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domingo, 6 de mayo de 2012

Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano* (Última entrega)


Por: Lina-María Céspedes-Báez** CODHES

4. “La sensación es que no me van a creer”50

Los obstáculos que deben enfrentar las mujeres para acceder a la justicia han sido ampliamente descritos y se sabe que cuando se trata de violencia sexual esa dificultad aumenta.51 Se podría decir que las mujeres no han podido establecer un diálogo jurídico con los operadores jurídicos competentes, ya sea por desconfianza en las autoridades, o por miedo de que sus relatos no gocen de la suficiente credibilidad o no sean tomados en serio. Cuando se habla de diálogo jurídico, se hace referencia al proceso como escenario de comunicación por excelencia en materia judicial, en el que se van a discutir unos hechos y se va a tomar una decisión al respecto.52 El establecimiento de un diálogo de este tipo precisa de (i) garantías para la interlocución, (ii) neutralidad del interlocutor-juez, (iii) respuestas adecuadas y eficaces de las participantes que promuevan el desarrollo del diálogo, e.g. aporte de pruebas, impulso procesal del juez y las partes, control del proceso, etc., (iv) transparencia en los procedimientos y, (v) solución oportuna de la controversia, todos ellos presupuestos que en el tema de violencia sexual no están debidamente afianzados en la cultura jurídica colombiana.53

Por esa razón, una vez fue declarado el estado de cosas inconstitucional por parte de la sentencia T-025 de 2004,54 las organizaciones de mujeres de base y las ONG vieron en ello una oportunidad para establecer un diálogo directo con una instancia judicial,55 en el que estas premisas podían darse, aunque limitado al marco de un proceso de tutela, en el que la protección de los derechos fundamentales iba a ser analizada desde el punto de vista del incumplimiento del Estado, y no a través del establecimiento de responsabilidades de otro tipo que estuvieran relacionadas directamente con los perpetradores de las conductas. Lo que esto significó fue que el tema central de este diálogo jurídico entre la Corte Constitucional y las organizaciones de mujeres iba a arrojar resultados específicos, precisamente por la competencia de sus jueces y el contenido posible de las pretensiones. Es esencial anotar que el hecho de que este diálogo se esté dando a nivel de Corte Constitucional no es gratuito, ni el que las organizaciones de mujeres y ONG le hayan apostado a fortalecerlo y continuarlo, puesto que hasta el momento fue y ha sido la única instancia judicial que ha aceptado iniciar una conversación sobre el asunto y emitir órdenes para hacerle frente.

El auto 092 no sólo hace parte del seguimiento de la sentencia T-025, sino que es un desarrollo de una de sus premisas esenciales: las personas en situación de desplazamiento forzoso son víctimas y, por ello, son titulares de unos derechos que van más allá de la atención humanitaria, entre ellos el derecho a ser reparados integralmente.56 En esta lógica, la Corte realizó un estudio de los efectos del desplazamiento forzoso a través de un enfoque diferencial,57 lo cual le permitió abordar situaciones que en la decisión de tutela apenas quedaron esbozadas o sugeridas. El tono del auto tuvo su origen en el diálogo que se estableció entre la Alta Corporación, el Gobierno Nacional,58 las organizaciones de base y ONG que asistieron a la audiencia convocada el 10 de mayo de 2007. Si bien el Gobierno Nacional alegó cumplimiento, las ONG demostraron que éste no había adoptado un enfoque diferencial para la atención, prevención y superación de la situación de desplazamiento forzoso. Así, dejaron en evidencia la inexistencia de políticas públicas que asumieran el impacto diferenciado del desplazamiento en materia de salud, acceso a la tierra, educación, participación, entre otros. Adicionalmente, las organizaciones recalcaron que la violencia sexual en contra de las mujeres era una de las problemáticas más extendidas y menos reconocidas del conflicto armado colombiano. Para el efecto, presentaron informes que se nutrieron de testimonios y casos conocidos de primera mano, ya fuera porque las organizaciones los apoderaban o porque habían tenido conocimiento de los mismos por su trabajo, y de eventos recogidos de otros informes elaborados por ONG nacionales e internacionales.59

Con base en la información recogida en la audiencia, la Corte Constitucional constató el impacto diferenciado del desplazamiento forzoso en la vida de las mujeres y abordó el estudio de la situación sobre dos ejes: (i) violencia sexual como delito y (ii) políticas públicas para la atención y prevención del impacto desproporcionado. Esto arrojó como resultado una serie de órdenes dirigidas primordialmente a la FGN, en lo que atañe a la investigación del hecho punible, y al Gobierno Nacional, específicamente Acción Social, para el diseño de las políticas públicas y aplicación de las presunciones constitucionales consagradas en la providencia, respectivamente.60

El tema de acceso a la tierra y a la propiedad, como el de violencia sexual, estuvo presente en los dos niveles de análisis, gracias a la identificación de diez riesgos de género y dieciocho facetas de género. Los riesgos están asociados a la prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso en la vida de las mujeres. Las facetas se centran en la atención de las mujeres que son víctimas de este delito. Dentro del primer grupo se encuentra el riesgo de sufrir violencia sexual (primero) y el de “ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales” (octavo). En el segundo grupo se encuentran “la violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual” (primera); los “obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación” (octava); y “el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición” (doceava).

