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jueves, 24 de mayo de 2012

Mujeres indígenas, victimas invisibles del conflicto armado en Colombia. La violencia sexual, una estrategia de guerra


Por: Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC – Consejería Mujer, Familia y Generación.

Informe presentado a la Señora Margoth Wallström, Representante Especial del Secretario General para Violencia Sexual en el marco de los conflictos armados. En su visita a Colombia, Bogotá 16 de mayo de 2012

“Si bien el conflicto armado nos afecta como pueblo, las mujeres indígenas, sufrimos diversas formas de violencia específicas, somos víctimas de violaciones sexuales, desplazamiento forzado, asesinatos, afectación por minas, reclutamiento forzado, amenazas. Generalmente estos hechos no se visibilizan en los registros generales y no son debidamente atendidos por instancias competentes para que se haga justicia, frente a estos casos hay total impunidad. Por eso decidimos hoy romper el silencio, nos tomamos la tarea de documentar nosotras mismas estos casos, acompañarnos para exigir de manera colectiva como mujeres indígenas, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”1

La ONIC - Organización Nacional Indígena de Colombia, es un proyecto político y organizativo de carácter nacional, que constituye una apuesta propia de los pueblos indígenas de Colombia para la defensa y protección de nuestros derechos especiales, colectivos y culturales, bajo los principios del movimiento indígena: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía.

La Consejería de Mujer, Familia y Generación fue creada por mandato del VII Congreso de los Pueblos Indígenas en el 2007, con el objeto de dinamizar procesos para el fortalecimiento de las mujeres, las familias y las diferentes generaciones indígenas, en el contexto de la agenda del movimiento indígena2.

El trabajo de la Consejería es acompañado por el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, instancia de asesoría y apoyo creada por Mandato del VII Congreso de la ONIC. Dicho Consejo está integrado por diez mujeres, dos representantes de cada macro-regional3, que somos elegidas en la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas para un período de dos años.

La Consejería Mujer, tiene como uno de sus mandatos el conocer, visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas y a la vez exigir las garantías para su plena realización.

Somos mujeres, somos indígenas, somos pueblos indígenas, por eso para entender la situación que estamos viviendo las mujeres, es necesario conocer del contexto que viven nuestros pueblos:

- Según el censo de población (DANE) realizado en el 2005, en Colombia somos aproximadamente el 3.4% de la población colombiana 1.392.623 indígenas.

- Aunque para el Estado Colombiano sólo somos 87 pueblos, para la ONIC - como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, somos 102 pueblos, ubicados en 30 de los 32 departamentos y en este momento contamos con 66 idiomas propios indígenas4.

- La gran mayoría vivimos en los Resguardos (642 en total), creados originalmente mediante la ley 89 de 1890. Los resguardos se configuran como territorios indígenas “protegidos” como propiedad colectiva y con jurisdicción política propia.

- Las mujeres somos cerca del 50% de la población indígena, también sufrimos las consecuencias y el impacto del conflicto armado interno que vive el país y que de manera particular ha hecho de los pueblos indígenas las principales víctimas de la guerra y la disputa por territorios de gran riqueza por su biodiversidad, recursos bioenergéticos y mineros. Esta confrontación ha traído consigo la militarización casi total de nuestros territorios.

- Las mujeres sufrimos estos impactos por ser mujeres y por ser indígenas, somos objeto de múltiples discriminaciones que se entrecruzan y nos hacen altamente vulnerables.

- Para el gobierno nacional y el capital transnacional, nuestros territorios no son más que una fuente de recursos energéticos, minerales y ambientales lo que se constituye en una amenaza permanente a la integridad y pervivencia física y cultural de nuestros pueblos y de cada uno de los seres que habitamos el territorio. Esto ha generado un impacto desproporcionado, hoy, existen por lo menos de 32 pueblos en grave riesgo de extinción física y cultural, según lo reconoce la misma Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.

