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jueves, 31 de mayo de 2012

Comunicado internacional


Jornada de Duelo y Dignidad por el asesinato de Rosa Elvira Cely y todas las mujeres víctimas de abuso y brutalidad en Nuestra América 

En Bogotá, Colombia, el 29 de mayo falleció Rosa Elvira Cely, de 35 años, después de cuatro días de agonía a causa de las graves heridas producidas por quienes la violaron, torturaron, acuchillaron y por último empalaron. La atrocidad de este asesinato y la falta de respuesta oportuna de la Policía Nacional no pueden dejarnos indiferentes. 

Sabemos que en Colombia, como en otros países latinoamericanos, miles de mujeres son atacadas sexualmente, agredidas física y emocionalmente, quemadas con ácido o violentadas a manos de sus parejas. 

Hoy, quienes a continuación firmamos exigimos a las autoridades colombianas investigar a fondo y procesar de acuerdo a la ley a los responsables del brutal asesinato y tortura de Rosa Elvira Cely. También, exigimos una revisión exhaustiva de la actuación de la Policía frente a su llamado de auxilio. 

La violencia contra las mujeres no puede seguir siendo considerada un problema menor ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Nos resultan indignantes e insoportables los niveles de agresión a los cuales hemos llegado en medio de la indiferencia de la sociedad y la inoperancia del sistema de justicia ante estos graves crímenes. 

¡Ni una más! ¡Las mujeres exigimos nuestro derecho de vivir en un mundo libre de violencias! 

Firmas de personas y adscripciones de colectivos y organizaciones sociales. En caso de firmas de personas poner nombre completo, adscripción institucional (si se tiene) y el país. 

Esta carta será radicada en las embajadas y consulados de Colombia alrededor del mundo. Favor enviar sus firmas a: ni.una.mas.nunca@gmail.com

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viernes, 25 de mayo de 2012

Del monitoreo a la demanda de los derechos de las mujeres en américa latina. La hora ya llegó!


Por Gabriela De Cicco

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) lanzó en diciembre 2011 la “Campaña[1] para el cumplimiento de las deudas pendientes de los Estados con los Derechos Humanos de las Mujeres”. Conversamos con Elba Núñez Ibáñez, Coordinadora Regional de CLADEM, sobre los objetivos y alcances de la Campaña.

AWID: ¿Cuál es el objetivo de esta Campaña y por qué la lanzan ahora?

Elba Núñez Ibáñez (ENI): Partimos de la premisa que debemos exigirles a los Estados lo que ya es una deuda con los derechos humanos de las mujeres. Nos preguntamos si porque a pesar de que los Estados  de la región han ratificado instrumentos internacionales no cumplen con sus obligaciones y  compromisos asumidos. Las obligaciones son vigiladas por los Comités monitores de los tratados y nosotras hemos participado del proceso monitoreo y en articulación con varias organizaciones hemos logrado que los Estados sean observados. Como CLADEM hemos sistematizado  a través del Programa de monitoreo, las  recomendaciones y Observaciones finales de los Comités[2] y encontramos que hay una serie de pendientes y deudas que con incumplidas sistemáticamente por los Estados y que afectan la vida de las mujeres y no permiten su desarrollo.

Creemos que las mujeres no podemos aceptar la indiferencia del Estado y ante los retrocesos graves que se dan con la prohibición del uso de la PAE en Honduras o la penalización total del aborto en Nicaragua; reconocemos también indicadores del contexto favorable como la reapertura de la investigación de los casos de esterilización forzada en el Perú a partir del acuerdo de solución amistosa del caso MM c/ Perú, la plena discusión parlamentaria con media sanción del Proyecto de despenalización del aborto o la derogación del advenimiento en Argentina que permitía que un violador fuera eximido de pena si se casaba con la víctima.  Es decir podemos encontrar un contexto favorable de cambios en la región, y en la medida que la ciudadanía y las organizaciones conozcan y exijan las deudas, consideramos que esta Campaña puede contribuir a incidir políticamente.

La campaña contempla diversas acciones de difusión, movilización e incidencia política que CLADEM desarrollarán a lo largo del año en los 14 países de la región donde cuenta con una red articulada:   Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En cada contexto nacional, desde las articulaciones nacionales y las alianzas,  evaluaremos como demandar a los tres poderes del Estado. Determinadas coyunturas y contextos pueden resultar ser más sensibles y que eso nos permita lograr compromisos públicos de las autoridades para el cumplimiento de la deuda.

AWID: ¿Cuáles son las exigencias a los Estados?

