985, 1997 y 2006 en España “no se hizo nada por reparar la memoria de las víctimas”, algo que a su entender sigue ocurriendo a día de hoy, cuando este tema está aún más de actualidad por el juicio a su amigo y compañero Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo. “¿Por qué el gobierno de Felipe González no hizo nada? ¿Y lo más grave: por qué Bruselas no dijo nada a las puertas de entrada a la Unión Europea?”. Existe impunidad en Guatemala, pero también en España: “Los Estados deben garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Castresana cierra su ponencia dando una cifra que deja casi mudo al aforo: “México: 50.000 muertos durante el mandato de Felipe Calderón. Sólo 22 condenas. 99,99% de impunidad”.

Después del turno de Castresana, las puertas del auditorio de La Casa Encendida se abren para el público general. Es hora de la mesa redonda, y la acogida es inmejorable: el auditorio está lleno de gente, joven en su mayoría. Como siempre, pocos hombres: “pocos pero solidarios”, comenta Castresana.

“DETRÁS DE LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE ESTÁN ACTORES ESTATALES”

La primera en participar en la mesa redonda “Feminicidio y conflictos armados: verdad, justicia y reparación contra la impunidad” fue Victoria Sanford. Victoria es Doctora en Antropología por la Universidad de Stanford y directora del Centro de Derechos Humanos y Estudios de Paz de Lehman College (Nueva York). Sanford documentó testimonios de mujeres guatemaltecas, conoce el problema en primera persona.

Con marcado acento americano Victoria Sanford adentró al auditorio en el problema de la seguridad en Guatemala, prestando especial atención a la existencia de las pandillas o maras, para lo cual mostró fotografías y leyó testimonios sobre persecuciones. Pero no olvidó la existencia de otras fuerzas que actúan extrajudicialmente: “el aumento de la violencia urbana y el crimen organizado han ocultado la existencia de escuadrones de la muerte protagonizados por actores estatales, en especial la PNC (Policía Nacional Civil)”.

Victoria Sanford habla sobre la ausencia del Estado frente a la respuesta al problema de la violencia, que ha provocado un aumento de la misma, y en la que la principal víctima es la sociedad civil y en especial las mujeres: “actualmente la tasa de homicidios de mujeres en Guatemala está al mismo nivel que en los años más sangrientos de la guerra”, concluye.

Tras la ponencia de Sanford le toca el turno a la guatemalteca Luz Méndez, presidenta del Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y presidenta también de la Junta Directiva del International Center for Gender, Peace and Security (IC-GPS).

"LOS FEMINICIDIOS SON CRÍMENES DE ESTADO”

Méndez inicia su ponencia hablando sobre la Comisión de la Verdad de Guatemala de 1999, que estableció que “la violencia sexual contra las mujeres indígenas había sido practicada como arma de guerra, como componente de genocidio y como política contrainsurgente del Estado”. A partir de esta idea articula toda su reflexión, en la que nombre a Rita L. Segato y a su concepto de femigenocidio como gran aportación.

Méndez opina que “la desigualdad entre mujeres y hombres es la base sobre la que se sostiene la violencia contra las mujeres”. Y además a esta desigualdad de sexos se añade la desigualdad por raza: “el racismo contra indígenas atraviesa todas las clases sociales”, reconoce. El sistema patriarcal de la contrainsurgencia utilizó durante años mecanismos que pretendían la eliminación de la raza maya, para lo cual era necesario eliminar a las mujeres que traían al mundo “indios rebeldes”, dice Méndez parafraseando a Irma Alicia Velásquez Nimatuj. “Los cuerpos de las mujeres –dice Luz Méndez– fueron usados para lanzar mensajes de terror, tal como ocurre hoy con el feminicidio”. Todo ello le lleva a concluir que esos crímenes contra las mujeres durante los años de la guerra (pero también ahora) son crímenes de Estado: “lo son por acción o por omisión”.

Además del asesinato de mujeres se daba también, fruto de ese sistema patriarcal, violencia sexual y doméstica contra las mujeres: “el incesto y la violación conyugal estaban naturalizados”. Toda esta situación provocó una estigmatización social que visibilizó a las mujeres que habían sufrido estos crímenes como las culpables: “ellas solo quieren que se sepa qué les pasó, que se sepa que ellas no fueron las culpables. También quieren una reparación integral: que el Estado les pida perdón”. En Guatemala la impunidad de crímenes contra mujeres durante el conflicto armado es total, acaba Méndez.

