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jueves, 28 de junio de 2012

Pakhshan Zangana


Por: Rosa Meneses, Mujeres tejiendo la paz 

Diputada de la Asamblea Nacional del Kurdistán Irakí y presidenta de la Comisión Parlamentaria sobre Mujeres, desde donde realiza tareas de seguimiento, denuncia de los crímenes contra las mujeres y promueve la adopción de normativas sobre cuestiones de género.

“No hay democracia sin igualdad de derechos” (Irak, 1947)

Colabora con diferentes redes de ONG de mujeres iraquíes en iniciativas de construcción de paz, centradas en facilitar el diálogo con la sociedad civil y promover el concepto de tolerancia. Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Bagdad y máster en Ciencias Sociales, lleva desde los quince años dedicada a la política y comprometida con las cuestiones de género.

Paz, desarrollo e igualdad son ideas que tienen para Pakhshan Zangana una conexión especial. “No hay igualdad sin paz y no hay desarrollo sin paz”, explica. Bajo esta premisa lleva cuatro décadas trabajando por la democracia y por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Irak. Su trayectoria sigue los vericuetos del convulso país de Oriente Medio, cuya historia contemporánea está llena de borrones y cuentas nuevas: periodos de estabilidad se engarzan con golpes de Estado, dictaduras, tensiones interétnicas y enfrentamientos abiertos.

Nacida en 1947 en el seno de una familia kurda iraquí muy implicada en política, Zangana lleva en la sangre el activismo por la democracia. Desde muy joven decidió implicarse en política. “Mi motivación no se debió a ningún sufrimiento personal. No pretendo ser una heroína. Simplemente, en aquella época, todos en Irak estábamos implicados en política”. En 1963 se produjo un golpe de Estado militar perpetrado por oficiales del Partido Baaz (nacionalista árabe) que asesinaron al general Abdul Karim Qasim (en el poder desde 1958, tras un golpe de Estado que derrocó a la monarquía). “Al día siguiente, el nuevo régimen hizo pública una declaración en la que se abogaba por la aniquilación de los comunistas y los kurdos”, cuenta Zangana. Esa fue la chispa que le hizo reafirmarse en sus convicciones y pasar al compromiso activo.

“La persecución contra comunistas y kurdos me hizo perder la sensación de seguridad y de paz. Sentí un gran desasosiego por los sueños de mi adolescencia y decidí pasar a la acción para corregir esta situación”, explica. Durante sus años de estudiante universitaria y después de graduarse, perteneció a varias organizaciones juveniles. Luego dio el salto a la Liga de las Mujeres Iraquíes, donde marcó sus objetivos: “paz, democracia y justicia”.

Durante la dictadura de Sadam Husein (1979-2003), Zangana fue perseguida por las fuerzas del orden y llegó a perder su trabajo. “Permanecí 10 años con el maquis, aunque no llegué a empuñar un arma. Me dedicaba a labores de comunicación y concienciación en el interior de Irak. Cuando tenía que entrar a alguna ciudad, lo hacía clandestinamente”.

Entre los años 1994 y 1998, durante la guerra abierta entre los dos principales partidos políticos kurdos iraquíes (el Partido Democrático del Kurdistán, de Masud Barzani, y la Unión Patriótica del Kurdistán, de Jalal Talabani), Zangana movilizó a las mujeres para intentar detener las luchas internas. “Nos distribuíamos en grupos por distintos puntos y repartíamos panfletos apoyando la paz, organizábamos marchas pacíficas por las calles y realizábamos visitas a las sedes de las distintas fuerzas políticas para contactar con los líderes y convencerles de la vía de la paz”, explica.

Pero el compromiso con la paz de esta mujer no sólo se circunscribe a Irak. “En los años setenta organizaba eventos en Irak para apoyar la paz en el Líbano y en Palestina. También trabajé por la paz en España, en la época de la transición a la democracia”, recuerda con nostalgia.

El año 2003 ha dejado una huella profunda en la historia de Irak. La invasión estadounidense que provocó la caída del régimen de Sadam Husein ha cambiado muchas cosas en el país árabe. La violencia y los enfrentamientos dominan la actualidad desde entonces. El país lucha por establecer una democracia que englobe a suníes, chiíes y kurdos. Por eso Zangana sostiene que “la causa de la paz en Irak no empezó en 2003, sino con la creación del Estado de Irak”. Irak obtuvo la independencia del Reino Unido en 1932. Desde entonces, el país ha vivido largos periodos de tensiones, de inestabilidad. “Quedan muchos conflictos pendientes y cuestiones sin resolver”, asegura.

En cuanto a la situación de la mujer iraquí, la propia Zangana ha vivido toda una época de cambio. “El cambio ocurrió en la región del Kurdistán en 1991, con el levantamiento contra Sadam Husein”, narra. Aquel año el régimen sufrió una dura derrota a manos de una coalición internacional que expulsó al Ejército iraquí de Kuwait, el pequeño emirato vecino que había invadido en agosto de 1990. En el norte y el sur del país, kurdos y chiíes se rebelaron contra Sadam, que aplastó ambas revueltas con mano de hierro. La dictadura quedó aislada internacionalmente y el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un duro sistema de sanciones con el objetivo de debilitar al régimen. También se impuso una “zona de exclusión aérea” en el norte del país, coincidiendo con la región del Kurdistán iraquí, que quedó bajo protección aliada. Se crea un Gobierno regional kurdo en el noreste, con Arbil y Suleymaniya como capitales.

A raíz de estos acontecimientos, se creó un Parlamento regional en el Kurdistán y surgieron varias ONG; “también de mujeres”, recuerda Zangana. “Empezamos a tener más contacto con el exterior y las cosas cambiaron para las mujeres en el Kurdistán. Antes nos encontrábamos en un círculo, ahorcadas por el régimen. Después de la rebelión, la mujer pudo despegarse y el movimiento femenino pudo presionar para modificar leyes y favorecer los derechos de las mujeres”, relata. La persecución de la violencia contra las féminas se convirtió entonces en una cuestión pública. “La lucha por la igualdad llegó a ser un tema corriente y normalizado”, añade.

