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jueves, 3 de mayo de 2012

Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano* (Primera entrega)


Por: Lina-María Céspedes-Báez** CODHES

1. Introducción

Hace unos meses una mujer se acercó y me contó la siguiente historia: un poblado colombiano venía siendo asediado por un grupo paramilitar, o como los llaman en los medios oficiales, por una banda criminal emergente (Bacrim). Su estrategia había sido matar líderes, uno tras otro, para amedrentar a la población. Un día volvieron sin ganas de matar y les dijeron: “¿No les duele la muerte de sus líderes? Entonces les vamos a dar por donde más les duele.” Ese día violaron a las mujeres de la comunidad, ese día dijeron que volverían para violar a las que no estaban, ese día muchos se desplazaron.1

Mientras escuchaba el relato, volvieron a mi memoria los testimonios de muchas mujeres que han quedado plasmados en diversos informes, desde el de Amnistía Internacional,2 hasta los que produce anualmente la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado,3 en los que se refiere el episodio de violencia sexual y seguidamente el éxodo. Esa labor de documentación de distintas organizaciones, nacionales e internacionales, ha develado la interrelación de las violencias4 que afectan a las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano y ha puesto en evidencia que, en determinados contextos, la violencia sexual no es una conducta de simple consumo por parte del actor armado,5 sino una estrategia para obtener determinados fines. Eso significa que una misma conducta delictiva (violencia sexual) puede tener objetivos disímiles, e.g., satisfacción inmediata del deseo sexual, dominar, regular, castigar, obtener información, expropiar, entre otros,6 de cuyo establecimiento dependerá el reproche penal de la conducta y su reparación.7 Por lo anterior, no basta con el esclarecimiento de que una conducta de éstas ocurrió; es indispensable indagar por sus fines, lo cual contribuirá al diseño de la reparación y, por supuesto, de una política criminal que pase por la prevención.

Este marco conceptual, basado en la aceptación de que existen distintos regímenes de violencia sexual,8 es especialmente fructífero para hacer visibles las conexiones entre los diversos tipos de hechos ilícitos que cometen los actores armados y que afectan a las mujeres de manera desproporcionada. Es así como las dificultades que enfrentan las mujeres, especialmente, en tiempos de conflicto armado, para acceder a la tierra y a la propiedad, pueden también ser estudiados a la luz de la violencia sexual encaminada hacia el despojo. Aunque no todos los eventos de expropiación ilegal de los inmuebles pasan por este tipo de violencia, los testimonios recogidos en la última década dan cuenta de que en ciertos contextos ésa es la herramienta utilizada para producir el desplazamiento y consiguiente abandono de los inmuebles.

Abordar este enfoque implica un cambio en las políticas públicas dirigidas a las mujeres en situación de desplazamiento, y en las prácticas y premisas judiciales, que permita establecer en concreto cómo es la interrelación entre las violencias. Lastimosamente los mecanismos diseñados por el Estado, las órdenes dadas por la Corte Constitucional y las recomendaciones de ONG y organizaciones internacionales no se han concretado en un abordaje del fenómeno que dé cuenta de esos nexos. El caso de la violencia sexual en contra de las mujeres, y su conexión con el desplazamiento y el despojo, es tan sólo uno de tantos asuntos que ve aumentada la dificultad de su establecimiento por la poca eficacia que ha demostrado el Estado colombiano para juzgar y sancionar estos delitos, aunque sea separadamente. A pesar de que los obstáculos para establecer esta interrelación son de diversa índole, uno de los más evidentes toca el proceso judicial y su régimen probatorio, el cual debe ser flexibilizado para atender los inconvenientes propios de las víctimas, y en especial de las mujeres.

En este orden de ideas, este artículo propone la creación de una presunción constitucional, en el contexto del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-025/04, a través de la cual se presuma que las mujeres en situación de desplazamiento forzado que aleguen haber sido objeto de violencia sexual, fueron objeto de despojo de sus tierras. Indiscutiblemente, para que este mecanismo jurídico sea efectivo, ha de tomar en cuenta las diversas relaciones que tienen las mujeres con la tierra, y no se limitaría a la protección del derecho de propiedad. Esto implicará para la Fiscalía General de la Nación (FGN), el establecimiento de hipótesis investigativas que rebasen el evento de violencia sexual e indaguen por el vínculo entre ésta, el desplazamiento y las pérdidas patrimoniales. A su vez, le competerá al perpetrador comprobar la no ocurrencia de alguno de estos eventos o su falta de conexión, para desvirtuar la presunción.

El plan de exposición de esta propuesta consiste de cuatro apartados. En el primero se analizará brevemente la conexión entre conflicto armado, mujeres, tierra y territorio. En el segundo se evidenciará la relación entre la discriminación histórica a la que han sido sometidas las mujeres en esta área, el efecto desproporcionado del desplazamiento forzado y el régimen de violencia sexual enfocado al despojo. En el tercero se hará referencia a los obstáculos de las mujeres en el acceso a la justicia y la respuesta dada por la Corte Constitucional como el único escenario actual de diálogo jurídico fértil para diseñar respuestas adecuadas. Finalmente, el cuarto apartado se centra en la presunción propuesta y su contenido.