Por último, para cerrar la mesa redonda, le tocó el turno de nuevo a Castresana, quien abundó en las teorías expuestas durante el curso acerca de la verdad, la justicia y la reparación. Según dijo Castresana, Guatemala es el país del mundo donde se asesinan a más mujeres, y donde los niveles de impunidad son mayores: “La impunidad tienen que ver con la complementariedad. Los Derechos Humanos exigen el compromiso de todos”, dijo haciendo un guiño al concepto de justicia universal defendido por Baltasar Garzón (Castresana fue autor de las denuncias originales interpuestas en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las Juntas Militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el Caso Pinochet).

De nuevo estableció paralelismo entre la situación de Guatemala y la de España en cuanto a la reparación: “A los desaparecidos los debe buscar el Estado, no sus familiares con subvenciones”, apuntó, lo que provocó algún que otro tímido aplauso entre el público.

RESUMEN DE PONENCIAS DURANTE EL CURSO

Además de las intervenciones en la mesa redonda abierta al público, hemos querido poner un pequeño extracto de las ponencias que pudieron escucharse durante los días que duró el curso.

ROSA COBO

La conferencia de Rosa Cobo tuvo como objetivo principal ofrecer una metaexplicación sobre la violencia contra las mujeres. Planteó que nos encontramos ante un escenario histórico nuevo, marcado por una fortísima reacción patriarcal y neoliberal que ha generado nuevas formas de violencia contra las mujeres.

“El contrato social y el sexual están en crisis”, afirmó, lo que ha generado nuevas violencias que tienen una finalidad instrumental: pretenden que las mujeres regresen a los espacios que el patriarcado les asignó. Si éste estuvo aletargado en los años 80, el afianzamiento de los derechos de las mujeres en las dos últimas décadas ha hecho que recupere su fuerza.

A su juicio existe una relación estrecha entre la emancipación que han ido ganado las mujeres y las respuestas patriarcales y misóginas. Y todo ello a pesar de que esa emancipación ni siquiera es tan intensa como debería.

Frente a estas actitudes, la violencia debe tratarse en términos feministas. Pero en todo caso, finalizó Cobo, “debe ser entendida en sentido amplio y no restringirla a la violencia física y psíquica, sino también a la económica y a la cultural”.

RITA LAURA SEGATO

La antropóloga Rita Laura Segato participó en el curso el primer día de su celebración. En una sesión dialogada, al entender que el feminicidio es una reflexión en curso, comenzó hablando de su experiencia en Ciudad Juárez, donde continuó sus estudios sobre género y violencia iniciados en Brasilia.

Sobre los crímenes de Ciudad Juárez, Segato cree que "son ininteligibles, lo que juega a favor de la impunidad”. Para ella Ciudad Juárez es la expresión más clara del crimen sexual: la sexualidad es utilizada como un arma de agresión y de tortura: “y lo peor de todo, la impunidad es un elemento intrínseco”.

Para la antropóloga argentina estos asesinatos son crímenes de Estado, donde la impunidad no es sólo causa sino también consecuencia. Existe un pacto de silencio entre los perpetradores y una enorme capacidad de control jurisdiccional. Aparecen así nuevas formas de guerra y un Segundo Estado que administra la riqueza con sus propios códigos de violencia no legales. Mediante el cuerpo de las mujeres se lanzan mensajes.

Otros temas que abordó Segato en su ponencia fue la cultura patriarcal, el tema del uso de diferentes términos para abordar el mismo problema (hizo especial mención al término femigenocidio, acuñado por ella), la importancia de la tipificación y la necesidad de establecer protocolos de investigación policiales y judiciales, para lo que es totalmente necesario definir los distintos tipos de asesinatos que se producen.

VICTORIA SANFORD

Sanford comenzó su ponencia en el curso hablando de la masacre del Plan de Sánchez en 1982: cómo se desenvolvieron los hechos y cómo fue la exhumación de los cuerpos en 1994. En dicha masacre 264 personas fueron asesinadas. “En un país de 8 millones de habitantes en el periodo de la guerra murieron o desaparecieron 200.000 personas, de las cuales el 17% eran ladinos y el 83% mayas”, concluye en su introducción.