Si bien la Corporación no hizo un estudio exhaustivo de los vínculos entre violencia sexual y despojo de tierras, vulneración del derecho a la propiedad y derecho a la verdad, justicia y reparación, sí sugirió parcialmente un nexo entre los tres fenómenos al indicar que los efectos inmediatos de la violencia sexual, e.g. zozobra, lesiones, embarazos involuntarios, entre otros, operan como causa del desplazamiento forzoso.61 También, los magistrados señalaron que la violencia sexual sirve fines de control territorial y de los recursos.62 Concretamente, el auto tomó algunos apartes del documento realizado por Donny Meertens para el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem),63 razón por la cual destacó el impacto desproporcionado en las viudas, la necesidad de ampliar las acciones afirmativas a todas las mujeres en situación de desplazamiento, no sólo a las “jefas de hogar”, y los efectos perversos de la titulación en pareja, entre otros.64

Una vez la Corte constató el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso en la vida de las mujeres, emitió tres órdenes específicas con el ánimo de garantizarle los derechos de forma adecuada a estos sujetos de protección constitucional reforzada:65 (i) la creación, por parte del Ejecutivo, de trece programas, como acciones afirmativas, con el ánimo de atender adecuadamente el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso en la vida de las mujeres; (ii) se declaró que todas las autoridades colombianas deben actuar con miras a prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, y a la FGN se le dio traslado, con fines de investigación, de 183 casos de violencia sexual, reportados por las ONG y organizaciones de base durante la audiencia y en los documentos que arrimaron al expediente y; (iii) el establecimiento de dos presunciones constitucionales: de vulnerabilidad acentuada para el acceso a los componentes del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (Snaipd) y de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia hasta que se compruebe la autosuficiencia integral. Enseguida se pasará a analizar si las órdenes del Alto Tribunal han contribuido a hacer evidente el nexo propuesto entre violencia sexual, desplazamiento forzoso y despojo.

Dentro de este universo, se debe hacer hincapié sobre tres programas ordenados por la Corte: (i) prevención de la violencia sexual, (ii) facilitación de acceso a la tierra y (iii) garantía de los derechos de las mujeres desplazadas a la verdad, la justicia y la reparación. Una formulación adecuada y, sobre todo, coordinada de los mismos, podría contribuir a la solución del dilema del acceso a la tierra y a la propiedad de las mujeres. En efecto, si se tiene evidencia de que las mujeres pierden la propiedad o sus títulos informales sobre la tierra, entre otras, por haber padecido o temer padecer violencia sexual, en su persona o en la de sus allegados, un programa de prevención de este tipo de violencia y de acceso a la tierra tendría que pasar por la pregunta de la relación entre acceso a la tierra y los arreglos de género que facilitan la violencia sexual. De la misma manera, el programa de verdad, justicia y reparación obligatoriamente debería fijar estrategias para develar la estrecha relación que existe entre violencia sexual, despojos y desplazamiento forzoso. No obstante, el Gobierno Nacional ni siquiera llevó a cabo una formulación mínima de esos programas, lo que desencadenó la declaratoria de incumplimiento por parte del juez constitucional.

Es cierto, el auto 237/09 constató la inacción del Gobierno Nacional, específicamente de Acción Social, por cuanto no observó los plazos establecidos en el auto 092 para el diseño e implementación de los trece programas66 y no inició un proceso participativo para dicho fin. Lo más interesante de esta providencia es que acogió los lineamientos presentados por la Mesa de Seguimiento al auto 092 – Políticas Públicas67 y los hizo obligatorios, salvo que Acción Social presentara mejores alternativas. En este orden de ideas, los lineamientos de la Mesa se han convertido en el parámetro a seguir para evaluar los programas diseñados e implementados por el Gobierno; de ahí que sea menester analizar este trabajo.

Los lineamientos propuestos por la Mesa, en materia del Programa de Prevención de Violencia Sexual y de Garantía de la Verdad, Justicia y Reparación, no se detuvieron en el problema de la interrelación de las violencias, motivo por el cual no se estableció específicamente el nexo entre el acceso a la tierra y a la propiedad, la violencia sexual y la reparación. No obstante, se señaló la necesidad de “realizar estudios e investigaciones sobre las causas, incidencia y frecuencia”68 de la violencia sexual que, de ser implementado adecuadamente, podría arrojar luces sobre la imbricación de los fenómenos. Cosa distinta sucedió con los lineamientos del Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra, en el que se señaló la necesidad de “tener en cuenta la interrelación de las diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres” para declarar el riesgo inminente y las medidas de protección necesarias. Por eso se aconsejó articular el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo con la declaratoria de riesgo por parte de los comités territoriales de desplazamiento, y la introducción de indicadores de género en el proyecto de tierras.69

A pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones parte de la Mesa de Seguimiento, a la fecha de redacción de este documento, el grado de implementación de los programas por parte del Gobierno es mínimo, por no decir nulo. Para el caso del Programa de Prevención de Violencia Sexual, las propuestas del Gobierno siguen siendo bastante generales y sus planes de acción se asemejan más bien a estrategias o peticiones de principio.70 El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición simplemente no existe. El Gobierno parece haberse limitado a copiar parcialmente la oferta institucional ya existente del Modelo de Atención Integral a Víctimas, que está a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia como desarrollo de la Ley de Justicia y Paz.