2. Una ecuación perversa: tierras, conflicto armado y mujeres

La regulación jurídica de la propiedad inmueble y los roles asignados a la tierra y el territorio en el contexto del conflicto armado colombiano provocan una inestabilidad y vulnerabilidad de la población civil en su relación con este tipo de bienes. La conjunción de la normatividad decimonónica con los intereses propios de los grupos armados y, no sobra decirlo, de aquellos que se benefician colateralmente de las acciones violentas, genera una alta volatilidad en las situaciones jurídicas propias de esta área. La constatación de esta realidad ha puesto de relieve la necesidad de adoptar reformas jurídicas que se acompasen con este entorno, y ha impulsado el estudio de los impactos desproporcionados que ésta ha provocado en grupos históricamente discriminados, como ha sido el caso de las mujeres.

Para comenzar, hay que subrayar que el derecho civil de bienes en Colombia se caracteriza por un marcado formalismo que deriva en una protección casi exclusiva del derecho a la propiedad en desmedro de otras formas de tenencia y posesión de los inmuebles. La diferencia que existe entre el título y el modo9 tiene como consecuencia el desdoblamiento de los momentos en que se adquiere el derecho a obtener la propiedad de una cosa y el momento en que efectivamente este derecho entra a hacer parte del patrimonio del sujeto. Indudablemente, al ordenarse en el artículo 740 del Código Civil que la tradición es el modo por excelencia de adquisición derivativa del dominio de las cosas,10 la cual se concreta, en el caso de los bienes inmuebles, a través de la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos, la adquisición de la propiedad queda sujeta a un sistema altamente formalizado y costoso11 que depende directamente de la capacidad del Estado para levantar el inventario de predios, asignar matrículas inmobiliarias, y establecer oficinas, entre otras acciones.12

Para completar este panorama, las acciones judiciales disponibles para solucionar los conflictos sobre la tierra, en vez de facilitar la protección de los derechos, aumentan la conflictividad, por cuanto su operatividad es muy baja debido a la fragilidad institucional, la dificultad para acceder a los servicios de justicia, la inversión económica que representa el proceso y la demora en la toma de decisiones definitivas.13 En el área de las acciones civiles, se cuenta con la acción de nulidad, de simulación, reivindicatoria, de pertenencia, de lesión enorme, de enriquecimiento sin causa, entre otras, las que tienen como denominador común una duración aproximada de diez años,14 la alta especialización jurídica en su trámite y sus costos elevados. Lo mismo sucede en el ámbito penal, en el que se encuentran acciones orientadas a impedir la perturbación de la posesión, la invasión de tierras, la estafa, el abuso de confianza, etc., y en el ámbito del contencioso administrativo, con las acciones de nulidad y restablecimiento y de reparación directa. En lo referente al incidente de reparación integral regulado por la Ley 975 de 2005, es esencial hacer hincapié en que éste sólo está disponible para las víctimas de grupos armados ilegales que se hayan acogido a dicha regulación y cumplan con todos sus requisitos. Adicionalmente, éste se tramita a través de una audiencia de conciliación, dirigida por el juez, entre víctima y victimario, lo que significa una evidente desigualdad procesal entre las partes que afecta las posibilidades reales de obtener una reparación adecuada, en especial si se tiene en cuenta las trabas existentes en materia de asesoría y representación de víctimas.15

Por otro lado, la relación que existe entre los conflictos armados internos y el territorio produce dinámicas de desplazamientos forzosos16 que, casi siempre, culminan en crisis humanitarias que los Estados pocas veces están capacitados para atender y que generan círculos viciosos de ataques a la población civil, despojo, éxodo e impunidad. La falta de respuesta adecuada de los Estados se debe, en su mayoría, al no reconocimiento de la situación de conflicto y sus consecuencias, lo que impide una restructuración del gasto, de las instituciones y, cómo no, de los procedimientos administrativos y judiciales. Tal vez, uno de los mayores dilemas sea el que las respuestas estatales se centran en asistencia humanitaria, y no se proyectan en soluciones duraderas, transformadoras y que promuevan el desarrollo.17

El caso de Colombia no es una excepción a esta dinámica, en especial cuando los estudios hablan de cifras que sobrepasan los tres millones de desplazados y que a veces llegan hasta cuatro millones novecientos mil, dependiendo de cómo y quién recoge la información.18 En la medida en que la metodología para recolección y procesamiento de la información rebasa los fines de este estudio, simplemente vale la pena anotar que según el Internal Displacement Monitoring Centre, Colombia ocupa el segundo lugar en materia de población en situación de desplazamiento, después de Sudán, que reporta más de cuatro millones novecientos mil personas. No deja de ser importante anotar que el registro oficial en Colombia sólo fue implementado desde 1997 y reglamentado en el año 2000.19 Esto puede dar algunas ideas acerca del subregistro y de la dificultad para obtener cifras confiables respecto de eventos de desplazamiento que ocurrieron varios años antes de la expedición y reglamentación de la Ley 387 de 1997.20