Victoria contó a las asistentes al curso su experiencia en primera persona sobre los testimonios que demostraban la impunidad de estos crímenes, y que aún hoy se producen (contó el caso de Claudina Isabel Velázquez, estudiante de derecho cuyo asesinato se pasó por alto por calzar sandalias y llevar un pendiente en el ombligo; parecía prostituta, dijeron). “En Guatemala el 40% de los casos de violencia se archivan, sólo el 2% de los crímenes tienen una consecuencia penal”.

Sanford continuó hablando sobre la necesidad de protocolos de investigación de los que ya había hablado Segato el día anterior.

Sanford acabó su ponencia reflexionando sobre la nomenclatura del término feminicidio, que cree más amplio que femicidio, ya que el primero incluiría los asesinatos en contextos en los que el Estado no da respuesta ni sanciona los asesinatos de mujeres.

Tomado de: http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1695:guatemala-entre-la-ausencia-de-estado-y-la-pandemia-del-feminicidio&catid=26:factoria-propia&Itemid=34

Imagen tomada de: http://www.feminicidio.net/images/IMAGENES/Mesa_redonda/conferencia_mujeres_guatemala_11.png

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Colombia: ¿Se abre una puerta para frenar la impunidad en delitos sexuales?


Por: Yamile Salinas Abdala

El 2012 comenzó con cierta expectativa en torno a la lucha por romper la impunidad que cobija los delitos sexuales en Colombia, en donde estos crímenes se han convertido en práctica sistemática de los grupos armados.

El inicio de año sorprendió con un mea culpa: El “mellizo”, Miguel Ángel Mejía Múnera, desmovilizado del bloque Vencedores de Arauca y extraditado a Estados Unidos, aceptó responsabilidad por delitos sexuales. Se espera que Justicia y Paz le formule cargos en breve.

La formulación de cargos está relacionada con la responsabilidad que le cabe a Mejía Múnera en relación con la sentencia de diciembre del 2011 en la cual la Fiscalía General de la Nación dictó la primera condena por delitos sexuales contra el ex-paramilitar José Rubén Peña Tobón (alias “Lucho”).

El también ex-sargento del Ejército confesó que miembros del grupo Vencedores de Arauca violaron a dos menores que fueron a preguntar por sus compañeros sentimentales. Peña Tobón fue condenado a pagar ocho años de cárcel y una indemnización de 42 millones de pesos a una de las víctimas por los delitos confesados.

Que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no sólo haya dictado la primera condena por delitos sexuales sino que dedicara más de 20 numerales a “hacer una alusión especial frente a este tipo de crímenes, pues reconoce la necesidad de su visibilización para combatir la impunidad y cumplir con la obligación de sancionar” constituye todo un valioso antecedente.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz acepta que las mujeres sufren un impacto desproporcionado por el conflicto. Al fin y al cabo, conformaron el 96 por ciento de las víctimas de delitos sexuales en el 2010 lo que las convierte en “sujetos de protección constitucional reforzada”.

Los jueces vieron en la violencia sexual delitos de guerra pero también de lesa humanidad lo que determinó que los consideraran violaciones de doble connotación. Un avance en contra de la impunidad que debería llamar la atención de los infractores.

Con base en diversas fuentes e investigaciones, la sentencia además subrayó que la violencia sexual se puede considerar una práctica generalizada en Colombia, si se tiene en cuenta que cada seis horas una mujer sufrió alguna forma de agresión de este tipo y que sus efectos se extienden a las familias y a las comunidades que las rodean.

Tales consideraciones inusuales hacen de esta sentencia un esperanzador primer paso en el camino de impedir la impunidad en delitos de género. En ese empeño acompañan a la Fiscalía conceptos de la Corte Constitucional y de organismos, como Amnistía Internacional, que insisten en que “las investigaciones y procesos judiciales por crímenes sexuales, juegan un papel importante para la reparación de las víctimas”.

La Fiscal de Justicia y Paz, Patricia Hernández, asegura que la entidad está empeñada no sólo en facultar a sus funcionarios en el manejo de temas de género sino en levantar el contexto de violencia contra mujeres, en el marco del conflicto armado.

Otras buenas noticias

Fuera de este importante hecho, la Fiscalía actualmente construye una política general de igualdad y no discriminación de poblaciones vulnerables.

