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domingo, 29 de julio de 2012

La religión, un medio para justificar el asesinato de las mujeres


Por: Elsa Sardina Vejo.

Las mujeres son controladas -su sexualidad, su cuerpo, sus actos y la manera en que se relaciona con el mundo- en todas las sociedades por igual.

La religión ha sido uno de los argumentos más utilizados para explicar esta problemática. Normalmente se suele recurrir a estas prácticas para entender porqué se llevan ejerciendo históricamente acciones violentas contra las mujeres.

Sin embargo, desde la ONG Women’s Link Worldwide creen que es un "verdadero error". "La religión simplemente es un medio para justificar no sólo la violencia contra las mujeres, sino también una grandísima estructura de poder", advierte a ESTRELLA DIGITAL Glenys De Jesús, abogada senior de la organización, que cree que la religión es utilitaria, y en definitiva una trampa peligrosa para evitar hablar del problema de base: la construcción patriarcal de la sociedad. "Las mujeres son objetos propiedad de los hombres que tienen derechos sobre ellas para su uso, abuso y disfrute", explica De Jesús, que insiste en que el argumento religioso es engañoso porque hace que uno pierda de vista que el verdadero problema "va mucho más allá de ser musulmana, católica o cristiana evangélica". No debemos de olvidar, recuerda la abogada de Women’s Link Worldwide, que las mujeres son controladas -su sexualidad, su cuerpo, sus actos y la manera en que se relaciona con el mundo- en todas las sociedades por igual.

El mundo continúa estando dominado por los hombres. Y parece ser que cualquier acción que ponga en riesgo el statu quo será castigada. Según explica Glenys De Jesús, lo que recientemente acabamos de presenciar en Afganistán no es una práctica exclusiva de la sociedad afgana, ni tampoco de la religión musulmana. "Por ejemplo, hasta hace muy poco, muchos de los códigos penales de América Latina, eximían de entrar en prisión al marido que encontraba a su mujer teniendo relaciones sexuales con otro hombre y en el furor de los celos la mataba".

Indiscutiblemente es una pandemia global, tal y como advierte la ONU. Y el problema no es que las mujeres no estén seguras practicando su religión –"la cual adoptan autónomamente", dice De Jesús-, sino que no están protegidas por la política y la legalidad de la sociedad en su conjunto, en su mayoría controlada por los hombres. "Flaco favor hacemos a las mujeres que practican creencias religiosas cuando comenzamos a atacar su religión", dice la abogada de Women’s Link, que insiste en que si para explicar este problema colocamos enfrente la religión, que es un asunto de fe, no tendremos espacio para la discusión.

Según Glenys De Jesús, el motivo es no considerar que las mujeres son seres humanos y sujetos de derecho. "El problema es que en la estructura de todas las sociedades, y en algunas de manera más grotesca que en otras, las mujeres no son valoradas como seres humanos. Las mujeres son consideradas como un objeto: como un caballo, una gallina o un coche", explica la abogada de Women’s Link, que cree que ver a las mujeres "como objetos" es la explicación más apropiada para entender el verdadero origen de este tipo de violencia. Tal y como explica la responsable del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, María José Bueno, hombres y mujeres somos socializados de manera diferente desde que nacemos. Momento en el que empezamos a recibir mensajes sobre lo que se espera de nosotros por ser hombres o mujeres, que interiorizamos desde la infancia y que nos llegan a través de instituciones tan poderosas como la familia, la escuela, los medios de comunicación y, por supuesto, las religiones.

Al igual que Glenys De Jesús, Bueno cree que la religión no es más que un medio para justificar la estructura de poder imperante. Aunque en su caso sí cree que es un elemento realmente importante, puesto que las religiones se sustentan en una "ideología patriarcal que da un papel secundario a las mujeres y subordinado al del varón". Eso sí -advierten desde la Federación de Mujeres Progresistas-, esta influencia no es exclusiva en las mujeres musulmanas, ya que la religión católica, que practican muchas mujeres españolas, contiene igualmente los aspectos de discriminación citados anteriormente.

Un argumento muy en la línea de lo planteado por Women’s Link. "Un señor mata a su mujer porque ella es un objeto bajo su propiedad. El paterfamilia tiene el derecho de vida o muerte sobre todos los miembros de su familia. Esta es la verdadera razón. Y la justificación no sólo del último crimen atroz cometido en Afganistán hace unas semanas, sino también de que hace unas décadas las mujeres no pudieran en España abrirse una cuenta o salir del país sin autorización del marido", concluye De Jesús.



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Una cumbre mundial sin América Latina

Por: Florence Thomas 

Londres es hoy capital de los Juegos Olímpicos. Es lo que todo el mundo sabe en este mes de julio. Lo que poca gente sabe es que a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), la Fundación Bill y Melinda Gates, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otros asociados, organizó una cumbre internacional sin precedentes sobre planificación familiar, que sigue siendo uno de los programas más eficientes en el mundo para la reducción de pobreza y fortalecimiento de las comunidades, cuando se sabe hoy que reducir el número de hijos por familia permite aumentar el nivel educativo de estos y, consecuentemente, acrecentar su bienestar. Los anticonceptivos siguen siendo una de las mejores inversiones que un país puede hacer en su futuro. Sin embargo, seguimos teniendo la cifra espeluznante de 200 millones de mujeres en el mundo que no utilizan anticoncepción, bien sea por pobreza, bien sea por falta de educación; mujeres que, al mismo tiempo, expresan que no quieren tener más hijos en los dos años siguientes al parto que acaban de tener. El viejo sueño de que cada mujer pueda elegir cuándo tener hijos y cuántos hijos quiere tener sigue estando en el orden del día. Incluso, añadiría -por supuesto, no sé si se discutió ese tema en Londres- que el viejo sueño es también hoy día reconocer la legitimidad de decidir no tener hijos en un mundo que no logra alimentar a todos. Lo que sorprende es que América Latina fue totalmente marginada de esta cumbre. La invitación era solo para Asia y África. Con excepción de Colombia, que logró asistir y expresarse gracias a la presencia de Profamilia, ningún país de América Latina estuvo presente. Y cuando uno se pregunta el porqué de esta marginación, incluso de Colombia, la respuesta es que el nuestro es hoy día un país de renta media alta (significa un promedio de 9.000 dólares anuales per cápita, que nos ubica en el rango 109 de 226 países). Mejor dicho, ya hacemos parte de los países medianamente ricos y, sin embargo, según el Banco Mundial, Colombia es el país más desigual en el grupo de las economías emergentes y tiene el segundo nivel de desigualdad más alto en América Latina y el Caribe, después de Bolivia. Es en este sentido en el que los promedios expresados numéricamente, tal vez útiles para comparaciones globales entre países, son datos perversos, pues ocultan otras realidades. Por ejemplo, el promedio nacional de adolescentes embarazadas es de 19,5 por ciento, pero en la Orinoquia y la Amazonia asciende a 28,1 por ciento; y entre el 2005 y el 2010, tal promedio en el departamento de La Guajira pasó de 15,4 a 25,8 por ciento.