“Después de 2003, el resto de mujeres iraquíes pudieron tener lo mismo”, explica. Para Zangana, el logro más importante de esta nueva etapa política en Irak es la creación de una cuota de participación femenina en la política nacional. Así se convirtió en diputada de la Asamblea Nacional del Kurdistán, en 2005. Desde allí, presidiendo la Comisión Parlamentaria para la Mujer, intenta promover leyes contra la mutilación genital femenina y contra los crímenes de honor. Zangana trabaja sin descanso para conseguir la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres y lucha contra la violencia de género. “No hay estabilidad verdadera ni justicia plena sin paz y sin igualdad de derechos. No hay democracia sin paz, estabilidad y justicia”, sostiene con voz firme.

Pero su vocación de lucha contra la injusticia aún no está saciada. “Las mujeres en Irak sufren hoy por la falta de seguridad, por la ausencia de paz. Todavía hay obstáculos para que las mujeres accedan plenamente al mercado laboral”, afirma. Para esta luchadora de los derechos de la mujer, los problemas más acuciantes de sus compatriotas son “primero, la seguridad, luego la discriminación legal y, por último, la herencia cultural”. Son tres gigantes que requieren una lucha abnegada. Pero ella no se rinde.



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martes, 26 de junio de 2012

Colombia: país con el índice más elevado del mundo en ataques a mujeres con ácido


Por: Noemí García Cabezas / Diseño: Juan Carlos Griffin – Feminicidio.net 

Cuarenta y dos mujeres denunciaron haber sido atacadas con ácido en el 2011. La cifra sería mayor debido a elevados niveles de impunidad y terrorismo sexual. Solo dos de los agresores han sido condenados con cárcel. Detrás del conflicto armado se solapa el integrismo machista, Colombia también registra cifras alarmantes de agresiones sexuales: al menos 46,5 casos por día.

Los casos de mujeres quemadas con ácido en países asiáticos de tradición religiosa musulmana, principalmente Bangladesh y Pakistán, tienen un gran impacto mediático. En el primero de ellos, con 167 millones de habitantes, en el 2011 se produjeron 84 casos. En Pakistán, con casi 200 millones de habitantes, la media de ataques al año es de 150.

Colombia tiene 46 millones de habitantes, el año pasado hubo 42 casos reconocidos de mujeres atacadas con ácido o líquidos inflamables. Se trata del país con el índice más elevado del mundo en ataques a mujeres con ácido en 2011. Esta práctica atroz del integrismo machista ha trascendido poco las fronteras informativas y las redes sociales. 
Marcadas por la impunidad y la desidia del Estado

Desde 2010 hay registrados en Colombia 97 casos de mujeres quemadas con ácido. En 2010 fueron 55 mujeres, la cifra bajó a 42 en 2011, según el INML. Sin embargo, se estima que la cifra sería mayor. El 98% de las mujeres quemadas con ácido en Colombia fueron atacadas en su rostro; el 50% de ellas ha perdido un ojo.

En lo que va de 2012 año se han producido más de 20 casos, según las cifras manejadas por el INML. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan en el tema creen que podrían haberse registrado en menos de seis meses unos 100 casos.

Gina Potes fue el primer caso conocido en Colombia: en 1997 le arrojaron ácido a su cara. Hoy apenas tiene secuelas físicas en su rostro, tras haberse sometido durante 15 años a 25 cirugías para recomponer su cara. Sin embargo, el fenómeno saltó a la luz en julio de 2010 cuando una candidata a un concurso de belleza, María Fernanda Núñez, fue rociada con ácido cuando llegaba a su casa. La joven, hoy retirada del mundo de las pasarelas, sufrió quemaduras leves en su rostro pero tuvo que aguantar que incluso se le acusara de ser ella misma quien se había arrojado el ácido para obtener fama.

El caso de Erika Vanegas es uno de los pocos en los que el victimario tuvo una condena. Su novio, ofendido por la decisión de Erika de centrarse en sus estudios y dejar la relación, pagó a un niño para que le tirara un vaso con agua a la cara; obviamente no se trataba de agua, sino de ácido nítrico. Dagoberto Rodríguez fue condenado a 12 años de prisión. Erika quedó con lesiones de por vida. Junto con el caso de Consuelo Cañete, cuya expareja fue condenado a cuatro años de cárcel, son los dos únicos casos con condena en Colombia.

A Viviana Hernández su pareja le dijo en la cama del hospital, tras el ataque, que ahora ya no tenía más remedio que quedarse con él, puesto que nadie más la iba a mirar. A una las matan por ser mujeres bonitas, como el caso de la Miss; a otras, como Natalia Valencia, las quemaron sicarios contratados, en ese caso por una mujer que creía que su marido tenía una relación con la joven. Pocas veces mueren, pero la agresión les golpea cada día: sufren discriminación y exclusión social y laboral. 

Cambios en el Código Penal 

En la legislación colombiana la agresión con ácido era considerada una simple agresión personal, con las mismas penas que cuando una persona pega a otra. Aunque conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, pocos completan la condena. El Colectivo “No más agresiones con ácidos” impulsa actualmente una campaña para reformar el Código Penal, acciones que ya han dado su fruto: el 14 de mayo el Congreso aprobó un anteproyecto de ley que elevaría la pena mínima de dos a cinco años y la máxima aumentaría hasta los 14. Aunque supondría un avance, sin duda no resulta suficiente para las organizaciones impulsoras ni para las mujeres víctimas. 

Por su parte, el Senado tramita actualmente un proyecto de ley que establecería medidas concretas para los casos de ataques con ácido, contemplando la asistencia integral y el deber de atención a todas las instituciones médicas del país, así como el establecimiento de penas de 20 años para los agresores.

Algunos de los casos más relevantes de este año son el de Luz Adriana Cifuentes Ortega, en enero, quemada por un hombre con quien al parecer mantenía una relación extramatrimonial. En febrero fue quemada Yuli Marcela García Cardona, una joven de 17 años que ya había sido atacada en octubre; la última vez no tuvo tanta suerte y sufrió quemaduras en rostro y cuerpo.

Otros nombres de mujeres quemadas con ácido en sus rostros son Gloria Piamba, Angie Guevara o María Cuervo Sánchez. Pero hay muchas más que no dan sus nombres porque se avergüenzan de su aspecto y sobre todo porque tienen miedo de quien les arrojó el ácido: muchas de estas víctimas (y sus familias) viven bajo continuas amenazas. 