En materia de tierras el asunto no es más alentador. La propuesta del Gobierno se centró en facilitar el acceso a la tierra durante el retorno o la reubicación, para lo cual consagró tres componentes: (a) asesoría jurídica, (b) titulación de baldíos y (c) convocatorias públicas mediante bolsas especiales de recursos. De acuerdo con el Informe de la Mesa Nacional Seguimiento Auto 092 – Políticas Públicas,71 lo primero que hay que decir es que los componentes (a) y (b) están basados en la oferta institucional planteada en la Ley 1152 de 2007 –Estatuto de Desarrollo Rural (EDR)–, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En segundo lugar, los dos componentes señalados ya hacían parte de la oferta institucional diseñada para la población desplazada en general, de manera que la misma carece del enfoque diferencial ordenado por el auto 092. En lo que atañe al componente (c), se debe anotar que éste no tiene en cuenta la pérdida de la tierra por parte de las mujeres y, más bien, las obliga a endeudarse de nuevo sin que se les reconozca el daño sufrido por el despojo.72 Además, no hay claridad si las bolsas estarán disponibles únicamente para los procesos de reubicación, y si harán parte de convocatorias generales para la población desplazada o de una convocatoria especial para mujeres en esta situación. “Por otra parte, la cobertura que se propone para estas bolsas de subsidios especiales es muy limitada (365 subsidios durante el primer año, 365 durante el segundo, y 1096 durante los dos años siguientes, para un total de 1827 subsidios asignados en ejecución del programa). Frente a los cientos de miles de mujeres colombianas en situación de desplazamiento, este objetivo de cobertura resulta excesivamente restrictivo.”73

Si el nexo entre violencia sexual y despojo no ha podido ser atendido a través de los tres programas señalados, la FGN tampoco ha realizado una investigación exhaustiva de este vínculo, ni siquiera de los 183 casos del Anexo Reservado. El Tercer Informe de Seguimiento al Auto 092/08 – Violencia Sexual da cuenta de la morosidad de la FGN en este aspecto y la falta de implementación de una política criminal frente a la violencia sexual que permita establecer hipótesis investigativas, como patrones de sistematicidad, fines perseguidos con la conducta y la interrelación con otro tipo de violencias, e.g. masacres, desplazamiento, desapariciones, etc.74

En lo que se relaciona con las dos presunciones, su cumplimiento ha sido precario, lo que desemboca en que no se ha promovido el acceso de las mujeres a los componentes del Snaipd, en especial a la ayuda humanitaria de emergencia y su prórroga, ni se ha llevado a cabo su caracterización adecuada, lo que impide identificar las conductas violatorias de sus derechos, las pérdidas sufridas y las condiciones en las que actualmente enfrentan su situación. Obviamente, todo esto contribuye a que no se esclarezca el nexo entre violencia sexual y despojo, y a que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación no sea más que una formulación jurídica sin consecuencias concretas en sus vidas.

Frente a este panorama no hay soluciones fáciles y automáticas. El bajo nivel de cumplimiento del auto 092 parece deberse a una conjunción de factores como la falta de coordinación intrainstitucional, la incapacidad de afectar procesos regionales75 y la insistencia en subsumir a la población desplazada en los programas regulares del Gobierno para atender a los sectores menos favorecidos.76 De esto se deriva que la intervención para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, y de las mujeres en esa circunstancia en particular, requiere reformas radicales en distintos ámbitos. Asimismo, los tópicos que han sido nichos tradicionales de discriminación, como es el de tierras y violencia sexual en el caso de las mujeres, requieren estrategias que impacten las estructuras sociales y que provoquen nuevos arreglos de género. Es evidente que esos cambios estructurales operan lentamente y precisan de múltiples estrategias de intervención, que van desde políticas públicas, hasta grandes reformas judiciales, pero también lo es que la puesta en marcha de los programas ordenados por la Corte ha estado mediada por dilaciones e incumplimientos. Por consiguiente, la necesidad de idearse un recurso más expedito, aunque más limitado, que vaya realzando la conexión entre la violencia sexual y el despojo es urgente, pues quizá éste sea capaz de jalonar procesos de reconocimiento en diversas instancias. Es aquí donde las presunciones constitucionales destinadas a procesos judiciales podrían enarbolarse como una manera de facilitar la prueba en ciertas circunstancias, pero también como una forma de reconocimiento a una discriminación que debe ser combatida.