ENI: Les exigimos que garanticen la igualdad entre mujeres y varones; con la eliminación de normas y prácticas discriminatorias y la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW en aquellos países que aún no lo han hecho. Que Impulsen la igualdad y el reparto de responsabilidades en las tareas de cuidado para erradicar la pobreza, mediante la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Que garanticen de una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.  Exigimos autonomía sexual y autonomía reproductiva. Acceso a recursos y servicios de salud sexual y reproductiva, y también exigimos acceso a una educación laica, intercultural, no sexista y no discriminatoria, por la que hemos luchado por medio de nuestra anterior campaña de incidencia, “Campaña Educación No Sexista y Antidiscriminatoria”.  Todo esto posibilitara la implementación de políticas públicas de plena garantía para las mujeres y esperamos el acceso a la justicia y la justiciabilidad de sus demandas.

AWID: ¿Cuáles son los ejes temáticos, y cómo los definieron?

ENI: A partir de las sistematización y revisión que realizamos en CLADEM con el apoyo de Susana Chiarotti[3], pudimos identificar y reflexionar acerca de los temas sobre los que se habían emitido más observaciones finales desde los Comités[4].

A partir de la sistematización de la jurisprudencia género sensitiva que hemos conquistado y del análisis que hemos realizado del cumplimiento de las deudas, surgieron estos temas ejes: El derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia, Autonomía sexual y reproductiva, Educación laica, intercultural, inclusiva, no sexista y no discriminatoria. Dentro del área de los Derechos Económicos, sociales y culturales (DESC), se focalizaría en la situación de las trabajadoras domésticas, el derecho a la vivienda y la brecha salarial entre varones y mujeres.

AWID: ¿Por qué los Estados no cumplen en garantizar el acceso y cumplimiento de los derechos de las mujeres?

ENI: Una de las razones es la escasa  voluntad política que todavía tienen algunos Estados para cumplir con sus obligaciones. Vemos que no han derogado leyes discriminatorias o por ejemplo no diseñan e implementan políticas públicas que garanticen la igualdad y no discriminación de las mujeres,  y tampoco asignan presupuestos adecuados. Otra de las razones es la gran influencia de algunos grupos fundamentalistas, especialmente religiosos, que impiden el avance y cumplimiento de las deudas, como por ejemplo en Paraguay que hasta ahora han impedido que se apruebe la Ley de salud sexual y reproductiva y materno perinatal, o han impedido que se aplique el Marco Rector de la Educación de la educación de la sexualidad en el sistema educativo, desarrollando campañas masivas de desinformación o el veto presidencial que se tuvo con la Ley del aborto en Uruguay, la prohibición del uso de la PAE en Honduras  y la penalización total del aborto en Nicaragua.

AWID: ¿Cómo se implementará la Campaña y de qué manera monitorearán la incidencia de la misma?

ENI: Desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2012 Estamos trabajando con las CLADEMs y organizaciones aliadas en elaborar planes de incidencia política en cada país que nos permita priorizar el reclamo de algunas deudas pendientes en cada uno de ellos, desarrollar acciones de sensibilización, cabildeo y movilización para conseguirlo. Nos hemos propuesto desarrollar acciones, pronunciamientos públicos alrededor de fechas claves que nos permita visibilizar las demandas y reclamar las deudas al mismo tiempo y sumar nuestras voces en los espacios internacionales, incluyendo Río +20, CEPAL, Cairo +20,  denunciando  los incumplimientos de los países según el contexto.
La idea es ir evaluando y monitoreando si existen algunos indicadores de avance como por ejemplo compromisos públicos por parte de los tres poderes del estado, inclusión en las agendas estatales, avances en la discusión de la agenda legislativa en los temas reclamados, políticas públicas que hayan tomando en cuenta los planteos realizados, ampliación de las alianzas para sumar voces y fuerzas para incidir políticamente tanto a nivel regional, nacional y local y por supuesto, lograr algún nivel de impacto en la ciudadanía porque sabemos que en cuanto conozcan que las demandas son deudas pendientes, estamos seguras se indignarán y existe la posibilidad que incluso se sumen al reclamo de la Campaña.

AWID: ¿Qué sucederá con la campaña después de diciembre del 2012?

ENI: En base a lo que avancemos una primera fase de la Campaña, podremos afinar y profundizar en las estrategias en los próximos años. Si logramos profundizar en la incidencia política, intercambiando con otras redes aprendizajes y experiencias demostrativas que han resultado exitosas y de alto impacto, nos puede permitir también mirar con detenimiento cuánto los estados de la región han avanzado en el cumplimiento de las deudas con los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, si se han derogado las leyes discriminatorias, se han aprobado otras para el avance de los derechos o las políticas género sensitivas se han expresado en presupuestos públicos y los casos en que se hayan tomado estos como compromisos públicos.