Violencia sexual, una pandemia silenciosa

En 2009, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó un total de 21.288 exámenes de presuntos casos de violencia sexual, lo que suponía un fuerte aumento respecto a nueve años atrás (12.732 casos en 2000). Más del 85% de los exámenes llevados a cabo en 2009 fueron de menores. 

En 2010 dicha institución realizó 18.129 valoraciones médico-legales por abusos sexuales (en 84,8% de los casos las víctimas eran mujeres). Dos años después, la cifra ronda los 17.000 exámenes médicos, es decir, al menos 46,5 casos de violencia sexual al día.

La Policía de Bogotá ha revelado que en lo que va del año se denunciaron 113 casos de violación. En cifras generales, en la capital del país cada 30-40 minutos una mujer es agredida por cuestiones de género según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Durante los últimos tres años fueron violadas 721.246 mujeres en Colombia, según la ONG Profamilia.

En 2010 en 98 casos de violencia sexual los agresores fueron actores armados, 34 fueron cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, 12 por grupos de la guerrilla y ocho por paramilitares.

A pesar de los 48 años de historia del conflicto armado, Colombia no cuenta con una base de datos única y completa que registre todos los crímenes de violencia sexual, ya sea en el marco del conflicto o fuera de él. Gracias al Auto 092 de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación está trabajando en ello, aunque las ONG denuncian que ésta todavía no está activa. 

En 2007 el INML reportó 52 víctimas de violencia sexual, el 88,23% de ellas mujeres. El 78,8% de esos delitos fueron cometidos por la fuerza pública y el 21,1% por parte de la guerrilla. En 2008 la cifra aumentó a 69 víctimas, aunque bajó levemente el porcentaje de mujeres (85,5%). Ese año el 71% de delitos de violencia sexual se atribuyó a la fuerza pública, el 21,7% a la guerrilla y el 7,2% a grupos paramilitares. 

Según una infografía realizada por el periódico El Tiempo, 643 víctimas de violencia sexual desde 1979 hasta 2010 se han acogido a la ley de Justicia y Paz, pero tan sólo nueve hombres están siendo juzgados por violencia sexual. Otros 86 aceptaron su culpa. Entre 2000 y 2010 se registraron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, un total de 601 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, 458 cometidos por los paramilitares y 143 por la guerrilla.



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domingo, 17 de junio de 2012

La impunidad sigue protegiendo el feminicidio en Guatemala


Por: Danilo Valladares, Periodismohumano

“Esta clase de violencia es la más callada, la más oculta, la más invisibilizada y por lo tanto la más impune”, dijo en una entrevista Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Los números lo confirman.

Según la gubernamental Fiscalía General de la República de El Salvador, entre comienzos de 2008 y julio de 2010, fueron presentadas 8.108 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las que apenas seis por ciento concluyeron con sentencia condenatoria.

En Nicaragua, la situación fue parecida. En 2008, ingresaron a los tribunales 1.133 denuncias por violencia sexual, pero solo 56 por ciento de los casos fueron resueltos. De estos, 70 por ciento resultaron sobreseidos, 15 por ciento concluyeron en absolución y apenas 15 por ciento se cerraron con condena al agresor.

Una multiplicidad de factores rodean estas cifras sombrías que se repiten en los países de la región mesoamericana, que abarca desde el sudeste mexicano, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá donde habitan más de 70 millones de personas.

La falta de denuncias por vergüenza o temor de la víctima, la falta de respuesta efectiva de las autoridades y el sistema desigual del poder entre los hombres y las mujeres son algunos de ellos, según Suazo.

Las principales víctimas continúan siendo las menores de edad. “Las niñas y adolescentes entre 12 y 18 años de edad es el grupo de población más afectado por la violencia sexual”, acosadas a menudo por familiares o personas cercanas al entorno familiar, dijo la experta.

“Por lo tanto, se debe reforzar el acceso a información y educación, a la justicia con servicios interdisciplinarios desde el ámbito de la salud, la policía, el acompañamiento del peritaje judicial y asegurar un proceso legal oportuno y efectivo”, explicó.

Esta serie de dificultades y observaciones están plasmadas en el informe Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica 2011, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con especial énfasis en los casos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

A pesar de las dificultades que supone para la mujer acceder a la justicia en los casos de violencia sexual, el estudio también evidencia algunos avances en la región.

La relatora de los Derechos de le Mujer de la CIDH, Tracy Robinson, dijo a IPS que la adopción de leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres y la creación de nuevas instituciones con perspectiva de género dentro de la administración de justicia son algunos progresos.

También citó “la introducción de políticas y protocolos para guiar las acciones de todos los que deben asegurar la justicia y proteger a la víctima, y el desarrollo de abordajes integrales para proteger y garantizar su protección y bienestar”.

A la vez, Robinson admitió que “muchas, muchas mujeres” aún no tienen acceso a la justicia en casos de violencia sexual, de modo que “los niveles de impunidad para violencia sexual se mantienen muy altos”.

“Una de nuestras mayores preocupaciones es la situación de las niñas que están en particular riesgo y de las mujeres pobres que habitan en zonas rurales, porque la búsqueda de justicia para ellas implica un costo económico, sobre todo, si no viven cerca de donde se proveen los servicios legales”, agregó.

Ángela Acevedo, coordinadora de la secretaría técnica de género del Poder Judicial de Nicaragua, relató a IPS que su país ha logrado algunos avances en materia de acceso a la justicia para mujeres víctimas de la violencia sexual.

“En 2004, la proporción de casos que llegaban a sentencias condenatorias era de 10 por ciento, mientras que en 2010 las sentencias alcanzaron un 15 por ciento. Es decir que hay una mejora en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual”, dijo.

Pero, además, Nicaragua ahora tiene la esperanza de mejorar sustancialmente esas cifras, tras la aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, el 26 de enero.

Esta norma, que entra en vigencia este mes, tipifica los delitos de feminicidio (asesinato por razón de género), penaliza la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, laboral, el delito de sustracción de hijos e hijas y la violencia en el ejercicio de la función pública contra las mujeres.

Sin embargo, los desafíos aún son grandes.