Y la Presidencia también se movió: firmó cuatro decretos para combatir la violencia de género porque “el Gobierno Nacional no es indiferente a este problema social tan grande que tenemos en el país”, según la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas. Son decretos para la protección de las mujeres víctimas en temas de justicia, salud, educación y trabajo.

Confesiones, sentencias, decretos y políticas que permiten pensar que si Luz Mary y Diana Carolina consiguieron una condena para su victimario, es posible abrir un camino para María quien vio que “a la gente la sacaban a media noche de su cama, mataban a los hombres y abusaban a las mujeres”, como se lo contó a La violencia sexual en Colombia: un arma de guerra.

María y al menos 490 mil mujeres más fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en un lapso de ocho años, según la encuesta realizada por la campaña Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. El número de víctimas estremece pero con seguridad no incluye a todas las mujeres afectadas por delitos sexuales porque las cifras disponibles en Colombia ni son fidedignas ni están completas.

Como lo denunció Amnistía Internacional con respecto a las niñas afectadas que el tema, este constituye “un problema grave” que, además, no es denunciado. Más de 400 mil de estas víctimas prefirieron “dejarlo así”.

La sentencia contra Peña Tobón, su confesión y  la aceptación de cargos de El Mellizo adquieren relevancia, si se tiene en cuenta que, en su reporte, Amnistía Internacional denuncia cómo “muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia”.

La impunidad existe, como alertó la Corte Constitucional, por “un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores”. Amnistía Internacional incluye como razones falta de voluntad política, obstrucción a la justicia y carencia de seguridad para denunciar los abusos. Tareas variadas que requieren el aporte de la sociedad en conjunto.

También existe el marco normativo pero no se aplica y es insuficiente. Lo admite la Fiscalía y lo advirtió, en el 2009, la ONU al indicar que es necesario “reforzar la legislación relativa a la violencia sexual contra los niños para ocuparse de la prevención, protección y asistencia a las víctimas”.

Para la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la gravedad de dichos crímenes es preocupante porque pareciera que el marco legal existente no ofreciera la suficiente protección a los derechos de niñas y jóvenes afectadas por el conflicto.

Como dice la investigadora María Emma Wills, “todavía falta mucho por saber” y hay una necesidad imperativa de saber para no repetir. Cada uno es responsable de aprovechar su lugar para impedir la impunidad en los casos de crímenes sexuales de los que ha sido víctima poco más del 1% de la población en Colombia.

Combatir la impunidad, además de dignificar a las mujeres, es un medio para lograr la paz.
  
Tomado de: http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/31592/yamile-salinas-abdala/se-abre-una-puerta-para-frenar-la-impunidad-en-delitos

Imagen tomada de: http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=14

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Salud mental es causal para detener un embarazo: Corte Constitucional


Por: Semana.com

La Corte Constitucional avaló en un fallo de tutela la posibilidad de que se interrumpa el embarazo cuando se compruebe que médicamente afecta su salud mental de las mujeres en ese estado.

La decisión se da tras la revisión de una acción de tutela por parte de la Corte Constitucional en la que una niña de 12 años María* y su madre Flor* le solicitaron a una EPS en el mayo 2011 que le interrumpieran su estado ya que la menor tenía problemas de “frustración y depresión” lo que llevaba a “complicaciones obstétricas”.

Su desesperación llegó al punto de que días después de visitar el médico tomó pastillas para quitarse la vida. La niña y su madre solicitaron la interrupción del embarazo a la EPS y para ello presentó un dictamen. Este determinaba que la menor presentaba, “tristeza, llanto frecuente”, “idea de culpa, alteración del patrón del sueño y ansiedad”.

El psiquiatra le diagnosticó a María una “reacción depresivo-ansiosa” al embarazo no deseado y determinó que “la continuidad del mismo afecta su salud mental”.

La EPS se negó de realizarle el legrado argumentando que no había peligro para la salud de María. Por ello, entablaron una acción de tutela que un juez rechazó el 30 de mayo de 2011, 20 días tras después de manifestar su decisión de interrumpir su embarazo.

En el fallo de la Corte se ordena no solo revocar el fallo del juez sino que condena a la EPS a pagar “el daño emergente y todos los demás perjuicios causados por la negativa ilegítima de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Así mismo se insta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) amparar al menor que nació ante la negligencia de la EPS y el fallo del juez.