No es casualidad que el mayor número de adolescentes que ya son madres vivan en las zonas con los menores niveles de escolaridad y con los índices más altos de pobreza, y uno se podría preguntar por qué se perdió la vigencia de este tema, relativo a la anticoncepción, y por qué un país atravesado por un conflicto armado, que vulnera todos los derechos de las mujeres y muy particularmente los derechos sexuales y reproductivos, no hace parte de las preocupaciones de una cumbre mundial sobre la anticoncepción y la planificación familiar. Conociendo la lista de donantes que asistieron a esta cumbre mundial, una lista inmensa de gobiernos, organismos y agencias internacionales, grandes empresas multinacionales y laboratorios farmacéuticos, entre otros, nos parece sumamente preocupante que Colombia no haya sido un país invitado oficialmente y que sea solo gracias a Profamilia como podremos saber y conocer algunas de las conclusiones de tal cumbre.

* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad


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Nosotras sí podemos, testimonios del feminicidio que crece al amparo de la impunidad


Por Jineth Bedoya

Dos personas me abordaron en la puerta de la cárcel y frente a una patrulla de la Policía me secuestraron. La mujer que me habló primero fumaba un cigarrillo y el humo me dejó mareada; el otro sujeto, el hombre alto que hizo y deshizo conmigo... Nosotras sí podemos-

Las cifras de crimen y maltrato son aterradoras. Oficialmente hay más de 1.200 homicidios de mujeres y 16.000 exámenes por delitos sexuales. Solo este año se han practicado 5.385 exámenes a menores de edad. En esta revista estamos comprometidos con extirpar este cáncer, pero para hacerlo es necesario dejarlo en evidencia. Toda esta edición presenta cifras y testimonios del horror.

La periodista Jineth Bedoya compartió con nosotros su terrible experiencia y Paola Turbay nos mostró la forma ideal en la que debemos ver a todas las mujeres: como superheroínas.

El pasado 3 de junio, después de 12 años y 9 días, volví a sentirme desnuda y humillada, tal cual lo padecí el 25 de mayo de 2000, luego de ser víctima de una brutal agresión.

Es difícil hablar, y más escribir, de algo tan íntimo y que hace tanto daño. Esa mañana del 3 de junio mi madre y yo teníamos un compromiso con Rosa Elvira Cely y con nuestro pasado. Por eso, tras ubicar -gracias a la Policía- el lugar exacto donde fue atacada, y en un ritual silencioso y extremadamente humano al que nos acompañaron otras mujeres, vaciamos una bolsa llena de pétalos debajo del árbol donde la hallaron moribunda.

Así quedé yo doce años atrás: ultrajada y abandonada a mi suerte; por eso sé perfectamente qué sintió Rosa Elvira. Yo sé de su impotencia y su dolor físico, pero también sé de cómo murió su alma. Yo sé cómo se aferró a la vida para soportar uno y otro golpe y cómo se sintió el ser más sucio, despreciado e indefenso.

Yo sé cómo gritó y maldijo mil veces al malnacido que la violó.

Mientras extendía los pétalos en ese húmedo suelo del Parque Nacional me vi ahí, despojada de todo. Yo logré burlar el llamado de la muerte, Rosa Elvira no. Y mientras recogía mis propios pasos debajo de ese árbol, abrazaba a la valiente madre que tengo y que es una de las miles de madres de este país que han llevado en silencio y con dolor el padecimiento de sus hijas; comprendí una vez más que sobreviví no solo para contar la pesadilla. Ahora hay que trabajar por la no repetición, por la verdad y la justicia de otras.

Mi historia empezó en la sala de redacción del periódico El Espectador, cuando era una joven reportera que investigaba una seguidilla de actos de corrupción. El trabajo, que parecía fácil, terminó con una de las peores agresiones que puede sufrir una mujer. Estaba tras la pista de una red de traficantes de armas que funcionaba en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Le había dedicado muchos meses a las entrevistas, a las indagaciones sobre los implicados y la "osadía" ya me había costado, un año atrás, un atentado en el que casi muere mi madre. Pero cuando uno lleva el periodismo tatuado en el alma es imposible desligarse de la realidad y del país, y más si este es Colombia.

Luego de una masacre en la cárcel, en abril de 2000, publiqué varios artículos en los que hablaba sobre lo que se vivía en los pasillos de la prisión y de los negocios ilegales que se levantaron detrás de las rejas.

Las amenazas no se hicieron esperar y los paramilitares, argumentando un derecho a dar su versión sobre lo ocurrido, me citaron para una entrevista. Así llegó el 25 de mayo y mi encuentro con el horror. Un jefe "para", conocido como "el Panadero" (responsable de varias masacres en Barrancabermeja), fue quien pactó el encuentro la noche anterior por medio de su jefe de seguridad.

Todo parecía muy fácil, solo hacer la entrevista en la dirección de la cárcel y ya. Por cosas del destino y de la suerte, mi jefe en ese momento (hoy es el editor general de El Espectador) decidió acompañarme para que todo saliera bien. Solo que no contábamos con la milimétrica acción criminal, que unos poderosos, en los que también había integrantes de la Fuerza Pública, habían planeado para deshacerse de "la periodista incómoda".

Mientras esperaba la boleta de entrada a la prisión y en un lapso de cinco minutos en los que mi compañero me dejó sola, mientras iba por el fotógrafo para la supuesta entrevista, dos personas me abordaron en la puerta de la cárcel y frente a una patrulla de la Policía me secuestraron. La mujer que me habló primero fumaba un cigarrillo y el humo, que cayó en mi cara, me dejó mareada; en cuestión de segundos el otro sujeto, el hombre alto, moreno que hizo y deshizo conmigo horas más tarde, me tenía agarrada por la cintura y con el cañón de una pistola tallándome las costillas.

"Mire para el piso hijueputa, o mato a su amigo", me advertía, mientras yo hacía esfuerzos fallidos por soltarme. Luego entramos a una bodega donde esperaban otros dos hombres que ayudaron a amarrarme y vendarme los ojos. Hasta ese momento, en mi ingenuo análisis de la situación, tal vez como lo hacemos todas las mujeres que vamos a ser violentadas, no cabía en mi intuición la más mínima probabilidad de un abuso.

Empezaron mis preguntas de por qué estaba ahí, quién los había enviado, qué querían... y así mismo empecé a recibir respuestas. La primera fue una bofetada seguida de un "callate perra".