“La tolerancia social existente genera la falta de apoyo a la investigación en el caso específico del aporte de pruebas, la revictimización de las víctimas en el sistema de justicia y la falta de sensibilidad social para con ellas”, elementos que obstaculizan el esclarecimiento de los casos, según Acevedo.

Silvia Rosales, magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, dijo a IPS que Mesoamérica ha mejorado también en la articulación de esfuerzos entre la policía, el Ministerio Público (fiscalía) y los jueces para perseguir los delitos sexuales.

Sin embargo, “hacen falta recursos económicos y la formación de jueces y fiscales en la materia”, reconoció.



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"En ese bosque abusaron sexualmente de mí"


Por María Jimena Duzán

“Mi hija mayor, que tenía 14 años, fue violada por muchos hombres. Fue una esclava sexual”

Angélica Bello, activista de derechos humanos, denuncia la violencia sexual a la que ella y su hija fueron sometidas.

María Jimena Duzán: Angélica, antes que todo, muchas gracias por esta entrevista. Sé que es difícil poner el nombre y la cara para contar una historia dolorosa que infortunadamente es la historia de muchas mujeres en Colombia, víctimas a diario del abuso sexual. ¿Qué fue lo que les pasó a usted y a sus hijas?
Angélica Bello: Fui criada en un medio activista y desde muy joven me convertí en defensora de derechos humanos y sí… soy de izquierda. Todo comenzó en el año 96 cuando a mí y a mis cuatro hijos nos tocó salir de Saravena, Arauca, debido a las amenazas que estaba recibiendo mi familia, que era de la UP. Llegamos de improviso a Bogotá, pero luego, a los dos años, me fui para Villanueva, Casanare, con mis cuatro hijos. Tengo tres mujeres y un varón.

M.J.D.: ¿Y su esposo?
A.A.: No está conmigo. Soy, desde hace rato, madre cabeza de familia.

M.J.D.: ¿Qué pasó cuando llegó a Casanare?
A.A.: Pues que empiezo a trabajar en un vivero hasta que mi hija Brigitte, que en ese entonces tenía 9 años y pertenecía a los patrulleritos de la Policía, y Luisa Fernanda, la mayor, de 14 años, que era bombero voluntaria, son reclutadas por el bloque Centauros que dirigía Martín Llanos y que en esa zona operaba en cabeza de El Tigre.

M.J.D.: ¿Cómo fueron reclutadas?
A.A.: Ese día yo llegué de mi trabajo y me informaron que a mis hijas las habían subido a una camioneta. En Villanueva todo el mundo sabía que esa camioneta la manejaba El Tigre. Entré en un estado como de inconsciencia. Mi meta era encontrar a mis hijas. Yo sabía a lo que se estaban exponiendo, sobre todo mi hija mayor. Uno como madre presiente cosas. Inicié una búsqueda titánica que duró 25 días. Hablé con todo el mundo. Con la Policía, con la Defensoría, con el Bienestar Familiar, con el alcalde, con los concejales. Me fui a los botaderos, que es donde los paras botaban a la gente cuando la mataban, hasta que logré, no sé cómo, entrevistarme con Martín Llanos.

M.J.D.: ¿Y no le dio susto enfrentarse con Martín Llanos, siendo usted dirigente de izquierda?
A.A.: No sentí miedo. Por el contrario: me le arrodillé y le supliqué que me devolviera a mis hijas. Le dije que yo sabía que El Tigre las tenía. Digamos que él fue gentilmente déspota: me dijo que iba a averiguar. Y que si El Tigre las tenía, pues que me las daban. Discúlpeme si a veces no me salen las palabras, pero es que me cuesta trabajo contar estas cosas. (Mientras me hace esa aclaración la primera lágrima recorre su rostro).

M.J.D.: ¿En ese momento pensó que sus hijas estaban muertas?
A.A.: Yo solo le dije: mire, si están muertas o vivas, de todas maneras entréguemelas. Como a los dos días, unos tipos llegaron a mi casa en moto, me llevaron a una vereda por una carretera destapada y allí llegué a donde había dos carros: un Mitsubishi y un Montero. De las cajuelas me bajaron a las niñas y me las botaron al suelo y me dijeron que tenía una hora para salir del pueblo. En ese momento no calculé tiempos ni nada. Solo reaccioné y me acordé que tenía dos hijos más. Salí con ellas hasta Villanueva, pero cuando fui a ver, no me vendían tiquetes ni en La Macarena ni en La Sugamuxi.

M.J.D.: ¿Tuvo tiempo de saber si sus hijas estaban bien?
A.A.: La verdad es que no quise verles la cara. Me bastaba con saber que estaban vivas y que no me las había entregado muertas, que fue para lo que yo me preparé. No me preparé para verlas vivas. Pero cuando vi que no habían muerto, entendí que tenía que salir de allí rápido. No pensé ni en empacar ni en nada por el estilo. Agarré a caminar con mis cuatro hijos. Caminamos muchas horas, hasta que nos recogió un camión que nos dejó en Villavicencio. Al llegar a esa ciudad, me metí en la iglesia con mis hijos a rezar. Me le arrodillé a mi Dios porque ese día pensé en suicidarme con mis hijos. 

M.J.D.: ¿Y cómo logró sacar de su cabeza ese pensamiento?
A.A.: Era la segunda vez que me tocaba salir sin nada y no tenía qué darle a mis hijos. No tenía un techo donde meterlos… No tenía nada. Y sí: pensé en suicidarme con ellos. Me arrodillé, recé el rosario; pasó la misa y yo seguía allí en la iglesia llorando. Le pedía a Dios la fortaleza para la decisión que iba a tomar y su bendición y que me perdonara por lo que iba a hacer. Cuando el padre William terminó la misa y vio a mis niños sentados, se nos acercó. Me preguntó que por qué lloraba tanto. Le respondí que mis hijos tenían hambre. El padre los entró a la vicaría, les dio sopa y me dio albergue. Duré allí como un mes. Luego, con la comunidad, él me consiguió ropa, unos camarotes, una casa donde vivir… Él fue el ángel en ese momento.