5. “[L]as abusaba sexualmente y luego la familia se iba de la zona”77

Las presunciones son mecanismos procesales por medio de los cuales se deduce un hecho desconocido de un hecho conocido.78 En esa línea, están íntimamente ligadas a la materia probatoria de un proceso y tienen su génesis en los elementos y el funcionamiento de la norma jurídica. En esta lógica, para entender la relevancia de las presunciones, es importante tener en mente que el proceso judicial es un escenario en el cual el Derecho va a ser interpretado y adjudicado a través de una decisión emitida por un juez o un grupo de magistrados.79 Ahora bien, el Derecho es un “entramado de palabras de significado específico sujetas a reglas de interpretación especializada, es decir, es un sistema de procedimientos discursivos cuyo fin es la argumentación para aplicar y contextualizar los derechos”.80 De ahí que una de las funciones primordiales del sistema jurídico sea la traducción de la realidad en palabras, con el fin de asignarles una consecuencia (norma jurídica) o establecer una regla de orientación en la interpretación y adjudicación (principio jurídico). Ese proceso de transformación o, como algunos lo llaman, expropiación,81 pasa por la determinación de qué hechos son relevantes para el Derecho (hecho jurídico).82 Las normas jurídicas, entonces, están compuestas de un supuesto de hecho jurídico, al cual se le asigna una consecuencia en derecho. Así, al que mata (hecho jurídico) se le asigna una pena privativa de la libertad (consecuencia jurídica).83

El proceso judicial, como el Derecho en general, se basa en estrategias narrativas para establecer, a través del discurso jurídico, la ocurrencia de unos hechos jurídicos para asignarles la consecuencia en derecho establecida por la norma, todo ello con el concurso del juez.84 Por este motivo, se puede entender que la demanda y su contestación no son más que las versiones noveladas de un mismo hecho social que pretenden establecer dos hechos jurídicos distintos, e.g. que A mató a B (demandante), que A actuó en legítima defensa (demandado). Por supuesto, esas narrativas han de estar sustentadas en pruebas, porque para ser un narrador convincente no basta con hacer un buen uso del lenguaje jurídico, sino hacerse a los medios probatorios más idóneos para formar la opinión del juez. El ordenamiento jurídico permite una libertad probatoria casi absoluta, ya que hay hechos que sólo pueden ser acreditados con ciertos medios, como es el caso del derecho de propiedad sobre un inmueble que sólo puede ser demostrada por el certificado de libertad y tradición. De la misma forma, el ordenamiento jurídico reconoce la dificultad de probar ciertos hechos, pero a la vez admite que existen nexos causales evidentes entre unas circunstancias y un hecho; de ahí que acepte el que ciertos sucesos no se prueben en sí mismos, sino que se deduzcan de otras variables que se acrediten en el proceso. Es el caso del artículo 92 del Código Civil Colombiano, a través de la cual se deduce el momento de la concepción por medio de la fecha de nacimiento, es decir, de un hecho conocido, fácilmente comprobable, como el nacimiento, se puede establecer un hecho que tiene dificultades de prueba, como la concepción.

La mayoría de las presunciones son juris tantum, es decir, permiten prueba en contrario.85 De esto se deriva el efecto práctico de este mecanismo procesal, el cual no es propiamente trasladar la carga de la prueba de quien se beneficia del mismo, sino centrar su tarea probatoria en la comprobación de hechos que son más fáciles de constatar, para de ahí tener por probados los hechos presumidos,86 todo lo cual tiene como correlación la carga para la contraparte de demostrar que el hecho presumido nunca ocurrió. Para el caso de la concepción, de no existir la presunción, A debería allegar medios probatorios al proceso para acreditar esa fecha específica, y B no habría de desplegar actividad probatoria alguna mientras aquélla no comprueba la fecha de la concepción. A contrario sensu, con la presunción bastaría para A allegar el registro civil en el que conste la fecha de nacimiento y contar los días de la manera que enseña el Código Civil. Si B no está de acuerdo con la fecha presumida, deberá desvirtuarla con pruebas que demuestren que la fecha de concepción es otra. Quizá, la forma más adecuada de entender las presunciones juris tantum es considerarlas como mecanismos para distribuir más equitativamente la carga de la prueba, y no como un simple traslado, pues como se puede ver, no es que la parte beneficiada quede liberada de la actividad probatoria, sino que ésta se concentra en otro tipo de hechos, de los cuales se habrán de deducir otros de difícil prueba.