Notas: 
[1] La Campaña se realiza en alianza con las siguientes redes: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD),  La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
[2] Incluidas las sentencias, resoluciones, acuerdos de solución amistosa derivada de los litigios ante el sistema interamericano y universal de derechos humanos.
[3] Compañera integrante de CLADEM Argentina e integrante del Consejo Consultivo de CLADEM
[4] Los comités monitoreados en el Sistema de Naciones Unidas (ONU) han sido el Comité de la CEDAW – que vigila la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;  el Comité de Derechos Humanos (CDH), que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: (CPIDESC) que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité de los Derechos del niño (CDN): que vigila la Convención de los Derechos del Niño y la Niña; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD): la Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación Racial. Y en el Sistema Interamericano, (OEA) monitoreamos la aplicación de la Convención de Belém do Pará, y las observaciones del Comité de Expertas en Violencia (CEVI).
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"En el último año ha aumentado la violencia sexual contra mujeres en Colombia": Bedoya


Por: Karem Racines Arévalo

Una investigación, realizada durante tres meses por la periodista Jineth Bedoya, asegura que la banda 'Los Urabeños' tiene presencia en 10 departamentos y es responsable de graves abusos contra las mujeres.

Una investigación periodística realizada por Jineth Bedoya, quien fuera víctima de secuestro y violación hace 12 años, arroja que en el último año se han incrementado los casos de abuso sexual contra mujeres, en el marco del conflicto armado interno de Colombia. La aseveración está sustentada en cinco casos que son el plato fuerte del trabajo que promociona con el lema: "No es hora de callar".

Con base en testimonios de víctimas de Antioquia, Cartagena, Chocó y otras zonas del país, informes de inteligencia de policía y ejército y resultados de trabajos de organizaciones sociales, Bedoya logró identificar, durante tres meses de trabajo, un alto grado de afectación de la población civil, un aumento en los casos de violencia de género, un alto volumen de reclutamiento de menores de edad e instituciones del Estado permeadas por la acciones de los irregulares.

Otro de los hallazgos de su trabajo se refiere a que las agresiones que realizan los exparamilitares, agrupados ahora en bandas criminales como 'Los Urabeños', pasa por modalidades de abuso contra la mujer como la esclavitud y la explotación sexual, las violaciones, amenazas y desplazamientos forzosos.

Asegura además que los datos obtenidos de víctimas y organizaciones no gubernamentales demuestran que ha habido un aumento importante de estos casos durante el último año. Aunque se suponía que estas agresiones habían tenido su 'pico' en los años 90, ahora resulta que entre 2011 y 2012 se está retomando esta violencia contra la mujer como 'arma de guerra'.

Jineth Bedoya, quien se desempeña como subeditora de la sección judicial del diario EL Tiempo, se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos del género femenino, en medio de una guerra que no ha tenido ningún tipo de compasión frente a la vulnerabilidad de las mujeres.

Recibió recientemente el Premio a las Mujeres de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y ha sido esa figura visible para dar a conocer las injusticias que padecen las víctimas del conflicto, primero en manos de sus victimarios y luego a expensas de un sistema judicial poco eficiente.

"La reportería me permitió constatar que la banda 'Los Urabeños' ha logrado extender su control de territorios a 108 municipios, de 10 departamentos: Sucre, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Urrao, Valle del Cauca y Norte de Santander. Y han pasado de tener 80 miembros en 2006 para juntar ahora más de 2000", precisa la investigadora.

Según detalla la investigación, un 90% de los miembros de este grupo son paramilitares que se desmovilizaron durante el período gubernamental de Álvaro Uribe, pertenecientes a mandos altos y medios de las autodefensas, y luego decidieron retomar las armas. También se sabe que los hermanos Úsaga son los que controlan la organización y el cabecilla ha sido identificado como alias J.J.

Carta a exparamilitar

En el acto de presentación de los resultados de la investigación periodística, Jineth Bedoya hizo pública una carta que le envió al exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', pidiéndole que aproveche el poder y el respeto que tiene sobre el grupo que en otros años comandó, para que cese el atropello contra la población civil, y específicamente contra las mujeres.

En la comunicación que le hizo llegar la periodista a 'Don Mario', recluido en la cárcel La Picota, la remitente cuenta las historias dolorosas que encontró durante su investigación y conmina al exparamilitar para que intervenga y contribuya en el cese de estos abusos.

"Como mujer víctima, le quiero pedir nuevamente no por mí, sino por decenas de mujeres que están en la zona de influencia de 'los Urabeños', desde la costa de Chocó, hasta la costa de La Guajira. Ellas saben del peligro que afrontan, pero su fortaleza y su compromiso con sus familias es más grande que el miedo.

Ojalá que esos hombres que alguna vez usted comandó o estuvieron cerca, entiendan que cada mujer que tocan y atropellan, puede ser su mamá, su hija o su hermana. ..Usted ha hecho un compromiso con las víctimas, con la verdad, pero sobre todo con la reconstrucción de este país. Su compromiso no es solo con las víctimas de ayer, es también con las víctimas de hoy", dice la carta.