M.J.D.: ¿Para entonces usted ya había hablado con sus hijas sobre lo que había sucedido durante su secuestro?
A.A.: Mis hijas no me comentaban nada. Mi hija menor, Brigitte, quedó con las marcas en las muñecas porque de ahí la amarraron. Fue años después que me enteré que mi hija mayor, Luisa Fernanda, había sido víctima de abuso sexual.

M.J.D.: ¿Y por qué se demoró tanto en contárselo?
 A.A.: Ella terminó contándomelo cuando a mí me pasó lo mismo. Solo en ese momento ella tuvo el valor de contarme lo que le había sucedido.

M.J.D.: ¿Y es que también abusaron sexualmente de usted?
A.A.: Eso me sucedió el 26 de noviembre de 2009, saliendo del Ministerio del Interior a las tres de la tarde. Ya para entonces era una reconocida líder de las mujeres desplazadas, había sido víctima de un atentado en 2003 y había enfrentado amenazas constantes. A la salida del Ministerio, dos tipos me interceptaron. Me subieron al taxi y me llevaron por la circunvalar hasta los puentes que hay cerca de la Universidad Manuela Beltrán. Me quitaron los papeles y mi celular. Me llevaron a un bosque pendiente. Me jalaron del pelo, me cogieron a patadas, me… uff… me… 

M.J.D.: Si quiere no seguimos…
A.A.: Si me da un minuto. En ese bosque pendiente abusaron sexualmente de mí. Yo digo que fue una violación oral. Me tocaron los senos y luego me hicieron sexo oral, mientras uno de ellos me ponía una pistola en mi cabeza. Según ellos, no me iban a matar porque no me iban a hacer mártir, pero cuando me introducían su miembro en mi boca, decían que así era que me tenía que mantener: callada. Luego cogieron una botella de agua y me limpiaron. Me hicieron tomar grandes cantidades de agua. Después supe que esa era la forma en que ellos desaparecían sus huellas. Uno de ellos estaba tan confiado que se me puso enfrente y me dijo: mire esta cara porque se va a acordar de ella toda su vida.

M.J.D.: ¿Por qué no fue a la Fiscalía a denunciar ese abuso, como lo ha hecho cada vez que le hacen amenazas?
A.A.: Porque por primera vez en mi vida estaba realmente atemorizada. Ellos me dijeron que si denunciaba me iban a herir donde más me dolía, que eran mis hijas. Por eso decidí irme a La Guajira. Allí tenía una reunión con la Defensoría del Pueblo y me encontré con la doctora Pilar Reyes. Yo estaba toda amoratada, llena de golpes y ella notó que estaba mal. Me preguntó qué me pasaba. Le respondí que me había golpeado. Ella insistió y en ese momento yo ya no pude más y le conté todo. Al mes de haberme sucedido lo mío, ocurrió el abuso sexual de una de mis compañeras. Fueron dos meses bastante fuertes, pero decidí poner la denuncia a través de la Defensoría del Pueblo, gracias al acompañamiento de la doctora Pilar Reyes.

M.J.D.: ¿Y su hija mayor cuándo le confesó que ella también había sido víctima de abuso sexual?
A.A.: Oxfam había iniciado una campaña, 'Saquen el cuerpo de la mujer de la guerra', y me preguntaron si quería contar mi historia en El Tiempo. Yo accedí a hacerlo. En el fondo, sabía que esa era la forma de contarles a mis hijas lo que me había pasado. Yo llegué ese domingo a la casa y al comienzo no sabía cómo mostrarles el artículo. Finalmente se los di a leer. La que lo lee primero es mi hija Brigitte y luego mi hija mayor, Luisa Fernanda. En ese instante no me dicen nada, pero al cabo de unos días ellas me confiesan todo.

M.J.D.: ¿Y qué les pasó?
A.A.: Pues que mi hija mayor, que en ese momento tenía 14 años, fue violada por muchos hombres. Estuvo amarrada permanentemente y mientras la violaban su hermanita Brigitte veía todo. Fue una esclava sexual.

M.J.D.: ¿En qué va la denuncia?
A.A.: Pues fíjese que yo tengo unas amigas que venden colonias y cremas y duré 22 meses comprando una y otra hasta que di con la colonia de uno de mis agresores. Fui a la Justicia a dar la información, pero todavía ni siquiera me han llamado a hacer el retrato hablado. En cambio, sí me tocó llevarles el RUT, el certificado de Cámara de Comercio y llevarles las cartas de recomendación que demuestran que yo sí era activista de derechos humanos. ¿Qué quiere la Justicia?, ¿que sea yo la que vaya y encuentre a los tipos que me abusaron y se los entregue? ¿O será que tengo que tener palancas en las altas cortes para que el caso mío lo analicen?

M.J.D.: ¿Por qué es tan difícil denunciar este tipo de abusos?
A.A.: El solo hecho de ser víctima de abuso sexual es como si le apagaran a uno un botón. Sin ese botón uno no puede pensar ni movilizarse. Es también el miedo al escarnio público. Yo llegué a pensar, se lo digo honestamente, que yo me había buscado esto por bocona, por activista. Además, es muy difícil para las mujeres ir a denunciar. Antes de mi abuso sexual, acompañé a muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que eran violadas por sus mismos esposos y vi cómo era de vergonzoso llegar a contar lo que le había pasado a uno. Esto que hoy estoy haciendo aquí no es fácil hacerlo.



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Colombia Empalada: feminicidio y terror de Estado


Por: José Antonio Gutiérrez D.

Esta bestialidad se realizó fuera de la  “comunidad específica” a la que normalmente se victimiza de esta manera ante el silencio cómplice de los medios y la aprobación de las élites que se siguen enriqueciendo en base al despojo... élites que crean los “Javier Velasco” paramilitares...

El brutal asesinato, tortura y violación de Rosa Elvira Cely, en pleno Parque Nacional de Bogotá, ha causado una justa ola de indignación en todo el país. Al grito de “¡Ni una Rosa más!” miles de bogotanos se reunieron el 3 de Junio en el lugar del macabro crimen a rendir sentido tributo a esta víctima y a protestar vehemente contra la violencia contra la mujer.