*Nombres cambiados.

Tomado de: http://www.semana.com/nacion/salud-mental-causal-para-detener-embarazo-corte-constitucional/172693-3.aspx

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viernes, 24 de febrero de 2012

Militarismo, Violencia Y Conflicto – Cómo Sobrellevan Las Mujeres La Carga De La Guerra


Por: Por Gabriela De Cicco, AWID

El militarismo, el conflicto y la violencia están incrementándose y tienen una gama de impactos específicos de género. Un mayor gasto en defensa, armas y seguridad suele significar que se recorta la inversión en servicios sociales. En el contexto del militarismo y el conflicto, también la violencia contra las mujeres se intensifica y los ataques contra defensoras de los derechos humanos de las mujeres aumentan y se normalizan cada vez más. AWID conversó con Mavic Cabrera-Balleza[1] sobre los vínculos entre las crisis mundiales, el militarismo, el conflicto y la perpetuación de la violencia contra las mujeres.

AWID: ¿Cuáles impactos ha tenido el contexto global de múltiples crisis – económica, financiera, alimentaria, hídrica y medioambiental – sobre el militarismo y la perpetuación de la violencia contra las mujeres en todo el mundo? 

Mavic Cabrera-Balleza (MCB): Aquí hay dos factores clave – el uso del “poder sobre el otro” (que en este caso son las mujeres) como principio predominante en las estrategias y campañas militares, y el uso de la violencia contra las mujeres como mecanismo para impedir que ellas se opongan a las estructuras que perpetúan las crisis. 

El uso de la violencia contra las mujeres como parte de la estrategia militar es ahora más evidente, como se ha visto con el uso de la violación como arma de guerra en varios países, incluyendo Bosnia y Herzegovina y la República Democrática del Congo. También hay muchos ejemplos de violencia contra mujeres que se pronuncian contra la codicia corporativa y las desigualdades sociales, las condenan y exigen protección social en medio de las crisis. Muy recientemente, mujeres de la comunidad de Borei Keila en Camboya fueron golpeadas y arrestadas por fuerzas policiales camboyanas debido a su acción pacífica para exigir sus derechos a tierra y vivienda y oponerse a los desalojos forzados. 

Por otro lado, las numerosas crisis mundiales propiciaron que los movimientos sociales y el movimiento de mujeres repensáramos, innováramos y consolidáramos nuestras respuestas a los problemas agravados por las crisis – incluyendo el militarismo y la violencia contra las mujeres. La Primavera Árabe y el movimiento Ocupa Wall Street son sólo dos de los ejemplos recientes y concretos de personas que se unieron para idear múltiples respuestas socialmente progresistas a las múltiples crisis mundiales. 

Las activistas por la paz también estamos participando en el activismo transnacional y generando solidaridad en diversos temas y espacios geopolíticos. Invertimos tiempo, esfuerzos y recursos para gestionar nuestras identidades y agendas políticas y forjar vínculos con quienes comparten nuestras metas, valores y principios fundamentales. La adopción de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y las tres otras resoluciones de apoyo, así como la actual incidencia en torno a la Recomendación general del Comité de la CEDAW sobre las mujeres en situaciones de conflicto y post-conflicto, son resultados y evidencia de tales esfuerzos por generar solidaridad y vincular los asuntos que las mujeres enfrentan en comunidades directamente afectadas por el conflicto con los de otras mujeres en similares situaciones afectadas por conflictos en el mundo. 

AWID: En tu opinión, ¿cuáles son los vínculos entre la globalización neoliberal, la violencia contra las mujeres y la militarización? 

MCB: La globalización neoliberal provocó un incremento de la pobreza a una escala que nunca antes habíamos visto. Las desigualdades en el ingreso han aumentado drásticamente tanto dentro de los países como entre ellos. Y dado que las mujeres representan porcentajes desproporcionados de la gente pobre del mundo, eso exacerba aun más su vulnerabilidad a la violencia y todas las otras formas de abuso. 