El paso siguiente de mi pesadilla es en la parte trasera de una camioneta, en donde me subieron para luego empezar un viaje, que para ese momento yo creía que no tendría retorno. Quedé en una especie de trance acompañado de unas apremiantes ganas de vomitar, y cuando pedí que se detuvieran para poder hacerlo, efectivamente pararon pero no para auxiliarme. El moreno que me había abordado en la puerta de la cárcel se pasó a la silla de atrás y sin compasión me selló la boca con una cinta aislante, luego vi su zapatilla estrellarse una y otra vez contra mi cara. Para completar su faena de hombría cargó también, una y otra vez, la pistola nueve milímetros en mi cabeza, como si ya la fuera a accionar... era como una muerte lenta y angustiante. Pero la máxima expresión de su "hombría" aún no había llegado al límite, y rato después, cuando la camioneta paró nuevamente (al parecer en una finca donde había otros hombres vestidos de camuflado y con los rostros cubiertos), vino la sentencia.

"Mírame bien la cara, mírame la cara hijueputa porque no se te va a olvidar", me enfatizó mientras me agarraba del cabello. Lo que pasó después hace parte de esa misma escena que vivió Rosa Elvira y que viven a diario muchas mujeres: me arrancó la ropa, me golpeó y me violó. Esta noche, escribiendo estas líneas, siento en mis hombros y mis brazos el peso que sentía ese día intentando alejarlo de mí..., llegan las mismas lágrimas que no se secan por más que quiera.

Pero para ellos no era suficiente y decidieron animar a otros para que hicieran lo mismo, como quien participa en un juego masivo. Dos hombres más repitieron su brutalidad contra mí. Para ese momento mi cuerpo ya tenía múltiples hematomas y ellos habían gozado amenazándome con sacarme los ojos con un destornillador. Todos se alejaron satisfechos y enviaron a uno de sus perros a "que se comiera lo que había quedado". Sus colmillos estuvieron a punto de clavarse en mis pómulos. Yo solo cerré los ojos y empecé a prepararme para mi encuentro con la muerte, sin fuerzas ni ganas de nada, con el dolor de no haberme despedido de mi mamá, de no haber estrechado la mano de unos cuantos amigos, de irme así, tan miserable y sola como estaba en ese momento.

Los hombres volvieron a la camioneta, la encendieron y nos fuimos. En el trayecto, inexplicablemente, luego de recibir una llamada, el sujeto que iba al volante me anunció que "el paseo había terminado". Me encomendé a Dios y esperé el disparo, pero a cambio me botaron a un despoblado y se fueron. Estaba desnuda, amarrada, sin poder hablar, sin poder moverme, sin querer vivir. Pero en una última fuerza que me salió del alma, como pude me arrodillé y un taxista, que por poco sigue de largo, se bajó de su carro, me recogió y me llevó a un puesto de Policía en Villavicencio. Ahí terminó el primer capítulo de esta pesadilla.

Jorge Cardona, quien era mi jefe, no evitó el secuestro, pero sí me salvó la vida porque gracias a su persistencia la Fiscalía ubicó la señal de mi celular e inició un operativo para buscarme. Tal vez por eso me dejaron abandonada, pero el daño estaba hecho y mi vida dio un giro de 180 grados. Los días siguientes pensé repetidamente en la muerte y solo el periodismo, como lo he repetido una y otra vez, me dio la fortaleza y los motivos suficientes para desistir del suicidio. Pero el siguiente ciclo es otra pesadilla: pensar en un posible embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, la vergüenza del qué dirán, el llanto constante y la introspección total. Decidí olvidarme públicamente de lo ocurrido, retomé mi trabajo de reportera, dejé en el baúl de los recuerdos mi papel de víctima y desde el 10 de junio de 2000, cuando regresé a mi escritorio, no he parado un solo día.

Pasó mucho tiempo para volver a tolerar cosas, olores, imágenes...; otro más para reencontrarme con mi sexualidad, pero sobre todo con mis temores. Volví a confiar y a amar y tenía una relación sentimental ideal, pero los cuentos de hadas solo existen en los libros y más para las mujeres que llevamos a cuestas una cruz tan grande como la de la violencia.

Desde septiembre del año pasado he tenido que retornar una y otra vez a ese 25 de mayo, gracias a la valentía de una fiscal que desempolvó mi caso para sacarlo de la impunidad.

Me vi cara a cara con "el Panadero" y por fin pude hacer la entrevista que se congeló esa mañana por más de una década. Tuve que escuchar de boca de uno de mis victimarios, en una audiencia de Justicia y Paz, cómo me iba a matar y por qué. Lo que viene es tal vez más doloroso, porque la verdad ha sido peor que el mismo secuestro, que la misma tortura, que las propias violaciones.

Las cicatrices de mi cuerpo y de mi alma me recuerdan todos los días que ya no debo luchar solo por mí y que detrás de mi rostro público hay miles de mujeres golpeadas, abusadas, discriminadas y con miedo, a las que hay que empoderar y apoyar.

Este caso y los otros no son un tema exclusivo de mujeres. Con nuestra denuncia no queremos aislarnos y odiar y condenar a todos los hombres. Por el contrario. Hoy en día son hombres los que han aparecido en mi vida como ángeles de la guarda: Jorge Cardona y los otros que me salvaron la vida hace 12 años; Roberto y Andrés, mis jefes que le dan alas a mi trabajo sin condiciones; Pedro, mi abogado, que se está jugando el todo por encontrar la verdad y llegar a la justicia; Alejandro, el director de la Ong Oxfam que me mostró el camino y las razones para hacer público mi caso; y Andrés Morales, el amigo incondicional que no ahorra esfuerzos para secar mis lágrimas y darme el abrazo oportuno. Ellos me demuestran todos los días que son más los hombres buenos. Que mientras unos golpean y violentan, otros enaltecen y dignifican.

La voz de Rosa Elvira se apagó y nos queda la valentía con la que luchó por largas horas por un soplo de oxígeno. La mía sigue viva y ella no me perdonaría que no la haga escuchar.



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viernes, 20 de julio de 2012

Observatorio de Mujeres Indígenas Contra la Violencia Mujeres Indígenas y Violencia en México Informe Alternativo Presentado en el 52 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer


 
Informe presentado por: CIARENA, A.C. Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Foro Internacional de Mujeres Indígenas-FIMI

1. Introducción

“La violencia contra las mujeres y niñas indígenas es común en América Latina, y sólo en algunos países se realizan averiguaciones judiciales para investigar las denuncias, numerosos son los actos de violencia cometidos por parte de autoridades locales, cuerpos de seguridad, unidades militares, grupos de vigilancia, fuerzas paramilitares y grupos armados. Toda forma de violencia contra mujeres (incluyendo la física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, en la vida pública o privada) es una violación a sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres se origina y se reproduce a causa de una construcción social y cultural; como tal, es una forma de discriminación que impide, limita y obstaculiza a las mujeres el ejercicio de sus derechos.”1

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada y aprobada por la Asamblea General en el 2007, reconoce el ejercicio pleno de derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, basado en los principios de justicia, igualdad, democracia, la no discriminación, respeto de los derechos humanos y buena fe. La Declaración es considerada histórica dado los profundos cambios que se puedan generar –procedimientos, mecanismos, análisis, conceptos, actitudes y hábitos- que serán necesarios para su aplicación. Con la Adopción de la Declaración no solo se establecen metas y desafíos para pueblos indígenas sino también para los gobiernos.