Más allá de las cifras, la literatura colombiana e internacional ha documentado en extenso la relación entre el conflicto armado interno, la lucha por el control territorial, la usurpación ilegal de tierras y el desplazamiento forzoso.21 En este sentido, es posible afirmar que este fenómeno no es una consecuencia indirecta del enfrentamiento entre los grupos armados, ya sean legales o ilegales, o de su simple presencia, sino una estrategia que persigue fines determinados y que, por tal, corresponde a un plan para obtener resultados específicos. En concordancia, en los últimos años se ha venido imponiendo el concepto de desterritorialización22 de la guerra, a través del cual se quiere realzar el que los actores armados ya no pretenden una presencia estable en los territorios basada en la adhesión ideológica o en la aceptación de los habitantes, sino que su permanencia o su paso están determinados por fines políticos y económicos.23 Esto explicaría que las dinámicas de enfrentamiento y coexistencia de los grupos armados estén estrechamente ligadas al despojo de la tierra,24 a su acumulación, a la dominación de corredores estratégicos, al dominio político y al control de los cultivos ilícitos.25

Es un hecho que las circunstancias de origen y transformación de los conflictos de baja intensidad,26 como ocurre en Colombia, son bastante variadas; sin embargo, está de bulto que el territorio y la tierra juegan un papel estratégico en su desenvolvimiento, lo cual produce desplazamientos forzosos e inseguridad jurídica frente a los derechos que se predican de los inmuebles. Si a esto se le une un aparato judicial congestionado y que no se adapta con facilidad a las situaciones cambiantes del conflicto, el escenario se torna desolador, y el Derecho como herramienta disponible y legítima se desprestigia, pues ni siquiera da cabida a la esperanza, o más bien, sólo las esperanzas de unos pocos pueden hacer el tránsito entre lo que está dentro y lo que está fuera del mundo de lo jurídico.27 De esta forma, todas aquellas controversias y reivindicaciones sociales, que no son más que sueños o anticipaciones del futuro en el presente, al no encontrar eco en el instrumento legítimo del Derecho se deslizan hacia otras esferas de solución y proyección que en la mayoría de las ocasiones están asociadas a la violencia.28 Así, en la práctica de la circulación de los bienes inmuebles en Colombia, en el contexto del conflicto armado, se impuesto la oferta del “me vende o le compro a la viuda”,29 y la decisión del vendedor se ha visto restringida a un mal arreglo, quizá uno en el que simplemente conserve su vida, antes que enfrentar lo que irónicamente se conoce como un buen pleito que, como ya se anotó, implica en promedio una década de litigio.

Esta situación de zozobra tiene un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres, dada su discriminación histórica frente a su derecho a la tierra y a la propiedad, la cual restringe aún más sus capacidades de negociación y agudiza la interrelación de las violencias. En uno de los testimonios recogidos por Dora Isabel Díaz,30 una mujer campesina, Dioselina Varón, narra sus dificultades para hacer efectivo su derecho a la tierra en un contexto no relacionado directamente con el conflicto armado colombiano. La historia, que puede ser la de cualquiera de estas mujeres, habla de cómo le fue negada la entrega de tierra en varias ocasiones por razones relacionadas con los arreglos de género31 vigentes: tener hijos demasiado pequeños que no podían ayudarla a trabajarla, haberse separado de su marido, o simplemente porque los compañeros de la organización decidieron que ella debía esperar a que el menor de sus hijos se casara y tuviera a su vez hijos. Como ella misma lo dice, ellos le impidieron participar en el proceso organizativo a nivel directivo porque no sabía leer ni escribir.