En este espacio no quiero extenderme demasiado sobre este crimen en particular, que lamentablemente, es uno más entre miles de abusos y feminicidios que ocurren cotidianamente en Colombia. Ni quiero tampoco referirme a las múltiples negligencias que contribuyeron, en algún grado, al desenlace fatal de esta historia (una respuesta inadecuada de la policía a los llamados de auxilio, negligencia en su atención médica, que no se atendieran sus heridas de puñal que fueron las que finalmente le ocasionaron la muerte, etc.). Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la hipocresía de los medios y las élites colombianas que hoy se horrorizan ante el cadáver de Rosa Elvira Cely, pero que sistemáticamente han hecho la vista gorda ante los crímenes del paramilitarismo, que son calco y copia del empalamiento de Rosa Elvira Cely.

La práctica del empalamiento, es decir, la penetración forzosa por el ano o la vagina de la víctima con un palo que le perfora los órganos internos, a veces saliendo por la boca, no es un acto sádico novedoso. Es una práctica que, de hecho, se ha aplicado en Colombia desde los inicios de la violencia conservadora a mediados de los ‘40, en innumerables veredas y zonas rurales, donde las cuadrillas de chulavitas, pájaros o paramilitares (como se les ha llamado en diferentes épocas y regiones a los ejércitos privados al servicio de terratenientes y caciques políticos del establecimiento) se han desplazado aterrorizando a la población, utilizando a la violencia sexual como una forma de amedrentamiento y control. El empalamiento, así como otras formas de agresión sádica hacia la mujer (cercenar los senos, extraer el feto del vientre de las embarazadas, por ejemplo), demuestran la notable continuidad entre la violencia “chulavita” de los ‘40 y la violencia “paraca” de los ‘90 hasta ahora. La agresión hacia la mujer, y hacia las niñas, es vista en la lógica paramilitar como una manera de humillar y proyectar el control total, patriarcal-machista-violento, sobre comunidades que consideran hostiles a su proyecto de “Estado comunitario” o aliadas de la “subversión”. En palabras de la investigadora Donny Meertens, la violencia sexual “no es tolerada como un acto de perversión individual, sino que ha sido permitida como una práctica sistemática de guerra, aplicable solamente a comunidades específicas”[1].

Volviendo al empalamiento, abundan los casos de mujeres que, por haber sido señaladas de ser amantes de un guerrillero, se les violó, asesinó y, en muchos casos, empaló. El empalamiento, por citar un ejemplo, fue utilizado en la masacre del Salado, en los Montes de María, en el 2000: al menos una víctima, Neivis Arrieta, de 18 años, fue empalada al ser acusada de amante de un guerrillero de las FARC-EP[2]. Según Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, en Tumaco hoy en día se está utilizando el empalamiento como una práctica sistemática por parte de paramilitares y lo mismo ocurre en muchas otras regiones del país[3]. También los paramilitares han torturado con el empalamiento a homosexuales en sus áreas de control y en sus campañas de “limpieza social”[4].

Los medios colombianos, que hoy se rasgan los vestidos con el horror del empalamiento de Cely, jamás se escandalizaron demasiado cuando estas prácticas eran llevadas a efecto por los paramilitares en “zonas rojas”, frecuentemente de la mano de la fuerza pública. Los medios, que estaban al tanto de todo cuanto ha ocurrido en las zonas rurales de Colombia desde los inicios de la ofensiva paramilitar de los ‘80, jamás informaron con lujo de detalle, como sí hicieron con el caso de Cely, de las atrocidades cometidas por el binomio paramilitarismo-ejército[5]. Curiosamente, nos hemos tenido que enterar del real calibre de esta barbarie a través de los informes de organizaciones de Derechos Humanos o mediante páginas especializadas en el conflicto, como Verdad Abierta, o a través del trabajo de periodistas extranjeros, como el ahora célebre Roméo Langlois. Los periodistas colombianos, salvo muy honrosas excepciones -Hollman Morris a la cabeza de ellos-, han optado por no investigar sobre estos temas, sea por mediocridad, pereza, por miedo, autocensura, lambonería o complicidad. Y digo complicidad, porque los grupos económicos que manejan los medios en Colombia tienen plena identidad de intereses con los sectores económicos colombianos que han financiado, armado y estimulado al paramilitarismo (extractivos, mafiosos, ganaderos, terratenientes, multinacionales, etc.). Todos al final son la misma rosca. Los medios masivos colombianos, a lo más, lamentaron los “excesos” del paramilitarismo, siempre excusándolo al decir que era una respuesta “exagerada” a la “amenaza guerrillera” –poniendo, de esta manera, la historia colombiana de cabeza y distorsionando los eventos[6]. En casos de excepcional honestidad, hasta han llegado a aplaudir abiertamente al paramilitarismo[7]. Los crímenes paramilitares han sido silenciados, trivializados, mistificados, ocultados, ignorados, excusados, cuando no aplaudidos, en los medios, los que han ayudado, de esta manera, a hacer más espesa la “noche y la niebla” al amparo de la cual actúa el paramilitarismo[8].

De Javier Velasco, el único detenido hasta el momento en relación al asesinato, se ha dicho apenas que era un “delincuente común”[9]. Pero la práctica del empalamiento no es una forma cualquiera de sadismo, sino que está estrictamente asociada a la figura del paramilitarismo en Colombia. Es una tortura normada, pautada, ritualizada y aprendida. No me cabe ninguna duda que el asesino de Rosa Elvira Cely alguna relación ha tenido con el paramilitarismo y con las bandas de “limpieza social”, los ejércitos privados que la derecha tiene a su disposición para destruir tejido social, imponer su control absoluto, imponer su visión retrógrada y conservadora del mundo[10] y para hacer el trabajo sucio que no siempre puede hacer el ejército abiertamente. Y no me cabe ninguna duda que este muy posible vínculo no será investigado, ni estudiado, porque jamás los medios colombianos ni los grupos de interés detrás de ellos, les ha interesado generar verdadero rechazo al paramilitarismo en la opinión pública[11]. Les basta con tomar un tibio distanciamiento público, condenar sus “excesos”, la muerte de “inocentes” (daños colaterales), mientras reproducen el discurso del “mal necesario”.