- Un impacto severo en la vida de nuestros pueblos es el desplazamiento forzado, constante y que ha facilitado procesos de ocupación ilegítima y el despojo territorial a los indígenas por parte de grandes terratenientes, grandes empresas, grupos paramilitares, interesados en megaproyectos minero-energéticos y agrícolas. Entre 2007 y 2010 fueron desplazados más de 79 mil indígenas de sus territorios; según la ONIC a diciembre de 2011, se registraron 33 eventos de desplazamiento de miembros de pueblos indígenas, que ascienden a 5327 personas.5 Principalmente son niñas, niños y mujeres quienes son desterrados, mujeres viudas y mujeres cabeza de hogar. La constante, por parte del estado colombiano, es omisión en materia de atención en estas situaciones.

- Las muertes violentas son otro factor de afecta enormemente la vida de los pueblos indígenas: entre el 2002 y 2009 fueron asesinados más de 1.400 personas y según lo ONIC entre enero a noviembre de 2011, se presentaron 111 homicidios, de los cuales, las cifras oficiales sólo reconoce 79 homicidios, lo que indica un aumento del 8% frente al año anterior.

- Para las mujeres indígenas, sin duda una de las preocupaciones mayores tienen que ver con el impacto que está causando en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, la presencia de los tantos actores que están en la confrontación y que invaden nuestros territorios: concesiones para la explotación minera, la implementación de los grandes megaproyectos minero energéticos o de infraestructura, en su gran mayoría sin agotar el procedimiento obligatorio de la consulta previa (libre, informada y con consentimiento) una constante en este gobierno en el marco de la implementación de las “locomotoras del desarrollo” del Plan Nacional de Desarrollo.

- Existen 8.000 títulos mineros vigentes 233 se encuentran total o parcialmente superpuestos con 113 resguardos indígenas. Se conoce de 22 procesos de consulta previa adelantados desde 1994. Consulta en su gran mayoría irregulares y sin o con muy escasa participación de las mujeres indígenas.

- Un caso es el de la “Open Round 2010” la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó 78 bloques petroleros sin consulta a los pueblos, que afectan total o parcialmente territorios de pueblos indígenas en riesgo de exterminio. Es sistemática la vulneración al derecho a la consulta previa, de ello dan cuenta las sentencias T-129, T-235 y C-366 del 2011 que ordenan la protección a este derecho.

- El Estado garantiza la protección y seguridad a las empresas que están operando los megaproyectos, lo que significa presencia e instalación de batallones, que en muchos casos, se han instalado en los territorios indígenas; por ejemplo en Cumaribo – Vichada se instaló el Batallón de Infantería No. 43 y que en número que supera altamente a la misma población indígena. Trayendo consigo como lo hemos evidenciado, en el mismo Cumaribo, la creciente prostitución que involucra a niñas indígenas, los embarazos no deseados, las enfermedades de trasmisión sexual, el involucramiento afectivo y la violencia sexual.

- Junto con las fuerzas militares y policía, hacen presencia grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros, que también han hecho de nuestros cuerpos un botín de guerra.

- Igual denunciaron los pueblos nasa del norte del Cauca: “La presencia de 5.000 soldados del Batallón Pichincha, dos “batallones de Alta Montaña”, 6 batallones de “Soldados Campesinos”, 2 batallones antinarcóticos, además de Brigadas Móviles y fuerzas especiales, así como cerca de 2.500 combatientes, cientos de milicianos han causado grandes agresiones a la comunidad. La presencia de bases militares y de Policía dentro de los cascos urbanos ha generado un aumento de los ataques de la insurgencia en zonas densamente pobladas causando múltiples víctimas; reiteramos que los bienes de la población civil no deben ser ocupados con fines militares por ninguno de las partes en conflicto”.