En general, la relación de la mujer con la tierra y el derecho de propiedad ha estado mediada por la discriminación de la que ésta ha sido objeto. El reconocimiento jurídico de su capacidad para tener un patrimonio y disponer de sus bienes no se ha traducido en resultados automáticos y concretos que le proporcionen el goce efectivo de esos derechos.32 Esto se debe, en parte, a que la proclamación de la igualdad formal de hombres y mujeres no ha encontrado suficiente eco en medidas de igualdad material, como acciones afirmativas estructurales enfocadas a provocar nuevos arreglos de género en las regiones. Esto se puede deducir fácilmente de una lectura de las políticas públicas y los programas diseñados para enfrentar esta cuestión, en los que es evidente la falta de un enfoque diferencial que beneficie a las mujeres y a la comunidad. Basta anotar que la entrega de tierras está mediada por la capacidad de endeudamiento, característica no muy extendida en este grupo poblacional, no supone capacitaciones y, muchos menos, acompañamiento.33 Ahora bien, la relación tierra – mujer se dificulta aún más en contextos de violencia generalizada. En la medida en que existe suficiente evidencia de que la cuestión agraria en Colombia está ligada directamente al conflicto armado interno, el dilema de la tierra y su tenencia, ya sea formal o informal, constituye, sin lugar a dudas, uno de los ejes neurálgicos en los que se desenvuelve la confrontación y, a través del cual, se involucra en mayor medida a la población civil. Esto supone un clima de inseguridad jurídica en los títulos jurídicos referidos a la tierra, debido a la relación estratégica que tienen los grupos armados con la tierra y el territorio, lo que implica que existe desde el punto de partida una dificultad y un desconocimiento de los derechos sin distingo de sexo. Sin embargo, si a esto se le suma que la igualdad formal de las mujeres en esta materia nunca logró cristalizarse en nuevos arreglos de género que eliminaran su discriminación, el resultado es que el impacto del conflicto en ellas aumenta y su derecho a la tierra y a la propiedad tiene más dificultades para ser garantizado. Esto puede observarse en la poca propensión que tienen las mujeres para interponer demandas relativas a este tema, ya sea por ignorancia, falta de documentación para acreditar el título, desconocimiento de la cabida del inmueble, temor a heredar deudas de sus compañeros muertos o desaparecidos.34

Un trabajo reciente de Donny Meertens35 señala que los obstáculos que las mujeres enfrentan en este escenario se relacionan, entre otros, con (i) la falta de visibilidad de la relación entre la mujer y la tierra, en especial por los arreglos de género que privilegian la titularización a favor del varón, le impiden movilizar fuerza de trabajo, conocer la situación jurídica y económica de la misma, etc.; (ii) la centralidad que tiene el derecho de propiedad en la normatividad colombiana, lo cual implica la desprotección de otras formas de relación con la tierra, como la posesión o la ocupación, circunstancia que afecta especialmente a las mujeres, por cuanto éstas parecen ser más propensas a establecer este tipo de relaciones jurídicas debido a los altos costos de la formalidad o por el simple desconocimiento;36 y (iii) la interrelación con otras violencias.

De los obstáculos atrás señalados, el último reviste especial interés por cuanto permite ampliar la perspectiva de análisis de la compleja relación de las mujeres con el derecho a la tierra y la propiedad. Es cierto, la simple mención de que la dificultad de garantizar el acceso a la tierra y a la propiedad por parte de las mujeres no sólo radica en las circunstancias directamente vinculadas con las situaciones jurídicas, económicas, sociales y políticas en que se ven envueltos los inmuebles, sino que también hunde sus raíces en otro tipo de realidades, como las violencias asociadas o no al conflicto, permite descentralizar el estudio e identificar otro tipo de causas o factores que impiden el goce del derecho y que merecen la atención del Estado. En este entorno, una de las asociaciones más extendidas en materia de acceso a la tierra y a la propiedad es la que se hace con el desplazamiento forzoso, no sólo por su evidente vínculo con el abandono de un lugar, sino porque este delito rara vez se presenta aislado de otras conductas ilícitas, e.g. expropiación, homicidios, tortura, extorsión, violencia sexual, entre otros, lo que permite indagar por la interrelación de las violencias.37

3. “Después de la agresión nos desplazamos en dirección a la ciudad”38

Se ha demostrado cómo el desplazamiento forzoso tiene un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres, ya que las discriminaciones históricas de las que éstas han sido objeto se exacerban en contextos de éxodo. En este orden de ideas se ha precisado que, si bien el desplazamiento no es una violencia basada en el género,39 en otras palabras, que no es una violencia que se encamine específicamente hacia las mujeres por el hecho de serlo, sí tiene consecuencias específicas y desmedidas en este grupo poblacional. El concepto relacional desproporción lo que pretende poner en evidencia en este terreno es que los hombres, aunque sufren impactos que afectan sus derechos humanos, no tienen la misma intensidad, ni se extienden en el tiempo de la misma manera que para las mujeres.40 Basta pensar cómo las mujeres quedan expuestas en más alto grado, tras el desplazamiento, a la explotación doméstica, la informalidad laboral, la desprotección de su derecho a la salud, la dificultad en el acceso a la justicia y, por supuesto, la violencia sexual.41 Este acercamiento ha propiciado el reconocimiento de que es menester implementar acciones afirmativas a favor de las mujeres en situación de desplazamiento, no sólo con el ánimo de cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de Colombia, sino para poder enfrentar adecuadamente las necesidades de esta población y la fragilidad considerable en la protección de sus derechos.42