2. Violencia militar contra mujeres indígenas

En la segunda mitad del siglo XX a la fecha encontramos que la población civil es el principal sujeto de ataque durante la ocupación militar. Esta población civil a la que nos referimos está conformada mayoritariamente por mujeres, niñas y niños y ancianos, ya que muchos hombres son movilizados por grupos armados o huyen para escapar del reclutamiento militar o situaciones de violencia o bien migran por diferentes situaciones tales como el mejoramiento económico, o despojo de sus territorios, o bien sufren desplazamientos forzados por recursos naturales o bien por los proyectos de desarrollo que son representados por los megaproyectos.

A este proceso de militarización le acompaña acoso sexual, violaciones sexuales, prostitución forzada y servidumbre obligatoria en los espacios donde se quedan los militares. Las mujeres indígenas son sometidas a la violencia sexual durante la época de conflictos en México desde el inicio de la colonización europea.

Uno de los principales objetivos de la ocupación militar en contra de las mujeres indígenas es neutralizar la oposición indígena para incautar sus tierras y territorios, también es una estrategia militar para desmoralizar y debilitar a los pueblos indígenas como una estrategia de terror y desestructurar su composición étnica territorial y que la violación sexual sea tomada como una arma de guerra.

La guerra contra el terror como un pretexto para la militarización, frecuentemente es acompañada de abusos de los derechos humanos por militares en particular la violación y el abuso sexual y por último la preocupación por el alistamiento podía parecer voluntario, los jóvenes que viven en la pobreza podrían considerar el servicio militar como única opción para ganarse la vida, bajo esta perspectiva muchos representantes de pueblos indígenas señalan que se ven violados los derechos a: la libre determinación, la falta de reconocimiento a los derechos humanos tanto en lo individual como en lo colectivo, el derecho a su tierra y territorio, al derecho al medio ambiente, perdida de sus recursos naturales, la discriminación y violencia a la exclusión y marginación.

Desde el 4 de junio de 1994 militares violaron a tres mujeres tzeltales y en julio la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) “rechaza enérgicamente las falsas imputaciones” en un boletín de prensa. A 17 años de los acontecimientos cerca de Altamirano, Chipas, las entonces jóvenes de 12, 15, y 17 años de edad, Beatriz, Ana y Cecilia González Pérez, siguen en espera de respuesta por parte de las autoridades judiciales civiles, dice la abogada Figueroa.

El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Rámirez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixcac de Álvarez, Guerrero, denunciaron haber sido violadas por varios soldados.2

En 1997, la Liga mexicana de Derechos Humanos (LIMEDDH) Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha, el caso no prospero por intimidación de la CEDH, quien advirtió que tendrían que demostrar los hechos de lo contrario irían a la cárcel.

El 21 de abril de 1999, Victoria Vázquez Sánchez, de 50 años, y francisca santos Pablo de 33 años del Barrio Nuevo de san Jóse, Tlacoachixtlahuaca, guerrero, fueron interceptadas y violadas en casa abandonadas.

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, fue agredida sexualmente por 8 soldados del 41 Batallón de infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero. El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Inés Fernández Ortega de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.

El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia el Municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres. Como en todos los casos denunciados, la justicia militar será quien juzgue a los soldados.

En Tetlalzingo municipio Soledad Atzompa Veracruz el 25 de febrero de 2007, la Sra. Ernestina Ascencio Rosario de 73 años fue violada por entre cuatro y 11 miembros del 63° Batallón de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero, Veracruz. La Sra. Rosario fue hallada aún con vida por sus familiares y les relató lo ocurrido. Según el testimonio de la víctima: “los militares se le vinieron encima”. Más tarde, debido a su crítico estado de salud fue trasladada al hospital regional de Río Blanco, en donde ella murió el 26 de febrero.3

Todos estos casos no han sido resueltos favorablemente excepto el caso de Inés y Valentina que llegaron a la Corte Interamericana y que dieron recomendaciones al Estado Mexicano, por otro lado en el Sexto encuentro Continental las mujeres indígenas de 2011 se presento preocupación por la constante militarización que ha aumentado la violencia de Estado, sobre todo en la impunidad en casos de violencia sexual y feminicidio, así como la impunidad de daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico y conflictos étnicos generados por los partidos políticos, creando desplazamientos forzados como el caso de San Juan Copala, Oaxaca.4

Caso OAXACA

3. Introducción

La información presentada en este documento forma parte del proyecto titulado Observatorio de Mujeres Indígenas contra la violencia: diagnóstico participativo en México efectuado por Mujeres Indígenas de Oaxaca México y ejecutado por CIARENA, A.C. y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Foro Internacional de Mujeres Indígenas-FIMI con el apoyo financiero de ONU Mujeres. El diagnóstico fue realizado a través de foros participativos en el mes de marzo del 2012 en las comunidades de Paso del Águila y San José Río Manso y también participaron San Juan Jaltepec y Montenegro. En estos eventos participaron autoridades, mujeres, niñas, niños y hombres pertenecientes a los pueblos zapotecos, chinantecos y mixes.

4. Contexto histórico: El Bajo Mixe y Chinantla Baja.

La región conocida como el bajo mixe comprende diversos pueblos mixes, zapotecos y chinantecos, entre otros. Lo conforman cinco municipios: San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón, Santiago Yaveo, San Juan Lalana y Santiago Jocotepec, así como 124 comunidades.

En la década de los 60´s y 70´s fue una zona de alta productividad por su riqueza biológica, calidad de su suelo, ríos y arroyos, bosques y selvas. La actividad productiva más importante fue el cultivo de café. En esta época se introdujo a la región la ganadería extensiva del ganado vacuno y sólo quiénes tenían mayor poder económico acaparaban grandes extensiones de tierra.

Históricamente, todos los pueblos han defendido sus tierras de diversas maneras, muchas veces perdiendo su vida. Las autoridades de bienes comunales han sido encarcelados y encarceladas; las mujeres, niñas y niños han vivido las violencias en diferentes formas y matices incluidas las perpetuadas por el mismo Estado mexicano.

Ninguna muerte ni violación a los derechos humanos de las mujeres y los hombres han sido solucionadas. Muchos pueblos, como es el caso de San Juan Jaltepec, pueblo zapoteco y Paso del Águila pueblo mixe, han peregrinado por todas las dependencias de gobierno desde los años 60’s y 70’s para solucionar sus conflictos agrarios. Cada cambio de gobierno tienen que actualizar los expedientes, mientras tanto, las tierras siguen siendo invadidas, alambradas y utilizadas. El gobierno mexicano tiene acuerdos con los grupos de poder de la región, por lo tanto a pesar de que los pueblos cuentan con documentos que amparan sus tierras éstas no son devueltas y siguen lucrando por ellas.