- En este contexto la mayor, más dolorosa y silenciada situación que viven las mujeres indígenas está ligada a la violencia sexual. Realidad poco documentada, no cuantificada, no existen datos que hablen fielmente de esta realidad, se oye con cierta frecuencia de denuncias que luego desaparecen porque no “era cierto”, “era una mala interpretación de los hechos”, “se lo imaginaron.-

- En el 2011, se tuvo conocimiento de varios casos de violencia sexual en el que las víctimas en su mayoría fueron niñas indígenas. El año empezó y terminó con este tipo de hechos: en el mes de enero la víctima fue una niña indígena de 13 años del pueblo Sikuani, en la denuncia se señala que la menor salió de la casa y la última vez que la vieron estaba con unos militares, quienes la raptaron y la violaron.

- El día 7 de agosto de 2011, entre los Resguardos Abejero y Capa-Lana, del municipio del Carmen de Atrato, Chocó, fue desaparecida María Cecilia Bailarín Domicó, indígena Embera, de 17 años de edad, madre de una menor de cuatro años, quien además se encontraba en estado de embarazo. Las comunidades de esta zona junto con la Guardia Indígena hallaron el cuerpo sin vida de la joven quien también fue víctima de violencia sexual.

- En diciembre del mismo año, la tristeza alcanzó a tres mujeres del pueblo Awá, víctimas de violencia sexual, una de ellas de apenas doce (12) años de edad.

- “ El 10 de mayo de 2010 tropas adscritas al (…) Ejército Nacional tras sostener un combate con guerrilleros de las FARC-EP, dentro de la comunidad indígena Embera Dobida de Necorá [Chocó], llegaron a las casas de la comunidad (…) amenazaron de muerte a los miembros tildándolos de guerrilleros (…) [y] a una niña de trece años (…) le tocaron los senos, le quitaron su machete y se disponían a seguir abusando de ella, lo que fue impedido por su padre” (CINEP/PPP, 2012).

- “[En julio de 2009], un soldado adscrito al Batallón Santa Bárbara de la Brigada 10 Blindada, del Ejército Nacional, abusó sexualmente de una niña de 13 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Wiwa (…) el militar se fugó, no sin antes golpear a la niña y hacer dos disparos al aire para impedir que lo persiguieran (…). El capitán encargado del mencionado Batallón, se reunió en el resguardo Wiwa con los indígenas que habitan en el sector, les manifestó que el soldado es miembro de la unidad militar, pero les negó la identificación".” (CINEP/PPP, 2012).

- “Durante el 2009 miembros del Ejército Nacional, abusaron sexualmente a una indígena de 22 años de edad, el en Cauca (…), [ella] denunció los hechos ante la Personería Municipal de Jambaló, días después cuando fue a preguntar por el trámite de su denuncia le contestaron que ese trámite se demoraría. A pesar de la gravedad de los hechos la Personería no ofició a la Fiscalía General de la Nación ni remitió a la víctima al Instituto de Medicina Legal, ni a un centro de salud que hiciera sus veces. Por iniciativa propia y ante la negligencia de las autoridades municipales, acudió a denunciar los hechos ante la Fiscalía”.

- “En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío, [en el año 2005] dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje, y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de los soldados.” (CAOI, 2012)

- Un caso atroz, pero a su vez emblemático es el ocurrido en el departamento de Arauca, en las Veredas del resguardo Betoyes, durante el año 2003 y perpetrado por Ejército Nacional. En este caso se evidencia que la violencia sexual hace parte de una estrategia de guerra, sumada a ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, amenazas, hostigamiento, señalamientos, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.

- “Tropas del Ejército Nacional (...) haciéndose pasar como paramilitares ejecutaron a cuatro indígenas e hirieron a dos más, miembros de la etnia Guahíbo (...) también violaron a cuatro muchachas de 11, 12, 15 y 16 años (...) una de las niñas violadas fue Omaira Fernández que una de 16 años de edad, estaba embarazada y la comunidad tuvo que ver horrorizada como le abrían el vientre a la joven, le extraían el feto, lo trozaban, introducían sus partes en una bolsa plástica y la arrojaban al río junto a la madre. le faltaban tres meses para tener el niño". (CINEP/PPP, 2012).