A pesar de que teóricamente es posible aislar los impactos desproporcionados que ocurren tras el desplazamiento, es evidente que éstos se encuentran directamente relacionados con las circunstancias anteriores que rodean la existencia de las mujeres y que muchas veces son la causa directa del éxodo. De ahí que a veces sea difícil trazar la línea entre los impactos del antes y del después, lo que genera la sensación de continuo en la violencia, de círculo vicioso que no tiene comienzo ni fin y que destina a la investigación a caer en la trampa de lo que simplemente es inevitable.43 En últimas, la violencia del antes puede ser objetivamente la misma que la del después, pero el contexto puede cambiar por completo sus fines. Así, puede ser que una mujer antes de ser desplazada haya padecido violencia sexual por parte de sus familiares o grupos armados presentes en la zona, y que en el lugar de llegada de nuevo se vea expuesta a la misma, pero por parte de desconocidos que habitan en su barrio o en el marco de relaciones laborales abusivas. Como se puede ver, las conductas responden al mismo nombre: violencia sexual, pero los objetivos perseguidos por cada uno de los sujetos activos del delito pueden ser bastante disímiles, no forman parte del continuo, pues detrás de cada conducta que parece ser única, lo que se esconden son distintos regímenes de violencia que hacen parte del repertorio de una sociedad, grupo armado o colectivo.

El caso de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado ha sido terreno fértil para este tipo de precisiones, tal vez, debido a las discusiones acerca del consentimiento44 de la víctima en contextos altamente coercitivos y la dificultad en establecer la cadena de mando que permita hablar de un delito que sobrepasa la esfera individual del perpetrador y se incorpore como una práctica de grupo.45 Asimismo, existe un aliciente bastante poderoso para acometer este tipo de indagaciones: la impunidad. Es bien sabido que los delitos de violencia sexual en contextos de normalidad enfrenta múltiples impedimentos para alcanzar los estrados judiciales, ya sea por desconocimiento de las mujeres de sus derechos, vergüenza, falta de recurso económicos, y aquellos que logran acceder a un proceso deben sortear legislaciones que no reconocen la dificultad de probar el delito, funcionarios poco capacitados y demoras en el trámite. En pocas palabras, la persecución de esta conducta, junto con otras muchas que atañen a las mujeres, presenta una clara tendencia a padecer un bajo nivel de justiciabilidad (underenforcement).46 Lo más preocupante de este panorama no es sólo la baja persecución judicial, sino que la falta de análisis del contexto y las finalidades de la conducta delictiva generan tipificaciones del delito erradas, e.g. delincuencia común versus delito cometido en persona protegida,47 y no ahondan en los fines perseguidos con las mismas, lo cual no sólo permitiría establecer la verdad, sino promover acciones que prevengan en el futuro la repetición.

En este contexto, uno de los escenarios menos explorados, quizá en absoluto, a nivel judicial, es la relación que existe en ciertos entornos entre violencia sexual, despojo y desplazamiento forzoso,48 lo que no deja de ser impactante, dado que los testimonios de las mujeres dan cuenta de la conexión entre esas conductas.49 Esta falta de integración de las múltiples violencias que se dan en un momento determinado en contra de las mujeres, así como la falta de establecimiento de cuáles son los móviles y los fines de la violencia sexual, no permiten, entre otras, diseñar una política de reparaciones adecuadas, ya que no hace visible el estrecho lazo que va de las mujeres a la tierra y a los arreglos de género. Quizá, una de las pocas excepciones sea la atención que la Corte Constitucional le ha prestado al impacto desproporcionado del desplazamiento en la vida de las mujeres, a través del auto 092. Esta providencia, a pesar de no entrar en los detalles de la interrelación, constituye un punto de partida claro para establecer, por lo menos, las premisas básicas de un diálogo judicial.