En la región ya no existe la producción de café, tampoco la de barbasco, sólo la actividad ganadera persiste, aunque en algunos de los potreros ya se ven cultivos de plantas para la producción de biocombustibles, eucalipto y demás monocultivos como el limón. Las actividades actuales del campo no cubren las necesidades básicas de subsistencia, como lo es la alimentación; se están implementando cultivos que no brindan seguridad alimentaria y por lo tanto, los granos básicos son más caros.

Ante estas situaciones las mujeres indígenas siempre son las más perjudicadas, a pesar de las luchas por el sustento diario, por la salud de los hijos e hijas, por la defensa del territorio; paradójicamente, de los 3.5 millones de ejidatarios y comuneros del país sólo 19.9% son mujeres (Secretaría de la Reforma Agraria, 2007), es decir de cada 10 hombres sólo dos mujeres tienen acceso a la tierra.

5. Comunidades abordadas, breve acercamiento

Oaxaca, México está ubicado al Sur del país, es una de las 32 entidades federativas que a diferencia del resto del los Estados, cuenta con la cifra más alta en número de municipios; 570, los reconocidos oficialmente; y si se le anexa San Juan Copala declarado municipio autónomo, se hablaría de 571 municipios en la entidad oaxaqueña.

Es el único Estado que reconoce el nombramiento de autoridades municipales mediante el sistema de usos y costumbres, es decir un procedimiento electoral propio de las comunidades indígenas en el que no intervienen, o no deberían de intervenir los sistemas de partidos políticos durante la elección de autoridades comunitarias5.

De esa manera cada comunidad y municipio indígena nombra a sus autoridades, lo cual no siempre se dan en condiciones libres de tensiones, amenazas y exclusiones, en especial referente a la participación de las mujeres indígenas en esos espacios.

Finalmente, esas autoridades son las que están al frente de sus comunidades distribuidas a lo largo y ancho de las regiones oaxaqueñas constituidas por 16 grupos etno lingüísticos entre los cuales se encuentran los amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, ikoots, ixcateco, mazateco, ayuujk, ñu savi, náhuatl, triqui, zapoteco, zoque y el popoloca.

Municipio de San Juan Lalana

San Juan Lalana se encuentra ubicado en el extremo Noreste del estado de Oaxaca a 17°28´ latitud Norte y 95°53´ longitud Oeste a 480 msnm en la región de la Chinantla baja. El lomerío y bosque tropical de la Chinantla alta sobrepasan los 2,000 msnm. Los chinantecos colindan con los cuicatecos, mazatecos, zapotecas y con el Estado de Veracruz.

La comunidad de Paso del Águila, tiene 688 habitantes, 323 corresponden a hombres y 365 a mujeres, catalogada como una comunidad de alta marginación. En la comunidad, hay un total de 151 viviendas; 12 de estas viviendas cuentan con una sola habitación; 143 tienen instalaciones sanitarias y 138 eléctricas (CONAPO, 2005). De la población total, 229 cuentan con una escolaridad incompleta; 63 tienen la primaria completa y sólo 18 con una educación post-básica. El promedio de años escolares es de 4 (CONEVAL, 2010).

Por su parte, San José Rio Manso cuenta con una población de 1,783 habitantes, 841 son hombres y 942 mujeres (INEGI, 2005) y se ubica al Noroeste del Estado de Oaxaca entre las coordenadas 95°52’45’’ de longitud y 17°40’10’ de latitud (INEGI, 2000). La comunidad tiene una conformación multi e intercultural, conviven en una zona indígena que alberga a etnias zapotecas, mixes y chinantecas en su mayoría.

Esta comunidad se encuentra en alto grado de rezago social, sus ingresos económicos provienen principalmente de la agricultura y el trabajo de peonas y peones en rancherías cercanas a la comunidad. Según la CONEVAL (2010) el 92.2% de la población que integra el municipio de San Juan Lalana se encuentra en situación de pobreza con un 66.5 % de su población en pobreza extrema. La población cuenta con clínicas sin personal preparado, la prevención y atención de la demanda sigue siendo una constante aún no resuelta, sólo el 61.3% de la población a nivel municipal tiene acceso a los servicios de salud; no proporciona a la población, información adecuada con respecto a los derechos de salud, en especial concernientes a los derechos sexuales y reproductivos. El servicio en educación en San Juan Lalana arroja que el 23.8% de la población mayor a 15 años es analfabeta y el 10.8% entre 6 y 14 años no asisten a la escuela (CONAPO, 2005).

Municipio de Santiago Yaveo

Según un informe de la CONEVAL (2010) de pobreza multidimensional del 2010, el municipio de Santiago Yaveo ubica a su población en un 91.2% en situación de pobreza y un 57.1% en pobreza extrema con un grado de rezago social alto. Los servicios públicos en la comunidad son deficientes, principalmente el servicio de salud el cual sólo el 36% de la población tiene acceso (CONEVAL, 2010), el servicio que se ofrece es de mala calidad, debido a que carece de personal médico y de los paquetes básicos de salud y de otros medicamentos que son demandados.

El servicio educativo en el Estado de Oaxaca se refleja en el nivel bajo de enseñanza, así como por las constantes inasistencias de los profesores, aunado a ello se tiene que el 30.5% de la población concerniente al municipio de Yaveo, de 15 años en adelante es analfabeta y el 7.2% de entre 6 a 14 años no asisten a la escuela.

No se cuenta con servicios de agua potable y drenaje, y sólo se administran mediante pozos rudimentarios que hay en la comunidad. En época de sequía, las mujeres tienen que desplazarse al río del pueblo que se encuentra ubicado a una hora de camino, el servicio de luz con el que cuenta es del tipo monofásica, es decir de muy mala calidad.

San Juan Jaltepec es un pueblo zapoteca y en menor proporción también lo integran mixes, cuenta con una población total de 1,862 habitantes de los cuales 1,118 son hombres y 540 mujeres (CONAPO, 2010). Su actividad económica principal es la agricultura a pequeña escala que tiene como fin primario el autoconsumo, aunque es el maíz el principal producto que se comercializa en las regiones y comunidades circunvecinas. Otras de las actividades para autoconsumo son la caza y pesca. 6

6. Metodología de recopilación de información.

La información presentada en este estudio ha sido compilada y sistematizada por las organizaciones de mujeres indígenas involucradas. La metodología de trabajo ha sido diseñada por los propios integrantes de las comunidades garantizando el consentimiento libre, previo e informado y la participación comunitaria en el Estudio.