Ya está visto que las presunciones pueden tener fuente en la ley o en la Constitución Política. Eso quiere decir que tanto el legislador como el constituyente primario, el constituyente derivado o la Corte Constitucional, como intérprete autorizado87 de la Constitución, pueden establecerlas. En el caso del auto 092, tal como se explicó en apartados anteriores, la Alta Corporación estableció dos presunciones constitucionales con el ánimo de facilitar el acceso de las mujeres en situación de desplazamiento a los componentes del Snaipd y a la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. Ninguna de éstas aplica para el proceso judicial, sino para los procedimientos administrativos, e implican actividad probatoria mínima por parte de las mujeres que se concentra en su situación de desplazamiento y la determinación de su sexo. No obstante, aunque estas presunciones pretenden beneficiar a esta grupo poblacional, tienen un claro corte asistencialista y no responden a necesidades estratégicas de género,88 porque de por sí el acceso a los componentes del Snaipd o a la ayuda humanitaria de emergencia no garantizan nuevos arreglos de género que pongan en entredicho la discriminación histórica de las mujeres. En esta línea de análisis, se podría decir que estas presunciones responden a necesidades prácticas de género89 y que, en consecuencia, deben ser complementadas con otras presunciones que, por lo menos, pongan en entredicho los arreglos de género vigentes.

En concordancia con lo anterior, una presunción que tomara en cuenta los regímenes de violencia sexual podría responder a una necesidad estratégica de género. Como se puede apreciar, varios relatos de las víctimas que han sido documentados por diversas organizaciones, nacionales e internacionales, dan cuenta de la relación violencia sexual y desplazamiento forzoso, en últimas, entre este tipo de violencia y el despojo de tierras.90 En uno de mis artículos anteriores propuse que la Corte Constitucional, en vez de tomar el camino de sugerir que la violencia sexual era un crimen de lesa humanidad en el contexto del conflicto armado colombiano, debió establecer una presunción de que la violencia sexual en contra de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano era parte de un patrón de sistematicidad, en aras de facilitarle la prueba en el proceso judicial. En ese momento prometí otro documento para ahondar en la propuesta; sin embargo, después de analizar el problema de la interrelación de las violencias en contra de las mujeres en el conflicto, considero que la presunción podría tener un gran poder de ir subvirtiendo los arreglos de género si a la par de visibilizar el patrón de sistematicidad, deja al descubierto sus fines. En este orden de ideas, no sólo se facilitará el reproche penal por parte del Estado, sino la identificación de cuál es la reparación del daño cometido a la víctima. De esta manera, una respuesta integral a la discriminación histórica que han sufrido las mujeres en materia de acceso a la tierra y al derecho a la propiedad ha de pasar por el establecimiento de una presunción que alivie su carga procesal, es decir, que establezca el vínculo entre desplazamiento forzoso, violencia sexual y despojo. De esta forma, con la prueba del desplazamiento y la alegación de haber padecido violencia sexual se habría de presumir la pérdida de la tierra, sin importar la informalidad del título. En consecuencia, esto supondría que al perpetrador le correspondería comprobar la no ocurrencia de alguno de estos eventos o su falta de conexión para desvirtuar la presunción.

Es posible pensar en una presunción de este talante que nazca de un trámite legislativo; sin embargo, la situación de las mujeres en situación de desplazamiento forzoso no puede estar sujeta a procesos de formación de normas jurídicas de largo aliento. Debido a esta circunstancia, sería recomendable que la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades de seguimiento a la sentencia T-025/04, se lanzara a establecer mecanismos jurídicos específicos de este tipo, además de fijar parámetros para creación de programas y diseño de políticas públicas. Una presunción de este talante permitiría asociar claros efectos jurídicos a las interrelaciones de las violencias que dejó esbozadas en el auto 092/08, particularmente en lo que atañe al tema de acceso a la tierra y al derecho a la propiedad. Esto contribuiría a que todo el proceso de superación del estado de cosas inconstitucional responda a necesidades estratégicas de género, lo cual ayudaría a sacar a las providencias de la Corte en este tema del limbo del puro efecto simbólico, para instalarlas de lleno en el terreno de los efectos instrumentales.91

6. Conclusión

La relación de los actores armados con la tierra y el territorio en el conflicto armado colombiano ha sido cambiante; sin embargo, no por ello ha dejado de ser central. Estos actores basan muchas de sus dinámicas de violencia en el papel estratégico que le asignan a su presencia en algunas zonas, al control de corredores estratégicos o a la simple depredación. La relación de las mujeres con la tierra en Colombia ha estado mediada por la discriminación histórica de la que han sido objeto, la cual no se ha disipado a pesar de que jurídicamente la capacidad de éstas ha sido promulgada desde hace unas cuantas décadas. Esta situación de desigualdad material se ve agravada cuando la incidencia del conflicto en la vida de este grupo poblacional las expone a impactos desproporcionados, precisamente porque la traducción de las conquistas jurídicas en realidades concretas se ha visto dificultada por la falta de acciones afirmativas que reconozcan la necesidad de propiciar nuevos arreglos de género. A esto se suma el complejo entramado jurídico que compone el Derecho Civil Bienes en el país y los obstáculos de acceso a la justicia. Uno de los pocos espacios en los que ha sido posible la interlocución entre el Estado y la sociedad civil para analizar y buscar soluciones a este fenómeno se encuentra en el proceso de seguimiento, por parte de la Corte Constitucional, para la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, surgido de la sentencia T-025 de 2004.