Notas
1 Entrevista realizada en junio 19 de 2010. Por razones de seguridad no se especifica quién contó la historia, ni en qué poblado sucedió.
2 Amnistía Internacional, Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, AMR 23/040/2004, España, 2004.
4 Meertens, Donny, “La tierra, el despojo y la reparación: justicia de género para mujeres víctimas en Colombia”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 215-16.
5 “Accounts of rape by both victims and perpetrators suggest that rape is often consumed, acted out as a desirable and pursued sexual event, albeit one immersed in violence and physical domination. Although this might sound evident and horrific at the same time, I think it is important to separate rape as consumption from rape as a war strategy because the former is underpinned by a different logic, one strongly embedded in peacetime, ‘normal’ gender ideology” (Boesten, Jelke. “Analyzing Rape Regimes at the Interface of War and Peace in Peru” (The International Journal of Transitional Justice, 2010, 4, Oxford Journals, Oxford University Press, p. 119).
6 Ver: Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Guía para llevar casos de violencia sexual, Ediciones Ántropos, Bogotá, 2009, pp. 27-33.
7 Por ejemplo, si se logra establecer que la violencia sexual hace parte de un patrón sistemático de un grupo armado, se podría hablar de crimen de lesa humanidad, cosa que no sucedería si se comprobara que estas conductas sólo respondían a lo que Boesten llama “consumo”.
8 La expresión regímenes de violencia sexual está acuñada con base en la expresión rape regimes expuesta por Boesten. Ella indica que el término sirve para dejar al descubierto que las violaciones sexuales están rodeadas de implicaciones políticas diferentes dependiendo de la forma en la que suceda y de los fines perseguidos (Boesten, Jelke, “Analyzing Rape Regimes at the Interface of War and Peace in Peru”, The International Journal of Transitional Justice, 2010, 4, Oxford Journals, Oxford University Press, p. 113).
9 “[E]l título es la causa o fundamento jurídico de un derecho...” (Hinestrosa, Fernando, Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, t. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p. 383). El modo “guarda relación con los mecanismos establecidos en la ley para adquirir un derecho real, entre los que se cuenta la ocupación, la accesión, la tradición, la usucapión y la sucesión por causa de muerte. De allí, entonces, que el simple título –en Colombia– no afecte derecho real alguno, por ejemplo, la propiedad, pues apenas si genera, en el caso de los llamados títulos traslaticios (inc. 3º, art. 765 C.C.), la obligación de hacer dueño al acreedor, por el modo de la tradición (arts. 740, 654 y 756, ib.). Pero éste, a su turno, tampoco se basta para demostrar el dominio sobre una cosa, dado que la propiedad requiere la conjunción de uno y otro…” (Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, diciembre 16 de 2004).
10 La adquisición originaria hace referencia a la situación en que “el derecho incorporado no tiene nexos con ninguna posición precedente, no se funda en un título anterior…” Dentro de las formas de adquisición originaria, se destaca la prescripción adquisitiva del dominio de las cosas, la cual implica la posesión de la cosa por un tiempo determinado y la declaración judicial correspondiente, detalle que implica, de nuevo, formalismos judiciales e inversión en gastos de representación y judiciales. La adquisición derivativa es aquélla en la que “se presenta una conexión necesaria entre el derecho actual y el precedente: es indispensable la existencia de éste, y la posición del titular de hoy proviene de la antigua, en la que se funda y sustenta” (Hinestrosa, Fernando, Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes, t. I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, pp. 381-3).
11 Buena parte de los costos se trasladan a los contratantes por medio de los gastos notariales y de registro.
12 Ver: Salinas, Yamile, “¿Cómo proteger los bienes de los desplazados? La protección y restitución de las tierras y los inmuebles de las víctimas del desplazamiento”, en Rodríguez Garavito, César, Más allá del Desplazamiento. Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2010, pp. 72-144.
13 Ibáñez, Ana María, El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009, pp. 32-7.
14 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Sexto informe. La restitución como parte de la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia – Diagnóstico y propuesta de líneas de acción, 2008, p. 51, en http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52, consulta de julio 27 de 2010.
15 Ver: Ambos, Kai, Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y Derecho Penal Internacional, Temis, Bogotá, 2010, pp. 101-47.
16 Ver: Arango Domínguez, Ana María, 10 Years of Forced Displacement in Colombia. Policy, International Cooperation and the Reality of More than Two Million Colombians [10 años de desplazamiento forzoso en Colombia. La política, la cooperación internacional y la realidad de más de dos millones de colombianos],
Oasis, 2007, 13, en http://ssrn.com/abstract=1468651, consulta del 27 de julio de 2010.
17 Ver: Christensen, Arger y Harild, Niels, Forced Displacement. The Development Challenge, World Bank, Washington, 2009.