Además, la globalización neoliberal ha socavado los derechos de las personas y conducido a que los Estados abandonen su responsabilidad de proporcionar servicios sociales básicos. De nuevo, las mujeres son las primeras en verse afectadas negativamente por ello. Su salud está en peligro pues tienen un menor acceso a los servicios de salud gubernamentales. También se ha reducido el acceso de las mujeres y las niñas a la educación. Sus derechos al sustento, al empleo y otros derechos económicos se han disminuido. Dicho de otra manera, las políticas neoliberales fortalecieron aun más las estructuras y los sistemas sociopolíticos y económicos existentes en formas que refuerzan las desigualdades de género que hacen a las mujeres y las niñas más vulnerables a la violencia, particularmente a las que viven en la pobreza, las que están en situaciones afectadas por conflictos, las migrantes, las indígenas y las que pertenecen a minorías raciales, étnicas y religiosas. 

La militarización suele ser la respuesta de los Estados y las corporaciones a la resistencia. Con frecuencia colaboran en sus acciones y a veces actúan independientemente, pero usan el aparato estatal – como la policía y el ejército – para disciplinar, criminalizar y controlar a las mujeres y a otros grupos marginados que se oponen a las políticas neoliberales. 

AWID: ¿Cómo sería una estrategia alternativa de desarrollo basada en la justicia económica, medioambiental y de género? 

MCB: El punto de partida de una estrategia alternativa de desarrollo son objetivos sociales como la reducción de la pobreza y los derechos a la salud, la educación, un medio ambiente limpio y una paz duradera. Tal estrategia está centrada en las personas y se basa en los derechos y las necesidades. No es impulsada por el deseo de crecimiento económico ni por la expansión del mercado. Requiere un enfoque desde abajo hacia arriba que implica el uso óptimo de los recursos y se sustenta en los contextos socioculturales y políticos de los países y las comunidades, respetando al mismo tiempo la legislación y las políticas internacionales de los derechos humanos. Tiene en cuenta tanto los recursos humanos, naturales y tecnológicos como la situación del medio ambiente. 

Es importante señalar que los movimientos de mujeres y sociales no sólo estamos oponiendo resistencia al neoliberalismo y el sinfín de problemas que éste acarrea. También estamos identificando alternativas, formulando y desarrollando soluciones y, en varios casos, oportunidades. No estamos empezando desde cero cuando hablamos de una estrategia alternativa de desarrollo. Ya existen buenas iniciativas a partir de las cuales podemos trabajar y aprender lecciones, iniciativas que podríamos modificar, replicar y usar como componentes para elaborar una estrategia alternativa de desarrollo más inclusiva y holística. Los grupos de mujeres y otros actores de la sociedad civil hemos formado parte de iniciativas auténticas por un comercio justo; cooperativas de medios de vida y agricultura; y programas de atención primaria de salud basados en la comunidad, entre otros. 

AWID: La Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad es uno de los mandatos internacionales más importantes que cubre la participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad. ¿Cómo aborda la Resolución la autonomía económica de las mujeres? En tu opinión, ¿cuáles son las brechas en esta área? 

MCB: La Resolución 1325 o el propio Consejo de Seguridad no aborda el asunto de la autonomía económica de las mujeres,[2] lo cual refleja la compartimentación de las estructuras y mandatos de la ONU. Según la Carta de las Naciones Unidas, la función primordial del Consejo de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los principios y propósitos de la ONU. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) es el principal órgano que coordina el trabajo económico, social y conexo en la ONU. El ECOSOC es el foro central para discutir asuntos económicos y sociales internacionales y formular recomendaciones de políticas dirigidas a los Estados Miembros y al sistema de la ONU.[3] 

La falta de atención a los vínculos entre los recursos financieros y en especie, el empleo, los medios de vida y la seguridad humana en la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad es una gran preocupación para nosotras. Ésta es la razón por la cual la Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz (GNWP) y Cordaid iniciamos el estudio Presupuestando y financiando la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como discusiones sobre la autonomía económica de las mujeres en entornos afectados por el conflicto. 

AWID: ¿Cuáles son las consecuencias del gasto militar para la seguridad de las mujeres? 

MCB: Primero debemos aclarar de cuál concepto de seguridad estamos hablando – y hay dos conceptos de seguridad que son pertinentes en el contexto de nuestra discusión: seguridad nacional[4] y seguridad humana[5]. 