- A la gravedad de estos hechos se suma un alto nivel de impunidad. La ONIC no tiene conocimiento de la existencia de condenas por violaciones sexuales u otro tipo de violencias contra mujeres indígenas. Peor aún, el sistema de justicia ordinario en los lugares en los que habitan los pueblos indígenas es pobre y precario, y sus funcionarios desconocen los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres.

- Generalmente no se cuenta con traductores en los procesos judiciales, y no existen protocolos de atención específicos para las mujeres indígenas, muchas veces nuestros casos se ventilan de manera colectiva olvidando normas básicas que protegen el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual.

- Estas múltiples violencias de las cuales son víctimas las mujeres indígenas producen un sufrimiento espiritual y cultural tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Según la ley de origen y las distintas culturas involucradas, este sufrimiento cobra diferentes formas. Estas violencias perpetradas por actores armados, muchas veces afectan a mujeres que pertenecen a pueblos en riesgo de exterminio y extinción o en estado de alta vulnerabilidad, quebrantando el equilibrio cultural, espiritual y físico ya amenazado.

- Frente a esta abrumadora realidad, vivir sin violencia para las mujeres indígenas sería vivir en armonía, es estar bien en nuestros pueblos y comunidades, y en cualquier otro lugar, es vivir a plenitud todo el tiempo, al decir de las mujeres, es estar bien siempre y no ocasionalmente, y contar con mecanismos estatales comunitarios y familiares de resolución de los conflictos. Vivir sin violencia es tener realizados todos los derechos tanto individuales como colectivos”. En el plano colectivo por ejemplo, es importante contar con un territorio propio, el cual para las mujeres debe ser además un territorio seguro, que les permita transitar sin el temor de ser agredidas físicamente ni sexualmente.

- Como principales perpetradores de violencia sexual en el marco del conflicto armado, se identifican a agentes estatales, razón por la cual se incrementan los niveles de impunidad y las dificultades en el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, donde se recrean una serie de obstáculos en términos lingüísticos, geográficos, culturales, económicos, sociales y políticos. Sin embargo, los miembros de la fuerza pública no son los únicos agresores, también grupos armados ilegales como los paramilitares, que en muchos casos son financiados por empresas multinacionales que desarrollan megaproyectos, con graves efectos sociales y ambientales sobre nuestras comunidades y territorios ancestrales, estructuras culturales y organizativas, el desarrollo de nuestros planes de vida.

- Muchas mujeres que hemos sido víctimas de desplazamiento forzado, no contamos con garantías de derechos para retornar a nuestros territorios, enfrentando represalias y situaciones de riesgo como amenazas, violaciones sexuales y en el peor de los casos asesinatos. “El principal obstáculo para que el retorno sea una solución duradera se debe a la continuidad del conflicto y a la presencia de altos niveles de violencia a pesar del progreso que muestran los indicadores de secuestros, masacres y asesinatos.” (Celis, 2009)

- Como consecuencia de las violaciones sexuales, existen mujeres y niñas que sufren enfermedades de trasmisión sexual, y lo más grave es que no reciben la atención adecuada ni el acompañamiento de las comunidades por la ausencia de programas específicos para ello.

Recomendaciones

Frente a este aterrador contexto, señora Representante, le recomendamos inste al Estado Colombiano para que de manera inmediata tome las medidas para remediar y poner fin esta situación de vulneración sistemática a los derechos humanos de las mujeres indígenas. Por todo lo expresado en este informe le exigimos al Estado Colombiano:

- El respeto a los territorios, gobiernos, autoridades y autonomía de los Pueblos Indígenas.

- El acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por diferentes instancias del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la CIDH.

- Respuesta inmediata e investigación a los comunicados y denuncias por hechos de hostigamiento, amenazas y violación a derechos humanos en las comunidades indígenas, y en especial de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas.