18 Ver: Internal Displacement Monitoring Centre, Colombia: Quick Facts, en http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/18EFD5E90A66EA75C1257725006524C1/$file/GO2009_Co-lombia.pdf, consulta del 9 de julio de 2010; las estadísticas de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hablan de 3’303.979 hasta la fecha en que se redactó este documento (ver: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e492ad6, consulta del 9 de julio de 2010). La cifra reportada por Acnur es la misma que Acción Social presenta en sus bases de datos y estadística (ver: http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20diciembre%20de%202009.htm, consulta del 9 de julio de 2010). Según el Sistema de Información de Codhes, en Colombia, en los últimos veinticuatro años, alrededor de 4’915.579 personas han sido desplazadas por causas asociadas al conflicto armado interno. Tan sólo en el último año (2009), 286.389 personas se vieron obligadas a desplazarse de sus zonas de origen buscando salvaguardar sus vidas (consulta del 6 de julio de 2010).
19 Artículo 32.1 de la Ley 387 de 1997 y Decreto 2569 de 2000.
20 “La postura más radical asumida por el Gobierno nacional ha sido la de identificar su instrumento técnico, el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), como un indicador directo y exacto de la definición conceptual, es decir, afirmar que la dimensión del desplazamiento forzado es exactamente la ofrecida por el RUPD. Poco a poco, más que todo mediante los autos de la Corte Constitucional relacionados con el seguimiento de la política de atención a desplazados, se ha enfatizado la existencia de subregistro y de problemas de caracterización de la población desplazada” (Guataquí, Juan Carlos, “¿Cómo medir la magnitud del problema? La dimensión del desplazamiento en Colombia: la problemática del sistema de registro y caracterización de la población desplazada”, en Rodríguez Garavito, César, Más allá del desplazamiento. Políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en Colombia, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2010, p. 41).
21 Ver: Almario, Óscar G. et al., Dimensiones territoriales de la guerra y la paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004.
22 La territorialidad hace referencia a “situaciones en las cuales un actor armado tiende a ejercer un monopolio de la fuerza sobre una zona dada y a imponer sus normas sobre los habitantes sin necesidad de acudir prioritariamente a la coacción, consiguiendo cierto apoyo de la sociedad, sea por razones ‘ideológicas’ o por razones relacionas con los intereses de estos habitantes” (Pécaut, Daniel, “Hacia la
desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra”, en Almario, Óscar G. et al., Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, p. 27).
23 “El control territorial sólo implica la capacidad de uno u otro actor armado de mantener, por la fuerza o medios indirectos (y eso incluye la presión sobre el personal político), un dominio más o menos estable sobre una zona sin que esto implique la formulación de normas reconocidas y, menos aún, la adhesión de sectores importantes de la población. El control estratégico forma parte de las lógicas de guerra. Lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite ejercer este control sobre la población sino las ventajas que asegura para la conducción de la guerra. El carácter estratégico deriva de la posición geográfica de un espacio (control de rutas, zona de retaguardia o punto de partida de operaciones militares) y de los recursos económicos que ofrece” (Almario, Óscar G. et al., Dimensiones territoriales de la guerra y la paz, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, p. 27).
24 Es pertinente anotar que análisis recientes han demostrado que existen notables excepciones, como la de Víctor Carranza en Puerto López, lo cual no impide constatar que existe una tendencia de los grupos armados a basar su relación con el territorio en el control y la depredación. Ver: Velásquez, Fabio E. (Coord.), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos, Fundación Foro Nacional por Colombia y GTZ, Bogotá, 2009, pp. 232-5.
25 Ver: Ibáñez, Ana María, El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009, pp. 15-27.
26 Actualmente se entiende por conflictos de baja intensidad aquellas confrontaciones internas que implican la existencia de hostilidades abiertas y colectivas entre dos o más partes contendientes que cuenten con cierto grado de organización (Costas Trascasas, Milena, Violencia interna y protección de la persona. Una laguna jurídica del derecho internacional, Tirant Lo Blanch, España, 2008, pp. 61-71).
27 Ver: García Villegas, Mauricio, “El derecho como esperanza: constitucionalismo y cambio social en América Latina, con algunas ilustraciones a partir de Colombia”, en Uprimny, Rodrigo et al., ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Norma, Bogotá, 2006, pp. 201-33.
28 Ver: García Villegas, Mauricio y Uprimny, Rodrigo, “Sistema judicial y conflicto armado en Colombia”, en Uprimny, Rodrigo et al., ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, Norma, Bogotá, 2006, pp. 235-62.
29 PNUD, Revista de Desarrollo Humano, Boletín, 2009, junio, (57), en http://www.revistadesarrollohumano.org/temas156.asp, consulta del 10 de julio de 2010.
30 Dioselina Varón tenía 62 años para el momento de la entrevista (1992). Era jornalera y lavandera. Ver: Díaz Susa, Dora Isabel, “Situación de la mujer rural en Colombia. Perspectiva de género”, Cuadernos Tierra y Justicia, (9), en http://www.kus.uu.se/CF/Cuaderno_09.pdf , consulta del 10 de julio de 2010.
31 María Emma Wills Obregón explica que los arreglos de género son “los pactos legales como los patrones y hábitos informales que asignan a lo masculino heterosexual y a lo femenino atributos opuestos, y con base en esa atribución cultural le señalan a lo femenino y a lo masculino heterosexual roles y lugares diferenciados en las esferas pública y privada sobre los que se estructuran relaciones de poder donde lo masculino heterosexual tiende a subordinar y desvalorizar a lo femenino y a los disensos sexuales. Estos patrones y hábitos, aun cuando son percibidos como productos de la biología y asumidos como perennes, son en realidad desenlaces contingentes de luchas entre actores con distintos grados de poder. Por esta razón, los arreglos, a pesar de parecer inmodificables, son dinámicos y varían según los momentos y los contextos históricos” (Pinto Velásquez, Eliana, “Identidades y familias de jóvenes madres desvinculadas del conflicto armado”, Revista de Trabajo Social, 2009, (11), pp. 107-24).