La actividad de esta Corte alrededor del tema del desplazamiento forzoso ha sido incansable. Desde que se inició el proceso de seguimiento, el tema ha ganado relevancia en las esferas oficiales y en la opinión pública, tanto como para que la cuestión fuera objeto de los debates para las elecciones presidenciales. Asimismo, el impacto desproporcionado de este fenómeno en la vida de las mujeres ha sido objeto de tesis, artículos periodísticos y foros. Es indudable el efecto simbólico que tuvo el auto 092, puesto que no sólo permitió un diálogo entre la sociedad civil y la Corte, sino entre los distintos sectores de aquélla. Adicionalmente, esta providencia alcanzó a esbozar la interrelación de las violencias ejercidas en contra de las mujeres. A pesar de todo lo anterior, las órdenes emitidas por la Corte en este tema apelaron solamente al nivel ejecutivo, para la creación de programas, y a la FGN, para proceder a la investigación, sin que la Corporación creara herramientas jurídicas concretas para hacer visibles los nexos entre violencias y para facilitar la justiciabilidad de las mismas.

Tal vez, la Corte prefirió no incidir en los espacios de deliberación y decisión de los entes que estaban lidiando directamente con el fenómeno. Sin embargo, a dos años de haber sido expedido el auto, su nivel de cumplimiento es muy bajo y las condiciones de las mujeres desplazadas siguen empeorando. En este contexto, la intervención de la Corte de nuevo es inminente, con medidas jurídicas y judiciales concretas que respondan a necesidades estratégicas de género. Una de ellas, la propuesta por este documento, sería la creación de una presunción constitucional desvirtuable que asumiera la conexión entre el régimen de violencia sexual encaminado al despojo de la tierra y la propiedad inmueble, a través de la cual se facilitaría la prueba en el proceso no sólo del evento violencia sexual, sino de los fines perseguidos con ésta. Un mecanismo  judicial de este tipo no sólo tendría efectos benéficos para las mujeres en el mundo de lo jurídico sino que promovería nuevos arreglos de género que modificarían su relación histórica con la tierra y el derecho de propiedad. 

* Las opiniones expresadas en el presente artículo son de exclusiva responsabilidad de la autora y no reflejan necesariamente la posición de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES–.
** Abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Tributario de la misma institución, maestría en Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, y LL.M. en Derecho Internacional de Cardozo School of Law.