Las activistas por la paz somos partidarias del concepto de la seguridad humana. Desde esta posición podemos decir rotundamente que el gasto militar apoya esfuerzos bélicos que sacrifican la seguridad de las mujeres. Además, el gasto militar absorbe los fondos que podrían alimentar, vestir y educar a mujeres y niñas y en el proceso ayudarían a garantizar su seguridad. Se calcula que el gasto militar mundial en 2010 fue de $1630 mil millones. La región donde más aumentó el gasto militar fue Sudamérica, con un incremento del 5.8 por ciento, llegando a un total de $63.3 mil millones, según datos publicados el 11 de abril de 2011 por el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. 

El gasto público refleja valores sociales fundamentales y prioridades nacionales. Cuando los Estados limitan el gasto social a favor de los ejércitos, esto indica que están infravalorando la seguridad humana y el desarrollo humano pleno, incluyendo las contribuciones de las mujeres y sus funciones sociales. La participación plena de las mujeres en la asignación presupuestaria y la fiscalización del gasto público es necesaria para cambiar el patrón del gasto público y dirigirlo hacia las necesidades sociales. 

AWID: En opinión de muchas personas, guerra es equivalente a empleo (en las fuerzas armadas y de seguridad, etc.), pero también se la vincula a contratos costosos y corrupción. ¿Cómo se aplica esto a las mujeres y repercute sobre ellas? 

MCB: Guerra=empleos=“desarrollo” es una ecuación falsa. Lo que la mayoría de países gasta en guerra va más allá de lo que puede darse el lujo de invertir y como resultado se generan deudas públicas. No tiene sentido para ninguna economía invertir en la fabricación y compra de armas, balas y bombas los recursos que podrían usarse para alimentar, vestir y educar a la gente, construir viviendas y mitigar el impacto de la degradación medioambiental. Además, la producción y venta de armas, tanques, barcos y otros armamentos militares no facilitan el intercambio de bienes ni obedecen a las leyes del mercado, ya que son adquiridos o comercializados directamente por los Estados. Tampoco debemos olvidar el costo humano de las guerras en lo que se refiere a muertes y desplazamientos, ni los otros costos financieros de la atención médica y las pensiones por discapacidad para actuales y futuros veteranos de guerra. 

Las mujeres no se han beneficiado del negocio de la guerra. Ellas sobrellevan la carga de la guerra. Mujeres, niñas y niños constituyen el 80 por ciento de víctimas de las guerras. Debemos educar a nuestros públicos respecto a los múltiples impactos de la guerra y cómo ésta trunca el crecimiento de la economía productiva y el desarrollo genuino de las sociedades.
  
Notas: 

1.- Coordinadora Internacional, Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz (GNWP) y socia de programas de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN).
2.- Ver: Annalise Moser, Las mujeres cuentan – La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad: Informe de monitoreo de la sociedad civil. Nueva York: Red Global de Mujeres Constructoras de la Paz (GNWP), octubre de 2010.
3.- El ECOSOC es responsable de: promover niveles de vida más altos, empleo pleno y progreso económico y social; identificar soluciones a los problemas económicos, sociales y sanitarios internacionales; facilitar la cooperación cultural y educativa internacional; y promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas.
4.- “‘Seguridad nacional’ es un término corporativo que cubre tanto la defensa nacional como las relaciones exteriores de Estados Unidos. Se refiere a la protección de una nación contra ataques u otro peligro manteniendo fuerzas armadas adecuadas y resguardando los secretos de Estado. El término ‘seguridad nacional’ abarca la seguridad económica, seguridad monetaria, seguridad energética, seguridad militar, seguridad política y seguridad de los recursos energéticos y naturales” (Fuente: USLegal.com, Ley y definición legal de seguridad nacional).
5.- La Comisión de Seguridad Humana define la seguridad humana como “protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad” (Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos. Teoría y práctica de la seguridad humana, pág. 6).

Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 24 de febrero de 2012. Título original: ‘Militarism, Violence and Conflict – How Women Bear the Brunt of War’ Traducción: Laura E. Asturias, 24/02/2012

Tomado de: http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/Militarismo-violencia-y-conflicto-Como-sobrellevan-las-mujeres-la-carga-de-la-guerrahttp://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/Militarismo-violencia-y-conflicto-Como-sobrellevan-las-mujeres-la-carga-de-la-guerra

Licencia del artículo: Creative Commons - Titular de la Licencia de artículo: AWID

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