32 Ver: Sweetman, Carolina (Ed.), Women, Land and Agriculture, Oxfam, Oxford, 1999.
33 Ver: Meertens, Donny, “La tierra, el despojo y la reparación: justicia de género para mujeres víctimas en Colombia”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009.
34 Ver: Corporación Sisma Mujer, Las invisibles: mujeres, desplazamiento y política pública 2002-2005, Torreblanca, Bogotá, 2006.
35 Meertens, Donny, “La tierra, el despojo y la reparación: justicia de género para mujeres víctimas en Colombia”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 195-223.
36 Ver: Meertens, Donny, Tierra, derechos y género leyes, políticas y prácticas en contextos de guerra y paz. Revisar esta parte del título Tierra, derechos y género. Leyes, políticas y prácticas en contextos de guerra y paz. Informe final de la Consultoría sobre Derechos de las Mujeres a la Tierra. Unifem, 2006, en http:// www.internal-displacement.org/.../UNIFEM+TIERRAS+MUJER+Informe+Final+marzo+21+(2).doc, consulta del 10 de julio de 2010.
37 ONU-Hábitat, Tenencia de la tierra, derechos a la vivienda y género – Marco nacional y urbano: Colombia, Serie de Análisis sobre la ley, la tenencia de la tierra y el género: América Latina, Kenia, 2005.
38 El testimonio de esta mujer continúa así: “al llegar al Terminal mi esposo me dijo que me abandonaba, porque yo había sido la culpable de la violación por haberles coqueteado mientras él no estaba. Él me dejo allí en el terminal de Cali y se fue con mis dos hijos para otra parte. Yo quedé sola en una ciudad gigante que no conozco […] Me quedé sin nada, ni ropa y lo peor de todo es que aún tengo una enfermedad venérea…” (“Mujer 31 años, PSD, Valle del Cauca”, en Defensoría del Pueblo, Promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, Bogotá, 2008, p. 175).
39 Se ha entendido que la violencia basada en el género “es cualquier daño perpetrado contra la voluntad de una persona que está enraizado en desigualdades de poder relacionadas con los roles de género. Incluye violencia física, sexual y psicológica, amenaza de violencia, coerción o privación arbitraria de la libertad” (Ward, Jeanne y Brewer, Jessica, “Violencia basada en género en situaciones afectadas por conflictos: revisión general de un proyecto multinacional de investigación”, Forced Migration Review, (20), University of Oxford, p. 26).
40 Hurtado, María Cristina, “El análisis de género del desplazamiento forzado”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 257-83.
41 Ver: Informe de la visita de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Visita a Colombia en noviembre de 2001, documento E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo de 2002; Informe de la visita de la Relatora sobre los Derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Visita en junio de 2005, documento OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de 2006.
42 Colombia ratificó en 1982 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra de la Mujer. El artículo 4º de ese instrumento establece la obligación de los Estados partes de adoptar “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. Asimismo, Colombia es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer desde 1995, a través de la cual los Estados parte se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia.
43 Por ejemplo, Elisabeth Jean Wood ha venido realizando investigaciones alrededor de la hipótesis de que la violencia sexual no es inevitable en contextos de conflicto armado. Ella señala como casos ilustrativos el conflicto araba-israelí y el de Sri-Lanka. Esto la ha llevado a afirmar que no toda ausencia aparente de este tipo de violencia significa ignorancia, pues bien puede ser que la ausencia simplemente sea eso, la no ocurrencia o la ocurrencia esporádica de la misma. Ver: Wood, Elisabeth J, “Armed Groups and Sexual Violence: When Is Wartime Rape Rare?”, Politics and Society, 2009, (37), pp. 131-61, en http://pas.sagepub.com/, consulta de julio 27 de 2010.
44 Ver: Schomburg, Wolfgang y Peterson, Inés, “Genuine Consent to Sexual Violence under International Criminal Law”, The American Journal of International Law, 2007, 101, (1), pp. 121-40, en http://www.jstor.org/stable/4149827, consulta de julio 27 de 2010.
45 Ver: Boesten, Jelke, “Analyzing Rape Regimes at the Interface of War and Peace in Peru”, The International Journal of Transitional Justice, 2010, 4, Oxford Journals, Oxford University Press, pp. 110-29.
46 Ver: Meertens, Donny y Zambrano, Margarita, “Citizenship Deferred: The Politics of Victimhood, Land Restitution and Gender Justice in the Colombian (Post?) Conflict”, The International Journal of Transitional Justice, 2010, 4, Oxford Journals, Oxford University Press, pp. 189-206.

* Las opiniones expresadas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad de la autora y no reflejan necesariamente la posición de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES–.
** Abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Tributario de la misma institución, maestría en Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, y LL.M. en Derecho Internacional de Cardozo School of Law.

Tomado de: Céspedes-Báez, Lina María, “Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2010, 12,(2), pp. 273-304.

Imagen: Jesús Abad Colorado

Licencia del artículo: Copyright - Titular de la Licencia de artículo: Lina Céspedes-Baez

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