- Que la administración de la justicia ordinaria tome en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y la existencia de peritos especializados que permitan identificar las particulares afectaciones de la violencia sexual en mujeres indígenas. En caso de dictámenes psicológicos, debe garantizarse también la incorporación de un enfoque étnico y de género.

- La capacitación a funcionarios y funcionarios públicos sobre los derechos de los pueblos y mujeres indígenas.

- Se adelanten y faciliten las investigaciones, castigo y encarcelamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos, en especial a quienes han atacado a la niñez y las mujeres indígenas.

- La desmilitarización de los territorios indígenas y la salida de todos los grupos armados, así como el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que siguen operando en territorios indígenas, como garantía de verdad, justicia y reparación y como de medida de protección.

- El establecimiento de programas concertados adecuadamente de atención a las mujeres y niñas que han sido agredidas sexualmente y con otras formas de violencia, que proporcionen una reparación integral, comenzando por el respeto a nuestras autoridades, gobierno y formas tradicionales de vida.

- Garantizar el retorno de las mujeres indígenas desplazadas, sus familias y comunidades con todas las garantías de seguridad y dignidad.

- La concertación e implementación de programas y políticas públicas reales de formación, educación atención especializada para las mujeres indígenas, que permitan el ejercicio de sus derechos.

- Atención y acompañamiento psicosocial y jurídico de organizaciones internacionales y nacionales dirigidas a resolver los problemas de las mujeres indígenas, dentro de los Planes de Vida, respetando y promoviendo los principios de consulta previa y fortaleciendo las organizaciones propias de los pueblos indígenas.

- Que las autoridades mujeres indígenas, sean tenidas en cuenta y estén presentes en el acompañamiento a las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, asegurando una estrategia de apoyo sicológico desde lo cultural y espiritual.

- Que se generen los mecanismos adecuados para la Coordinación de la justicia propia y ordinaria como medida para asegurar el acceso efectivo a la administración de justicia y superar la impunidad en los casos de violación de derechos a las mujeres indígenas.

- Establecimiento de mecanismos de exigibilidad, vigilancia y control en especial de la información, relacionada con los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres indígenas.

- Establecimiento de protocolos y mecanismos de vigilancia sobre el desarrollo de megaproyectos en (o cerca) de territorios indígenas, como medida de protección de las mujeres indígenas.

- Identificación y determinar las posibles causas que puedan generar factores de riesgo y vulnerabilidad en los niños y niñas y mujeres indígenas.

- Las instituciones del Estado y en especial el sistema de justicia ordinario deben asegurar la existencia de traductoras y el nombramiento de mujeres indígenas, que puedan orientar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia sexual.

Al sistema de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos y en especial a su oficina señora Relatora, les solicitamos:

- Desarrollar los mecanismos adecuados que les permita un seguimiento permanente a las recomendaciones que se le hagan al Estado Colombiano.

- Desarrollar y dar a conocer mecanismos que permitan comunicaciones y acompañamiento a pueblos indígenas y en particular a mujeres víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado.

Bogotá, Mayo de 2012

Notas

1 Tomado de Declaración de las Mujeres Indígenas del Norte del Cauca: “PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES INDÍGENAS EN RESISTENCIA POR LA PERVIVENCIA Y AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS, TEJIENDO LA MEMORIA Y LA PALABRA”. ACIN Caloto, Junio 21 al 24 de 2011
2 Consejería Mujer, Familia y Generación-ONIC. En http://www.onic.org.co/cons_mujer.shtml
3 Las macro-regionales agrupan a las organizaciones indígenas regionales que comparten territorios cercanos geográficamente; son cinco: macro Amazonía, macro Orinoquía, macro norte, macro occidente, macro centro-oriente.
4 Ver en la página de la ONIC el listado completo de los 102 pueblos indígenas de Colombia (www.onic.org.co).
5 http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx



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