Tomado de: http://www.semana.com/nacion/ultimo-ano-ha-aumentado-violencia-sexual-contra-mujeres-colombia-bedoya/177738-3.aspx

Imagen tomada de: http://www.flickr.com/photos/planetaurazan/5926225802/

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jueves, 24 de mayo de 2012

'Violencia sexual es el lado oscuro de Colombia': relatora de la ONU


Por: Jineth Bedoya Lima 

Hace 10 años que la Oficina de la Representante de la ONU sobre abuso no visitaba el país.

Durante cuatro días, la representante especial de las Naciones Unidas sobre Violencia Sexual en los Conflictos, Margot Wallström, escuchó de primera mano el testimonio de las mujeres víctimas del conflicto en Colombia.

La oficina de la relatora, que hace 10 años no recibía una invitación de la Cancillería para revisar los temas de violencia contra las mujeres, también diálogo con varios funcionarios del Gobierno. En entrevista con EL TIEMPO habló de lo que encontró.

¿Qué panorama halló?

Colombia es un país de contrastes. Por un lado, muchos recursos, pero también una pobreza que lleva a retos sociales y económicos enormes. Un país moderno, pero que tiene un récord de una historia muy negra. Encontré tantos problemas con las mujeres, tanta cultura machista... He visto la diferencia entre una legislación ambiciosa y la falta de implementación porque no hay la capacidad y la habilidad para implementarla a niveles regional y local.

¿Cómo le fue en las reuniones con las víctimas?

Nos reunimos con sobrevivientes de crímenes de violencia y con las organizaciones de mujeres y, después de escuchar los relatos de estas valientes que han sido atropelladas, queda claro que el tema de violencia sexual es el lado oscuro de Colombia. Es inaceptable y no va a ayudar a Colombia a llegar a la paz. Lo peor es que las mismas mujeres están siendo culpadas de esto. Y, lamentablemente, es una historia de mujeres que no están siendo escuchadas: cuando van a la Policía o a los hospitales, no son respetadas como mujeres.

¿Qué la impactó más?

Que las mujeres sigan temiendo por sus vidas. Que sus hijos también hayan sido víctimas de abuso y estén bajo amenaza. Hay que entender que esto no solo implica la sexualidad.

¿Quiénes son los mayores perpetradores en Colombia?
En la mayoría de las historias, los causantes son los paramilitares o grupos armados ilegales. De allí viene la mayoría de perpetradores. Pero cuando ellas buscan ayuda y seguridad de la Policía y la Fuerza Pública, no está esa seguridad. Ellas no se sienten respetadas, escuchadas o que reciban la protección que necesitan. Muchas veces se burlan de ellas y son humilladas cuando tratan de reportar casos de violación.

¿Hay alguna sugerencia para esto?

Algo que hay que discutir es que debemos crear unidades de familia dentro de la Policía para que atiendan los casos. Que sean solo mujeres policías, tengan un entrenamiento especial y sepan cómo registrar violencias, cómo entrevistar a una víctima y cómo hacerle seguimiento. Podemos hacer un proyecto piloto en alguna parte, lo mismo que en el sector salud.

¿Las leyes que se han sancionado (tierras, víctimas) tendrán impacto en las mujeres?

Creo que el gobierno de Colombia tiene que ser felicitado por haber puesto legislaciones importantes y ambiciosas sobre la mesa, especialmente en violencia sexual, restitución de tierras y reparación. Esta es una señal de liderazgo del Gobierno, pero su implementación debe ser igual de buena porque tiene que cambiar la realidad de las mujeres en las regiones. Aquí es donde creo que la capacidad y los recursos no existen aún, y donde nos hemos ofrecido a ayudar con los registros de casos y otros aspectos. La impunidad es el mayor problema.

Precisamente, el tema de la impunidad ha sido una de sus mayores preocupaciones...

Las Naciones Unidas siguen preocupadas por la continua violación de derechos humanos, incluyendo los altos porcentajes de violencia sexual en todo el mundo. Desde que comencé este trabajo, hice que mi prioridad fuera la pelea contra la impunidad de crímenes de violencia sexual en el conflicto. Durante mucho tiempo, las mujeres han sido víctimas y caminan con pena mientras los perpetradores caminan con libertad. Creo que la violación debe tener sus consecuencias y que la acusación es parte de la prevención.

¿Cree que Colombia ha tomado conciencia sobre el problema de violencia sexual o, por el contrario, sigue siendo un delito invisible?

La violencia sexual relacionada con el conflicto armado sigue siendo un crimen invisible en varios contextos, incluyendo Colombia. Sabemos, por medio de otros países en postconflicto, que actos de violencia sexual cometidos durante el conflicto tienden a continuar mucho después de que las armas quedan en silencio. En Bosnia y Herzegovina, casi 17 años después de la guerra, miles de mujeres que fueron violadas durante la guerra todavía no han visto justicia. Esto no ayuda al futuro sostenible del país.