Notas
47 Ver: Chaparro, Liliana, “Ley de Justicia y Paz. Se perpetúa la impunidad de los crímenes sexuales y de género cometidos contra las mujeres”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 85-115.
48 Es notable la falta de cifras confiables respecto de este delito en el marco del conflicto armado. La página web de la Fiscalía General de la Nación no tiene esta información disponible al público; de ahí que los esfuerzos por identificar cuántos casos se están tramitando al respecto se concentren en información provenientes de las ONG que los llevan o los documentan. En junio 27 de 2010, el periódico El Tiempo reportó que “[e]n el marco de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene documentados 500 casos mencionados por los paramilitares. Sin embargo se cree que, en la última década, pueden pasar de 12.000. Ya 1.078 mujeres han pedido reparación administrativa ante el Gobierno por abuso sexual cometido por grupos armados”. Ver:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4029484, consulta del 13 de julio de 2010.
49 Ver: Corporación Humanas - Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Judicialización de casos y reparación a mujeres víctimas de delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ediciones Antropos, Bogotá, 2009; Defensoría del Pueblo, Promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual. Bogotá, 2008.
50. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, Ediciones Ántropos, Bogotá, 2009, p. 68.
51 Ver: Consejería en Proyectos (PCS), Justicia y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado interno, Lima, 2007.
52 Ver: Schmidt-Assmann, Eberhard, La teoría general del derecho administrativo como sistema, Marcial Pons, España, 2003, pp. 246-7.
53 Ver: Chaparro, Liliana, “Ley de Justicia y Paz, Se perpetúa la impunidad de los crímenes sexuales y de género cometidos contra las mujeres”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 85-115.
54 “Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional y ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden a la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también otras personas colocadas en la misma situación, pero que no han ejercido la acción de tutela” (T-025 de 2004, apartado 7).
55 Para ahondar en la noción de “diálogo judicial” se puede consultar: Bartor, Asnat, “The ‘Juridical Dialogue’: A Literary-Judicial Pattern”, Vetus Testamentum, 2003, 53, (4), pp. 445-64, en http://www.jstor.org/stable/1518555, consulta de julio 27 de 2010.
56 Meertens, Donny y Zambrano, Margarita, “Citizenship Deferred: The Politics of Victimhood, Land Restitution and Gender Justice in the Colombian (Post?) Conflict”, The International Journal of Transitional Justice, 2010, 4, Oxford Journals, Oxford University Press, p. 204.
57 La Corte ha incorporado otros enfoques diferenciales, como el de discapacidad, pueblos indígenas y afrocolombianos. Ver: autos 004, 005 y 006 de 2009.
58 El Gobierno Nacional estuvo representado básicamente por Acción Social y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
59 Céspedes-Báez, Lina María, “Las limitaciones de las palabras de los jueces. El intento fallido del auto 092/08 de caracterizar la violencia sexual en contra de las mujeres como crimen de lesa humanidad en el conflicto armado colombiano” (Revista de Derecho Público [Bogotá, Universidad de los Andes], 2010, 24, p. 3).
60 “a. La presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos componentes del Snaipd y de la valoración integral de su situación por parte de los funcionarios competentes para atenderlas; y b. La presunción constitucional de prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular” (auto 092/08, acápite V.A.8).
61 Ver: auto 092/08, acápite III.1.1.5.
62 Ver: auto 092/08, acápite III.1.1.2.
63 Meertens, Donny, Tierra, Derechos y género leyes, políticas y prácticas en contextos de guerra y paz. Tierra, derechos y género. Leyes, políticas y prácticas en contextos de guerra y paz. Informe final de la Consultoría sobre Derechos de las Mujeres a la Tierra, Unifem, 2006, en http://www.internal-displacement.org/.../UNIFEM+TIERRAS+MUJER+Informe+Final+marzo+21+(2).doc, consulta del 10 de julio de 2010.
64 Ver: auto 092/08, acápite IV.B.1.8.
65 “La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido con toda claridad que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado adquieren, por sus condiciones de especial vulnerabilidad y por la violación masiva de sus derechos constitucionales, el estatus de sujetos de especial protección constitucional, el cual impone a las autoridades competentes el deber perentorio de atender sus necesidades con un especial grado de diligencia y celeridad” (sentencia T-597/08).
66 La Corte Constitucional estableció que el diseño e implementación de estos programas debía iniciarse a las dos semanas siguientes a la notificación del auto y finalizarse a los dos siguientes a la fecha de dicho acto procesal.
67 Como respuesta a la expedición del auto 092/08, se constituyó una mesa con el objetivo de hacer seguimiento a su implementación. Más adelante, las organizaciones miembros de la Mesa decidieron dividirla en dos, de acuerdo con los dos grandes ejes del auto: violencia sexual y acceso a la justicia, y políticas públicas. Por esa razón, hoy existen dos mesas de seguimiento del auto 092 que tienen mandatos distintos, pero complementarios: 1. Mesa de Seguimiento al Auto 092 – Políticas Públicas; 2. Mesa de Seguimiento al Auto 092 – Violencia Sexual. Esta Mesa está conformada por las siguientes organizaciones: Afrodes-Coordinación Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, Corporación Casa Mujer, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (Ciase), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND),Corporación Sisma Mujer-Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia (lo componen la Red de empoderamiento de mujeres de Bolívar y Cartagena, Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Oye Mujer, Taller Abierto y Humanizar), Fundhefem (Andescol), Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP), Liga de las Mujeres Desplazadas, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Corporación Opción Legal, Red Nacional de Mujeres Desplazadas, Ruta Pacífica de las Mujeres (regionales de Putumayo, Risaralda, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Bogotá, Chocó y Cartagena).
68 Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092/08, Política pública para mujeres en situación de desplazamiento. Auto 092: un proceso de incidencia social, Ediciones Ántropos, Bogotá, 2009, p. 25.
69 Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092/08, Política pública para mujeres en situación de desplazamiento. Auto 092: un proceso de incidencia social. Ediciones Ántropos, 2009, p. 88.