La bestialidad de este crimen merece la justa indignación de toda persona que tenga un poco de corazón: Todos somos Rosa Elvira Cely, todos debemos repudiar enérgicamente este crimen. Pero los medios y las élites que los controlan ponen el grito en el cielo no ante el crimen en sí, sino ante el hecho de que el empalamiento se da por fuera del espacio en el cual es “natural” que se diera: el marco del conflicto armado. Ponen el grito de espanto porque la víctima no era ni un “marica” víctima de la limpieza social, ni una “zorra malparida” que se acostaba con un guerrillero. Porque el empalamiento ocurrió en el Parque Nacional y no en una “zona roja”, en un municipio apartado en medio de la nada o en un barrio paupérrimo. Porque esta bestialidad se realizó, en palabras de Meertens, fuera de la “comunidad específica” a la que normalmente se victimiza de esta manera ante el silencio cómplice de los medios y la mirada indiferente o de aprobación incluso, de las élites que se siguen enriqueciendo con la guerra y su lógica de apropiación de riquezas mediante el despojo violento, el control de comunidades y territorios. Por eso se horrorizaron tanto, pero esas mismas élites son las que siguen creando los “Javier Velascos” que empalan, violan, descuartizan, las que siguen apoyando y formando sus ejércitos mercenarios, las que siguen haciendo de la muerte una de las industrias más prósperas en la lacerada tierra colombiana. Esto no lo olvidemos ni por un minuto.

Notas:

[1] “Victims and Survivors of War in Colombia –Three Views of Gender Relations” en “Violence in Colombia 1990-2000”, Ed. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez, SR Books, 2001, p.154. La autora se refiere al contexto de la “Violencia” de las décadas de 1940-1950, pero consideramos que esta conclusión es igualmente válida para la campaña paramilitar de la década de los ’80 hasta el presente.
[5] El binomio paramilitarismo-ejército es, según informes de Medicina Legal, responsable del 78% de los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado –de los cuales, el 63% sería responsabilidad directa del ejército. Este elevado número nos habla de una práctica sistemática y recurrente. Ver las memorias del foro “¿Para qué una política criminal sobre violencia sexual en Colombia?” (Noviembre 2011), p.6. http://www.sismamujer.org/sites/default/files/publicaciones/Memorias%20en%20pdf%20del%20foro%20%C2%BFpara%20qu%C3%A9%20una%20pol%C3%ADtica%20criminal%20sobre%20violencia%20sexual%20en%20Colombia.pdf Aún así, es importante tener en cuenta que estas cifras oficiales son, con toda certeza, una subvaloración de la estadística real, sea por la tendencia a disminuir los abusos de la fuerza pública y exagerar los de la insurgencia (algo común en la mayoría de las estadísticas oficiales), sea por el bajo nivel de la denuncia: según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2008, el 81,7% de las personas desplazadas que sufrieron abuso sexual no presentaron ninguna denuncia. Estas cifras son consistentes con un estudio independiente, realizado el 2012 por Oxfam y la Casa de la Mujer en una muestra representativa de mujeres, en la cual el 82% de las que reconoció haber sido víctima de violencia sexual no presentó ninguna forma de denuncia (Ibid). Según otro informe, sobre la violencia sexual en el departamento del Magdalena y en los Montes de María, se llega a la conclusión que “Los militares son de lejos los principales responsables de ese delito, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", pues el "desprecio hacia las mujeres" inculcado en sus filas (…) marcó esa conducta.” http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-311782-paramilitares-usaron-violencia-sexual-arma-de-conquista-colombia
[6] En realidad, las guerrillas se forman hacia fines de los ‘40 como respuesta (como grupos de autodefensa) por los desmanes y atropellos de las escuadras conservadoras (antecesores de los modernos paramilitares) en el campo colombiano.
[7] Ver la editorial de El Tiempo del 30 de Julio de 1987.
[8] Como prueba de ello, esta semana hubo una masacre paramilitar de 5 personas en el municipio de Remedios (Antioquia), la cual apenas fue “cubierta” con una escuálida nota de 120 míseras palabras (3 de Junio). Esto no fue una masacre, sino que un “ataque”, perpetrado no por “terroristas” sino que por “desconocidos”. El medio informa de que en la zona operan paramilitares y guerrilleros, dejando un manto de duda sobre la autoría de la masacre, aún cuando todo el mundo sabe que fue un ataque de los paramilitares: la masacre, de hecho, se realizó en un local comunitario, centros sociales que frecuentemente son blancos de la actividad paramilitar que se especializa en atacar toda forma de organización popular. El Espectador no se atreve a denunciar al paramilitarismo, sino que las acciones paramilitares siempre son perpetradas por “desconocidos” –esto no es sino una manera de tejer el manto de “noche y niebla” con la que operan estos ejércitos mercenarios de la derecha política. Contrasta esta nota marcadamente con la cobertura que reciben las acciones insurgentes en este mismo medio. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-350657-cinco-muertos-y-tres-heridos-ataque-remedios-antioquia
[10] Sicarios y descuartizadores suelen cargar rosarios y llevar siempre una oración a flor de labios
[11] Prueba de ello es la distancia y ambigüedad con la que han asumido los llamados a jornadas nacionales de protesta contra el paramilitarismo (como la del 6 de Marzo del 2008), que contrasta con el entusiasmo que demuestran cada vez que hay algún pronunciamiento contra la insurgencia. 



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domingo, 10 de junio de 2012

Colombia: feminicidio invisible


Por: Noemí García Cabezas / Diseño: Francisco Gatica – Feminicidio.net 

Mientras todas las miradas se centran en poner fin al conflicto armado, la violencia de género hace estragos en una sociedad con rasgos brutales de misoginia. La muerte de Rosa Elvira Cely luego de haber sido torturada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá a finales de mayo pasado, deja al descubierto la indiferencia de las autoridades: en Colombia no existen cifras oficiales de feminicidios pero fuentes de ONGs estiman que alrededor de 1.250 mujeres son asesinadas cada año.

En Colombia, como en la mayor parte de países en América Latina, no existen cifras oficiales sobre feminicidios pero la Ruta Pacífica de las Mujeres denunció que en Colombia son asesinadas un promedio de tres mujeres al día y 1.250 por año. Los departamentos que cuentan con más casos de feminicidios -según la organización- son Antioquia, Putumayo, Meta y Pasto.

Por su parte, la Casa de la Mujer señala que entre los años 2000 y 2008 fueron asesinadas 9.314 mujeres en Colombia. La mayor parte de los victimarios serían parejas o exparejas de las víctimas o bien actores armados, legales o ilegales.