* Subdirectora de Justicia

Tomado de: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11848151.html

Imagen tomada de: http://www.eltiempo.com/justicia/IMAGEN/IMAGEN-11848152-2.jpg

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Mujeres indígenas, victimas invisibles del conflicto armado en Colombia. La violencia sexual, una estrategia de guerra


Por: Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC – Consejería Mujer, Familia y Generación.

Informe presentado a la Señora Margoth Wallström, Representante Especial del Secretario General para Violencia Sexual en el marco de los conflictos armados. En su visita a Colombia, Bogotá 16 de mayo de 2012

“Si bien el conflicto armado nos afecta como pueblo, las mujeres indígenas, sufrimos diversas formas de violencia específicas, somos víctimas de violaciones sexuales, desplazamiento forzado, asesinatos, afectación por minas, reclutamiento forzado, amenazas. Generalmente estos hechos no se visibilizan en los registros generales y no son debidamente atendidos por instancias competentes para que se haga justicia, frente a estos casos hay total impunidad. Por eso decidimos hoy romper el silencio, nos tomamos la tarea de documentar nosotras mismas estos casos, acompañarnos para exigir de manera colectiva como mujeres indígenas, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”1

La ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia, es un proyecto político y organizativo de carácter nacional, que constituye una apuesta propia de los pueblos indígenas de Colombia para la defensa y protección de nuestros derechos especiales, colectivos y culturales, bajo los principios del movimiento indígena: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.

La Consejería de Mujer, Familia y Generación fue creada por mandato del VII Congreso de los Pueblos Indígenas en el 2007, con el objeto de dinamizar procesos para el fortalecimiento de las mujeres, las familias y las diferentes generaciones indígenas, en el contexto de la agenda del movimiento indígena2.

El trabajo de la Consejería es acompañado por el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, instancia de asesoría y apoyo creada por Mandato del VII Congreso de la ONIC. Dicho Consejo está integrado por diez mujeres, dos representantes de cada macro-regional3, que somos elegidas en la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas para un período de dos años.

La Consejería Mujer, tiene como uno de sus mandatos el conocer, visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y a la vez exigir las garantías para su plena realización.

Somos mujeres, somos indígenas, somos pueblos indígenas, por eso para entender la situación que estamos viviendo las mujeres, es necesario conocer del contexto que viven nuestros pueblos:

- Según el censo de población (DANE) realizado en el 2005, en Colombia somos aproximadamente el 3.4% de la población colombiana 1.392.623 indígenas.

- Aunque para el Estado Colombiano sólo somos 87 pueblos, para la ONIC - como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, somos 102 pueblos, ubicados en 30 de los 32 departamentos y en este momento contamos con 66 idiomas propios indígenas4.

- La gran mayoría vivimos en los Resguardos (642 en total), creados originalmente mediante la ley 89 de 1890. Los resguardos se configuran como territorios indígenas “protegidos” como propiedad colectiva y con jurisdicción política propia.

- Las mujeres somos cerca del 50% de la población indígena, también sufrimos las consecuencias y el impacto del conflicto armado interno que vive el país y que de manera particular ha hecho de los pueblos indígenas las principales víctimas de la guerra y la disputa por territorios de gran riqueza por su biodiversidad, recursos bioenergéticos y mineros. Esta confrontación ha traído consigo la militarización casi total de nuestros territorios.

- Las mujeres sufrimos estos impactos por ser mujeres y por ser indígenas, somos objeto de múltiples discriminaciones que se entrecruzan y nos hacen altamente vulnerables.

- Para el gobierno nacional y el capital transnacional, nuestros territorios no son más que una fuente de recursos energéticos, minerales y ambientales lo que se constituye en una amenaza permanente a la integridad y pervivencia física y cultural de nuestros pueblos y de cada uno de los seres que habitamos el territorio. Esto ha generado un impacto desproporcionado, hoy, existen por lo menos de 32 pueblos en grave riesgo de extinción física y cultural, según lo reconoce la misma Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.

- Un impacto severo en la vida de nuestros pueblos es el desplazamiento forzado, constante y que ha facilitado procesos de ocupación ilegítima y el despojo territorial a los indígenas por parte de grandes terratenientes, grandes empresas, grupos paramilitares, interesados en megaproyectos minero-energéticos y agrícolas. Entre 2007 y 2010 fueron desplazados más de 79 mil indígenas de sus territorios; según la ONIC a diciembre de 2011, se registraron 33 eventos de desplazamiento de miembros de pueblos indígenas, que ascienden a 5327 personas.5 Principalmente son niñas, niños y mujeres quienes son desterrados, mujeres viudas y mujeres cabeza de hogar. La constante, por parte del estado colombiano, es omisión en materia de atención en estas situaciones.