70 Ver: Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092/08, Informe de seguimiento al cumplimiento de las órdenes del Auto 092 de 2008, presentado a la Corte Constitucional el 12 de marzo de 2010.
71 Ibídem.
72 Meertens, Donny, “La tierra, el despojo y la reparación: justicia de género para mujeres víctimas en Colombia”, en Justicia desigual. Género y derechos de las víctimas en Colombia, Unifem, Bogotá, 2009, pp. 216-7.
73 Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092/08, Informe de seguimiento al cumplimiento de las órdenes del Auto 092 de 2008, presentado a la Corte Constitucional el 12 de marzo de 2010, p. 61.
74 Ver: Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092/08, Anexo reservado, Tercer informe de seguimiento al Auto 092 de 2008, junio de 2010, pp. 4-9.
75 Ver: Velásquez, Fabio (Coord.), Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos, Fundación Foro Nacional por Colombia y GTZ, Bogotá, 2009.
76 Mejía Duque, Claudia y Céspedes Báez, Lina María, “Planear la visibilización de las mujeres y sus derechos”, en Consejo Nacional de Planeación, Retos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Milenio Editores e Impresores, Bogotá, 2007.
77 Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Guía para llevar casos de violencia sexual. Ediciones Ántropos, Bogotá, 2009, p. 31.
78 Ver: sentencia C-669 de 2005.
79 Ver: Hart, H.L.A. y Dworkin, Richard, La decisión judicial, Universidad de Los Andes, Bogotá, 1999.
80 Céspedes-Báez, Lina María, “Las limitaciones de las palabras de los jueces. El intento fallido del auto 092/08 de caracterizar la violencia sexual en contra de las mujeres como crimen de lesa humanidad en el conflicto armado colombiano”, Revista de Derecho Público (Bogotá, Universidad de los Andes), 2010,
(24), pp. 5-6.
81 “Los procesos fuera del derecho sólo podrían tener un efecto modulador en la producción de variedad legal. Los conflictos sociales pondrían en marcha los procesos legales: estos modulan la formulación legal de los conflictos entre normas, que en última instancia son los responsables de las innovaciones legales, pero que tienen poco en común con las disputas entre las partes. De ahí la protesta contra la expropiación del conflicto. De ahí el motivo para el movimiento idealístico de deslegalización y para las alternativas al derecho” (Teubner, Gunther, “Evolution of Autopoetic Law”, en Teubner, Ghunter y Bourdieu, Pierre, La fuerza del derecho, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2002, p. 58).
82 “Las situaciones jurídicas subjetivas nacen, se modifican o se extinguen dependiendo de la ocurrencia de un evento que la norma jurídica selecciona y califica, aislándolo –por así decirlo– de la esfera más amplia de los fenómenos naturales o sociales” (Bigliazzi Geri, Lina et al, Derecho civil. Hechos y actos jurídicos, t. I, vol. 2, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1995, p. 563).
83 Esto explica por qué los movimientos sociales insisten en ver sus reivindicaciones plasmadas en leyes y decretos, por cuanto existe la tendencia de considerar que la norma jurídica en sí significa un reconocimiento de la relevancia de un tema para el Derecho. Sin embargo, esta posición olvida que la norma jurídica se compone de dos elementos (supuesto de hecho y consecuencia jurídica) y que el uno sin el otro pierde completamente el sentido. Para ahondar en una discusión sobre el lenguaje de los derechos ver: Brown, Wendy y Williams, Patricia, La crítica de los derechos, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2003.
84 Ver: Cover, Robert, Derecho, narración y violencia. Poder constructivo y poder destructivo de la interpretación judicial, Gedisa Editorial, Argentina, 2002.
85 El artículo 66 del Código Civil consagra dos tipos de presunciones: de derecho (juris et de jure) y legales (juris tantum), las primeras no permiten prueba en contrario, mientras que las segundas sí.
86 “La consagración de una presunción legal libera a una de las partes del proceso de la carga de probar el hecho presumido. Sin embargo, las más de las veces, el sujeto beneficiado debe demostrar la ocurrencia del hecho antecedente a partir del cual se deriva la existencia –al menos procesal–, del hecho presumido. La demostración de los hechos antecedentes no es, usualmente, un asunto complicado. En consecuencia, puede afirmarse que una determinada presunción legal, beneficia a una de las partes del proceso, pues la libera de la carga de demostrar el hecho que se presume y que resulta fundamental para la adopción de una determinada decisión judicial” (sentencia C-388/2000).
87 Ver: sentencias C-152/02, T-254/06, T-186/09, T-209/09, entre otras.
88 “Strategic gender needs are those needs that are formulated from the analysis of women’s subordination to men. Deriving out of this analysis strategic gender interests necessary for an alternative, more equal and satisfactory organization of society than that which exists at present can be identified. This relates both to the structure and nature of relationships between men and women” (Moser, Caroline, Gender Planning and Development. Theory, Practice and Training, Routledge, Inglaterra, 1993, p. 39).
89 “Practical gender needs are a response to immediate perceived necessity, identified within a specific context. They are practical in nature and often are concerned with inadequacies in living conditions such as water provision, health care, and employment, and they do not challenge gender divisions of labor and women’s typically subordinate position in society” (Moser, Caroline, Gender Planning and Development. Theory, Practice and Training, Routledge, Inglaterra, 1993, p. 40).
90 Ver, entre otros: Amnistía Internacional, Cuerpos marcados, crímenes silenciados. violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.AMR 23/040/2004, España, 2004; Defensoría del Pueblo, Promoción y monitoreo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencias intrafamiliar y sexual, 2008; Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Guía para llevar casos de violencia sexual, Ediciones Ántropos, Bogotá, 2009.
91 Para ahondar en la reflexión del efecto simbólico del auto 092, ver: Céspedes-Báez, Lina María, “Las limitaciones de las palabras de los jueces. El intento fallido del auto 092/08 de caracterizar la violencia sexual en contra de las mujeres como crimen de lesa humanidad en el conflicto armado colombiano”, Revista de Derecho Público (Bogotá, Universidad de los Andes), 2010, (24), pp. 1-14.

Tomado de: Céspedes-Báez, Lina María, “Les vamos a dar por donde más les duele. La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 2010, 12,(2), pp. 273-304.


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