En los Foros participativos se contó con un total de 82 participantes adultos de los cuales el 68% fueron mujeres con edades que oscilaron entre 16 y 72 años, 32% de los asistentes fueron hombres incluidas las autoridades locales con edades entre 20 y 76 años. Asimismo, se contó con la participación de un total de 50 niñas y niños, 50% de las asistentes fueron niñas con edades de 4 a 14 años y niños de 1 a 13 años. El promedio de edades de niñas y niños es de 8 y 10 años, siendo la edad promedio de mujeres adultas entre 25 y 35 años. La mayoría de las niñas y niños son de edad escolar básica, es decir primaria, en tanto las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y al campo, elaboran alimentos para vender como lo son las tortillas, tamales, pan, entre otras. Algunas trabajan para otras mujeres vendiendo lo que elaboran o bien haciendo quehaceres de limpieza. Las mujeres de estas comunidades carecen de ingresos económicos seguros, sólo existe un grupo de ellas que realiza una actividad económica y consiste en la venta del pan.

7. Manifestaciones de violencia contra mujeres indígenas

La violencia es un fenómeno social que afecta gravemente a toda la sociedad, con mayor efecto en las mujeres, niñas, niños y personas adultas; ha sido percibida y explicada desde varios ángulos que tienen como marco la violación a los derechos humanos. Aterrizar la violación de esos derechos en lenguajes cotidianos puede ser difícil cuando se normalizan los actos agraviantes hacia las personas, mujeres, niñas o niños; o cuando las instituciones vigilantes de esos derechos no cumplen con su papel imparcial durante el acceso a la justicia.

Históricamente los estados del Sur de México y las comunidades indígenas han resistido el racismo, discriminación, la violencia y el centralismo político. México vive actualmente uno de los peores momentos de violencia, perpetrado por la guerra contra el narcotráfico y por la impunidad. En este marco, las comunidades indígenas no están ajenas de un fenómeno de gran magnitud y hoy de frente a la experiencia de la violencia, ésta se vive y se entiende como “el maltrato, causante de dolor y tristeza que influye en el corazón y en la mente de las personas y el pueblo, es generadora de injusticia a nivel familiar, comunitario y por parte del Estado”.

a. Violencia al cuerpo-territorio

“Primero creo que es la pobreza y por último el abandono. Cuando una familia es pobre carece de muchas cosas. Cuando los hombres llegamos a la casa y la mujer pide lo que necesita y reclama, nace la violencia, por eso digo que la violencia en la familia es por la pobreza. También si soy padre irresponsable mi hija va ser maltratada y hasta puede morir si cae en manos de gente que tiene dinero –se refiere a un esposo o marido-.”7

La violencia no es ajena a las condiciones sociales, una de sus causas son la miseria, la pobreza y la injusticia, el desconocimiento de los derechos, ignorancia, el chisme y los rumores que ponen en peligro una relación. Esta violencia ejercida por la condición de género también es vivida mediante pleitos y discusiones; el arraigo del rol de la madre en la familia coloca a las mujeres en la obligación de mantener a la familia unida y soportar los maltratos, sin embargo, algunas son conscientes de ese maltrato, y buscan mecanismos de defensa legítima. Los trabajos que desempeñan en los hogares y en los campos son recursos que les otorgan derechos a defenderse porque el trabajo es parte de la integridad de las mujeres, porque aportan una cantidad significativa de trabajo en el campo, familia y en recursos económicos directos con la venta de sus cosechas.

“Si mi marido, me dice palabras agresivas, me da golpes, pega…nos falta valor, que bonito cuando la mujer no se deja, y uno se deja porque no puede o por cobardía o porque le gusta la mala vida. Mi papá estuvo muchos años en la cárcel pero mi mamá pudo sacarnos adelante, se puede. A veces uno vive con su marido por costumbre”8.

La violencia contra las mujeres se da desde un insulto o hasta en la forma en cómo los hombres exigen su comida cuando llegan borrachos, entonces continúan las discusiones y golpes físicos que paralizan a las víctimas, esto se transforma en un miedo infundado que hace a las mujeres soportar condiciones de vida violenta junto a la pareja. La parte contraria a ello es que hay mujeres que deciden diluir la relación a fin de buscar otras formas de vida junto con sus hijos como una manera más radical de afrontar la violencia. Se reconoce por tanto, que esas relaciones de agresión establecen de principio una relación de poder desigual de una persona o un grupo sobre otro. “La violencia viene de los que tienen cargo arriba” como los gobiernos o los esposos.

Otro de los problemas que agrava la violencia es el alcoholismo en los hombres, éste tiene su origen en la pobreza y en el machismo, a su vez crea una problemática que se refleja en los niños, ellos por lo regular reproducen ese maltrato en sus espacios de convivencia con otros niños y niñas.

b. Violencia institucional

Se parte de la premisa en que la violencia institucional, violenta el espacio del cuerpo-mente-sentimiento de las mujeres y de los hombres, también de los espacios territoriales demarcados de un pueblo que alberga a toda una comunidad de personas y una espiritualidad colectiva en relación a la tierra.

La defensa de la tierra, los recursos naturales y la experiencia de resistencia de las comunidades, ha colocado al cuerpo de seguridad estatal (háblese de policías y militares) como los primeros símbolos de la violencia en la comunidad. Agentes provenientes del exterior han provocado una serie conflictos internos y han generado mayores niveles de violencia.

“Si alguien se oponía venía la policía y llevaba preso a las compañeras, nunca estuvimos a gusto, nuestras madrecitas nunca tuvieron tierra. Nosotros ya estamos curtidos, así estamos. Trabajamos como mujeres, como se tiene miedo que se lleven a nuestro esposo, lo golpean, lo matan, otros aflojan su billete”.9

De ahí, que la resistencia indígena ha sido catalogada como un movimiento violento y desestabilizador nacional, dichas resistencias están por la defensa de los territorios indígenas. Éste es el resultado de una tensión que es generada por las trasnacionales y empresas grandes que intentan dividir al movimiento, para lograr concesiones de explotación desmedida de los recursos naturales existentes en las comunidades indígenas. Finalmente, el sistema económico capitalista es el principal impulsor de los conflictos de las comunidades indígenas, quien mediante los Estados, generan convenios para la invasión de los territorios indígenas por medio de maquinarias, aparatos de seguridad y la instauración del miedo.

“Hemos tenido muchos problemas por la agraria, por la tierra, han muerto muchos compañeros, los caciques lo han matado, nos han este, mortificado los policías que vinieron, pues hasta yo caí en la cárcel. No hay ayuda para nosotros pues, yo soy viuda, mataron a mi marido, y nunca el gobierno reconoce. El gobernador cuando mataron a los del 94 iba a agarrar delincuentes, nunca los agarró, hasta que salió. Nos vino a engañar aquí en nuestro pueblo, que ya estaba casi afuera, para que nos repartan nuestro terreno, que tenemos nuestro terreno de ser comunales, ya nos iba a repartir, hasta ahorita no ha habido solución al conflicto.”