- Las muertes violentas son otro factor de afecta enormemente la vida de los pueblos indígenas: entre el 2002 y 2009 fueron asesinados más de 1.400 personas y según lo ONIC entre enero a noviembre de 2011, se presentaron 111 homicidios, de los cuales, las cifras oficiales sólo reconoce 79 homicidios, lo que indica un aumento del 8% frente al año anterior.

- Para las mujeres indígenas, sin duda una de las preocupaciones mayores tienen que ver con el impacto que está causando en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, la presencia de los tantos actores que están en la confrontación y que invaden nuestros territorios: concesiones para la explotación minera, la implementación de los grandes megaproyectos minero energéticos o de infraestructura, en su gran mayoría sin agotar el procedimiento obligatorio de la consulta previa (libre, informada y con consentimiento) una constante en este gobierno en el marco de la implementación de las “locomotoras del desarrollo” del Plan Nacional de Desarrollo.

- Existen 8.000 títulos mineros vigentes 233 se encuentran total o parcialmente superpuestos con 113 resguardos indígenas. Se conoce de 22 procesos de consulta previa adelantados desde 1994. Consulta en su gran mayoría irregulares y sin o con muy escasa participación de las mujeres indígenas.

- Un caso es el de la “Open Round 2010” la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó 78 bloques petroleros sin consulta a los pueblos, que afectan total o parcialmente territorios de pueblos indígenas en riesgo de exterminio. Es sistemática la vulneración al derecho a la consulta previa, de ello dan cuenta las sentencias T-129, T-235 y C-366 del 2011 que ordenan la protección a este derecho.

- El Estado garantiza la protección y seguridad a las empresas que están operando los megaproyectos, lo que significa presencia e instalación de batallones, que en muchos casos, se han instalado en los territorios indígenas; por ejemplo en Cumaribo – Vichada se instaló el Batallón de Infantería No. 43 y que en número que supera altamente a la misma población indígena. Trayendo consigo como lo hemos evidenciado, en el mismo Cumaribo, la creciente prostitución que involucra a niñas indígenas, los embarazos no deseados, las enfermedades de trasmisión sexual, el involucramiento afectivo y la violencia sexual.

- Junto con las fuerzas militares y policía, hacen presencia grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, que también han hecho de nuestros cuerpos un botín de guerra.

- Igual denunciaron los pueblos nasa del norte del Cauca: “La presencia de 5.000 soldados del Batallón Pichincha, dos “batallones de Alta Montaña”, 6 batallones de “Soldados Campesinos”, 2 batallones antinarcóticos, además de Brigadas Móviles y fuerzas especiales, así como cerca de 2.500 combatientes, cientos de milicianos han causado grandes agresiones a la comunidad. La presencia de bases militares y de Policía dentro de los cascos urbanos ha generado un aumento de los ataques de la insurgencia en zonas densamente pobladas causando múltiples víctimas; reiteramos que los bienes de la población civil no deben ser ocupados con fines militares por ninguno de las partes en conflicto”.

- En este contexto la mayor, más dolorosa y silenciada situación que viven las mujeres indígenas está ligada a la violencia sexual. Realidad poco documentada, no cuantificada, no existen datos que hablen fielmente de esta realidad, se oye con cierta frecuencia de denuncias que luego desaparecen porque no “era cierto”, “era una mala interpretación de los hechos”, “se lo imaginaron.-

- En el 2011, se tuvo conocimiento de varios casos de violencia sexual en el que las víctimas en su mayoría fueron niñas indígenas. El año empezó y terminó con este tipo de hechos: en el mes de enero la víctima fue una niña indígena de 13 años del pueblo Sikuani, en la denuncia se señala que la menor salió de la casa y la última vez que la vieron estaba con unos militares, quienes la raptaron y la violaron.

- El día 7 de agosto de 2011, entre los Resguardos Abejero y Capa-Lana, del municipio del Carmen de Atrato, Chocó, fue desaparecida María Cecilia Bailarín Domicó, indígena Embera, de 17 años de edad, madre de una menor de cuatro años, quien además se encontraba en estado de embarazo. Las comunidades de esta zona junto con la Guardia Indígena hallaron el cuerpo sin vida de la joven quien también fue víctima de violencia sexual.

- En diciembre del mismo año, la tristeza alcanzó a tres mujeres del pueblo Awá, víctimas de violencia sexual, una de ellas de apenas doce (12) años de edad.

- “ El 10 de mayo de 2010 tropas adscritas al (…) Ejército Nacional tras sostener un combate con guerrilleros de las FARC-EP, dentro de la comunidad indígena Embera Dobida de Necorá [Chocó], llegaron a las casas de la comunidad (…) amenazaron de muerte a los miembros tildándolos de guerrilleros (…) [y] a una niña de trece años (…) le tocaron los senos, le quitaron su machete y se disponían a seguir abusando de ella, lo que fue impedido por su padre” (CINEP/PPP, 2012).