Estado indiferente ante la violencia de género

En el informe “¿Será que a las mujeres nos matan porque nos aman? Feminicidios en Colombia 2002-2009”, de Olga Amparo Sánchez Gómez, se señala que desde 2002 hasta 2009 se contabilizan 11.975 mujeres asesinadas, 864 de ellos por parte de actores armados. Si a estas cifras le añadimos los datos aportados por el Informe de la Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias sobre la implementación de la Ley 1257/2008 y su estado actual de cumplimiento, llegaríamos a la cifra de 14.630 mujeres asesinadas.


Según las cifras aportadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante los primeros cinco meses de este año ya ha habido 500 casos de mujeres asesinadas. Supone un leve descenso respecto al mismo periodo del año anterior (512 casos), aunque no es significativo. El departamento que más feminicidios y asesinatos de mujeres aporta es Antioquia (80 mujeres en los cinco primeros meses de 2012), seguido del Valle (72 casos según la Policía). Cali por su parte sí ha mostrado un fuerte descenso con respecto al año anterior: de 40 casos en los cinco primeros meses de 2011 se ha bajado a 29 este año. En Buenaventura ha habido una denuncia por parte de organizaciones de defensoras de mujeres, que señalan la existencia de feminicidios por parte tanto de parejas de las víctimas como de grupos armados ilegales.

Según el Informe de la Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias sobre la implementación de la Ley 1257/2008 y su estado actual de cumplimiento, en Colombia durante el año 2010 fueron asesinadas 1.444 mujeres y 16.015 hombres para un total de 17.469 casos registrados (Instituto Nacional de Medicina Legal). Pese a que en el 21,61% de los casos las mujeres eran amas de casa, el IMNL no considera la relación de subordinación de las mujeres al ámbito doméstico o familiar como un factor de riesgo. La violencia ejercida por los hombres en el ámbito doméstico es la principal causa de asesinatos de mujeres en Colombia, con un 11,7% de los casos; sin embargo, en 65% de esos asesinatos no se conocen las circunstancias en los que éstos se produjeron, lo que demuestra un claro desinterés por parte de las instituciones del Estado en este tipo de violencia que se ceba con las mujeres.

La marca de la impunidad

De todos los casos de asesinatos de mujeres ocurridos en 2010 se conoce que en 125 de ellos (8,66%) el victimario fue la pareja o expareja de la víctima (serían los casos reconocidos “oficialmente” como feminicidios); en 79 casos (5,47%) el victimario fue un miembro de la fuerza pública; en 43 casos (2,98%) el victimario fue otro familiar de la víctima: en 332 casos (22,9%) el agresor es desconocido y en el 53,8% de los casos (777 asesinatos de mujeres) no se tiene información acerca de él, por lo que podemos inferir que existiría un 70% de impunidad en los casos de feminicidios y asesinatos de mujeres en Colombia.

En 2010 se denunciaron 69.713 casos de violencia doméstica contra mujeres en Colombia, una media de una denuncia cada ocho horas. Obviamente la cifra de casos de maltrato sería mayor, dado que aún debe haber una gran cantidad de casos que no se denuncien, sobre todo en contextos rurales y de conflicto armado.
Por su parte, en 2011 hubo 1.215 mujeres asesinadas en Colombia. El 73% de los casos clasificados como violencia doméstica fueron feminicidios íntimos (cometidos por parejas o exparejas de las víctimas).

Ley 1257/2008

La Ley 1257 de 2008 estipula causal de agravamiento los feminicidios y obliga al Estado y a los estamentos judiciales a tratar de forma diferente un caso de muerte de una mujer al de un hombre. Sin embargo, según asegura la Red Nacional de Mujeres, hasta 2011 no se consiguió que se aplicara esta causal de agravamiento en ninguno de los casos de feminicidios.

Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley no ha mejorado la situación en cuanto a investigación de feminicidios y condenas a victimarios. Las autoridades sólo han reportado la existencia de ocho investigaciones por feminicidio, pese a que el INML presentó 125 casos en 2010.

Caso rosa elvira cely

El pasado 24 de mayo Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años, fue violada, torturada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá. La mujer sobrevivió al ataque cuatro días, donde agonizó en el hospital hasta morir. Pudo confesar quién había sido el culpable de tan brutal asesinato: Javier Velasco, un hombre que ya había matado a una mujer de 22 puñaladas y sobre el que recaía una denuncia por agresión sexual a sus propias hijas.

El crimen tuvo repercusión nacional e internacional pero no es el primer caso de empalamiento que ocurre en Colombia.

En zonas rurales en las que se convive a diario con el conflicto armado, esta forma de tortura medieval y asesinato es frecuente. Conocemos el caso sucedido el 22 de junio de 2011 en Cali. Jenifer Quiceno Guzmán, cuya pareja pertenecía a la banda “Los Urabeños” fue asesinada después de que el hombre conociera que meses antes había tenido relaciones con un hombre de una banda rival. Ocho hombres la golpearon, le sacaron las prótesis de sus pechos, la empalaron, la degollaron y descuartizaron.

Mucho antes de este feminicidio, en el año 2000, Neivis Arrieta, una joven de 18 y embarazada, fue también empalada por los paramilitares en una aldea del Departamento de Bolívar. De nuevo el hecho de tener una relación sentimental con un hombre “enemigo” fue el motivo para asesinar brutalmente a una mujer.

Varios de los paramilitares que participaron en el asesinato de Neivis reconocieron los hechos, si bien enmarcaron el feminicidio en una emboscada de las FARC. Se asesinó al jefe paramilitar y cuatro mujeres fueron empaladas.

El caso de Neivis Arrieta ha protagonizado numerosos informes nacionales e internacionales de violencia contra las mujeres y en 2008 incluso la Corte Constitucional pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Pero muchos de los casos permanecen invisibilizados, solo presentes en la memoria colectiva de las comunidades que vieron semejantes brutalidades, como cuenta una trabajadora social desplazada: “Una vez, a una de ellas la empalaron porque supuestamente le había sido infiel a su esposo. Y la colgaron con un letrero que decía: esto le pasa a las perras que son infieles”.


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