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lunes, 27 de febrero de 2012

Colombia: ¿Se abre una puerta para frenar la impunidad en delitos sexuales?


Por: Yamile Salinas Abdala

El 2012 comenzó con cierta expectativa en torno a la lucha por romper la impunidad que cobija los delitos sexuales en Colombia, en donde estos crímenes se han convertido en práctica sistemática de los grupos armados.

El inicio de año sorprendió con un mea culpa: El “mellizo”, Miguel Ángel Mejía Múnera, desmovilizado del bloque Vencedores de Arauca y extraditado a Estados Unidos, aceptó responsabilidad por delitos sexuales. Se espera que Justicia y Paz le formule cargos en breve.

La formulación de cargos está relacionada con la responsabilidad que le cabe a Mejía Múnera en relación con la sentencia de diciembre del 2011 en la cual la Fiscalía General de la Nación dictó la primera condena por delitos sexuales contra el ex-paramilitar José Rubén Peña Tobón (alias “Lucho”).

El también ex-sargento del Ejército confesó que miembros del grupo Vencedores de Arauca violaron a dos menores que fueron a preguntar por sus compañeros sentimentales. Peña Tobón fue condenado a pagar ocho años de cárcel y una indemnización de 42 millones de pesos a una de las víctimas por los delitos confesados.

Que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no sólo haya dictado la primera condena por delitos sexuales sino que dedicara más de 20 numerales a “hacer una alusión especial frente a este tipo de crímenes, pues reconoce la necesidad de su visibilización para combatir la impunidad y cumplir con la obligación de sancionar” constituye todo un valioso antecedente.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz acepta que las mujeres sufren un impacto desproporcionado por el conflicto. Al fin y al cabo, conformaron el 96 por ciento de las víctimas de delitos sexuales en el 2010 lo que las convierte en “sujetos de protección constitucional reforzada”.

Los jueces vieron en la violencia sexual delitos de guerra pero también de lesa humanidad lo que determinó que los consideraran violaciones de doble connotación. Un avance en contra de la impunidad que debería llamar la atención de los infractores.

Con base en diversas fuentes e investigaciones, la sentencia además subrayó que la violencia sexual se puede considerar una práctica generalizada en Colombia, si se tiene en cuenta que cada seis horas una mujer sufrió alguna forma de agresión de este tipo y que sus efectos se extienden a las familias y a las comunidades que las rodean.

Tales consideraciones inusuales hacen de esta sentencia un esperanzador primer paso en el camino de impedir la impunidad en delitos de género. En ese empeño acompañan a la Fiscalía conceptos de la Corte Constitucional y de organismos, como Amnistía Internacional, que insisten en que “las investigaciones y procesos judiciales por crímenes sexuales, juegan un papel importante para la reparación de las víctimas”.

La Fiscal de Justicia y Paz, Patricia Hernández, asegura que la entidad está empeñada no sólo en facultar a sus funcionarios en el manejo de temas de género sino en levantar el contexto de violencia contra mujeres, en el marco del conflicto armado.

Otras buenas noticias

Fuera de este importante hecho, la Fiscalía actualmente construye una política general de igualdad y no discriminación de poblaciones vulnerables.

Y la Presidencia también se movió: firmó cuatro decretos para combatir la violencia de género porque “el Gobierno Nacional no es indiferente a este problema social tan grande que tenemos en el país”, según la Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas. Son decretos para la protección de las mujeres víctimas en temas de justicia, salud, educación y trabajo.

Confesiones, sentencias, decretos y políticas que permiten pensar que si Luz Mary y Diana Carolina consiguieron una condena para su victimario, es posible abrir un camino para María quien vio que “a la gente la sacaban a media noche de su cama, mataban a los hombres y abusaban a las mujeres”, como se lo contó a La violencia sexual en Colombia: un arma de guerra.

María y al menos 490 mil mujeres más fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en un lapso de ocho años, según la encuesta realizada por la campaña Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. El número de víctimas estremece pero con seguridad no incluye a todas las mujeres afectadas por delitos sexuales porque las cifras disponibles en Colombia ni son fidedignas ni están completas.

Como lo denunció Amnistía Internacional con respecto a las niñas afectadas que el tema, este constituye “un problema grave” que, además, no es denunciado. Más de 400 mil de estas víctimas prefirieron “dejarlo así”.

La sentencia contra Peña Tobón, su confesión y  la aceptación de cargos de El Mellizo adquieren relevancia, si se tiene en cuenta que, en su reporte, Amnistía Internacional denuncia cómo “muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia”.

La impunidad existe, como alertó la Corte Constitucional, por “un triple proceso de invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los perpetradores”. Amnistía Internacional incluye como razones falta de voluntad política, obstrucción a la justicia y carencia de seguridad para denunciar los abusos. Tareas variadas que requieren el aporte de la sociedad en conjunto.

También existe el marco normativo pero no se aplica y es insuficiente. Lo admite la Fiscalía y lo advirtió, en el 2009, la ONU al indicar que es necesario “reforzar la legislación relativa a la violencia sexual contra los niños para ocuparse de la prevención, protección y asistencia a las víctimas”.

Para la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la gravedad de dichos crímenes es preocupante porque pareciera que el marco legal existente no ofreciera la suficiente protección a los derechos de niñas y jóvenes afectadas por el conflicto.

Como dice la investigadora María Emma Wills, “todavía falta mucho por saber” y hay una necesidad imperativa de saber para no repetir. Cada uno es responsable de aprovechar su lugar para impedir la impunidad en los casos de crímenes sexuales de los que ha sido víctima poco más del 1% de la población en Colombia.

Combatir la impunidad, además de dignificar a las mujeres, es un medio para lograr la paz.
  
Tomado de: http://www.lasillavacia.com/historia-invitado/31592/yamile-salinas-abdala/se-abre-una-puerta-para-frenar-la-impunidad-en-delitos

Imagen tomada de: http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=14

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