- “[En julio de 2009], un soldado adscrito al Batallón Santa Bárbara de la Brigada 10 Blindada, del Ejército Nacional, abusó sexualmente de una niña de 13 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Wiwa (…) el militar se fugó, no sin antes golpear a la niña y hacer dos disparos al aire para impedir que lo persiguieran (…). El capitán encargado del mencionado Batallón, se reunió en el resguardo Wiwa con los indígenas que habitan en el sector, les manifestó que el soldado es miembro de la unidad militar, pero les negó la identificación".” (CINEP/PPP, 2012).

- “Durante el 2009 miembros del Ejército Nacional, abusaron sexualmente a una indígena de 22 años de edad, el en Cauca (…), [ella] denunció los hechos ante la Personería Municipal de Jambaló, días después cuando fue a preguntar por el trámite de su denuncia le contestaron que ese trámite se demoraría. A pesar de la gravedad de los hechos la Personería no ofició a la Fiscalía General de la Nación ni remitió a la víctima al Instituto de Medicina Legal, ni a un centro de salud que hiciera sus veces. Por iniciativa propia y ante la negligencia de las autoridades municipales, acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía”.

- “En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, [en el año 2005] dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.” (CAOI, 2012)

- Un caso atroz, pero a su vez emblemático es el ocurrido en el departamento de Arauca, en las Veredas del resguardo Betoyes, durante el año 2003 y perpetrado por Ejército Nacional. En este caso se evidencia que la violencia sexual hace parte de una estrategia de guerra, sumada a ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, amenazas, hostigamiento, señalamientos, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.

- “Tropas del Ejército Nacional (...) haciéndose pasar como paramilitares ejecutaron a cuatro indígenas e hirieron a dos más, miembros de la etnia Guahíbo (...) también violaron a cuatro muchachas de 11, 12, 15 y 16 años (...) una de las niñas violadas fue Omaira Fernández que una de 16 años de edad, estaba embarazada y la comunidad tuvo que ver horrorizada como le abrían el vientre a la joven, le extraían el feto, lo trozaban, introducían sus partes en una bolsa plástica y la arrojaban al río junto a la madre. le faltaban tres meses para tener el niño". (CINEP/PPP, 2012).

- A la gravedad de estos hechos se suma un alto nivel de impunidad. La ONIC no tiene conocimiento de la existencia de condenas por violaciones sexuales u otro tipo de violencias contra mujeres indígenas. Peor aún, el sistema de justicia ordinario en los lugares en los que habitan los pueblos indígenas es pobre y precario, y sus funcionarios desconocen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres.

- Generalmente no se cuenta con traductores en los procesos judiciales, y no existen protocolos de atención específicos para las mujeres indígenas, muchas veces nuestros casos se ventilan de manera colectiva olvidando normas básicas que protegen el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual.

- Estas múltiples violencias de las cuales son víctimas las mujeres indígenas producen un sufrimiento espiritual y cultural tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Según la ley de origen y las distintas culturas involucradas, este sufrimiento cobra diferentes formas. Estas violencias perpetradas por actores armados, muchas veces afectan a mujeres que pertenecen a pueblos en riesgo de exterminio y extinción o en estado de alta vulnerabilidad, quebrantando el equilibrio cultural, espiritual y físico ya amenazado.

- Frente a esta abrumadora realidad, vivir sin violencia para las mujeres indígenas sería vivir en armonía, es estar bien en nuestros pueblos y comunidades, y en cualquier otro lugar, es vivir a plenitud todo el tiempo, al decir de las mujeres, es estar bien siempre y no ocasionalmente, y contar con mecanismos estatales comunitarios y familiares de resolución de los conflictos. Vivir sin violencia es tener realizados todos los derechos tanto individuales como colectivos”. En el plano colectivo por ejemplo, es importante contar con un territorio propio, el cual para las mujeres debe ser además un territorio seguro, que les permita transitar sin el temor de ser agredidas físicamente ni sexualmente.

- Como principales perpetradores de violencia sexual en el marco del conflicto armado, se identifican a agentes estatales, razón por la cual se incrementan los niveles de impunidad y las dificultades en el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, donde se recrean una serie de obstáculos en términos lingüísticos, geográficos, culturales, económicos, sociales y políticos. Sin embargo, los miembros de la fuerza pública no son los únicos agresores, también grupos armados ilegales como los paramilitares, que en muchos casos son financiados por empresas multinacionales que desarrollan megaproyectos, con graves efectos sociales y ambientales sobre nuestras comunidades y territorios ancestrales, estructuras culturales y organizativas, el desarrollo de nuestros planes de vida.