“Nosotros nos arrimamos, lueguito vienen con las armas, pues si el dulce es de nosotros es la bala, y ya han matado a varios compañeros, pues vamos a decir que una fuerte masacre ha estado. Y las mujeres pagan las consecuencias, nosotros somos las que levantamos ese cadáver, no vienen los agentes del ministerio público, nosotros somos quienes levantamos. Si lo botan al monte, pues al monte lo vamos a levantar.”

c. Violencia comunitaria

Esta violencia se enmarca en un espacio comunitario perpetrado por los mismos habitantes. Mediante prácticas culturales de antaño y prácticas modernas destructivas se violentan los derechos de las mujeres en un marco comunitario- por técnicas de trabajo agrícola no amigables con la madre tierra, que violentan los espacios comunitarios en los que se encuentran parcelas, ríos, montes, aire, árboles entre otros. Las mujeres son las más afectadas debido a sus actividades domésticas y a las condiciones muchas veces inhóspitas de su entorno como son el acarreo de leña y agua, alimentación de la familia mediante la pesca, siembra y demás actividades.

Las prácticas relacionadas a la comercialización de los recursos naturales se vuelve en si mismas violentas, por ejemplo, la venta de la tierra misma. La violencia en las comunidades es vista y vivida de manera distinta.

Primero, rompe con el esquema y paradigma dominante de que la violación de los derechos humanos es ejercida sólo de una persona sobre la otra, en este caso, del hombre hacia la mujer, niñas y ancianas, en sí afecta a las mujeres. Esa violencia directa hacia las mujeres indígenas también está afectada por una violencia de Estado hacia las comunidades, ésta ha venido ejerciéndose a partir de la instauración del gobierno colonial, que obedece la lógica de dominación.

En esas dinámicas sociales de opresión, la violencia ha tomado rostro, ubicado en los gobiernos, en el sistema económico actual y en el machismo.

8. Acceso a la justicia.

La impartición de justicia a nivel del Estado mexicano viene plagada de inconsistencias e injusticias en los Ministerios Públicos, a nivel comunitario es el síndico quien resuelve los problemas en las comunidades, de ser efectivo y respetado, no habría necesidad de acudir a otras instancias externas a las comunidades. Esas normas internas en muchas ocasiones traen consigo diversos tipos de violencias. La discusión debe girar en torno a las debilidades de las normas internas pero sobre todo, el papel que las autoridades desempeñan en el mal funcionamiento de las normas, reglas y sanciones jurídicas.

Las propias comunidades, mujeres y hombres, deben iniciar un proceso de análisis y reflexión, para proponer y plantear el papel que deben jugar las autoridades y los actores de la comunidad en un ambiente comunitario. Por ejemplo, rescatar las normas comunitarias para que ayuden a solucionar y corregir los errores; sin embargo, se sabe que acudir a un ministerio público no es garantía de que el conflicto se solucione, por experiencia de las mujeres y hombres, la situación puede empeorar:

El síndico, autoridad comunitaria que tiene el rango de auxiliar del ministerio público, tiene la obligación de juzgar a los implicados en los casos, pero sucede que de acuerdo a la categoría política de las localidades (Parajes, núcleos rurales, agencia de policía y municipal) el síndico tendrá una función distinta a lo que jurídicamente se le asigna. Cuando un pueblo no es reconocido como municipio, hay posibilidad de que el síndico se dedique a otras actividades, por ejemplo ser el encargado en coordinar los trabajos comunitarios gratuitos para el bien común (tequio).

Las comunidades indígenas participantes en el diagnóstico, demandaron la urgente necesidad en contar con asesorías jurídicas en su lengua materna, pues los ministerios públicos que los Estados ponen a disposición para el acceso a la justicia, no significa que todo proceso vaya libre de discriminación, racismos, exclusión y extorsión por parte de los funcionarios, toda vez que las y los usuarios son originarios de comunidades indígenas maginadas, aunado a su condición de género y clase.

“Hice una demanda en el ministerio público, busqué abogado y me dijeron que en el Ministerio Público echara una lanita, ya sé que quiere darme entender, le dije. Uno busca la justicia pero no la imparten como es, les dije, ustedes están generando la violencia porque ustedes no imparten la justicia como es, “acá es parejo” dijeron”10.

9. La violencia vivida por las niñas

Nuevos escenarios atraviesan las generaciones contemporáneas. México, efectivamente cambió de política a inicios del siglo XXI. En ella se vería la incertidumbre del futuro de los jóvenes, niñas y niños. En las comunidades indígenas de ninguna manera significó el cese a la violencia; tanto Oaxaca, como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla y otros Estados del sureste, la defensa de los territorios indígenas siguen al día de hoy. Sin embargo, a las nuevas generaciones en las comunidades abordadas también les toca hacer otro frente, parar la destrucción de la tierra, el cuidado de las plantas, de los animales, del medio ambiente; seguir viviendo la violencia familiar de diversa manera, la transculturización y pérdida de identidad, el respeto a la humanidad, los prójimos inmediatos y la vida misma.

Esas niñas y niños que manifiestan haber visto asesinatos, persecuciones, destrucciones de sus casas, también tienen que afrontar hoy la desintegración familiar, la mala calidad y maltrato en los servicios escolares, paralelo a la responsabilidad que sienten por cuidar a la tierra, la preocupación por la tala de los árboles, la conservación del maíz como el derecho a una alimentación sana.

Las situaciones problemáticas en las comunidades abordadas desde la perspectiva de la niñez, se fundamenta básicamente en la memoria e historia de las comunidades, referido principalmente en la defensa de la tierra y de los recursos naturales, que en muchos casos fue pronunciado como cosas vividas de manera que parte del grupo expresó la impresión que han marcado su vida por los sucesos en las comunidades.

Llama la atención la gravedad de la violencia infantil en la comunidad como lo es la violencia sexual a niñas, esta situación no reconocida abiertamente es producto de señalamientos sociales, causante de pena, burlas y todo un sistema de linchamiento social comunitario que no permite que este tipo de perpetraciones sean denunciados. Si consideramos también la generación de la indiferencia ante tales actos, el alto grado de desconocimiento sobre los derechos humanos de las niñas y niños por parte de la población y las autoridades y la indiferencia de las instituciones defensores de los derechos, se vuelve un problema verdaderamente preocupante, puesto que en las comunidades indígenas se generan condiciones negativas para la niñez indígena en tanto los derechos de la misma ni siquiera son mencionados dentro del movimiento indígena y muy poco por el movimiento de mujeres indígenas.

Los programas neo asistencialistas en México como el programa emblemático de “Oportunidades” puede verse como una apuesta positiva del gobierno mexicano en la lucha por la desigualdad de género y el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sin embargo, es necesario aquí mencionar que cuesta mucho trabajo creer en la apuesta que tiene dicha iniciativa por el impulso para la toma de decisiones y empoderamiento de las mujeres indígenas acerca de una conciencia real para el auto cuidado del cuerpo, al contrario de esto existen serios condicionamientos que coloca a las beneficiaras en una relación absolutamente al margen del ejercicio de sus derechos, adoptando un papel pasivo de recibir y obedecer las dotaciones económicas mensuales pero por el otro lado, también las obligan a cumplir otros roles comunitarios. Muchas mujeres indígenas manifiestan que con estos programas trabajan aún más porque las obligan a realizar la limpieza o pintar las clínicas e incluso las escuelas; en los centros de salud las obligan a cooperar para los gastos administrativos. Manifiestan que lejos de ser una ayuda, son explotadas laboralmente porque después del trabajo en el hogar o en el campo deben ir a realizar otros trabajos por los apoyos económicos que les brindan, por lo tanto preguntan: “¿Por qué a nosotras nos hacen eso? No hemos visto que a los hombres los obliguen como a nosotras cuando les dan apoyo de PROCAMPO.”