- Muchas mujeres que hemos sido víctimas de desplazamiento forzado, no contamos con garantías de derechos para retornar a nuestros territorios, enfrentando represalias y situaciones de riesgo como amenazas, violaciones sexuales y en el peor de los casos asesinatos. “El principal obstáculo para que el retorno sea una solución duradera se debe a la continuidad del conflicto y a la presencia de altos niveles de violencia a pesar del progreso que muestran los indicadores de secuestros, masacres y asesinatos.” (Celis, 2009)

- Como consecuencia de las violaciones sexuales, existen mujeres y niñas que sufren enfermedades de trasmisión sexual, y lo más grave es que no reciben la atención adecuada ni el acompañamiento de las comunidades por la ausencia de programas específicos para ello.

Recomendaciones

Frente a este aterrador contexto, señora Representante, le recomendamos inste al Estado Colombiano para que de manera inmediata tome las medidas para remediar y poner fin esta situación de vulneración sistemática a los derechos humanos de las mujeres indígenas. Por todo lo expresado en este informe le exigimos al Estado Colombiano:

- El respeto a los territorios, gobiernos, autoridades y autonomía de los Pueblos Indígenas.

- El acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH.

- Respuesta inmediata e investigación a los comunicados y denuncias por hechos de hostigamiento, amenazas y violación a derechos humanos en las comunidades indígenas, y en especial de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.

- Que la administración de la justicia ordinaria tome en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y la existencia de peritos especializados que permitan identificar las particulares afectaciones de la violencia sexual en mujeres indígenas. En caso de dictámenes psicológicos, debe garantizarse también la incorporación de un enfoque étnico y de género.

- La capacitación a funcionarios y funcionarios públicos sobre los derechos de los pueblos y mujeres indígenas.

- Se adelanten y faciliten las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han atacado a la niñez y las mujeres indígenas.

- La desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de todos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas, como garantía de verdad, justicia y reparación y como de medida de protección.

- El establecimiento de programas concertados adecuadamente de atención a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas tradicionales de vida.

- Garantizar el retorno de las mujeres indígenas desplazadas, sus familias y comunidades con todas las garantías de seguridad y dignidad.

- La concertación e implementación de programas y políticas públicas reales de formación, educación atención especializada para las mujeres indígenas, que permitan el ejercicio de sus derechos.

- Atención y acompañamiento psicosocial y jurídico de organizaciones internacionales y nacionales dirigidas a resolver los problemas de las mujeres indígenas, dentro de los Planes de Vida, respetando y promoviendo los principios de consulta previa y fortaleciendo las organizaciones propias de los pueblos indígenas.

- Que las autoridades mujeres indígenas, sean tenidas en cuenta y estén presentes en el acompañamiento a las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, asegurando una estrategia de apoyo sicológico desde lo cultural y espiritual.

- Que se generen los mecanismos adecuados para la Coordinación de la justicia propia y ordinaria como medida para asegurar el acceso efectivo a la administración de justicia y superar la impunidad en los casos de violación de derechos a las mujeres indígenas.

- Establecimiento de mecanismos de exigibilidad, vigilancia y control en especial de la información, relacionada con los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas.

- Establecimiento de protocolos y mecanismos de vigilancia sobre el desarrollo de megaproyectos en (o cerca) de territorios indígenas, como medida de protección de las mujeres indígenas.

- Identificación y determinar las posibles causas que puedan generar factores de riesgo y vulnerabilidad en los niños y niñas y mujeres indígenas.

- Las instituciones del Estado y en especial el sistema de justicia ordinario deben asegurar la existencia de traductoras y el nombramiento de mujeres indígenas, que puedan orientar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia sexual.

Al sistema de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos y en especial a su oficina señora Relatora, les solicitamos:

- Desarrollar los mecanismos adecuados que les permita un seguimiento permanente a las recomendaciones que se le hagan al Estado Colombiano.

- Desarrollar y dar a conocer mecanismos que permitan comunicaciones y acompañamiento a pueblos indígenas y en particular a mujeres víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado.

Bogotá, Mayo de 2012

Notas

1 Tomado de Declaración de las Mujeres Indígenas del Norte del Cauca: “PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES INDÍGENAS EN RESISTENCIA POR LA PERVIVENCIA Y AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS, TEJIENDO LA MEMORIA Y LA PALABRA”. ACIN Caloto, Junio 21 al 24 de 2011
2 Consejería Mujer, Familia y Generación-ONIC. En http://www.onic.org.co/cons_mujer.shtml
3 Las macro-regionales agrupan a las organizaciones indígenas regionales que comparten territorios cercanos geográficamente; son cinco: macro Amazonía, macro Orinoquía, macro norte, macro occidente, macro centro-oriente.
4 Ver en la página de la ONIC el listado completo de los 102 pueblos indígenas de Colombia (www.onic.org.co).
5 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx



Licencia del artículo: Creative Commons - Titular de la Licencia de artículo: ONIC

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