Otro programa que funciona bajo la misma lógica se refiere al apoyo a personas mayores de 70 años. Lo grave de la situación es que todos los mecanismos se complejizan cuando se entrecruza la pobreza, la migración, la falta de accesos a la información sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia, el dinero y el género. Uno de los casos preocupantes que se vive en las comunidades es que emergen nuevos fenómenos de “acoso sexual” a las adolescentes por hombres adultos de la tercera edad; las jóvenes que reciben por su condición de vulnerabilidad donaciones económicas son presas del engaño y amenazas, de esta manera son obligadas a ser vejadas y maltratadas.

10. La trata de mujeres y niñas indígenas

Según investigaciones recientes11, se puede afirmar que en los últimos tres años ha aumentado el tráfico sexual de niñas indígenas.

El 14 de Julio del 2011, la niña maya Juane Belem Rojas fue secuestrada en su propia casa de la comunidad Morocoy, Quintana Roo, por una red de trata sexual. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) la rescató 15 días después en Villahermosa, Tabasco. Este es uno de los tantos casos de niñas indígenas secuestradas. Muy pocas son recuperadas.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina (CATW) expresó que el aumento de la trata indígena en México es alarmante y no existen investigaciones, ni datos confiables en ninguna parte del país12.

La mayoría de las niñas están entre los 12 y 15 años de edad y son explotadas sobre todo en las ciudades fronterizas.

En algunos municipios chiapanecos, como Chenalho, San Juan Chamula y oxchuc, predomina también la venta de niñas por parte de sus padres o familiares.

En la actualidad, el Estado no cuenta con un modelo de atención a víctimas indígenas de trata. Es necesario reunir información pertinente sobre los efectos y consecuencias de las trata para niñas y mujeres indígenas. Además es necesario planificar programas específicos que cuenten con enfoque intercultural, personal capacitado y presupuesto adecuado.

11. Conclusiones

a. Es necesario prestar atención a la educación que reciben mujeres y hombres que integramos esta sociedad para cambiar este modo de pensamiento sobre el racismo, la discriminación y la violencia por ello la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 22 párrafo segundo proteja, garantice la implementación y monitoreo del mismo en conjunto de otros instrumentos internacionales y recomendaciones del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas.

b. No existen indicadores de violencia, que permitan a las mujeres indígenas tener un diagnostico a nivel internacional ese es un reto tanto para el Estado como para la sociedad civil y Pueblos Indígenas pero que también esto no garantiza un acercamiento con la realidad social y cultural indígena. Sin embargo, los datos estadísticos nos pueden aproximar a una realidad macro sobre la violencia y discriminación hacia las mujeres indígenas.

c. Es necesario que el movimiento de mujeres indígenas se fortalezca a nivel regional e internacional para abordar la violencia de género o los diferentes tipos de violencia.

d. Los Estados aún con sus planes y programas no han logrado respetar, implementar y garantizar los derechos de las mujeres indígenas contenidos en los convenios internacionales (Cedaw, Convenio 169, Declaración Universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, Belen Do Para, etc.).

e. Es importante visualizar que existe una brecha étnica, de género y pobreza hacia las mujeres indígenas.

f. Es urgente que los casos violaciones de derechos de las mujeres indígenas no sean archivados en una oficina gubernamental u organización civil sino que sea una exigencia al Estado mexicano ya sea para elaborar indicadores que se conviertan en instrumentos políticos para lograr relaciones más justas y equitativas para todos en el ámbito privado y público.

g. La voz de las mujeres indígenas debe ser escuchada por otros para construir una memoria colectiva que nos permita valorar las voces de las que no tienen voz y con ello lograr cambios que nos permitan deconstruir viejos sistemas patriarcales y construir relaciones más sanas y constructivas.

h. Es necesario un estudio cartográfico nacional sobre la ocupación de las tierras indígenas para fines militares, incluida una estimación de costos a restaurar y rehabilitar las tierras y reparar las violaciones a derechos humanos cometidas con ocasión de esa ocupación.

12. Recomendaciones al Estado Mexicano

a. Elaborar un diagnostico sobre violencia militarizada contra mujeres indígenas.

b. Producir y difundir información estadística sobre la situación de las diferentes violencias contra las mujeres indígenas.

c. Adoptar medidas específicas para mujeres indígenas en el diseño de políticas y mecanismos nacionales, haciendo disponibles recursos financieros suficientes y trabajando en conjunto con las organizaciones de mujeres indígenas.

d. Brindar capacitación, asesoría jurídica, psicológica y financiera para mujeres indígenas en riesgo de posibles conflictos armados y en casos de militarización.

e. Establecer albergues para mujeres abusadas sexualmente donde se proporcione atención psicológica, jurídica y atención espiritual de acuerdo a la cosmovisión de las mujeres indígenas.

f. Brindar capacitación al sistema judicial de cada Estado sobre la prevención de la violencia y discriminación a mujeres indígenas así como Convenios internacionales sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en diferentes niveles, tanto administrativos como operativos.

g. Elaborar un marco jurídico para la resolución de conflictos entre Pueblos Indígenas y Estado, basado en el consentimiento, libre previo e informado que pueda generar procesos de paz.

Notas:

1 Patricia Olamendi Torres, Propuesta de protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio, Ed. UNIFEM, 2010, p.
2 México, Mujeres indígenas e injusticia militar, 23 de noviembre de 2004, Resumen AMR 41/033/2004.
3 Caso MEX 080307. VAW, Violencia contra la mujer, Violación Sexual/ Muerte de una mujeres Indígena, Ginebra, 8 de marzo de 2007. C:\Users\HP\Documents\DOC. DE VIOLENCIA\México Presunta violación sexual por militares resultando en la muerte de una mujer indígena mayor - 8 marzo 2007-Intervenciones Urgentes - Violencia contra la mujer-OMCT.mht
4 Memoria delVI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, 2011.
5 Abril del 2012
6 http://www.e-oaxaca.mx/noticias/poder-legislativo/9111-reforma-congreso-articulo-para-voto-de-mujeres-en-usos-ycostumbres.html
7 Testimonio participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena”, Marzo del 2012
8 Testimonio participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012
9 Testimonio participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012
10 Testimonio participante del Foro “Violencia, sus manifestaciones y sanación: desde la perspectiva indígena” marzo del 2012
11 Ver investigaciones de Laura Castellanos.
12 “Revalorización de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas”, CARW, 2010 2011. Material inédito.



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